El Clan Cuén: una fortuna de 79 propiedades ligada a la UAS
Héctor Melesio Cuén Ojeda es un hombre poderoso. De voz baja y maneras cortas, suele cerrar sus conversaciones con una oferta: “Lo que se le ofrezca, lo que quiera, estamos a la orden”.
No es casual: tiene un partido y todos en Sinaloa saben que manda en la Universidad, sin importar quien sea el rector.
Pero el poder político de Cuén no se explica sin su poder económico. “Soy empresario”, repite cuando se le pregunta sobre el origen y el tamaño de su patrimonio, hoy bajo investigación. Lo mismo dice la cuenta de “X” de su hijo, Héctor Melesio Cuén Díaz: “Empresario sinaloense”.
Y aunque sus negocios no son líderes de sus respectivas industrias, parecen ser bastante rentables, pues de acuerdo a los datos a los que Noroeste tuvo acceso, desde que dejó la rectoría de la UAS, Cuén y su familia directa acumularon 70 propiedades entre 2009 y 2022. La fortuna de la familia Cuén ha crecido desde 1973 hasta amasar un patrimonio de 86 propiedades con un valor estimado de 123 millones de pesos.
Los recursos para adquirirlas salieron, según los documentos públicos consultados, de la política, los negocios y los salarios cobrados en la universidad.
El nepotismo uaseño
En 2009 Cuén dejó de ser Rector de la Universidad. Él renunció a su pensión, pero todos sus hijos comenzaron a cobrar en ella: Héctor Melesio Jr. comenzó en junio de 2009 como Director nivel “B” con un sueldo mensual de 21 mil 900 pesos, Mónica María el 1 de septiembre de 2004 como Maestra de asignatura “B” con un sueldo de apenas mil pesos mensuales y Angélica María el 1 de febrero de 2014 como Directora “C” en Rectoría, con un sueldo de casi 30 mil pesos mensuales, de acuerdo con una solicitud de información realizada por Noroeste a la UAS. Pero todos escalaron rápido y hoy, entre los tres hijos de Cuén cobran más de 232 mil pesos mensuales en salarios de la universidad.
Héctor Melesio Cuén Díaz, el primogénito, fungió hasta mayo pasado como Director de Bienes e Inventarios de la UAS, el mismo puesto desde el que su padre escaló a la rectoría y al cual habría renunciado cuando se hizo público que era investigado por la UIPE. A solicitud expresa de Noroeste, la UAS negó informar el estatus laboral actual de los Cuén Díaz, pero según la nómina universitaria del primer trimestre de 2023, Cuén hijo seguía cobrando igual.
Incluso, en la más reciente convocatoria del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Cuén Díaz logró el nivel 1 como “Candidato a investigador” por su trabajo en el impacto del covid en mujeres embarazadas y niños; su nombre figura a lado de investigadores de la Facultad de Medicina de la UAS, aunque su doctorado es en psicopedagogía. Por ese grado percibirá otros 8 mil mensuales.
Por otro lado, no hay evidencia de que Jesús Angélica Díaz Quiñonez, esposa de Cuén Ojeda, perciba salario alguno en la UAS, pero sí lo hacen dos de sus hermanas, Paula Liliana y Carmen Dolores, con 89 mil y 24 mil pesos mensuales, respectivamente. Paula es Directora nivel “C” en Rectoría y Carmen es Coordinadora en la Facultad de Derecho.
En la Universidad labora también Gustavo Cuén Ojeda, hermano de Héctor Melesio y delegado municipal del PAS, con un sueldo de casi 50 mil pesos mensuales. Jesús Alfredo Cuén Ojeda, otro de sus hermanos y quien fuera asesinado un día después de que Cuén perdiera las elecciones de 2012, era también director de deportes de la Universidad. Hoy, los tres hijos de éste cobran en la UAS más de 126 mil pesos mensuales entre todos.
Los clanes de los rectores
Pero los Cuén Díaz no son la única familia que han hecho de la UAS su modus vivendi. La UAS se convirtió en cuna del nepotismo para los más leales al cuenismo, quienes ocupan las posiciones mejor pagadas y escalan mucho más rápido que el resto de los empleados universitarios. Los más suertudos son los familiares de los rectores posteriores a Cuén.
El exrector Víctor Antonio Corrales Burgueño, sucesor directo de Cuén y luego líder formal del PAS, cobra como tal 165 mil pesos mensuales; sus hermanas, Patricia Guadalupe y Leopoldina, otros 165 mil y 26 mil pesos mensuales, respectivamente.
Patricia Guadalupe Corrales es, además, esposa del también exrector Juan Eulogio Guerra Liera, que cobra 165 mil pesos mensuales, mientras que su hijo, Juan Eulogio Guerra Corrales, recibe otros 75 mil pesos mensuales como Director de la Secretaría General.
Jesús Madueña Molina, rector suspendido temporalmente, percibe un salario de 204 mil pesos mensuales, mientras que su esposa Sofía Angulo Olivas recibe otros 89 mil pesos como Directora; sus dos hijos, Luis Alberto y Jesús Alejandro, cobran en la UAS 69 mil y 29 mil pesos mensuales por sus puestos de Jefe de Departamento y Coordinador, respectivamente.
La política y los negocios
Al mismo tiempo que el padre construía su carrera política y la familia cobraba en la universidad, los Cuén crearon al menos seis empresas de diversos giros y capitales: HB Operaciones, Inmobiliaria Luis XV, Administradora Tres Ríos, Beisbox, Wenchos y Casa María.
HB Operaciones es una lavandería de la franquicia Clyn Member’s. Inmobiliaria Luis XV es una empresa con múltiples giros, que compra propiedades y que tiene su domicilio fiscal en un edificio sobre una barbería y que factura los alimentos vendidos en el restaurante Casa María, ubicado en el centro de Culiacán y donde Cuén Ojeda suele realizar sus reuniones políticas. Wenchos y Beisbox son restaurantes con cajas de bateo que operan sucursales en Culiacán y Mazatlán. Y Administradora Tres Ríos es un conjunto de locales comerciales ocupados por un laboratorio de análisis clínicos, una casa de cambio de dólares, una empresa de químicos de limpieza, una clínica de fisioterapia y algunos otros vacíos o en renta.
Además, la familia Cuén se ha diversificado, sobre todo con Belinda Portugal Domínguez, esposa de Héctor Melesio Cuén Díaz, quien es dueña de una barbería y una tienda de regalos; ella funge como representante legal de dos de las empresas familiares.
De las 70 propiedades compradas en los últimos 13 años por la familia Cuén, 52 están a nombre de esas empresas.
En el Registro Público, la historia de la familia Cuén, desde 1983 hasta 2018, es que adquirieron y acumularon a su nombre y al de HB Operaciones e Inmobiliaria Luis XV, 49 propiedades que rebasan los 64 millones de pesos de valor.
La visión inmobiliaria de los Cuén
Algunas de las propiedades de los Cuén tienen su explicación en la UAS. Por ejemplo, el 10 de agosto de 2012, Jesús Angélica Díaz Quiñónez, entonces presidenta del Sistema DIF Culiacán, cerró un trato por casi medio millón de pesos por un terreno de 5 mil metros cuadrados a la salida norte de Culiacán.
Unos meses después, el 12 de noviembre, su hija Angélica María Cuén Díaz, adquirió otros 20 mil metros en la misma zona por casi 3 millones de pesos. Las compras fueron a título personal, sin la intervención de sus empresas, pero la respuesta de por qué comprar en esa zona llegó cinco años después cuando, en noviembre de 2017, el entonces Rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera (también hoy acusado ante la Fiscalía) anunció la compra de 40 hectáreas de terrenos para la construcción de una nueva Ciudad Universitaria en esa zona.
“Hay que decir que C.U. ya es insuficiente, compramos 44 hectáreas en la salida norte por ahí donde está el seminario para crear una nueva ciudad universitaria”, anunció Guerra Liera. Este proyecto se consolidó en una primera etapa cuando en mayo de 2021, en medio de la pandemia de coronavirus, el entonces Rector develó una placa en la zona donde será construido el nuevo complejo académico.
El terreno junto a Ciudad Universitaria
Una investigación de Noroeste arrojó también que desde 2011, Héctor Melesio hijo fundó la empresa HB Operaciones cuando apenas tenía 26 años de edad, junto con su esposa Belinda.
Desde entonces, han adquirido 15 propiedades con valor total de 13.7 millones de pesos, de las cuales 11 han sido compradas con pagos previos en cheque. Las otras cuatro propiedades han sido adquiridas con crédito hipotecario.
Pero su comportamiento, basado en sus decisiones de compra, está ligado a la UAS. Por ejemplo, el 23 de septiembre de 2014, Héctor Melesio hijo cerró una compra de 2 millones de pesos por un pedazo de terreno junto al estacionamiento de la Torre Académica de la UAS, hacia el sur. En ese lugar, la familia construyó una plaza comercial.
El patrimonio familiar: depas, casas y terrenos
El Registro Público de Comercio reporta que el ex Rector participó anteriormente en actividades empresariales con la razón social Unidad Médica de Especialidades del Noroeste y Diagnóstico Nuclear de Culiacán, hasta que cedió sus acciones y las de su esposa a uno de sus socios.
Según el Registro Público, Angélica María tiene dos propiedades a su nombre, adquiridas por casi 7 millones de pesos, en Residencial La Jolla, y un predio en la salida norte de Culiacán.
Mónica María tiene otras tres propiedades: una en la zona residencial de Altata, una playa ubicada en Navolato a media hora de Culiacán, y las otras dos se ubican en la colonia Rincón Alameda.
En los últimos años, Héctor Melesio hijo y su familia han sido los que más han comprado activos fijos. Para 2011 habían adquirido ya 15 propiedades con valor de 13.7 millones de pesos.
Según información de la UIPES, además de la compra de una casa en la colonia Montebello por 13.6 millones de pesos en 2017, los últimos movimientos de Héctor Melesio hijo se realizaron a través de Administradora Tres Ríos; y fue la adquisición de ocho departamentos de entre 900 y 1.4 millones de pesos, todos en un un mismo día, lo que llamó más la atención.
Ya se había reportado antes la compra de un terreno detrás de la Torre Académica de la UAS por un valor de 4.6 millones de pesos a través de un crédito hipotecario, y una casa en el residencial La Primavera con valor de 7 millones de pesos.
La cultura del “esfuerzo”
Cuando es cuestionado por su control al interior de la UAS, “El Maestro” Cuén revira negándolo y argumenta que él ya no está en la Universidad y que su éxito económico es fruto del trabajo y el esfuerzo.
El pasado mes de abril, cuando se reveló que era investigado por presunto enriquecimiento inexplicable, Cuén Ojeda escribió en su cuenta de X: “De nueva cuenta mi familia es víctima de la difamación y calumnia. El tema que retoma @noroestemx y colaboradores, que no extraña sea este medio, lo hemos aclarado un sinfín de ocasiones. Mi patrimonio es esfuerzo de 44 años de carrera empresarial. Esta no es ni la primera y no será la última persecución política, nuestra lucha sigue.”
Ese mismo mes, los Cuén contrataron al Despacho Hernández Barros como sus abogados, el mismo que defendió a Rosario Robles por el caso de La Estafa Maestra. Tras el post de Cuén, el despacho comenzó, de inmediato, a facturarle a la UAS sus honorarios.
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Mas de 350 palestinos han muerto desde el pasado 10 de octubre en Gaza, donde seis semanas después del inicio del alto el fuego la situación sigue siendo desesperada para la gran mayoría de sus habitantes.
Israel y Hamás sellaron el pasado 10 de octubre un acuerdo de cese el fuego que debía poner fin a dos años de un conflicto que ha devastado la Franja de Gaza.
Seis semanas después del inicio de ese cese de hostilidades, el derramamiento de sangre no ceja en Gaza, donde civiles palestinos siguen muriendo a diario por disparos o ataques israelíes.
La intensidad del conflicto se ha reducido, pero eso no ha evitado que la cifra de víctimas palestinas siga creciendo, aunque más lentamente.
La ayuda humanitaria, tras meses de férreo bloqueo, vuelve a entrar a la Franja, pero no en el volumen necesario para hacer frente a las necesidades de una población que sigue, en su gran mayoría, desplazada y en un territorio que se ha quedado prácticamente sin infraestructuras.
El alto el fuego ha permitido que la ONU empiece a reabrir las escuelas que opera en la Franja, la mayor parte de ellas dañadas por los bombardeos y que siguen sirviendo de refugio para muchas familias. El sistema sanitario también sigue siendo muy precario. Solo 36 de los hospitales de Gaza están parcialmente operativos, según Naciones Unidas.
Hamás, aunque ha quedado muy debilitado, se niega a desarmarse, como demostró al día siguiente de iniciarse el alto el fuego, cuando sacó a 7.000 milicianos armados a las calles para reafirmar el control sobre zonas de Gaza desocupadas por las tropas israelíes. Pero su hegemonía está siendo cuestionada por un nada desdeñable número de grupos armados han proliferado en la Franja dispuestos a hacerle frente.
En medio de todo esto, los palestinos aguardan a que el plan de paz que propuso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del que el alto el fuego solo constituía una primera fase, avance y pueda comenzar la reconstrucción de un territorio controlado aún en su mayoría por el ejército israelí.
Más de 350 muertos en ataques israelíes
El goteo de víctimas desde el día en que entró en vigor el alto el fuego no se ha detenido.
Más de 350 personas han muerto en Gaza en ataques israelíes desde entonces, lo que elevan la cifra total de víctimas palestinas desde el inicio del conflicto el 7 de octubre de 2023 a 70.100, muchas de ellas mujeres y niños, según cifras del ministerio de Sanidad de Gaza.
Los milicianos de Hamás continúan siendo objetivo del ejército israelí, pero la enorme mayoría de víctimas siguen siendo civiles, como el fotógrafo Mahmud Wadi, fallecido este martes en un ataque con dron en Jan Yunis. O los hermanos Fadi y Juma Abu Assi, de 8 y 11 años que, según su familia, estaban buscando leña para cocinar al este de esta misma ciudad cuando fueron alcanzados el pasado sábado por el fuego israelí.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron a la BBC que habían disparado sobre dos sospechosos que cruzaron la Línea Amarilla.
Esta demarcación, que delimita el territorio al que Israel aceptó retirarse tras el alto el fuego, no está claro para muchos palestinos, a veces con consecuencias fatales.
Pero las muertes no solo se han producido en las inmediaciones de la Línea Amarilla. Israel ha llevado a cabo bombardeos de zonas densamente pobladas en Gaza en respuesta, según las FDI, a ataques de Hamás.
En uno de ellos, en la noche del pasado 28 de octubre, murieron 104 palestinos en una oleada de bombardeos en Ciudad de Gaza, Beit Lahia, Bureij, Nuseirat y Jan Yunis, según el ministerio de Sanidad de la Franja. Israel alegó que actuó contra “decenas de objetivos terroristas”.
Tanto las FDI como Hamás se han acusado mutuamente de violar el alto el fuego en repetidas ocasiones.
El pasado 21 de noviembre, el portavoz de Unicef, Ricardo Pires, recordó que, desde el cese el fuego, dos niños han muerto de media cada día en Gaza.
“Esto no son estadísticas. Cada uno de ellos era un niño con una familia, un sueño, una vida truncada repetidamente por la violencia continuada”, dijo Pires a los periodistas.
Qué ha pasado con la ayuda humanitaria
El estricto bloqueo que Israel impuso en Gaza durante meses antes del alto el fuego, impidiendo el acceso de ayuda humanitaria a la Franja, provocó una hambruna que mató a más de 200 personas, según la propia denuncia de la ONU.
El acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás establecía que 600 camiones de ayuda humanitaria debían entrar diariamente a la Franja para satisfacer las necesidades básicas de sus 2,1 millones de habitantes.
Sin embargo, aunque desde el 10 de octubre Israel ha aflojado los controles y se ha permitido la entrada de ayuda, no se han alcanzado los niveles necesarios, según la ONU.
El acceso humanitario sigue estando muy restringido, tal y como denunciaron recientemente un grupo de expertos de Naciones Unidas, entre otras cosas porque solo se han reabierto dos de los seis pasos fronterizos.
“El volumen de camiones de ayuda que entran en Gaza nunca ha alcanzado el objetivo acordado de 600 al día y, con frecuencia, ha sido inferior a la mitad de esa cifra”, afirmaron los expertos, entre los que se encuentra Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos.
Amnistía Internacional también ha denunciado que Israel sigue bloqueando “la entrada de equipos y materiales necesarios para reparar las infraestructuras vitales y retirar municiones sin explotar, escombros contaminados y aguas residuales”, señaló recientemente la organización en un comunicado.
Israel asegura que desde el inicio del alto el fuego han entrado en Gaza una media de 600 a 800 camiones diarios con alimentos, suministros para refugios y material médico, según la Coordinadora de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT). El 41% de esos camiones van al sector privado, según sus propias cifras.
Según la OCHA, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, aunque la frecuencia con la que los gazatíes comen ha mejorado en la mayoría de los hogares, “el consumo de alimentos sigue estando muy por debajo de los niveles anteriores al conflicto”, y la dieta se basa principalmente en cereales, legumbres y cantidades moderadas de lácteos y aceite, con un acceso muy limitado a alimentos nutritivos como la carne, las verduras y las frutas.
Tal y como relató a la BBC Sami Matar, de la ONG Anera, que gestiona una cocina comunitaria en Gaza, “nos vemos obligados a cocinar principalmente tres tipos de comidas a la semana: arroz, pasta y lentejas (…) Necesitamos que la comida sea más variada, para garantizar verduras frescas y proteínas esenciales como la carne y el pollo”.
Estos productos, asegura, “no pueden entrar en Gaza para su distribución como ayuda humanitaria”, y solo las importan vendedores locales, aunque muchos gazatíes no tienen dinero para comprarlas.
Quien ha dejado de operar en Gaza seis meses después de ponerse en marcha es la polémica Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), que crearon Estados Unidos e Israel para eludir el sistema tradicional de ayuda de la ONU. Cientos de personas murieron por disparos israelíes durante sus caóticas entregas de cajas de ayuda humanitaria.
Dónde está el ejército israelí
El acuerdo de alto el fuego establecía que el ejército israelí se retiraría de Gaza “en base a estándares, hitos y plazos” que debían ser acordados por todas las partes.
Un mapa que distribuyó la Casa Blanca entonces mostraba las tres etapas propuestas para la retirada de las tropas israelíes, que dejaba en la primera fase, la única que se ha acordado por el momento, bajo control israelí un 53% de Gaza, toda la franja que se extiende a lo largo de la frontera con Israel.
En las siguientes fases, este territorio debería reducirse hasta el 40% en la segunda etapa y hasta el 15% en la última, una suerte de “perímetro de seguridad” que “permanecería hasta que Gaza esté debidamente protegida frente a cualquier resurgimiento de la amenaza terrorista”.
Actualmente, las FDI permanecen tras la conocida como Línea Amarilla, en un territorio que, según una investigación de BBC Verify que analizó videos e imágenes satelitales, es mayor de lo previsto en el acuerdo con Hamás.
En algunos puntos, los marcadores colocados por las tropas israelíes para señalizar la división se encontraban cientos de metros más al interior de la Franja de lo que se esperaba según la línea de retirada.
En este territorio, Israel ha destruido además barrios enteros en lo que parecen demoliciones intencionadas. Según un análisis de BBC Verify, al menos 1.500 edificios fueron derribados en el primer mes tras el alto el fuego.
Israel alega que estas demoliciones no violan lo acordado ya que según los términos del cese al fuego, “todas las infraestructuras del terror, incluyendo túneles, deben ser desmantelados en Gaza. Israel actúa en respuesta a las amenazas, violaciones y la infraestructura del terror”, dijo un portavoz de las FDI.
Pero algunos analistas y expertos en derecho internacional opinan que estas demoliciones podrían estar violando las leyes de la guerra, que prohíben la destrucción de propiedad civil por parte de una potencia ocupante, así como poniendo en peligro el acuerdo de alto el fuego.
Más del 90% de la población de Gaza se ha visto desplazada durante los dos años de conflicto y la mayoría sigue viviendo en tiendas de campaña improvisadas.
Muchos no pueden regresar a sus hogares porque ya no están ahí. Según cifras de la ONU, el 80% de los edificios de la Franja han sido destruidos. En la Ciudad de Gaza, el principal núcleo urbano del territorio, esta cifra se eleva hasta el 92%.
Proliferación de grupos armados rivales de Hamás
En los últimos meses y, especialmente desde el inicio del alto el fuego, una serie de facciones armadas enfrentadas a Hamás han proliferado en la Franja de Gaza.
Entre ellos hay grupos que se apoyan en clanes familiares, bandas criminales y nuevas milicias, algunas de las cuales cuentan con el respaldo de Israel, como ha admitido el propio primer ministro Benjamin Netanyahu.
Hamás no parece estar dispuesto a ceder el control de la Franja y en las semanas posteriores al alto el fuego se han podido ver videos en redes sociales de sus milicianos propiciando palizas o ejecutando a plena luz del día de miembros de grupos rivales a los que acusan de colaborar con Israel.
Estas nuevas formaciones operan, cada uno en su porción de territorio, dentro de la Línea Amarilla, la parte de la Franja que sigue controlada por el ejército israelí.
Están, por ejemplo, las Fuerzas Populares, el grupo que lidera Yaser Abu Shabab en la zona de Rafah, que ha sido acusado de haber saqueado camiones de ayuda humanitaria enviados a Gaza durante la guerra. O las Fuerzas de Ataque Antiterrorista, que dirige Hossam al Astal en los alrededores de Jan Yunis. Otro de los grupos es el Ejército del Pueblo – Fuerzas del Norte, que está liderado por Ashraf al Mansi y que opera en el norte de la Franja.
Algunos de estos grupos aspiran a acabar formando parte de las futuras fuerzas policiales de Gaza y aseguran, aunque no está confirmado, que trabajan en coordinación con la Junta para la Paz, el organismo internacional que deberá administrar Gaza bajo el plan del presidente estadounidense Donald Trump.
Su despliegue despierta recelos entre parte de la población gazatí y de la Autoridad Nacional Palestina, que desconfía del apoyo que Israel parece prestar a algunos de estos grupos.
“Israel podría exigir la integración de estas milicias, debido a sus propias consideraciones políticas y de seguridad específicas”, señaló el general Anwar Rajab, portavoz de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina, a la corresponsal de la BBC en Medio Oriente Lucy Williamson.
Pero las exigencias de Israel, prosiguió, “no necesariamente benefician a los palestinos. Israel quiere seguir imponiendo su control de una u otra manera en la Franja de Gaza”.
Retorno de cuerpos de rehenes y de palestinos
En el acuerdo de alto el fuego, Hamás se comprometió a devolver en un plazo de 72 horas a los 20 rehenes israelíes vivos y los cadáveres de los 28 secuestrados que aún se encontraban en Gaza.
Según los términos de lo pactado, Israel debería devolver 15 cadáveres de palestinos en su poder por cada rehén fallecido en manos de Hamás.
Todos los rehenes vivos fueron liberados el 13 de octubre a cambio de 250 presos palestinos y 1.718 detenidos de Gaza.
Hasta ahora se han entregado los restos mortales de 26 secuestrados, 23 de ellos israelíes, así como un tailandés, un nepalí y un tanzano.
A cambio, Israel ha devuelto los cadáveres de 330 palestinos muertos durante la guerra. En su mayoría son cuerpos sin identificar de los que no está claro si fallecieron en Gaza o bajo custodia israelí, y algunos muestran signos de tortura, según han denunciado los doctores que los recibieron.
Israel ha acusado a Hamás de retrasar deliberadamente la recuperación de los cadáveres de los rehenes, mientras que Hamás ha insistido en que está luchando por encontrarlos bajo los escombros.
La lentitud de los avances ha supuesto que no se haya avanzado en la segunda fase del plan de paz del presidente Donald Trump para Gaza. Este incluye planes para la gobernanza de Gaza, la retirada de las tropas israelíes y el desarme de Hamás y la reconstrucción.
Hamás tomo 251 rehenes el 7 de octubre de 2023, cuando lanzó un ataque sorpresa sobre el sur de Israel en el que mató a más de 1.200 personas -en su mayoría civiles- que desencadenó una respuesta militar de una intensidad sin precedentes del ejército israelí sobre Gaza.
En qué punto se encuentra la negociación de la segunda fase del plan de paz
El cese de las hostilidades, el retorno de los rehenes, la retirada del ejército israelí de zonas de Gaza y la entrada de ayuda humanitaria forman parte de la primera fase del conocido como plan de paz de Trump para Gaza, que cuenta con 20 puntos.
Una vez alcanzado, la partes debían avanzar hacia las siguientes etapas, que prevén el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización (FIE) y, en un futuro, el posible camino hacia el establecimiento de un Estado palestino, algo que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha rechazado.
El pasado 17 de noviembre, el plan presentados por Estados Unidos recibió el espaldarazo del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que permitiría avanzar desde el alto el fuego hacia la reconstrucción de la Franja.
La resolución prevé la creación de una “Junta para la paz” que supervisaría la gobernanza de un comité tecnocrático y apolítico palestino y supervisaría la reconstrucción de Gaza y la entrega de ayuda humanitaria, aunque no especifica quién formaría parte de esa junta.
Tampoco está claro por ahora qué países aportarían efectivos para esas fuerzas de estabilización, ni el papel que tendrá en Gaza la Autoridad Nacional Palestina, a la que el plan exige una reforma profunda.
El plan también prevé la desmilitarización de Hamás y otros grupos en la Franja, algo a lo que la milicia islamista se ha negado.
Según la resolución, la fuerza de estabilización colaborará con Israel y Egipto, junto con una fuerza policial palestina de nueva formación debidamente seleccionada, para ayudar a proteger las zonas fronterizas y garantizar el proceso de desarme permanente de los grupos armados no estatales, incluido Hamás.
La incertidumbre en torno a todas estas cuestiones ha frenado el inicio de la segunda fase del plan de paz, para la que aún no hay fecha.
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