Maestros y activistas vinculados a la CNTE, puestos en libertad por falta de pruebas e irregularidades
El pasado 8 de enero, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, anunció en una conferencia de prensa que, entre diciembre y la primera semana de enero, fueron liberadas 16 personas por irregularidades en sus procesos y por faltas de pruebas para mantenerlos presos.
Los liberados forman parte de la lista de 199 personas que la senadora Nestora Salgado presentó en diciembre a Segob como presos políticos, para su análisis, aunque la Secretaría anunció que el número de casos que están revisando por posibles detenciones ilegales ya asciende a 368.
De los 16 liberados, Wilbert Santiago, vocero de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), dijo entrevista con Animal Político que 14 son maestros y activistas vinculados con la Coordinadora. Por ahora, no se ha informado quiénes son las otras dos personas que completarían la lista de 16 presos puestos en libertad.
El caso Candiani
De los maestros y activistas liberados vinculados a la CNTE, 13 fueron encarcelados en 2013 por un mismo caso: el secuestro de los sobrinos del empresario Gerardo Gutiérrez Candiani, quien en ese entonces era el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y posteriormente, en julio de 2016, pasó a dirigir como funcionario público la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.
De acuerdo con lo informado por el entonces subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación (Segob), Eduardo Sánchez –quien después sería vocero de la Presidencia-, el 14 de enero de 2013 una banda de presuntos delincuentes secuestró a dos menores de 15 y 12 años de edad, y lesionaron gravemente a un adulto que los acompañaba, cuando éstos circulaban a bordo de un vehículo en las inmediaciones de la capital de Oaxaca.
El 17 de mayo de 2013, en un operativo policiaco en Oaxaca y la Ciudad de México, fueron detenidas 13 personas bajo la acusación de delincuencia organizada, en modalidad de secuestro y portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Y el 4 de junio, un juez federal les decretó formal prisión.
Los detenidos fueron los profesores adscritos a la CNTE, Mario Olivera Osorio, de 46 años al momento de su detención; y Lauro Atilano Grijalva Villalobos, 44 años; Damián Gallardo Martínez, de 43 años; Leonel Manzano Sosa; y la maestra Sara Altamirano Ramos, de 44 años, quien al momento de la detención era candidata a la alcaldía de Jalapa del Marqués, en el estado de Oaxaca, y activista del Frente Amplio de Comunidades Marginadas.
Los otros aprehendidos por el caso fueron: José Ambrosio Martínez, de 50 años, y activista de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecas; David Vargas Araujo, 46 años, quien se desempeñaba en ese entonces como asesor del Grupo Parlamentario del PRD; Alejandra Chávez Chávez, de 45 años; Luis Gutiérrez Zaldívar, de 42 años; Alejandro Sandoval Martínez, de 50 años; Alberto Sandoval Rodríguez, de 25; y Faustino Diego, de 46.
Por este caso, también fue detenido y ahora liberado Enrique Guerrero Aviña, estudiante de la UNAM, ajedrecista, y activista social.
Denuncias de tortura para auto-implicarse
Tras hacer público el caso en los medios de comunicación, la Segob aseguró que la captura se realizó gracias a operaciones de inteligencia que tuvieron una duración de cuatro meses.
“Las investigaciones se llevaron a cabo haciendo uso de la más moderna tecnología y mediante un trabajo de inteligencia e investigación científica criminal”, dijo en ese entonces Eduardo Sánchez.
Pero más de cinco años después, las 13 personas fueron puestas en libertad por falta de pruebas, y luego de que, según publicó el pasado 28 de diciembre el diario Milenio, la PGR se desistiera de la acusación.
La CNTE y varios de los acusados presentaron quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por presuntas violaciones graves en sus procesos, así como por tortura para auto-implicarse en el caso de secuestro.
Uno de ellos fue Damián Gallardo Martínez, maestro y activista de origen Mixe, que participó en campañas por la defensa de los pueblos indígenas y el derecho a la educación en la región Mixe y Zapoteca de la sierra de Oaxaca. Su abogado denunció ante la CNDH que sufrió una detención arbitraria, agresiones físicas, y tortura.
Front Line Defenders, una organización civil de Irlanda con presencia en América, Asia, y Europa, documentó que, al momento de su detención en mayo de 2013, Damián Gallardo fue aprehendido “durante una redada nocturna realizada por siete hombres portando armas de uso exclusivo del Ejército, los cuales no presentaron ninguna orden, ni se identificaron”.
“El defensor de derechos humanos fue posteriormente detenido e incomunicado durante 30 horas, según indican informes fue torturado hasta que firmó confesiones de auto-culpabilidad, involucrando a integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación”, añadió la organización civil irlandesa.
Pruebas no coinciden con la imputación
David Vargas Araujo, asesor del Grupo Parlamentario del PRD en la comisión de Fomento Cooperativo, quien estuvo preso en el penal de Puente Grande, Jalisco, presentó también una queja por tortura física y psicológica por elementos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), durante más de 28 horas, para firmar una declaración auto- inculpatoria ante la amenaza de futuros daños a su familia.
El 6 de junio de 2014, diputados del PRD presentaron impugnaciones y
sostuvieron reuniones con diversas autoridades del gobierno federal para
reclamar tratos crueles e inhumanos, detención arbitraria, privación ilegal de la libertad, así como violaciones al debido proceso en el caso de David Vargas.
“Pudimos escuchar directamente su testimonio acerca de múltiples
inconsistencias, desde su atención arbitraria hasta un proceso en que las
supuestas pruebas materiales no coinciden en forma, ni en circunstancia, con los hechos que se le imputan”, señalaron los diputados en la Cámara, en un cable de Notilegis.
El ajedrecista estudiante de la UNAM
Otro caso denunciado de tortura fue el de Enrique Guerrero Aviña, estudiante
universitario de la Facultad de Filosofía de la UNAM, y activista social.
El caso de Enrique fue documentado por el Centro de Derechos Humanos Fray Vitoria, y fue uno de los cinco casos por los que, en 2016, el Grupo de Trabajo
sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (ONU) emitió al gobierno de Peña Nieto una opinión oficial, en la que consideró que existieron
detenciones arbitrarias e irregularidades en el proceso penal del estudiante y de otras cuatro personas más, entre ellas la hoy senadora Nestora Salgado,
excomandanta de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero.
De acuerdo con lo documentado por el Fray Vitoria, el activista y profesor de
ajedrez fue detenido por elementos policiacos en la Ciudad de México, y
trasladado sin avisar a su familia a las instalaciones de la SEIDO, donde fue
golpeado durante horas, y lo asfixiaron con una bolsa de plástico para que
confesara su participación en el secuestro de los sobrinos de Gutiérrez Candiani.
El opositor a la Reforma Educativa
Al margen del caso Candiani, Wilbert Santiago, vocero de la Sección 22 de la
CNTE, dijo a Animal Político que otro maestro liberado y vinculado a la Coordinadora es Óscar Hernández Neri.
Hernández Neri era profesor de educación básica en el municipio de
Chicoloapan, Estado de México, y opositor a la Reforma Educativa
implementada por el anterior gobierno del presidente Peña Nieto. Fue preso en abril de 2014, y encarcelado en el penal de Molino de Flores, en Texcoco, por el presunto homicidio de una compañera de posgrado.
El pasado 27 de noviembre, y tras cuatro años y siete meses de cárcel, obtuvo la libertad luego de que un juez dictara una sentencia absolutoria.
La senadora Nestora Salgado señaló en entrevista que las primeras liberaciones de los presos políticos “es un sueño hecho realidad”, y apuntó que en los próximos días se convocará a una reunión entre familiares de más presos políticos que continúan encarcelados, y el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas.
“Confío en que los familiares de los presos políticos encuentren respuesta ante sus demandas de justicia”, recalcó la senadora.
Además de los 16 presos ya liberados, en la lista de 199 casos que Nestora
Salgado presentó a Segob para su revisión en mesas de análisis, están los de
Fidencio Aldama, indígena Yaqui acusado de homicidio; Lucía Baltazar,
estudiante de 22 años detenida al momento de visitar a su hermana en las
instalaciones de la SEIDO; o el de Máximo Delgado Mojica, profesor y activista social detenido desde hace más de una década, cuando participaba en un movimiento por la vivienda digna.
En esta nota de Animal Político publicada el pasado 29 de diciembre puedes leer los perfiles.
