

La Comisión de Asuntos Indígenas del Senado avaló la Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas, que instaura el derecho de las etnias a ser consultadas cuando el Estado prevea actos que puedan afectar sus garantías o patrimonio.
El dictamen avalado establece que estas consultas buscan lograr el consentimiento libre, previo e informado o en su caso llegar a los acuerdos sobre la ejecución de obra pública que afecten las tierras y territorios de los pueblos indígenas.
El presidente de la comisión, el panista Andrés Galván Rivas, dijo que también se obliga al Estado mexicano a garantizar el ejercicio de este derecho mediante procedimientos relativos a las formas de organización de las comunidades y pueblos indígenas.
El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) precisó que la consulta se plantea como un ejercicio que deberá sujetarse a los principios de buena fe y equidad, que garanticen a los pueblos y comunidades indígenas su derecho a determinar su organización social, política y cultural.
Galván Rivas afirmó que espera que la nueva normatividad siga su proceso legislativo con celeridad, y que el dictamen pueda ser discutido y votado por el pleno del Senado de la República antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones.
En su intervención, la senadora panista María Serrano señaló que con la aprobación de esta ley “se hace justicia a las etnias del país al insertarlas al crecimiento de la nación”
Explicó que los sujetos obligados a consultar a las comunidades indígenas son las dependencias y entidades de la administración pública en los tres niveles de gobierno y el Distrito Federal, las legislaturas federales y locales, así como los órganos autónomos locales.
“Esta ley da la oportunidad para que en México los pueblos indígenas transiten hacia un nuevo modelo de desarrollo en sus comunidades y actividades, pero siempre con base en el respeto de sus costumbres y tradiciones”, asentó la senadora por Sinaloa.
Notimex*