El Legado de López Obrador
La organización Signos Vitales A. C. hoy ha dado a conocer su investigación El Legado de López Obrador, que es el estudio más completo que se haya realizado sobre el sexenio que encabezó el tabasqueño.
Es un texto de 662 páginas que tiene una Introducción y diez capítulos: 1) De un gobierno sin ley a un cambio de régimen constitucional; 2) El nuevo régimen político: Acumulación de poder sin contrapesos; 3) Militarización de la vida pública; 4) Economía, fianzas y sector externo.
Le siguen: 5) Pobreza y desigualdad: Por un México con derechos sociales; 6) Educación: Un reto que amenaza el futuro; 7) Salud: La deuda social más grave; 8) El panorama energético de México; 9) Abandono del Medio ambiente; 10) El legado en política exterior.
En la Introducción se dice que Signos Vitales a lo largo del sexenio ha “dado especial seguimiento a las decisiones, acciones y resultados de la pasada administración federal y que han tenido un impacto en los sectores más importantes y determinantes del país”.
Al llegar a la presidencia López Obrador prometió una transformación del país “que se enfocaría en un cambio radical en el modelo político y económico para acabar con la corrupción, reducir la pobreza y devolver el control del país al pueblo. No obstante, las acciones y decisiones implementadas durante su sexenio dejaron un legado profundo y negativo que será́ difícil de superar para la administración entrante y para futuras generaciones de mexicanos”.
De acuerdo a Signos Vitales, en la administración del presidente López Obrador (2018-2024), “México vivió un cambio de rumbo que impactó profundamente las instituciones democráticas y los mecanismos de control y balance. Desde el inicio de su sexenio, el Ejecutivo concentró el poder de manera única, erosionó el Estado de Derecho y debilitó las instituciones que deberían funcionar como contrapesos a su autoridad” y “se consolidó un cambio en el régimen constitucional mexicano que debilitó la independencia de los poderes Legislativo y Judicial”.
El legado de la administración de López Obrador “deja a México ante un panorama desafiante, marcado por la falta de políticas públicas eficaces que pudieran haber impulsado una recuperación real y sostenible para el país. La ausencia de una visión pragmática y una implementación coherente de reformas clave en sectores fundamentales como la educación, la salud, la economía y la energía, han generado un impacto negativo en las condiciones de vida de la población, y han profundizado las brechas de pobreza y desigualdad”.
En la obra se señala que “la gobernanza del país también se vio debilitada, ya que la concentración del poder, la polarización política y el debilitamiento de las instituciones encargadas de garantizar el bienestar de la ciudadanía comprometieron la capacidad del Estado para responder de manera efectiva ante crisis de seguridad, económica y medioambiental”.
El texto termina diciendo que “el legado de esta administración pone en evidencia la necesidad urgente de una política pública que no esté impulsada por una ideología determinada, sino por una auténtica convicción de impulsar el desarrollo integral del país, con políticas viables y efectivas que promuevan la estabilidad y el bienestar general”.
La investigación que da origen al texto El Legado de López Obrador ofrece un estudio detallado y cuidadoso, con una gran cantidad de fuentes, que muestran de manera clara el fracaso de ese gobierno y da cuenta de qué país tenemos en cada uno de los temas que abordan los diez capítulos. El libro es un referente para el estudio del gobierno que se propuso la transformación de México y no lo logró.
La pareja gobernante se convertiría en “coordinadora” de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ordenó este miércoles una amplia reforma de la Constitución de su país que le otorgaría a él y a su esposa, Rosario Murillo, el poder absoluto sobre los tres poderes del Estado.
El ejecutivo de Ortega presentó la propuesta de “Ley de protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas” a la Asamblea Nacional para que la tramite con carácter urgente, informaron medios locales y agencias.
Con la reforma, Rosario Murillo, que es la vicepresidenta del país, pasaría a ser “copresidenta”, una nueva figura que se incorpora a la carta magna.
Según la reforma, la pareja gobernante se convertiría en “coordinadora” de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que hasta ahora la Constitución reconocía como independientes.
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, adelantó que la ley será aprobada en los próximos días, previsiblemente este mismo viernes.
Las enmiendas
La reforma afectará a más de 100 artículos de la actual Constitución que el gobierno de Ortega ya ha enmendado en 12 ocasiones desde 2007, incluida una que le permitió ser reelegido de forma indefinida en el cargo.
Otra de las enmiendas propuestas permitirá cesar de su cargo a los funcionarios públicos que disientan de los “principios fundamentales” del régimen, una práctica que ya se venía dando de forma no oficial, según denuncian organizaciones.
La reforma también limitará aún más la libertad de expresión a cuando esta “no transgreda el derecho de otra persona, de la comunidad y los principios de seguridad, paz y bienestar establecidos en la Constitución”.
Además, la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido de Ortega que gobierna el país, se oficializa como símbolo patrio junto a la bandera nicaragüense azul y blanca, el himno y el escudo nacional.
Se espera que la reforma constitucional tenga el visto bueno de la Asamblea Nacional, donde 75 de los 91 diputados son del FSLN y el resto no suelen oponerse a las iniciativas que allí se presentan.
Ortega, de 79 años, eliminó los límites que la Constitución establecía para el mandato de un presidente, lo que le ha permitido renovar su cargo varias veces desde 2007 en procesos electorales considerados fraudulentos por varios países y organizaciones internacionales.
Su esposa, Rosario Murillo, gobierna junto a él como vicepresidenta de Nicaragua desde el año 2017.
Ambos renovaron sus cargos tras las elecciones de 2021, que se celebraron con los principales candidatos de la oposición suspendidos y encarcelados, y fueron consideradas un fraude por gran parte de occidente y organizaciones internacionales.
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