
En diversas comunidades indígenas se han denunciado los programas que dan apoyos sociales a quienes desertan de la resistencia zapatista, según información publicada por La Jornada; según este reporte se trata de una estrategia contrainsurgente en la que se afirma que los rebeldes apoyan a terroristas.
Un ejemplo de ello, fue este martes, cuando un tribunal en Chiapas declaró inocente de su participación en la masacre de Acteal al indígena Juan Pérez, tras 13 años en prisión. La resolución se basa en una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que determinó que en 2009 la Procuraduría General de la República falsificó evidencias para inculpar a Pérez. De los más de 80 paramilitares que pagaban condenas de hasta 35 años por su participación en la matanza en 1997, sólo permanecen presos 23 y podrían ser liberados pronto.
El diario consigna que entre los periodistas “circula un documento que deja mucho a la imaginación, empezando por quién es su verdadero autor”; el documento está firmado por integrantes de organizaciones sociales de San Sebastián Bachajón, Mitzitón, Tila, Tumbalá, Sabanilla, Chilón, Tonalá, Mapastepec y Pijijiapan (precisamente las comunidades y zonas donde la resistencia confronta al poder estatal y sus planes de inversión), nunca especifica de qué organizaciones se trata.
Dicho documenteo ha sido reproducido en medios locales; en él, sus autores dicen haberse organizado “desde febrero” en lo que llaman “la otra de la otra civil”, en “respuesta a la campaña mediática de la otra campaña EZLN (sic), que a través de sus redes sociales intentan desprestigiarnos y ponernos como carne de cañón contra el gobierno y contra la comunidad nacional e internacional, para sus más oscuros y abyectos fines de terror y muerte”.
Redacción Animal Político.
Con información de La Jornada.