Un total de ocho políticos —entre los que hay exgobernadores, exsecretarios de Estado y legisladores—, además de cuatro ciudadanos sin militancia, confirmaron su registro como aspirantes a la candidatura presidencial de la coalición opositora PAN-PRI-PRD para el 2024.
A tres días de que cierre el registro del Frente Amplio por México, siete políticos y cuatro ciudadanos ya se han registrado, uno más se registrará este viernes, y al menos tres mantienen en suspenso su decisión de participar en el proceso.
En orden de registro, figuran ya como aspirantes:
Santiago Creel, exsecretario de Gobernación, exsenador, dos veces precandidato del PAN a la Presidencia de la República y actual presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Xóchitl Gálvez, excomisionada presidencial para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), exjefa delegacional de Miguel Hidalgo y senadora integrante de la bancada del PAN desde 2018.
Gabriel Quadri, exdirector del Instituto Nacional de Ecología, excandidato presidencial de Nueva Alianza en 2012 y diputado federal panista desde 2021.
Jorge Luis Preciado, exdiputado federal, exsenador panista y excandidato del PAN a la gubernatura de Colima en 2015.
Enrique de la Madrid, exdiputado federal, director de Financiera Rural en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) y exsecretario de Turismo en el sexenio pasado con Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Israel Rivas, abogado y activista en demanda de medicamentos para los niños con cáncer.
Silvano Aureoles, exdiputado federal por el PRD, exsenador y exgobernador de Michoacán (2015-2021).
Beatriz Paredes Rangel, exgobernadora de Tlaxcala, exdiputada federal en varias legislaturas, subsecretaria de Gobernación en el sexenio de Carlos Salinas (1988-1994), dos veces candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (2006 y 2012), expresidenta nacional del PRI y senadora desde 2018.
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Tres espontáneos más se inscribieron ayer jueves: Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, quien se presentó como comisionado para América Latina y el Caribe de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas; Sergio Torres Bravo, quien fue comisario y es policía actualmente inactivo, y Ricardo Urbano Barros, ciudadano que se presentó como consultor con una propuesta “disruptiva” para replantear el modelo económico mexicano.
Para este viernes, los partidos ya anunciaron el registro del exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien enfrentó acusaciones, indagatorias y órdenes de aprehensión por delitos como lavado de dinero, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
A pesar de que el exgobernador tamaulipeco asegura que no tiene asuntos pendientes con la justicia, en la dirigencia nacional del PAN se informó que están listos para recibirlo o para atender a un representante en caso de que no se presente él personalmente.
También está por confirmarse el registro del senador y exjefe de gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera, quien podría hacerlo el domingo por la mañana, el día de cierre de la etapa de inscripciones.
Mientras tanto, el diputado priista Ildefonso Guajardo definirá si se registrará después de hacer una “validación” de la estructura con la que cuenta en los estados.
El priista comentó ayer que, después de la revisión de los enlaces estatales, tomará una decisión y la informará a sus simpatizantes este viernes.
La convocatoria del Frente Amplio no solo provocó registros, sino declinaciones.
Entre el 25 de junio y el 5 de julio, se bajaron de la contienda nueve políticos que habían expresado su intención de buscar la candidatura presidencial de la oposición:
Germán Martínez, senador del Grupo Plural; Mauricio Vila, gobernador de Yucatán; Lilly Téllez, senadora panista; Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca; la senadora priista Claudia Ruiz Massieu; el exsecretario de Hacienda José Ángel Gurría; el expresidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos; el diputado panista Juan Carlos Romero Hicks y el senador panista Damián Zepeda.
El experredista Demetrio Sodi, quien el 30 de junio pidió a sus simpatizantes que “le guarden” su firma para poder cumplir con el requisito de los 150 mil apoyos ciudadanos para participar en el proceso, tampoco ha confirmado si va a registrarse.
El próximo 10 de julio, el Comité Organizador del proceso del Frente Amplio publicará el listado de las personas que cumplieron los requisitos iniciales para registrarse como aspirantes a responsable de la construcción del Frente Amplio por México.
A partir del 12 de julio y hasta el 5 de agosto, deberán recabar 150 mil firmas de apoyo provenientes de al menos 17 entidades, para seguir a la siguiente etapa.
Oficialmente no existe como una entidad jurídica, pero eso no impidió que el Tribunal Supremo de Rusia declarara como una organización extremista al “movimiento público internacional LGTB”.
Además, prohibió cualquiera de sus actividades en todo el país a raíz de un proceso impulsado por una moción del Ministerio de Justicia.
La audiencia se celebró a puerta cerrada sin la presencia de “la parte de demandada”, aunque sí se permitió la entrada de periodistas para escuchar la decisión del tribunal.
Hace tres años la Constitución rusa fue modificada para dejar claro que el matrimonio se refiere a la unión entre un hombre y una mujer.
Las relaciones entre personas del mismo sexo no están reconocidas en la Carta Magna rusa.
Antes de la sentencia, le pregunté a Sergei Troshin, diputado municipal en San Petersburgo, qué efecto tendría.
“Creo que esto significará que cualquiera que el Estado considere activista LGBT podría recibir una larga pena de prisión por ‘participar en una organización extremista'”, dijo el funcionario que se declaró homosexual el año pasado.
“Para el organizador de un grupo así, la pena de prisión será aún mayor”, agregó.
“Esto es una represión real. Hay pánico en la comunidad LGBT de Rusia. La gente está emigrando con urgencia. La palabra real que estamos utilizando es evacuación. Estamos teniendo que salir de nuestro propio país. Es terrible”, lamentó Troshin.
En los últimos años, la comunidad LGBT de Rusia se ha visto sometida a una presión cada vez mayor por parte de las autoridades. En 2013, se aprobó una ley que prohibía “la propaganda [dirigida a menores] de relaciones sexuales no tradicionales”.
El año pasado, esas restricciones se ampliaron a todos los grupos de edad en Rusia.
Las referencias al colectivo LGBT se han eliminado de libros, películas, anuncios y programas de televisión. A principios de este mes, un canal de televisión ruso decoloró un arco iris en un vídeo de una banda de kpop surcoreana para evitar ser acusado de violar la ley de “propaganda gay”.
En la Duma, la cámara baja del Parlamento ruso, Vitaly Milonov, famoso diputado del partido gobernante y que es conocido por sus posturas homófobas, afirmó que la prohibición de los grupos LGBT “no tiene que ver con las minorías sexuales ni con la vida privada de las personas”.
“Se trata más bien de la agenda política proclamada por este movimiento internacional LGBT”, me dijo.
“Tienen sus propias tareas, sus propios objetivos. Actúan como una fuerza política, una estructura política, y los objetivos de esta estructura contravienen la Constitución rusa”, aseguró.
En ese momento le aclaré que “no existe un movimiento llamado ‘Movimiento público internacional LGBT’. ¿Cómo puedes prohibir algo que no existe?”.
“Oh, es fácil”, respondió Milonov. “Podemos prohibir cualquier actividad de las organizaciones internacionales LGBT aquí en Rusia. Eso está muy bien. No las necesitamos”, dijo asegurando que todavía no había llegado al final de su lucha.
“Estoy deseando dar el siguiente paso: prohibir la bandera arco iris de seis colores. No necesitamos esta bandera. Es un símbolo de la lucha contra la familia tradicional. Espero que nadie pueda mostrar esta bandera en Rusia”, concluyó.
Desde que Vladimir Putin gobierna Rusia, el Kremlin se ha volcado en defender una ideología centrada en el pensamiento conservador y los “valores familiares tradicionales”.
Para las autoridades rusas el activismo LGBT es algo inherentemente occidental y que es hostil a las costumbres de Rusia y la presión que ejercen sobre la comunidad la presentan como un medio para defender la estructura moral del país.
Otro aspecto es la popularidad de estas medidas de cara a las elecciones presidenciales del próximo marzo.
“Creo que [la audiencia judicial] está relacionada”, opinó Sergei Troshin. “[Las autoridades] están creando un enemigo artificial”.
“Dicen: ‘Estamos luchando contra Occidente’. La batalla contra las personas LGBT encaja en esta retórica antioccidental. Luchar tanto contra Occidente como contra la comunidad LGBT es popular entre la parte conservadora y antioccidental de la sociedad. Así que este tema se impulsará en el periodo previo a las elecciones”, agregó.
Maxim Goldman, quien trabaja para una organización rusa que ofrece apoyo personas transgénero y no binarias, añade que “intentan distraer la atención de problemas más importantes, en los que las autoridades rusas no quieren que la gente piense”.
“En cuanto nos enteramos de la vista en el Tribunal Supremo, las personas que dirigen nuestra organización se dieron cuenta de que tendríamos que abandonar el país urgentemente. Se convirtió en una emergencia”, contó Goldman.
Hablé con Maxim, que se identifica como no binario, en su último día en Rusia. Había hecho una pequeña maleta y estaba a punto de dirigirse al aeropuerto.
“Me siento totalmente rechazado por mi propio país“, lamenta. “Se supone que aquí tenemos una democracia. Se supone que la gente que ponemos en el poder debe cuidar de nosotros”.
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