Tras el shock inicial llega la inclusión al grupo y el sometimiento a la rutina. Despertarse temprano. Desayuno. Servicio, que es como se denominan los trabajos de limpieza y mantenimiento del centro. Terapia. Horas y horas de terapia. Una rutina en la que uno de los integrantes del grupo sube a una tarima y comienza a abrirse en canal ante el silencio de los demás. Que si mis padres no me hicieron suficiente caso. Que si ojalá no hubiese conocido a aquel vecino que me llevó por malos pasos.

Que si siempre está el riesgo de la recaída.

El padrino Nico explica los detalles de la terapia mientras lidera uno de sus operativos de captura. En la camioneta viajan otros cuatro colaboradores. Todos ellos estuvieron enganchados a algo. Llegaron al padrino y pasaron semanas bajo una especie de arresto terapéutico.

Ahora han avanzado en su proceso de rehabilitación y ya son considerados militantes, personas de confianza a las que se permite abandonar el centro y participar en misiones para anexar a otros.

Al frente de esta ‘patrulla de la sobriedad’ está Miguel Rocha, un joven de 26 años originario de Lagos de Moreno, en Jalisco. Es alto y musculoso y tiene la cara picada de viruela. Empezó a consumir cocaína con 15 años, creyéndose “un pequeño traficante”. La mayoría de los amigos que hizo en aquel tiempo fueron asesinados o se marcharon por miedo a ser la siguiente víctima. Su última recaída fue hace seis meses, cuando se fugó de “La Sagrada Familia”. Con otros compañeros abrieron un agujero en el tejado y se escaparon.

Logró llegar hasta su casa, 80 kilómetros al noroeste de Silao. Pero terminó encerrado en una vivienda y provocando una fuga de gas que casi lo mata. Salió quebrando la ventana a puñetazos. Cuando estaba en la calle, desnudo y con los brazos ensangrentados, decidió regresar al anexo.

Lo que ahora quiere es abrir una carnicería como la que tenía antes de ingresar por primera vez.

“Soy más voluntario que interno. Pero estoy bien, este es mi lugar”,

dice sentado en la parte trasera de la camioneta. No es la primera vez que sale a una caza de este tipo. Le divierte. De hecho, parece tener ganas de que toque alguien bravo a quien haya que controlar por la fuerza.

Ella misma sugirió a su familia anexarse. Cuando el equipo de Nico llegó al domicilio se estaba despidiendo como el preso que se enfrenta a una larga condena. Dos días después, consciente de su encierro, ya quería marcharse. Ahí es cuando la terapia le cierra la puerta.

La ley mexicana permite internar contra su voluntad a personas con problemas mentales siempre y cuando se tenga el respaldo de dos psiquiatras que crean que existe un riesgo inmediato, la firma de un familiar directo y sea notificado a la Fiscalía. Obviamente no es un proceso que el padrino vaya a respetar.

El único requisito que él impone es que se firme la responsiva, que es un documento en el que padres, madre o hermanos se hacen cargo de la decisión de internarlo.

Esto último es distinto a las reglas de Alcohólicos Anónimos que los anexos dicen replicar, esa institución argumenta que quienes participan en el programa deben hacerlo por su propio convencimiento y nunca obligados.

Cuando uno piensa en un centro de rehabilitación se imagina una especie de hospital luminoso y tranquilo, con pasillos blancos y relucientes y patios amplios y llenos de plantas. Nada que ver con la realidad. “La Sagrada Familia” es una casa de dos pisos, más cueva que centro médico y está pintada de un azul oscuro manchado con motivos religiosos y consignas que crea la sensación de que el interior se estrecha sobre uno mismo. En una pared aparece un Jesucristo poniendo el brazo para que un hombre se inyecte y en las otras se pueden leer los doce pasos de Alcohólicos Anónimos.

Arriba y abajo se ubican las habitaciones con literas viejas donde duermen los anexados como en un cuartel militar. En el centro, un pasillo de 15 metros de largo y cuatro de ancho que hace las veces de salón y que se ilumina con luz natural a través de varias ventanas situadas en lo alto de la escalera. Aquí pasan los internos la mayor parte del tiempo.

Nadie puede salir sin permiso y en la puerta metálica, siempre cerrada con un candado, se sitúa un paciente de confianza que hace las veces de guardián. No es una cárcel, pero tiene un carcelero. No es un hospital, pero el objetivo es la sanación.

Cualquiera puede armar un anexo. Basta con rentar un espacio y poner afuera un cartelón.

En el local de Nico hay una treintena de internos, pero existen otros centros que llegan a albergar a cientos. Ahí duermen todos, uno junto a otro, en muchos casos hacinados. La pandemia de COVID-19 supuso una grave amenaza para estas personas encerradas en pequeños espacios, en los que respetar la distancia es imposible. El propio padrino Nico contrajo la enfermedad en enero y, aunque sufrió lo suyo, logró sobrevivir.

Las personas internadas en los anexos van más allá de usuarios con consumo problemático de drogas. En centros de Irapuato, Silao, Romita y León, todos ellos municipios de Guanajuato, se pudo comprobar. Hay tipos como Miguel, con un larguísimo historial de consumo, y otros que apenas dieron una calada a un porro y están encerrados. Hay personas con enfermedades psiquiátricas que nada tienen que ver con el abuso de sustancias e incluso gente en situación de abandono que encontraron en el centro un lugar donde dormir. También pueden verse antiguos vendedores de droga que se esconden de sus socios porque deben algo y creen que así no los van a encontrar.

E incluso las propias estructuras criminales envían allí a alguno de sus miembros que dejó de ser útil por caer en el consumo.

Este es un mundo de zonas grises, de matices, de ambigüedad. No hay protocolos claros ni intervención del Estado. Aquí se halla una parte de los damnificados de décadas de ilegalidad y persecución a las drogas. Nico asegura que lo único que puede hacer es analizar los antecedentes de quien llega y asegurarse de que no tiene cuentas pendientes con la maña, que es como se conoce al crimen organizado. Pero el problema va mucho más allá.

La ilegalidad es un agujero negro de criminalización y falta de garantías. La sociedad piensa que se lo merecen. Y ellos llegan a creérselo.

Todo se vino abajo días después. Un día en el que ella no cargaba el celular. Llegó a la casa y cuando iba a bañarse le dijo su esposo: “no te bañes”. Habían llamado del anexo para decirles que Jorge Iván estaba muerto. Que el síndrome de abstinencia le había provocado convulsiones y que no lograron estabilizarlo.

Su hijo estaba muerto y ella no podía creer nada.

En primer lugar, recuerda, no creía que su hijo hubiese muerto. Era imposible. Si apenas una semana antes estaba ahí, algo intoxicado pero vivo, al fin y al cabo. En segundo lugar, tampoco creía que una convulsión hubiera terminado con la vida de Jorge Iván.

Durante meses escuchó que todo había sido un accidente. Hasta que tuvo acceso a un video en el que se observa a Jorge Iván acorralado por varios compañeros. Uno por uno, comienzan a golpearlo, le saltan encima. Sigue recibiendo puñetazos, no aguanta más y muere.

“Lo golpearon con saña y no sé por qué. Dicen que son centros ilegales, que no tienen la autorización. Investigamos y, efectivamente, son clandestinos”, lamenta su madre.

Durante tres años la familia peleó en los tribunales una sentencia por homicidio. El 11 de junio de 2021, siete hombres fueron condenados a 12 años de prisión, cada uno, por ese delito.

En el lugar en el que se encontraba el antiguo anexo donde Jorge Iván fue asesinado se ha establecido otro centro de rehabilitación que dice no tener nada que ver con el anterior.

El mismo día en el que el tribunal dictó la sentencia, otro joven llamado Byron fue asesinado a golpes en un anexo de León.

Patricia sigue recopilando información sobre centros irregulares y trata de informar a otras familias para que no cometan el error que le costó la vida a su hijo.