La reforma constitucional que ordena suspender los derechos políticos de quienes sean declarados culpables de agredir a mujeres o de adeudar pensión alimenticia quedó formalmente aprobada y fue enviada al Poder Ejecutivo para que sea promulgada y que entre en vigor.
Esta reforma, conocida como 3 de 3, recibió el aval de más de la mitad de los congresos estatales y este miércoles, en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, se emitió la declaratoria de que quedó lista para ser publicada.
Horas antes, colectivos feministas habían reclamado que el tema originalmente no hubiera sido incluido en el orden del día de la Comisión Permanente. Al final, el asunto se incorporó entre los primeros asuntos de la jornada.
La reforma modifica la Constitución para establecer que sobre quienes pese una sentencia de haber ejercido violencia contra mujeres o quienes sean deudores de pensión alimenticia no podrán competir por cargos públicos.
Tanto las legisladoras como los colectivos que impulsaron la reforma señalaron que su objetivo es evitar que agresores lleguen a puestos de decisión.
Durante la sesión, luego de la declaratoria, se abrió un espacio para que las bancadas fijaran un posicionamiento sobre el tema. Desde tribuna, diputadas y senadoras coincidieron en la consigna “No más violentadores al poder”.
Ahora, la reforma quedará en manos del Poder Ejecutivo para ser publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entrar en vigor.
