¿Por qué es falso decir que hubo una reducción de 40% en los feminicidios, como mencionó Sheinbaum en el debate? Aquí los datos
Integrantes del equipo de Claudia Sheinbaum, encabezados por el ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Omar García Harfuch, defendieron la afirmación de su candidata Claudia Sheinbaum, quien dijo en el primer debate presidencial que “los índices de feminicidio a nivel nacional han bajado más de 40 por ciento”.
Sin embargo, en su defensa solo citan los gráficos presentados en una de las conferencias de prensa del Presidente, hacen referencia a los números registrados en meses distintos y omiten dar contexto a las cifras.
Es cierto que ha habido una reducción en feminicidios, pero es solo del 7.7%, como confirman los mismos datos en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Mientras que en 2018 se cometieron 919, en 2023 la cifra fue de 848.
Este es el gráfico que entregó el equipo de campaña de Claudia Sheinbaum cuando se le solicitó conocer la fuente de su afirmación:
Pero la tabla y el porcentaje de reducción que mostró la Secretaría de Seguridad federal es engañosa: compara meses y no años completos, y compara meses distintos, sin ofrecer contexto.
Comparan diciembre de 2018 con febrero de 2024, sin explicar que en ese diciembre ya gobernaba Morena y que, como puede verse en el mismo gráfico, los meses de diciembre siempre tienen un pico en este delito.
Esa forma de comparación omite, además, que 2021 fue el año con más víctimas de feminicidios desde 2015, con mil 018. Una tasa de 1.54 feminicidios por cada cien mil mujeres.
El uso sin contexto de estos mismos números, por ejemplo, podría llevarlos a decir que han bajado los feminicidios en más de un 50%, si comparamos junio de 2020 con febrero de 2024, lo que sería igualmente inexacto. O podría afirmar la oposición que los feminicidios crecen, si comparamos septiembre de 2023, cuando se registraron 53 feminicidios, una cifra por debajo de la contabilizada en febrero de 2024.
Por esa razón, los especialistas siempre sugieren comparar años completos o, al menos, los mismos meses (febrero contra febrero, por ejemplo).
Visto el número anualmente, el mayor número de feminicidios que se registró durante cuatro años consecutivos del gobierno de López Obrador, de 2019 a 2022, de nuevo muestran que ha habido una disminución en los dos últimos años (2022 y 2023), pero después de que se registrara un notable incremento entre 2015 y 2021.
La comparación que estableció Sheinbaum en el debate, además, fue entre un mes que históricamente ha tenido en promedio una menor incidencia en feminicidios, frente a otro que tiene la segunda cifra más alta.
En CDMX feminicidios aumentaron un 29%
Sheinbaum también replicó que “bajaron los feminicidios en 30 por ciento” ante las críticas de la candidata de oposición, Xóchitl Gálvez, quien dijo que la Ciudad de México “es la ciudad donde más mujeres desaparecen de todo México, subió la violencia intrafamiliar y la violación de mujeres subió”.
Este dato también es falso. Si bien ha habido una baja en los últimos tres años, medido desde 2018 -cuando arrancó este sexenio- a 2023 los feminicidios han aumentado un 29% en la capital del país.
Utilizando el mismo criterio, de acuerdo con datos del SESNSP los feminicidios pasaron de 47 en 2018 a 61 en 2023.
Por último: si se siguiera la misma lógica de comparación que Sheinbaum, por meses, entonces se obtiene un alza aún mayor: entre diciembre de 2018 y febrero de 2024 los feminicidios aumentaron 75%, al pasar de 4 a 7.
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La pareja gobernante se convertiría en “coordinadora” de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ordenó este miércoles una amplia reforma de la Constitución de su país que le otorgaría a él y a su esposa, Rosario Murillo, el poder absoluto sobre los tres poderes del Estado.
El ejecutivo de Ortega presentó la propuesta de “Ley de protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas” a la Asamblea Nacional para que la tramite con carácter urgente, informaron medios locales y agencias.
Con la reforma, Rosario Murillo, que es la vicepresidenta del país, pasaría a ser “copresidenta”, una nueva figura que se incorpora a la carta magna.
Según la reforma, la pareja gobernante se convertiría en “coordinadora” de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que hasta ahora la Constitución reconocía como independientes.
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, adelantó que la ley será aprobada en los próximos días, previsiblemente este mismo viernes.
Las enmiendas
La reforma afectará a más de 100 artículos de la actual Constitución que el gobierno de Ortega ya ha enmendado en 12 ocasiones desde 2007, incluida una que le permitió ser reelegido de forma indefinida en el cargo.
Otra de las enmiendas propuestas permitirá cesar de su cargo a los funcionarios públicos que disientan de los “principios fundamentales” del régimen, una práctica que ya se venía dando de forma no oficial, según denuncian organizaciones.
La reforma también limitará aún más la libertad de expresión a cuando esta “no transgreda el derecho de otra persona, de la comunidad y los principios de seguridad, paz y bienestar establecidos en la Constitución”.
Además, la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido de Ortega que gobierna el país, se oficializa como símbolo patrio junto a la bandera nicaragüense azul y blanca, el himno y el escudo nacional.
Se espera que la reforma constitucional tenga el visto bueno de la Asamblea Nacional, donde 75 de los 91 diputados son del FSLN y el resto no suelen oponerse a las iniciativas que allí se presentan.
Ortega, de 79 años, eliminó los límites que la Constitución establecía para el mandato de un presidente, lo que le ha permitido renovar su cargo varias veces desde 2007 en procesos electorales considerados fraudulentos por varios países y organizaciones internacionales.
Su esposa, Rosario Murillo, gobierna junto a él como vicepresidenta de Nicaragua desde el año 2017.
Ambos renovaron sus cargos tras las elecciones de 2021, que se celebraron con los principales candidatos de la oposición suspendidos y encarcelados, y fueron consideradas un fraude por gran parte de occidente y organizaciones internacionales.
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