
Por: Armando Demesa (@ArmandoDemesa)
Agradezco mucho el espacio que Animal Político me brinda para exponer un tema que parecería poco importante para México, pero que como podrán ver, está en el corazón de los problemas de nuestro país, y que de una manera u otra, con mayor o menor gravedad, todos los ciudadanos padecemos día a día.
Hace más de 12 años que en Tepoztlán, Morelos, tenemos un problema serio con una vecina que se dedica a acumular perros en una zona habitacional. No tengo nada en contra de quienes se dedican a cuidar animales, al contrario, me parece una labor encomiable (mis hijos tienen dos perritos); pero en este caso, Dora Anaya acumula perros atropellando la salud y los derechos de muchos otros ciudadanos.
He aquí el centro de mi argumento: los mexicanos hemos perdido la noción del respeto y del civismo entre nosotros; y más grave aún, nuestras instituciones han perdido la capacidad de hacer valer la ley para protegernos, así como para ordenar la convivencia social.
La protección de la salud es un derecho fundamental reconocido en el artículo 4 de nuestra Constitución, por lo que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Según la definición de la Organización Mundial de la Salud, “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política, condición económica o social”. [1]
Dora Anaya acumula decenas de perros, ha llegado a tener más de 200, en un predio rodeado de casas. Mi familia y yo vivimos justo enfrente y padecemos la afectación directa que sus perros tienen en nuestra salud: mis hijos han crecido con alergias y problemas estomacales; mis suegros no duermen; yo mismo paso noches de insomnio por el escándalo de ladridos y aullidos. ¡Claramente no gozamos de un estado completo de bienestar ni físico, ni mental, ni social!
Pero eso no es todo. En diciembre del año pasado, el gobierno retiró 158 perros de la casa de Dora Anaya, y para que se los regresaran la señora obtuvo un amparo del Juez de Distrito Décimo Octavo en el Estado de Morelos con base en una mentira. En su declaración en el punto número 3 de los hechos declara “Durante el tiempo que he habitado ahí no he contado con problemas de infecciones ni situaciones conflictivas con vecinos”, omitiendo que este conflicto tiene más de 10 años, omitiendo que ya en el 2007 firmó un convenio producto de un enfrentamiento con la comunidad, y omitiendo que llevamos más de una década presionando con escritos y reuniones a las autoridades municipales y estatales para que cumplan con su labor de proteger la salud de los ciudadanos.
Ante esta falsedad, que es un delito federal, otra vecina, Verónica Martínez Rabadán, presentó una denuncia penal (NA/CDMX/SEIDF/0000535/2017) contra Dora Julia Anaya Leyva, por mentirle a un juez, ya que “con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirmó hechos falsos y omitió información”. Pero en México no pasa nada. La PGR no actúa. El Municipio no actúa. La Procuraduría Ambiental y la Secretaría de Salud del estado de Morelos no actúan. La impunidad es absoluta. ¡No hay ninguna consecuencia de verle la cara a un juez o atentar contra la salud de 26 familias! ¿Qué alternativa tenemos los vecinos y ciudadanos del Barrio de Santo Domingo para resolver esta situación? ¿Qué acciones hay que tomar para hacer valer nuestros derechos ante tal cinismo e indolencia?
Imaginen si los mexicanos vamos a poder solucionar los problemas de corrupción, asesinatos a periodistas, tráfico de influencias, lavado de dinero, desaparición forzada, fosas clandestinas, y tantos otros temas de horror y gravísimos, si ante una señora como Dora Anaya el Estado (municipio, gobierno estatal y sistema judicial) es incapaz de cumplir con su razón de ser: que se cumplan las leyes.
¡México sí es un Estado fallido! No me cabe la menor duda. Dora Anaya es el ejemplo más estúpido de un orden social y legal que no funciona. Pero todavía más grave y doloroso, aún más patético, es enfrentarse a la irracionalidad de los animalistas a favor de la señora Anaya. ¿Cuidar los perros vale más que la salud de niños? ¿Se puede violar la Ley de salud y mentirle a un juez por unos “animalitos”? ¿Tenemos los mismos derechos los seres humanos que los perros?
La sociedad está rota. Hemos perdido valores y principios básicos de convivencia. La violencia verbal y emocional de las redes sociales es brutal. Vivimos en un México agresivo, dividido, lleno de desconfianza y atropello. Es el México jodido, aquél que cree que “el que no tranza no avanza”. Ese México que no ha tocado fondo y seguirá hundiéndose, si no cambiamos cada uno de nosotros nuestra actitud y manera de vivir. Parece exagerado, pero no lo es; el México de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Graco Ramírez, Higa, Odebrech y Dora Anaya son el mismo país: corrupción, impunidad, violaciones a los derechos humanos, guerra y violencia.
El caso de Dora Anaya y sus decenas de perros es una nimiedad ante las tragedias que vivimos en México. Pero ilustra todo lo que no funciona en el país. Ilustra la batalla titánica y frustrante de quienes aspiramos a vivir en una sociedad donde la cultura de la legalidad, el respeto y la convivencia en paz sean la norma. ¡En el Barrio de Santo Domingo seguiremos luchando por hacer valer nuestros derechos: exigimos que Dora Anaya se lleve sus perros lejos de una zona habitacional!
* Armando Demesa es originario de Tepoztlán, 37 años de edad, casado y padre de 3 hijos. Trabaja atendiendo una librería en el centro de Tepoztlán, junto al Convento.