
“Cuando nos quitaron el sol, las primeras en padecerlo fueron las plantas y las flores, que poco a poco se fueron marchitando. Comenzaron los girasoles, le siguieron los geranios, la lavanda y las margaritas que tenía en la azotea. Es que sin la luz del sol a la que estábamos acostumbrados hasta la casa se ha vuelto fría y un poco más oscura, jamás imaginé que una cosa así pudiera pasar”. Xoco, el lugar donde Consuelo crío a sus cuatro hijos solía ser un pueblo tranquilo a pesar de estar rodeado de avenidas principales, la gente de aquí estaba acostumbrada a una vida serena, con sus casitas y locales modestos, muy diferente a la de la Ciudad de México, a pesar de estar rodeado por ella.
San Sebastián de Xoco es un lugar atrapado entre la historia y la modernidad, su nombre indígena deriva del Náhuatl, la lengua dominante antes de la colonia en el valle de México, y significa “fruto agrio”, que evoca un pasado campesino que ya sólo existe en las viejas crónicas de la ciudad. Durante siglos, Xoco fue un pequeño asentamiento con vida propia. Sus calles estrechas, su cementerio, su iglesia colonial de San Sebastián Mártir (construida en el siglo XVII) y sus tradiciones comunitarias lo convirtieron en un rincón donde el tiempo parecía avanzar a otro ritmo. Sin embargo, en las últimas décadas todo cambió y muchas otras poblaciones fueron absorbidas por la ciudad.
Todo comenzó una mañana del año 2008 cuando las máquinas llegaron y un grupo de trabajadores comenzó la construcción de un tapial a la vuelta de su casa. Consuelo Zalpa en aquel entonces tenía 55 años de edad y el vigor para enfrentarsele a cualquiera. A partir de aquella primera alerta que despertó la sospecha de los pobladores de Xoco, inició una larga batalla legal de más de una década que terminaron perdiendo en contra de un grupo muy poderoso de inversores por la construcción de “Ciudad Progresiva Mítikah”, uno de los megaproyectos inmobiliarios más ambiciosos de América Latina, que contemplaba la construcción de viviendas lujosas, hospitales, oficinas, centros comerciales, incluido el rascacielos más alto de la ciudad, con más de 260 metros de altura.

Mientras que para los desarrolladores, inversionistas, arquitectos y gobernantes, la construcción de Mítikah, representaba el nuevo modelo de desarrollo que representaría a la capital mexicana como una de las grandes ciudades cosmopolitas del mundo, para los pobladores originarios de este pequeño pueblo, su imposición representaba todo lo contrario: gentrificación, desplazamiento y el desvanecimiento de su identidad histórica.
Consuelo ya no quiere hablar mucho acerca del tema, parece que con el peso de vivir a la sombra de aquel edificio gigante es suficiente; pero ella durante varios años encabezó la asociación de vecinos que trató de evitar la construcción de Mítikah. Durante ese periodo cerraron avenidas, hicieron plantones, escribieron cientos de cartas y oficios, pero a pesar de sus esfuerzos no pudieron evitarlo, como ella dice, tras este tipo de desarrollos inmobiliarios hay mucha gente poderosa y con dinero que se sirven de un sistema de justicia viciado y corrupto que sobrepone los intereses del capital a la de los habitantes, generalmente personas humildes sin la capacidad económica para hacerle frente a una batalla legal tan larga.
El camino en los tribunales fue tortuoso. En varias ocasiones, los jueces dictaminaron suspensiones parciales de la obra, pero de alguna forma la constructora siempre obtenía algún recurso para que los trabajos volvieran a reiniciarse. Finalmente a mediados de 2021, luego de un largo litigio, el desarrollo inmobiliario ganó la batalla y Mítikah fue inaugurada con una colosal fiesta y un despliegue de propaganda en redes y medios de comunicación, cuyos encabezados destacaban la propuesta arquitectónica “moderna, de matices elegantes y sofisticados”, sin mencionar la historia que había detrás de su edificación, donde la lucha vecinal se mantenía vigente.
-¿Alguna vez entró a Mítikah?-
-No te voy a mentir, una sola vez lo hice, y fue porque mi hijo me insistió en que tenía que hacerlo, que era necesario mirar todo lo que habían construido. Además era mi cumpleaños y él me quería regalar algo. Aún no puedo sacarme de adentro esa sensación. El cuerpo se me estremeció cuando entré, era sentir que con mi presencia en ese lugar estaba traicionando tantos años de lucha. No me gustó y nunca más volví-.
Sentada en el amplio y sombrío comedor de su casa, una vieja construcción de ladrillos rojos de estilo mexicano, Consuelo despliega un archivo de documentos en los que destacan mapas, fotografías, cartas y los nombres de tres presidentes de México, todos ellos citados por los vecinos para pedir su ayuda en el caso, pero ninguno les ayudó a resolver su problema, por eso Consuelo ya no cree en la política, y mucho menos en los políticos, sin importar de partido que sean.
-Lo único que nos queda a los de Xoco es por lo menos mantener nuestras tradiciones, nuestra fiesta patronal y nuestra iglesia, porque hasta eso está en peligro.

La apertura de Mítikah fue apenas el inicio de una serie de transformaciones que Xoco sigue experimentando. Su extensión territorial ocupa un tercio de la superficie total de pueblo, es decir que de las 30 hectáreas, 10 son ocupadas por Mítikah. Dentro de los impactos más notorios que este inmenso complejo de cristales y acero trajo consigo, están el incremento en el flujo de personas y autos que circulan en la zona, un puñado de calles donde nadie nunca imaginó que un día circularían tantos vehículos; además del ruido, los hedores, las constantes fallas al suministro de agua, los pobladores han visto un incremento significativo en el pago de impuestos por el costo del uso del suelo y la llegada de cientos de nuevos vecinos, que según Consuelo, en su mayoría poco o nada se interesan por integrarse a las tradiciones de la comunidad.
-La mayoría de ellas son personas con mayor poder adquisitivo, a veces nos miran como por debajo del hombro. Hubo una ocasión en enero, durante la festividad mayor de Xoco, que desde uno de los edificios nos lanzaron papeles que decían: “Aborígenes”. Eso pasó porque los nuevos vecinos estaban molestos porque nosotros usamos pirotecnia durante la celebración, pero eso lo hemos hecho desde antes que comenzaran a construir los edificios que ahora ellos habitan.
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Una de las principales características que define un proceso de gentrificación, es el desplazamiento de un grupo de personas en una zona por otro grupo de mayor poder adquisitivo. Andrés de la Peña, periodista y activista mexicano especializado en temas de urbanismo y gentrificación, opina que este fenómeno está ocurriendo a nivel global, pero en México su aparición es mucho más voraz que en otros sitios y cada vez más evidente, porque se combina con otros factores que orbitan la problemática de la gentrificación, como lo son la “turistificación”, la especulación inmobiliaria, y las nuevas dinámicas laborales en el mundo, que cada año atraen a más nómadas digitales al país.
-Todos estos factores sumados a la corrupción y al abandono por parte del gobierno mexicano están orillando a millones de personas a vivir una crisis de acceso a la vivienda sin precedentes.

En la Ciudad de México y zona metropolitana habitan más de 20 millones de personas, para satisfacer la necesidad de vivienda que demanda esta cantidad de habitantes se deberían construir alrededor de 70 mil viviendas anuales, pero entre 2018 y 2024, solamente se construyeron alrededor de dos mil por año, tan sólo el 2.8 % de lo que se esperaría, según la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda en México.
Lo anterior, sumado a la desaceleración por parte del gobierno en la construcción de viviendas asequibles para la población, no sólo ha incrementado el costo del precio del suelo, sino que ha creado una burbuja de especulación inmobiliaria donde los alquileres se han vuelto tan elevados que la gente que ha vivido en barrios históricos o centrales por décadas cada vez se ve con más dificultades para pagarlos. Desplazarse en muchos casos es la única opción.
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Juan Ramírez, es originario de Azcapotzalco, otro pueblo originario al norte de la Ciudad de México, tiene 44 años de edad y dos hijos. Cuenta que cuando supo que se convertiría en padre hace poco más de 15 años buscó la independencia de su familia, él intuía que la única forma de conseguirlo era consiguiendo una casa propia. Aquel periodo de buscar una casa se convirtieron en dos años de decepciones, porque con el salario que obtenía como repartidor de una empresa de gaseosas, no podía costear ninguna vivienda “digna “ dentro de la ciudad; su mejor opción en aquel momento fue adquirir a través de un crédito del gobierno llamado Infonavit, una pequeña casa de interés social en Ojo de Agua, un municipio del Estado de México, a 40 kilómetros del centro de la ciudad.
Adaptarse al nuevo estilo de vida fue muy complicado porque Juan seguía teniendo su trabajo en la capital; para poder cumplir con el horario laboral y llegar a las siete de la mañana a Coyoacán, tenía que salir de casa mucho antes que la luz del alba apareciera; lo hacía siempre apurado para poder sortear “el tráfico infernal” que se forma cada día para entrar en la Ciudad de México. Como él, dos millones y medio de personas invierten diariamente entre cuatro y cinco horas de su vida viajando para trabajar en la capital, y como él, muchas de ellas también fueron orilladas de alguna forma a vivir en esas urbanizaciones conformadas por miles de casas inauditas, que vistas a la distancia, parecen todas iguales.
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Este periodo duró casi 10 años, hasta que un día no pudo más y cayó enfermo; tuvo una depresión aguda que derivó en ataques de pánico y de ira constantes. Perdió su empleo y la estabilidad en la vida que creía tener. A pesar de su edad, Juan, aparenta varios años más, las arrugas del contorno de sus ojos y la falta de cabello en la cabeza no lo ayudan. Cuando me muestra una vieja fotografía de él y su familia todo cae por su propio peso. Poco queda de aquel hombre robusto que sonríe en la puerta de su nuevo hogar. Dice que dormía poco y el tiempo que pasaba en casa, era sólo para descansar unas cuantas horas antes de volver a comenzar su rutina. Poco tiempo con su mujer e hijos. Juan cree que esa forma de vida insana fue la que llevó su vida, su matrimonio y la relación con sus hijos al borde del colapso.
-Yo crecí en la ciudad y mudarme a vivir en ese lugar fue muy deprimente. Es aburrido porque hay pocas opciones para salir o hacer algo interesante, lo único que abundan son plazas comerciales, tiendas de segunda clase y puestos de comida rápida, allí es a donde va la gente para pasar el tiempo; además la delincuencia y la violencia en esas zonas es muy fuerte. A mí me asaltaron por lo menos tres veces.
La Ciudad de México durante siglos ha sido la capital económica, política y social de la región Mesoamericana. Desde el México Tenochtitlán de los Mexicas, la época virreinal de la Nueva España y la consolidación del México independiente, el inmenso valle que la alberga, era una serie de pueblos, haciendas y villas que no vieron afectadas sus costumbres hasta mediados del siglo XX, cuando la modernización de la ciudad, trajo consigo la construcción de universidades, complejos habitacionales y los grandes ejes viales que hoy la conectan; además de millones de personas, generalmente campesinas que escapaban de la pobreza rural para incorporarse a la fuerza laboral que el nuevo México necesitaba.
Las consecuencias de aquella migración interna no sólo dispararon los índices de población en la capital, sino que además hubo un crecimiento desproporcionado y carente de toda planeación urbana, cuyos principales efectos fueron la aparición de cientos de nuevos asentamientos, (chabolas, villas, favelas), generalmente marginadas y golpeadas por la violencia sistémica que tardó décadas en ocuparse de ellos, originando muchos de los barrios con las tasas de desarrollo humano más bajos del país. El antiguo Distrito Federal pronto se convirtió en “La región más transparente” que el escritor Carlos Fuentes no dudó en describir como un lugar donde todo se mezcla:lo antiguo con lo moderno, la riqueza con la pobreza, la esperanza con la desesperación.”
La casa de Juan era pequeña, más bien humilde, como la de todos a su alrededor. Cuando ellos llegaron al fraccionamiento recuerda que hubo un tiempo en que las cosas marchaban bien. La mayoría de los vecinos eran como ellos, matrimonios jóvenes que venían de barrios populares de la Ciudad de México, cuya capacidad económica y de crédito sólo había alcanzado para adquirir esas casas llenas de anhelos en la llamada “mancha urbana”.

Luego de un breve periodo de tiempo inició una época muy complicada de violencia generalizada en la zona, los asaltos en el transporte público y en las casas aumentaron significativamente, así como las extorsiones y los secuestros. Esta ola de violencia fue la que terminó por hundir los sueños de una vida mejor en una casa nueva. Durante más de siete años Juan y su familia fueron prisioneros en su propio hogar. Las casas comenzaron a llenarse de mallas metálicas punzantes sobre las bardas, ventanas con barrotes de hierro y vidrios rotos en los tejados; formas en que se representa el autocuidado en América Latina.
-Fueron tantos los abusos por parte de la delincuencia que afuera de mi fraccionamiento colgamos una manta con una leyenda que decía “ladrón, si te agarramos te linchamos”. Desafortunadamente nosotros nunca atrapamos a nadie, aunque en otros fraccionamientos sí ocurrió.
Se estima que en el Estado de México hay más de 600 mil casas deshabitadas o abandonadas, lo que pone en evidencia el fracaso de la política de vivienda en la entidad. Se trata de inmuebles que no pudieron ser liquidados por sus propietarios, que están alejados de los centros laborales, carecen de algunos servicios públicos como el agua potable o no se adaptaron a las necesidades de las familias que en algún momento solicitaron su crédito, aunado a los problemas de inseguridad.
De aquel periodo en aquella casa Juan tiene pocos recuerdos felices. Algún cumpleaños, el bautizo de sus hijos, algún asado familiar y poco más que eso. Ahora de vuelta a la ciudad, viviendo en una pequeña habitación junto a su madre, con el divorcio a cuestas y su familia fragmentada, reflexiona sobre aquel periodo, y aunque acepta que pudo haber sido diferente, entiende que su desplazamiento a ese valle polvoriento no fue la mejor elección de su vida. Ahora aquella casa está vacía, esperando a ser alquilada, y como muchas otras a su alrededor, se han convertido en monumentos que acompañan la desolación de un paisaje que se resiste a cambiar.
Es medio día y la luz del sol se desploma sobre Maria Elena Ávila, de 83 años de edad, cuyo cuerpo está postrado afuera del domicilio marcado con el número doce de la avenida de los Insurgentes Centro, la más larga del país. Alrededor de ella hay cajas, muebles, retratos, objetos de todo tipo, la mayoría parecen reliquias, son los recuerdos de toda una vida; quienes circulan por esta importante artería de la ciudad, piensan que Maria Elena tiene una venta de garaje. Algunos se acercan a preguntar, y a pesar de haber sido desalojada por la fuerza unas horas antes, la señora, estoica, con un dejo de amabilidad, tan sólo sonríe y dice que no está vendiendo nada.
-Fue como a las 6 de la mañana, los golpes que estaban dando sobre la puerta me despertaron. Bajé para saber qué estaba pasando. Mi gran error fue abrir porque instantáneamente se metieron por la fuerza y comenzaron a romperlo todo. Era un grupo como de 20 personas, algunos encapuchados, decían que traían una orden de desalojo firmada por un juez. Yo no entendía nada, estaba muy asustada, sólo pude gritarle a mi sobrino, pero ya era demasiado tarde. En menos de una hora me sacaron con todas las cosas de esta casa en la que viví los últimos setenta años.
María Elena llegó a la Ciudad de México con tan sólo 13 años de edad. Era una jovencita que sin saber leer ni escribir, se aventuró a lo que parecía un futuro más prometedor que la vida del campo. Cuando llegó a esta casa que hoy resguarda plantada frente a la puerta, la vida por aquí era muy diferente, según recuerda las avenidas no eran tan amplias, y la colonia Tabacalera no estaba llena de oficinas como lo está ahora, el caos cotidiano se resumía en ver los autos y autobuses circular constantemente.

-Yo aquí llegué recomendada por una persona que conoció a los patrones. En aquel entonces no sabía nada, pero la señora me enseñó muchas cosas; aquí aprendí a guisar, a preparar comida española: bacalao, fabada, paella, todo lo que a el patrón le gustaba; también aprendí de peinados, tintes y manicuras porque la señora tuvo una academia y un salón de belleza muy exitoso.
La ubicación estratégica de este inmueble, muy cerca de la avenida Reforma y del centro de la ciudad, lo han hecho siempre un lugar muy concurrido; hubo un tiempo en que actrices y bailarinas de la época se paseaban por esta casa tipo Art Decó de la que hoy sólo queda una vieja fachada pintada de blanco que apenas dibuja el esplendor que tuvo.
La voz, considerablemente cansada, habla de otros tiempos y de una ciudad que ya no existe, más que en las viejas películas. Se refiere a la época dorada del cine mexicano y de los grandes salones con orquestas de música y baile; a la capital que crecía económicamente y exportaba la cultura mexicana fuera de sus fronteras; de cuando gente se preocupaba más por vivir que por sobrevivir; pero a pesar de que la memoria comienza a jugarle trampas, Maria Elena tiene la historia del inmueble muy presente.
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La casa fue propiedad de un matrimonio de extranjeros, una mujer francesa cantante de ópera casada con un español exiliado por la guerra civil de su país. Ella los recuerda como un matrimonio enamorado y moderno para la época, y a la casa como un lugar lleno de vida, siempre con fiestas y reuniones muy divertidas. Nunca tuvieron hijos ni otros familiares que los visitaran, por lo que María Elena y Reyna, su compañera (otra trabajadora doméstica), se encargaron del cuidado de la casa, el salón de belleza y del matrimonio por más de cuarenta años.
El primero en morir fue el esposo quien contrajo una enfermedad en el extranjero de la que nunca pudieron curarlo. Tras su muerte, la esposa vivió sola los últimos años de su vida. Durante aquel periodo María Elena y Reyna fueron las encargadas de sus cuidados y la contención de su vida emocional; por lo que en agradecimiento por acompañarla y atenderla hasta su muerte, la mujer les heredó la propiedad en igualdad de condiciones.

Como testigo de aquel acto de gratitud, Maria Elena, sólo conserva un par de papeles viejos y arrugados donde la propiedad del inmueble consta haber sido heredada y estar en copropiedad de ella y su compañera Reyna Romero Tellez, quien murió dos años atrás. A pesar de no haber podido escriturarla por falta de recursos, durante los últimos 30 años ambas habitaron la casa, se encargaron de pagar por los servicios, aunque no pudieron mantener la belleza estética de la propiedad. Las paredes se hicieron viejas, las ventanas sucias y los muebles antiguos. El viejo esplendor se fue apagando como todo dentro de ella.
Vista desde fuera la casona comenzó a contrastar con todo a su alrededor, sobre todo con el nuevo corredor comercial que año con año viene creciendo sobre la avenida. Los cafés de especialidad, los lujosos lofts, y los restaurantes sofisticados que se han construido y remodelado últimamente, nada tienen que ver con ella. La casa no es grande, hacia el fondo apenas 10 metros de profundidad por quince de fachada, pero su ubicación estratégica la convirtieron en una apetitosa carnada para los invasores de propiedades y los tiburones inmobiliarios.
Según la orden firmada por el C. Juez Cuadragésimo Segundo de lo Civil de Proceso, en la Ciudad de México, el desalojo fue concedido porque existe un contrato de compra venta por el inmueble elaborados en 2015 y firmado por ambas copropietarias a favor de una tercera persona, una señora de nombre Dolores Miralles, a quien nadie conoce, ni nadie había escuchado nombrar. Maria Elena dice que ella jamás ha firmado ningún contrato con nadie porque a ella no le interesaba vender la casa, porque es lo único que tiene y que la firma que aparece en el expediente no es la de ella.

El jugoso negocio de la compra venta de inmuebles y predios en ciertas zonas de la Ciudad de México, ha motivado a un grupo grande de personas a operar en una red delincuencial bautizada como “La mafia del despojo”. Es un negocio bien estructurado, donde participan desde invasores y falsificadores hasta funcionarios corruptos. Detrás de cada casa arrebatada hay una historia como la de María Elena, llena de amenazas, fraudes notariales y complicidad institucional que permite que este fenómeno prospere, evidenciando la corrupción inmobiliaria que permea en la capital.
Estas agrupaciones tienen un modus operandi que ha sido identificado por varios activistas, pero a nadie más que a ellos y a los afectados parece importarle. Según las denuncias, los delincuentes buscan inmuebles con características específicas como la de Maria Elena: propiedades intestadas, casas que aparecen abandonadas, viviendas de adultos mayores sin herederos visibles o lugares con documentación irregular. En muchas ocasiones, acceden a registros públicos para detectar objetivos vulnerables.
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Con la complicidad de abogados y notarios corruptos, los delincuentes crean escrituras apócrifas, testamentos falsificados o contratos de compraventa simulados. En algunos casos, suplantan la identidad de los propietarios para vender la casa a terceros. Con toda esa documentación ficticia, los delincuentes inician juicios para consolidar la posesión del inmueble. Generalmente usan influencias en el Registro Público de la Propiedad y tribunales civiles para validar escrituras apócrifas. Si el legítimo propietario reclama, probablemente enfrentará un proceso largo, costoso y desgastante. Finalmente una vez legalizada la posesión del inmueble, la mafia lo vende rápidamente a compradores desprevenidos o cómplices. Así, la propiedad despojada cambia de manos y se vuelve casi imposible de recuperar.
-¿Qué hará con todo esto, a dónde irá?-
–A mi edad ya no me tiro al dolor, será lo que Dios quiera. Iré a donde me lleve mi sobrino, que es con quien yo vivía. Las cosas tendrán que irse, como todo en la vida. Duele porque no es justo, pero mientras tenga salud voy a estar bien. Creo que nos van a prestar un cuartito en una vecindad, porque no tenemos dinero para pagar nada por aquí. Mientras tanto vamos a esperar a ver qué dicen los abogados de oficio que nos puso el gobierno.

Miles de familias han perdido sus hogares bajo estos esquemas. Adultos mayores como María Elena, que nunca se casó, que no tiene hijos y que vive con una red de apoyo muy limitada. Entre 2019 y septiembre de 2024, se registraron 24, 318 denuncias por despojo de inmuebles en la Ciudad de México, lo que equivale a un promedio de aproximadamente 14 casos diarios. A pesar de que no en todas las denuncias hubo ilegalidades, éstas cifras de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, reflejan la magnitud del problema que enfrenta la capital, donde el acceso a una vivienda digna no es más un derecho sino una mercantilización de la vida.
Este trabajo fue publicado originalmente en la revista Lento de Uruguay

La sentencia contra la médica ha sido criticada por organismos como la CIDH, que la consideran una prueba de la intención de las autoridades de silenciar las voces críticas.
30 años de cárcel. La pena máxima de cárcel que la legislación venezolana reserva para delitos como homicidio, secuestro y violación le fue impuesta a Marggie Xiomara Orozco Tapias, una médica de 65 años.
Sin embargo, la profesional de la salud no mató ni secuestró a nadie. Su delito fue que, en medio del fragor de la campaña para las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, envió un mensaje de audio por WhatsApp a un grupo de vecinos de la localidad de San Juan de Colón, en el estado andino de Táchira (fronterizo con Colombia), en el que llamaba a votar en contra de Nicolás Maduro y lo responsabilizaba de la crisis económica que atraviesa el país.
Ocho días después de los comicios, que según el Consejo Nacional Electoral (CNE) ganó Maduro aunque hasta ahora no ha presentado pruebas que respalden dicha declaración, la policía arrestó a Orozco.
“Unos policías llegaron en la noche del 5 de agosto a la casa y le dijeron a mi mamá: ‘Acompáñenos’. Ella no quería ir, pero los policías le dijeron que no estaba detenida, sino que la querían entrevistar y por eso los acompañó. Pasamos tres días sin saber de ella”, le contó a BBC Mundo el hijo de la doctora, Paul Ruiz.
La grabación de la doctora llegó a manos de unos simpatizantes del gobierno, quienes la denunciaron ante la Fiscalía tras amenazarla con retirarle beneficios como la caja de alimentos o la bombona de gas para cocinar subsidiados.
El caso de Orozco es el último de una serie de procesos judiciales contra ciudadanos que ejercieron su derecho a la libertad de expresión a través de las redes sociales. Un derecho que las autoridades venezolanas advierten que “no es absoluto”.
“Esos llamamientos ponen en riesgo la paz de Venezuela y son la razón por la cual el gobierno de Estados Unidos nos quiere invadir”.
Esto habría dicho la jueza Luz Dary Moreno Acosta al condenar, el pasado 16 de noviembre, a Orozco por la comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración e incitación al odio, relató el hijo de la médica.
¿Pero qué dijo la doctora para ser condenada a la pena máxima? “Ella le pidió a la comunidad que saliera a votar (contra Maduro) y (que los vecinos) dejaran la sinvergüenzura de apoyar al gobierno, mientras sus hijos están fuera trabajando y el país se está cayendo a pedazos”, narró Ruiz.
El hijo de la doctora admitió que el mensaje era “subido de tono” , pero negó que su madre cometiera un delito.
“Ella no salió a las calles a tirar piedras o quemar cauchos (neumáticos). Ni tampoco pidió una invasión extranjera”, aseguró.
En las últimas semanas, EE.UU. ha reunido en las aguas del Caribe una flota de naves de guerra -entre las que está su portaaviones más moderno y grande, el USS Gerald R. Ford-, con el propósito declarado de combatir el narcotráfico.
Sin embargo, desde Caracas sostienen que este despliegue militar en realidad persigue “un cambio de régimen” en Venezuela.
“Así como usted sufre, las personas que están en el Gobierno también sufren”, le dijo la jueza a Orozco, de acuerdo con el relato del hijo, quien dijo que obtuvo los detalles de unos abogados que estuvieron presentes cuando la titular del Tribunal 4 de Juicio de Táchira leyó su veredicto.
Aunque el fallo no ha sido publicado, desde la Fiscalía venezolana confirmaron a BBC Mundo que se produjo, pero rechazaron las peticiones para que hicieran comentarios sobre el mismo.
Ni siquiera el hecho de que Orozco sufriera un infarto durante el año que ha permanecido detenida sirvió de atenuante para la justicia.
En marzo pasado, la jueza Moreno rechazó permitirle a la doctora seguir el juicio en libertad condicional, por considerar que “existe peligro de fuga” y porque “pudiera influir en los testigos para que informen falsamente al tribunal, y ponga en peligro la verdad de los hechos y la realización de la justicia”.
El dictamen se produjo semanas después de que el ministro del Interior, Diosdado Cabello, advirtiera que “buscarían” a todo aquel que respaldara una invasión.
“Si alguien decide pedir invasiones contra nuestro país, inmediatamente está asumiendo que se autoexcluye de sus obligaciones como venezolano, y el Estado se reserva las acciones que tenga a bien ejercer”, alertó semanas atrás.
Otras personas que escucharon el audio de Orozco aseguraron a BBC Mundo que “era una grabación de 17 minutos bastante agresiva en algunas partes”. Esto, explicaría porque a la doctora le aplicaron el artículo 20 de la polémica Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, según los registros judiciales.
“Quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio será sancionado con prisión de diez a veinte años, sin perjuicio de la responsabilidad civil y disciplinaria por los daños causados”, establece la norma.
La vaguedad y amplitud de la disposición le ha valido la crítica de organismos internacionales de derechos humanos, los cuales sostienen que puede ser empleado para silenciar a las voces críticas.
Entre 2021 y 2023, al menos 22 venezolanos fueron detenidos por ejercer la libertad de expresión. Varias de las aprehensiones están vinculadas a contenidos difundidos en plataformas digitales, reportó la organización Espacio Público.
Antes de que se conociera la condena contra Orozco se produjeron otros dos fallos similares. El primero fue el de Marcos Palma, de 50 años, quien fue sentenciado a 15 años de cárcel por un audio que envió a un grupo de WhatsApp en el que se quejaba porque no le entregaron la bombona de gas que pagó e invitaba a sus vecinos a una protesta.
Semanas después, Randal Telles, una estudiante de enfermería de 22 años del llanero estado Barinas, fue condenada también a 15 años de prisión por un video de TikTok en el que criticaba a Maduro y a Cabello. No obstante, su familia sostiene que la grabación no fue hecha por Telles sino que es un montaje realizado con inteligencia artificial.
Estos casos explican porque muchos en el país han optado por evitar discutir sobre determinados temas a través de plataformas digitales o constantemente borran los historiales de sus teléfonos.
En 2017, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, admitió que la polémica legislación contra el odio tenía “un carácter preventivo educativo y disuasivo”.
“La libertad de expresión no es un derecho absoluto, tiene límites. Y en Venezuela hay una legislación que lo regula”, advirtió un funcionario judicial en ejercicio bajo condición del anonimato.
La condena contra la médica ha sido criticada tanto dentro como fuera del país.
“Este caso evidencia que la falta de independencia del sistema de justicia venezolano está profundamente arraigada y que continúa funcionando como parte del aparato represivo del Estado”, denunció a BBC Mundo la relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Gloria De Mees.
Tras afirmar que la Ley contra el Odio “restringe severamente el derecho a la libertad de expresión en Venezuela y genera un fuerte efecto inhibidor, incompatible con una sociedad democrática”, De Mees aseguró a BBC Mundo que “la aplicación de esta ley en casos como el descrito confirma el clima de miedo y autocensura” reinante en el país y “desalienta cualquier forma de disidencia, incluso más allá de las fronteras de Venezuela”.
Por su parte, juristas venezolanos han puesto en duda el fundamento jurídico de la sentencia contra la doctora Orozco.
“Para que se dé el delito de incitación al odio el mensaje ha debido provocar una expresión de odio por parte de un individuo contra otro. ¿A quién incitó ella? La doctora lo que hizo fue expresar su propio sufrimiento”, explicó a BBC Mundo el penalista Zair Mundaray.
Tampoco consideró correcto la aplicación de los delitos de traición y conspiración.
“La conspiración implica intentar modificar la forma republicana, pero ¿qué acción concreta llevó a cabo la doctora para acabar con la democracia y las instituciones? Y el delito de traición habla de unirse con naciones o enemigos extranjeros, pero aquí no se ha informado que ella se haya aliado con nadie”, agregó.
“Con este tipo de sentencias el gobierno quiere quitarnos el derecho a pataleo (protesta), afirmó el hijo de la condenada, quien reiteró que su mamá jamás ha participado en actividades políticas de ninguna naturaleza.
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