Malí y el sitio de Bamako: una crisis olvidada
En los últimos meses Malí ha visto un recrudecimiento de su ya prolongada crisis de seguridad. Vemos un conflicto enmarcado en el fortalecimiento de insurgencias yihadistas que afecta a toda la región del Sahel. Sin embargo, la situación maliense es particularmente crítica por el cerco que enfrenta Bamako. Desde hace un par de meses, la capital permanece bajo asedio y sujeta a un bloqueo impuesto por Jama’at Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM), un grupo yihadista emanado de los grupos locales de Al-Qaeda. Este bloqueo va más allá de un simple asedio, es una estrategia que busca paralizar al país mediante el control de las rutas terrestres, en especial las de transporte de combustible, con el objetivo de desestabilizar y, potencialmente, derrocar al régimen.
Este asedio no solo revela la creciente capacidad operativa de los grupos insurgentes, sino también la profunda erosión institucional del Estado, la fragmentación del territorio y la incapacidad del gobierno militar encabezado por Assimi Goïta para asegurar siquiera la estabilidad de la capital. La crisis en Bamako se vuelve un punto clave para entender cómo la inseguridad en el Sahel (y sobre todo el aumento del terrorismo y las insurgencias yihadistas) resulta de la convergencia de factores estructurales más amplios como la crisis ecológica, el deterioro económico, y las tensiones étnico-sociales, los cuales han permitido la expansión e incluso cierta legitimación de los actores yihadistas. En este contexto, Malí se configura como ejemplo de un espacio atravesado por conflictos internos, insurgencias armadas transnacionales, tensiones geopolíticas y procesos acelerados de desintegración estatal.
La situación en Malí no puede comprenderse sin situarla dentro del contexto más amplio de inestabilidad en el Sahel, una región donde las juntas militares emanadas de golpes de Estado han intentado articular un nuevo bloque político: la Alianza de Estados del Sahel. Esta alianza surge como forma de protegerse frente al creciente aislamiento internacional y las crecientes tensiones con las potencias occidentales por el control de los recursos naturales. Malí, junto con Burkina Faso y Níger, ha buscado reposicionarse como un polo de soberanía frente al extractivismo occidental, pero lo ha hecho sobre un terreno profundamente erosionado por el terrorismo transnacional, la fragmentación territorial y la insurgencia armada que aprovecha la debilidad estructural del Estado. En este contexto el deterioro de la situación económica maliense responde, en parte, al conflicto armado que vive el país. A ello se superponen los efectos negativos de las dinámicas históricas de extractivismo y neocolonialismo. Esta combinación de factores genera un círculo vicioso donde la relación entre la violencia, el abandono estatal y la inestabilidad económica alimenta la legitimidad de los grupos armados en la zona.
A esto se suma la crisis ecológica que atraviesa el Sahel: la desertificación acelerada, la creciente variabilidad climática y la disminución de recursos hídricos esenciales han intensificado las tensiones entre comunidades agrícolas y pastoriles. Los grupos insurgentes aprovechan este contexto de vulnerabilidad e incluso buscan acrecentarlo, pues recurren a la destrucción de la infraestructura estatal, sobre todo la hídrica, como un método de control del acceso al agua de las poblaciones que dominan. Esta crisis, producto del deterioro ambiental, converge con un prolongado fracaso en las políticas públicas y en la gobernanza de Malí, marcado por la persistencia de lógicas coloniales, la disrupción de prácticas y modos de vida tradicionales, especialmente entre poblaciones nómadas, y la presencia sistemática de corrupción y extorsión estatal en las zonas rurales más marginadas. En este contexto, líderes yihadistas como Amadou Koufa, Ibrahim Dicko o incluso el propio Iyad Ag Ghali, líder de JNIM, han sabido articular una narrativa que capitaliza el descontento social y canaliza los sentimientos de abandono y desesperanza de amplios sectores de la población para legitimar a sus respectivos grupos armados.
Los efectos de la crisis climática han alimentado (mas no necesariamente causado) la insurgencia yihadista en Malí al profundizar las tensiones intercomunitarias, lo que genera un terreno fértil para que los grupos yihadistas se presenten como gestores de la seguridad y gobernanza local. Estos actores armados explotan el vacío estatal y la desesperación económica para legitimarse y reclutar jóvenes de las zonas rurales. Cabe mencionar que no se puede considerar a los grupos insurgentes en Malí o en el Sahel en general como una entidad monolítica, pues la diversidad de grupos étnicos, políticos e incluso religiosos genera un complejo mosaico de alianzas y traiciones entre actores y grupos.
En este contexto es que debemos situar la crisis en Malí y sobre todo el sitio de Bamako. Si bien diversos analistas de seguridad coinciden en que JNIM no cuenta hoy con la capacidad militar para tomar la capital, es igualmente cierto que el gobierno carece de los medios para romper el sitio. Esto se debe, en gran medida, a que las fuerzas yihadistas operan en un territorio sumamente vasto, desértico y prácticamente fuera del control estatal, lo que dificulta cualquier forma de vigilancia o respuesta efectiva. Esto abre la posibilidad a que el asedio prolongado de la capital pueda precipitar el colapso del gobierno de la junta militar que dirige Malí, abriendo la puerta a la eventual toma del poder por un grupo islamista, lo cual terminaría alterando de manera significativa la geopolítica regional del Sahel.
El caso de Malí y concretamente el bloqueo de Bamako demuestra una estrategia para desgastar las capacidades del gobierno al paralizar y colapsar la capital. El sitio de la ciudad ha sido acompañado de un bloqueo de las rutas comerciales que vienen de Senegal y Costa de Marfil que ha paralizado la actividad de la capital. La situación es especialmente crítica por su impacto en el comercio de combustibles, del cual Malí depende casi por completo, ya que el bloqueo ha paralizado las principales rutas sobre todo desde el puerto senegalés de Dakar y el puerto marfileño de Abiyán. El bloqueo de estas rutas fue un movimiento estratégico por parte de JNIM, que incluso puede considerarse que va más allá de una estrategia de guerra económica, en una nueva modalidad de terrorismo. Detienen el flujo de bienes esenciales bloqueando rutas comerciales, atacando camiones de carga, asesinando choferes, incendiando vehículos y amenazando directamente a las empresas transportistas. Con ello buscan paralizar las principales vías de suministro del país y, así, poner en jaque a la ciudad, a la población y al propio gobierno.
El objetivo por el momento de JNIM no es tomar la capital, sino desgastarla y paralizarla para desestabilizar el ya frágil control que ejerce la junta militar sobre el país. En los últimos meses, Bamako, con sus más de cuatro millones de habitantes, ha entrado en una crisis profunda. E incluso se puede argumentar que los efectos del asedio han generado una crisis humanitaria en Bamako. Esto debido a que el bloqueo ha paralizado la distribución de alimentos, encareciendo los productos básicos y dificultando el acceso a comida para miles de familias. Al mismo tiempo que ha golpeado a la industria local, provocando apagones cada vez más frecuentes que agravan una situación económica ya precaria. Por su parte el sector salud enfrenta una severa escasez de insumos, lo que compromete aún más la capacidad del Estado, así como de ONG para responder a la emergencia. Sobre todo, porque los hospitales que dependen de generadores enfrentan un desabasto crítico de combustible que pone en riesgo la viabilidad de procedimientos de emergencia y la atención de pacientes, mientras que la falta de combustible obligó al gobierno a cerrar escuelas. Las organizaciones humanitarias advierten que alrededor de 1.5 millones de malienses podrían quedar expuestos a una grave inseguridad alimentaria como consecuencia del bloqueo y la persistencia del conflicto. Además, la crisis ha impulsado el desplazamiento desde las ciudades en busca de combustible, alimentos y seguridad, lo que a su vez genera nuevas presiones sobre las zonas rurales ya tensas por la crisis climática.
La crisis que vemos desarrollarse en Bamako no solo es una tragedia local, sino también es un síntoma de una región rebasada por la insurgencia armada. Estos grupos prosperan no solo por sus capacidades militares, sino por su habilidad para insertarse en territorios abandonados por el Estado y capitalizar con las crisis que emanan de procesos más amplios como el colapso del control estatal, la inestabilidad económica, la crisis ecológica y las tensiones étnico-sociales. Al mismo tiempo, el sitio de Bamako puede funcionar como un laboratorio para nuevas tácticas de terrorismo dirigidas contra grandes centros urbanos por parte de grupos insurgentes. No es la primera vez que observamos un asedio de esta magnitud; casos como Al-Fasher y otras ciudades en Sudán muestran que estos métodos pueden prolongarse durante años y su recurrencia puede apuntar a un patrón emergente en la región. En este sentido, lo que ocurra en Bamako no solo definirá el futuro inmediato de Malí, incluida la posible caída del gobierno de la junta militar, sino que también anticipará la evolución de las dinámicas geopolíticas y de seguridad en toda la región del Sahel.
* Adrián Marcelo Herrera Navarro (@adrianmarcelo96) es maestro en Ciencia Política por El Colegio de México, con especialización en temas de seguridad nacional y relaciones internacionales.
La estructura construida sobre el sarcófago que cubre el reactor que explotó en 1986 resultó dañada tras un ataque que Ucrania atribuye a Rusia.
El escudo protector que cubre el reactor nuclear de Chernóbil, en Ucrania, ya no puede cumplir su principal función de contención tras un ataque con drones a principios de este año, señaló la agencia de control nuclear de la ONU.
Los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) descubrieron que la enorme estructura, construida sobre el lugar del desastre nuclear de 1986, había perdido “sus funciones de seguridad primarias, incluida la capacidad de aislamiento”.
En febrero, Ucrania acusó a Rusia de atacar la central nuclear, un señalamiento que el Kremlin negó.
La OIEA afirmó que las reparaciones eran “esenciales” para “prevenir una mayor degradación” del refugio nuclear. Sin embargo, el experto ambiental Jim Smith le dijo a la BBC que “no es algo por lo que debamos entrar en pánico”.
El profesor Smith, de la Universidad de Portsmouth (Reino Unido), quien ha estudiado las secuelas del desastre de Chernóbil, afirmó que el mayor peligro asociado al lugar era el polvo radiactivo.
Sin embargo, añadió que “el riesgo es bajo” porque el polvo contaminado está contenido dentro de un grueso “sarcófago” de hormigón cubierto por el escudo protector.
La explosión de Chernóbil en 1986 expulsó material radiactivo al aire, provocando una emergencia de salud pública en toda Europa.
En respuesta, la antigua Unión Soviética construyó el sarcófago sobre el reactor nuclear.
El sarcófago solo tenía una vida útil de 30 años, lo que provocó la necesidad de una cubierta protectora para evitar fugas de material radiactivo durante los siguientes 100 años.
La OIEA informó que un equipo completó una evaluación de seguridad del sitio la semana pasada, después de que resultara gravemente dañado por el ataque con drones.
El ataque provocó un incendio en el revestimiento exterior de la estructura de acero.
Los inspectores indicaron que no se produjeron daños permanentes en las estructuras de soporte ni en los sistemas de monitoreo de la cubierta, y que se habían realizado algunas reparaciones en el techo.
Sin embargo, el director general de la OIEA, Rafael Grossi, declaró: “Una restauración oportuna e integral sigue siendo esencial para evitar una mayor degradación y garantizar la seguridad nuclear a largo plazo”.
Desde principios de diciembre, el organismo de control nuclear de la ONU ha estado evaluando la infraestructura energética de Ucrania mientras el país continúa defendiéndose de Rusia.
Rusia lanzó ataques aéreos nocturnos contra la ciudad de Kremenchuk, un importante centro industrial en el centro de Ucrania.
Además de evaluar Chernóbil, la OIEA ha estado inspeccionando las subestaciones eléctricas vinculadas a la seguridad nuclear.
“Son absolutamente indispensables para suministrar la electricidad que todas las centrales nucleares necesitan para la refrigeración de los reactores y otros sistemas de seguridad”, declaró Grossi.
“También son necesarias para distribuir la electricidad que producen a los hogares y la industria”, agregó.
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