Las empresas vinculadas a Xóchitl Gálvez obtuvieron 49 contratos en 18 años, la mayoría por adjudicación directa, un esquema de contratación criticado por la candidata durante su campaña presidencial, aunque ante las acusaciones de Morena por su participación en esos negocios ella niega conflicto de interés o alguna otra irregularidad.
Una revisión del Sabueso de Animal Político encontró que la mayoría de los contratos que firmaron las empresas con el gobierno se dieron mientras ella fue funcionaria pública, durante su paso por el gobierno de Vicente Fox, luego como alcaldesa de Miguel Hidalgo y senadora, entre 2005 y 2023.
Justo en 2015 Gálvez dejó de tener cargos en High Tech Services, según datos en el Registro Público de Comercio. Antes, en 2010, había hecho lo mismo respecto a OMEI. Sin embargo, en ambos casos su hija quedó legalmente como administradora de los negocios.
A detalle, los datos de Compranet y Transparencia muestran que entre 2005 y 2023 High Tech Services obtuvo 18 contratos que suman 19 millones 618 mil pesos; mientras que la empresa OMEI registró 31 contratos que alcanzaron más de 40 millones 300 mil pesos.
Es decir, más de 59 millones de pesos en conjunto.
Para entender mejor: Empresas relacionadas con Xóchitl simularon competencia al obtener contratos de gobierno
El pasado 16 de abril, Víctor Hugo Romo, exalcalde de Miguel Hidalgo en CDMX y hoy candidato a diputado de Morena, acusó a Xóchitl Gálvez de haber omitido su participación en la empresa OMEI y de haber obtenido con ella 36 contratos de dependencias de gobierno entre 2015 y 2023, por una suma de 400 millones de pesos.
Sin embargo, la revisión de El Sabueso de Animal Político ubicó que en ese periodo OMEI recibió 28 contratos que suman más de 29 millones 700 mil pesos y no 400 millones, como señaló el morenista en la conferencia de prensa.
A continuación te presentamos la cronología de contratos obtenidos por las empresas ligadas a Xóchitl Gálvez, con el detalle de los cargos públicos que tenía al momento de la firma, montos y el esquema de contratación:
Contratos mientras trabajó en el gobierno de Fox
Durante el sexenio de Vicente Fox Quesada (2000-2006) ella tuvo los cargos de titular de la Oficina de Presidencia para la Atención de Pueblos Indígenas (2000-2003) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (2003-2006).
En 2005 se detectaron en Compranet tres contratos de High Tech Services con la Comisión Nacional del Agua, los tres por adjudicación directa y por un monto de 733 mil pesos.
En 2009, ya con Xóchitl sin puesto público, se observaron tres contratos, uno de ellos por adjudicación directa con la Presidencia de la República, por 265 mil pesos. Y otro resultado de un proceso de invitación a tres empresas, por 1 millón 26 mil pesos.
2011
Luego en 2011 también se registraron contratos, ya en el sexenio de Felipe Calderón. En aquel año Xóchitl Gálvez seguía sin ser funcionaría pública, buscaba convertirse en gobernadora de Hidalgo, de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa.
High Tech Services, donde fungía como representante, obtuvo tres contratos: uno con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por 1 millón 190 mil pesos; el segundo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por 2 millones 450 mil pesos; y el último con el Fondo de Cultura Económica (FCE) por cerca de 300 mil pesos.
OMEI, por otro lado, obtuvo un contrato con CFE ese año por 1 millón 790 mil pesos.
2012
Xóchitl Gálvez seguía sin tener un cargo público. Obtuvo una candidatura para ser senadora, pero no logró el escaño. En ese año ella fue nombrada administradora única de High Tech Services en el RPC y se quedó con la mayor parte de las acciones de esa empresa.
Con ese rol de Xóchitl, High Tec Services obtuvo un contrato con el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales -hoy INAI-, por 110 mil pesos.
2014
Gálvez seguía sin ser funcionaria pública, buscaba convertirse en alcaldesa capitalina. Ese año, el entonces IFAI contrató los servicios de OMEI, con montos de 1 millón 220 mil pesos y 7 millones 613 mil pesos, según Compranet, y la ahora candidata fue nombrada apoderada de esta empresa, según consta en el RPC.
2015 a 2018, contratos mientras ella fue alcalde
Xóchitl Gálvez se convirtió en alcaldesa de Miguel Hidalgo, Ciudad de México, el 1 de octubre del 2015, y el día 14 de ese mes renunció formalmente como administradora única de High Tech Services, quedando como sustituta su hija, Diana Gálvez Vega. Mismo cargo que para ese momento ya tenía en OMEI, según el RPC.
También el 14 de octubre OMEI revocó a la panista como apoderada. El nombre de Xóchitl Gálvez dejó de aparecer en los documentos del RPC de ambos negocios.
Tras haber firmado 7 contratos con dependencias gubernamentales en años anteriores, durante su cargo como alcaldesa, High Tech Services y OMEI obtuvieron más del 42% de las contrataciones registradas entre 2011 y 2023.
En total consiguieron 18 contratos entre 2015 y 2018, de los que 12 fueron por adjudicación directa, 5 por invitación a cuando menos tres personas y uno por licitación pública.
En específico, OMEI recibió 13 contratos de dependencias gubernamentales por 16 millones 507 mil pesos. Mientras que High Tech Services obtuvo 5 contratos en ese mismo periodo con un acumulado de 10 millones 115 mil pesos, según datos de Compranet y la Plataforma Nacional de Transparencia.
En 2016, OMEI recibió un contrato de Senasica y otro del INEE por montos de 454 mil 440 y 2 millones 413 mil pesos.
Un año más tarde, consiguió seis contratos. Cuatro de Mejoredu que suman más de 551 mil 708 pesos, uno de INAI por 3 millones 500 mil y uno más de Senasica por 1 millón 118 mil pesos.
Por su parte, High Tech Services obtuvo en 2017 contrataciones con Mejoredu por 1 millón 566 mil, 34 mil 628 y 371 mil 200 pesos. Aunque también recibió otro de INEE por 1 millón 350 mil pesos.
Para 2018, OMEI fue contratada nuevamente por Mejoredu con 3 contratos de 30 mil 693, 497 mil 292 y más de 1 millón 802 mil pesos. Además de uno del INAI por 4 millones 250 mil pesos y otro del Senasica de 1 millón 890 mil. High Tech Services obtuvo en ese año un sólo contrato con Mejoredu por 7 millones 193 mil pesos
17 contratos de 2019 a 2023, con ella como senadora
El siguiente cargo de Xóchitl Gálvez fue como senadora a partir de 2018 y ocupó ese puesto hasta convertirse en candidata presidencial de “Fuerza y Corazón por México”, de la mano del PAN, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Entre 2019 y 2023, las dos empresas a las que está vinculada recibieron 17 contratos. OMEI recibió 15 de ellos y High Tech Services sólo dos. De ellos, 13 fueron por adjudicación directa, dos por invitación a cuando menos tres personas y dos por licitación pública.
En 2019 el INAI firmó dos contratos con OMEI. Uno por 750 mil y otro 3 millones 700 mil pesos, mismos que fueron confirmados por la dependencia el pasado 8 de abril de 2024. Ese mismo año, Senasica y Mejoredu contrataron a esta empresa por 1 millón 301 mil y 399 mil 999 pesos, respectivamente.
Los últimos contratos de High Tech Services se registraron en 2019, cuando Mejoredu pagó 127 mil 500 y 305 mil 370 pesos por sus servicios.
Un año más tarde, y en adelante, Banobras se convertiría en uno de los clientes más frecuentes de OMEI, pues de los 17 contratos que obtuvo mientras Gálvez fue senadora, 10 fueron con esta dependencia.
Ese 2020 la empresa obtuvo dos contratos con esta dependencia por 2 millones 700 mil y 160 mil 145 pesos mexicanos. En 2021 le otorgó otros dos de 406 mil pesos cada uno, además de que la SSa también la contrató por 50 mil 804 pesos.
OMEI firmaría cuatro contratos más con Banobras en 2022 con montos de 254 mil 898, 638 mil, 825 mil 440 y 277 mil 240 pesos. Mientras en 2023 firmó las últimas dos contrataciones registradas en esos años por 672 mil 800 y 694 mil 260 pesos.
El acta constitutiva de OMEI señala que se creó en 1998 con la candidata como accionista mayoritaria. Luego en su perfil curricular se describe como fundadora y directora General de High Tech Services entre 1992 y el 2000, aunque como ya mencionamos, documentos del Registro Público del Comercio (RPC) siguieron nombrándola en varios puestos de la empresa más allá de esos años, hasta el 2015.
El Sabueso buscó las declaraciones patrimoniales de Gálvez tanto en Declaranet como en la Plataforma Nacional de Transparencia, y se localizaron únicamente ocho de 2003 a 2007.
De ellas solo dos contenían datos patrimoniales públicos, aunque sin el detalle de ingresos de ninguna de las empresas, ni tampoco datos de su cónyuge o dependientes.
En la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 70, se señala que esos datos sobre bienes se dan a conocer públicamente sólo cuando los servidores públicos “así lo determinen”.
La candidata opositora compartió a Animal Político declaraciones de 2016, 2018 y 2024, en las que sí se leen algunos aspectos sobre las empresas, y de ahí se tomaron datos para esta nota.
Señalamientos de Romo a Gálvez
De los vínculos con estas empresas, Víctor Romo también señaló que la candidata opositora “no declara su participación accionaria en la empresa de su esposo (Rubén Sánchez Manzo) que es director general y dueño de OMEI… (y) resulta que en el Registro Público de la Propiedad Xóchitl tiene el 70% de acciones”.
Sobre ello, Gálvez ha señalado que dejó de ser administradora única de la empresa en el 2010, como señala un documento en el RPC publicado en 2024.
El archivo que cita Romo es el acta de 1998 donde se constituye Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes (OMEI).
Sobre si la candidata informó sobre OMEI en sus declaraciones patrimoniales, las únicas dos en Declaranet con datos públicos, de 2002 y 2003, no muestran ingresos de ninguna de las empresas.
Sin embargo, entre las declaraciones de Xóchitl Gálvez que fueron compartidas con El Sabueso se encontró que en la de 2016, cuando era alcaldesa de Miguel Hidalgo, sí mencionó ingresos de ambas empresas, aunque el archivo no muestra si pertenecen a ella, su cónyuge o dependientes.
Y en la de 2018 informó sobre la participación de su esposo e hija en OMEI con el 70 y 30% de las acciones, respectivamente, y que ella tenía el 80% de las acciones de High Tech Services. Esto en una Constancia de Recepción de Situación Patrimonial Inicial, con un sello a nombre de la Contraloría Interna del Senado de la República.
Con estos documentos la candidata opositora niega los señalamientos de Romo, de que no reportó su involucramiento con las empresas.
Sin embargo, el 24 de abril, tanto Víctor Romo como Mario Delgado, dirigente Nacional de Morena, anunciaron que pedirán al Instituto Nacional Electoral (INE) que investigue a Xóchitl Gálvez.
“Nosotros estamos asegurando que hubo falsedad en declaración, que hubo remuneraciones ilícitas, que hubo enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias”, dijo Romo en conferencia de prensa.
Nota del Editor: En una primera versión de esta nota solo se habían contabilizado 42 contratos desde 2011, pero luego de los dichos en el segundo debate presidencial se revisó Compranet y también se encontraron contratos entre 2005 y 2010
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La economía de Brasil sufrirá los impactos de las inundaciones en Rio Grande do Sul: en su producción industrial y agrícola, y en su situación fiscal.
Para evaluar el impacto económico de las inundaciones en Rio Grande do Sul, en Brasil, es necesario buscar en el exterior algo similar, como la destrucción causada por el huracán Katrina en los Estados Unidos en 2005.
Y es que en Brasil, nunca hubo tantos daños económicos causados por un evento climático. La evaluación es del economista Sergio Vale, de MB Associados, una consultora que monitorea los impactos de las recientes inundaciones en la economía.
En Estados Unidos, el Katrina hizo que la economía del estado de Luisiana se contrajera un 1,5%, en un año, cuando se pronosticaba que creciera un 4%.
En el caso de Rio Grande do Sul, MB Associados predice que la economía se contraerá un 2%, en lugar del crecimiento del 3,5% que venía registrando en los últimos 12 meses hasta abril.
Además, el impacto a nivel nacional será mucho mayor que el ocurrido con el Katrina en Estados Unidos, ya que la economía de Rio Grande do Sul corresponde al 6,5% del PIB brasileño (Luisiana representa el 1% de la economía estadounidense).
MB Associados pronosticaba que el crecimiento de Brasil para este año fuera de hasta 2,5%. Después de la tragedia de Rio Grande do Sul situó su proyección de crecimiento en el 2%.
Brasil ya ha enfrentado otras crisis importantes que afectaron el crecimiento de su economía.
En 2001, por ejemplo, una sequía contribuyó a una crisis de racionamiento energético y apagones.
La economía nacional, que había crecido un 4,4% el año anterior, se desaceleró hasta el 1,4%. Pero a pesar de la contribución de la sequía, el núcleo de la crisis de 2001 no fue el clima, sino más bien los cuellos de botella en las líneas de distribución, que impidieron que se distribuyera energía por todo el país.
La tragedia de Rio Grande do Sul de este año, que ya ha causado al menos 149 muertes, tendrá un impacto en al menos tres frentes de la economía brasileña: el crecimiento del PIB, el sector agrícola y las cuentas públicas.
Los economistas y estudios consultados para este artículo apuntan que aún no se puede cuantificar con precisión la magnitud exacta del impacto económico, porque las lluvias continúan y ni siquiera se ha realizado todavía una evaluación precisa de los daños.
Esta falta de definición también tiene implicaciones políticas. Las autoridades han hablado de diferentes medidas y montos para asignar a Rio Grande do Sul, pero esta ayuda aún se está discutiendo y las cifras no están claras.
A continuación explicamos cómo se espera que las inundaciones afecten a la economía brasileña en 2024.
Impacto en el crecimiento y la industria
Las inundaciones afectaron al 94,3% de toda la actividad económica de Rio Grande do Sul, según un estudio publicado el 14 de mayo por la Federación de Industrias del Estado de Rio Grande do Sul (Fiergs).
“Las localidades más afectadas incluyen los principales polos industriales de Rio Grande do Sul, impactando importantes segmentos de la economía del estado”, afirmó el presidente interino de Fiergs, Arildo Bennech Oliveira.
Tres de las mayores regiones afectadas (Región Metropolitana de Porto Alegre, Vale dos Sinos y Serra) aportan R$220.000 millones (US$42.830 millones) a la actividad económica brasileña.
Estas tres regiones concentran 23.700 industrias que emplean a 433.000 personas.
La Región de la Sierra (con ciudades como Caxias do Sul, Bento Gonçalves y Farroupilha) es famosa por la producción en los segmentos de la metalistería (vehículos, máquinas, productos metálicos) y muebles.
La Región Metropolitana de Porto Alegre también produce metalistería (vehículos, autopartes, máquinas), además de petróleo y productos alimenticios. La región de Vale dos Sinos es famosa por su producción de calzado.
Pero otros sectores de la economía también se vieron afectados, como el tabaco y los productos químicos.
Un estudio realizado por Bradesco predice que el impacto de la crisis en Rio Grande do Sul podría reducir el crecimiento del PIB nacional entre 0,2 y 0,3 puntos porcentuales.
“A modo de comparación, cuando el estado fue azotado por un ciclón en 2008, el crecimiento del PIB estatal ese año fue del 2,9%, en comparación con el crecimiento de Brasil en su conjunto del 5,1%”.
Otro estudio, realizado por la Confederación Nacional de Municipios, estima las pérdidas financieras por las inundaciones en más de R$8.900 millones (US$1.732 millones).
Según el CMN, de esta pérdida US$467 millones corresponden al sector público, US$370 millones al sector productivo privado y US$895 millones específicamente a viviendas destruidas.
Impacto agrícola
Rio Grande do Sul es una de las potencias de la agricultura brasileña: el estado representa el 12,6% del PIB agrícola nacional.
En su conjunto, la agricultura brasileña será uno de los sectores de la economía más afectados por las inundaciones, según Bradesco.
“Considerando tales impactos, el PIB agrícola en Brasil podría caer un 3,5% (nuestra estimación anterior era una caída del 3%). Las pérdidas en la agroindustria podrían verse incrementadas por la logística, que afecta tanto el flujo de la cosecha como la llegada de los insumos. Esto parece ser un problema importante para los sectores lácteo y cárnico”, afirma un informe del banco.
Rio Grande do Sul representa el 70% de la producción de arroz de Brasil, el 15% de la carne (12% de la producción de pollo y 17% de la producción de cerdo), el 15% de la soya y el 4% del maíz.
Las inundaciones provocaron impactos en algunos precios internacionales: el precio mundial de la soya en la Bolsa de Chicago aumentó un 2% la semana pasada.
En Brasil, el precio del arroz ya subió y el gobierno anunció la importación del producto para evitar un shock aún mayor. Se teme que los precios del pollo y del cerdo también puedan subir pronto.
Por suerte, ya se había recogido el 70% de la cosecha de soya y el 80% de la cosecha de arroz.
Ahora quedan dos preguntas: qué parte del resto de la cosecha se vio afectada por las inundaciones y si la cantidad ya cosechada y almacenada en silos se vio comprometida o no.
Bradesco estima que el 7,5% de la producción de arroz y el 2,2% de la producción de soya en Brasil podrían verse comprometidos si se confirman los peores escenarios.
Vale, de MB Associados, recuerda que la agroindustria de Rio Grande do Sul ya había sufrido mucho en los últimos tres años con los extremos climáticos.
“En Rio Grande do Sul, la cuestión agrícola de los últimos años ha colocado al estado en un nivel de gran inseguridad. Fueron tres años consecutivos de La Niña, con sequías muy profundas y pérdidas de cosechas muy severas. El año pasado, el estado incluso celebró la llegada de El Niño, que traería lluvias. Pero cuando pensábamos que tendríamos un año normal, de repente sucede esto”, dice el economista.
Todavía existe la posibilidad de que se produzca un nuevo fenómeno de La Niña este año, con potencial de provocar nuevas sequías en Rio Grande do Sul.
Impacto fiscal
Otro impacto importante de las inundaciones en Rio Grande do Sul se verá en las cuentas públicas.
Durante años, Brasil ha estado tratando de equilibrar su situación fiscal; es decir, el gobierno ha hecho un esfuerzo por recaudar más dinero del que gasta, produciendo lo que se llama un superávit fiscal.
Este superávit fiscal se utiliza para reducir la deuda pública del gobierno, que es un elemento fundamental de la economía de cualquier país.
Una deuda elevada tiene el potencial de producir inflación elevada, bajo crecimiento económico y desempleo.
El año pasado, el gobierno de Lula lanzó lo que llamó el “marco fiscal”: el conjunto de reglas para gastar recursos públicos y realizar inversiones. Este marco fue esencial para calmar a los mercados y señalar que Brasil no gastaría dinero desenfrenadamente.
Pero el mes pasado, ante problemas presupuestarios, el gobierno desistió de lograr superávits en 2025.
Los economistas señalan que las cuentas públicas de Brasil ya atravesaba un momento delicado antes de las inundaciones en Rio Grande do Sul.
Sin embargo, la situación empeorará mucho ahora que el gobierno federal tendrá que proporcionar una importante ayuda financiera al estado.
Por ejemplo, ya se anunció un plan que se enviará al Congreso para suspender durante tres años el cobro de la deuda que el estado de Rio Grande do Sul tiene con el gobierno brasileño.
La norma permitiría la creación de un fondo “contable” de US$2.141 millones al año para ayudar a reconstruir la infraestructura del estado devastada por las inundaciones, según el ministro de Finanzas, Fernando Haddad.
La medida también incluye la condonación de los intereses de la deuda, con un impacto de US$2.336 millones.
El gobierno federal ya había anunciado la semana pasada un paquete de medidas que podría alcanzar los US$9.928 millones.
Esta semana el gobierno federal anunció una ayuda para la reconstrucción por valor de US$973 por familia registrada, lo que costará a las arcas US$234 millones.
Parte del gasto público quedará fuera de las reglas fiscales del gobierno, debido a que Rio Grande do Sul se encuentra en un estado de calamidad.
Todas estas medidas son fundamentales para reconstruir Rio Grande do Sul, pero tienen el potencial de empeorar la situación fiscal brasileña, que ya estaba sufriendo antes de la crisis causada por el evento climático.
Sergio Vale, de MB Associados, advierte que a lo largo del año es posible que se envíe más dinero a Rio Grande do Sul a través de créditos extraordinarios aprobados por el Congreso, y que esto podría empeorar el equilibrio fiscal brasileño.
Dice que es difícil cuantificar exactamente cuán grande será el problema fiscal de Brasil, porque aún no se sabe cuánto dinero se necesitará para reconstruir Rio Grande do Sul.
Para Caio Megale, economista jefe de XP, parte de la ayuda estará fuera del marco fiscal del gobierno, pero incluso si fuera necesario incluir estos gastos en el presupuesto, sería posible acomodarlos.
“Nadie sabe realmente cuál será el importe total del apoyo. Se habla de US$14.000 millones o US$19.000 millones. Aún no podemos saberlo, hay que esperar a que bajen las aguas. Pero el marco fiscal tiene margen para que se tomen estas medidas”, afirmó Megale esta semana.
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