La militarización de México comenzó hace al menos tres sexenios, sin embargo, se ha acelerado durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador con acuerdos y decretos para ampliar el poder militar, fuera de foros legislativos y del debate público, de acuerdo con el Inventario Nacional de lo Militarizado, una base de datos que documenta el incremento de la presencia castrense en el país, realizado por el Programa de Política de Drogas (PPD), México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) e Intersecta.
El documenta señala que la militarización no solo sucede con la seguridad pública. De hecho, a nivel federal, 83% de los convenios entre las fuerzas armadas y otras instituciones federales son para funciones civiles no relacionadas con la seguridad pública, como la protección del ambiente, la política social, la salud y las obras públicas.
A través de un complejo entramado de convenios, acuerdos, decretos y reformas —tanto constitucionales como legislativas—, se les transfieren múltiples funciones y presupuestos civiles para llevar a cabo labores para las que no están facultadas, señala.
Este inventario es una base de datos que busca documentar la militarización en México y contribuir a identificar y entender los mecanismos legales a través de los cuales sucede, los actores públicos que participan en estos procesos y los argumentos utilizados para justificar su actuación.
El Inventario registra cuatro mecanismos que las posibilitan: reformas constitucionales, reformas legislativas federales, acuerdos y decretos presidenciales; y convenios y acuerdos particulares firmados entre las fuerzas armadas con distintas instituciones civiles.
De acuerdo con la base de datos del Inventario, de 2006 a 2023 fueron presentadas 87 iniciativas de reforma constitucional y legislativa en el Congreso para transferir funciones o presupuestos civiles a alguna de las Fuerzas Armadas. El 77% se presentaron entre septiembre de 2018 y agosto de 2023, es decir durante las últimas dos legislaturas que coinciden con el sexenio de López Obrador.
Morena es el partido político que ha presentado más iniciativas para aumentar las facultades de las fuerzas armadas, siendo responsable de 46% de las iniciativas presentadas.
También destaca que, en total, se documentaron 19 acuerdos para crear empresas de participación estatal bajo control de las Fuerzas Armadas y les permiten participar en las obras prioritarias del gobierno, como el Tren Maya.
Otro mecanismo que posibilita que las fuerzas armadas reciban presupuesto y funciones civiles son los acuerdos y convenios firmados entre instituciones militares e instituciones civiles de los tres órdenes de gobierno.
El Inventario registra que entre 2007 y 2022 hubo 258 convenios que transfirieron funciones o presupuesto civiles a las fuerzas armadas: 222 convenios que transfirieron funciones civiles con sus respectivos presupuestos, 8 convenios con funciones civiles y sin presupuesto y, finalmente, 28 convenios que transfirieron presupuestos civiles para funciones militares. En estos casos, por ejemplo, hay entidades federativas que pagan a las fuerzas armadas para construir cuarteles militares u otra infraestructura militar.
De 250 convenios en los que se les transfirió presupuesto civil a las fuerzas armadas, solo en la mitad de estos acuerdos y convenios fue posible determinar cuánto dinero civil se les transfirió a las fuerzas armadas.
Las organizaciones señalan que si bien esta transferencia de funciones y presupuestos ha sido un fenómeno transexenal, desde 2010 se observa un incremento constante de los convenios celebrados entre las autoridades civiles y las instituciones militares. De acuerdo con los datos analizados, este aumento alcanzó su punto máximo en 2019, año en el que se registraron 43 convenios.
La Semarnat, Pemex y el SAT son las instituciones federales con las que más convenios han firmado las Fuerzas Armadas.
Por su parte, Nuevo León, Tamaulipas y Ciudad de México son las entidades federativas con las que más convenios han firmado las Fuerzas Armadas.
“Si se analizan los convenios y acuerdos firmados entre instituciones federales con las fuerzas armadas, en el sexenio de Calderón se firmaron 21 y en el de Peña Nieto 55, mientras que en los cuatro años estudiados del sexenio de López Obrador se firmaron 51”.
En la administración de Felipe Calderón (2006-2012), el 43% de los convenios federales transfirió alguna función civil que no era de seguridad pública a las instituciones militares; el porcentaje subió a 69% con Enrique Peña Nieto (2012-2018), y, en los cuatro años de López Obrador, subió a 83%.
El Inventario revela que los convenios y acuerdos no siempre contienen el monto concreto de las transferencias a instituciones militares. También presentan deficiencias en cuanto a su vigencia, que no siempre queda clara, además, suelen mostrar una justificación jurídica pobre.
“Son mecanismos que facilitan la opacidad y dificultan la rendición de cuentas. Para conocer gran parte de las transferencias a instituciones militares llevadas a cabo con estos mecanismos, es necesario realizar solicitudes de acceso a la información a las autoridades que fueron parte del acuerdo o convenio”. Esto, como revela el propio Inventario, rara vez resulta en un acceso efectivo a la información.
Según el Inventario, la evidencia de años muestra que en labores de seguridad pública las fuerzas armadas no solo no han logrado contener la violencia, sino que han contribuido a su exacerbación, tanto de manera directa como indirecta.
En relación con las funciones de administración pública que ahora desempeñan, la evidencia que comienza a acumularse —dada la novedad de muchas de las funciones— muestra que usar a las fuerzas armadas en labores de administración pública conlleva riesgos importantes en términos de corrupción y abusos a los derechos humanos, particularmente los derechos laborales.
Además, señala que la militarización es un obstáculo para el desarrollo democrático y la protección de los derechos humanos.
“Más allá de lo que deben ser las funciones de las fuerzas armadas, hoy por hoy no son como cualquier otra institución civil. Son instituciones pensadas para la guerra, que tienen un régimen diferenciado. Y este no se ha modificado a pesar de que las funciones que desempeñan se alejan cada vez más de las funciones relacionadas con la guerra. En este sentido, el darles más funciones implica que más funciones del Estado quedan sujetas a este régimen especial. De manera más concreta: entre más funciones les damos a las fuerzas armadas, más funciones están exceptuadas del régimen de derechos, justicia, transparencia, rendición de cuentas y democracia”, advierte.
Aunque unos 240 millones de estadounidenses están llamados a votar el 5 de noviembre, el resultado de las elecciones dependerá de unos miles de votos en un puñado de estados bisagra.
Las pequeñas empresarias de los suburbios de Filadelfia, los “trabajadores de cuello azul” de Milwaukee o las empleadas de la limpieza de cualquier casino de Las Vegas pueden tener este año las llaves de la Casa Blanca.
Y es que, aunque unos 240 millones de estadounidenses están citados el 5 de noviembre para elegir entre Kamala Harris o a Donald Trump para otorgarles la presidencia, el resultado de las elecciones dependerá de unos miles de votos en un puñado de estados clave.
Esto se debe al sistema de democracia indirecta que existe en EE.UU.
Al final, es un organismo llamado Colegio Electoral el que determina quién gana la contienda.
Para esta cita en las urnas Harris tiene prácticamente asegurados 226 votos electorales de los 270 que se necesitan para proclamarse vencedor, y Trump, 219. Y es que hay estados que, elección tras elección, suelen mantenerse fieles a uno u otro partido.
La pelea es entonces por 93 votos repartidos en los siete estados que en esta ocasión se prevén indecisos –por factores como el cambio demográfico— y que se agrupan en dos zonas geográficas: el Cinturón de Óxido (Rust Belt), la región del Nordeste y Medio Oeste que solía ser el motor industrial del país y hoy en decadencia, y el Cinturón del Sol (Sun Belt), la franja que se extiende de costa a costa en la parte sur del país.
También llamados estados péndulo o bisagra (swing states), el que tiene más peso es Pensilvania (19 votos), y aunque no son mayoría como en estados del suroeste, allí juegan un rol crucial los votantes hispanos, la población que más rápidamente ha crecido en la última década.
Los siguientes estados clave con más votos electorales son Georgia (16) y Carolina del Norte (16), seguidos de Míchigan (15), Arizona (11), Wisconsin (10) y Nevada (6).
En ellos han centrado sus esfuerzos las campañas.
Saben que son estos siete estados los que decidirán si Harris hace historia como primera mujer en llegar a la Casa Blanca o si Trump recupera la presidencia tras haberla perdido en las elecciones de 2020.
Arizona es uno de los estados cuya población más ha crecido: se ha duplicado desde 1990 hasta llegar a los 7,4 millones, y un tercio son latinos o de origen hispano.
El 60% se concentra en Maricopa, condado que abarca Phoenix, que en 2020 fue clave para la victoria del demócrata Joe Biden y sigue atrayendo hoy toda la atención.
El perfil de la población de este condado ha cambiado drásticamente en la última década, y tiene que ver con la inversión de US$50.000 millones de la administración Biden para tratar de volverlo una potencia en el sector tecnológico.
Ya están instaladas allí varias multinacionales de microchips, que han impulsado el crecimiento económico del condado y atraído a la zona trabajadores con un nivel educativo más alto, con salarios mayores, y que tienden a votar demócrata.
Siendo un estado fronterizo, con 600 km que colindan con México, se prevé que la inmigración sea uno de los grandes movilizadores del voto.
Debido en parte al endurecimiento de las leyes de asilo y al trabajo de contención que está haciendo el país vecino, las detenciones por cruces ilegales han descendido en un 21% con respecto al año pasado.
Aun así, la deportación masiva de inmigrantes indocumentados — “la mayor de la historia de EE.UU.”— se ha convertido en la promesa de campaña estrella de Trump, mientras Harris asegura que, de ganar, recuperará un proyecto de ley bipartidista para gestionar la crisis migratoria que su rival “destruyó”.
Otro de los temas que se prevé impulsará a los votantes de Arizona a las urnas son los derechos reproductivos, después de que un intento fallido de los republicanos locales de recuperar una ley de 1864 que prohibía el aborto en casi todos los casos generara polémica en abril.
Hoy por hoy el procedimiento es ilegal después de las 15 semanas de embarazo, y junto con la elección presidencial, en noviembre se llevará a cabo una consulta popular sobre la propuesta de blindar el derecho al aborto en la Constitución estatal.
Arizona solía ser bastión republicano, hasta que Biden lo ganó en 2020.
La anterior vez que un candidato demócrata había ganado las elecciones presidenciales en el estado fue en 1996.
Carolina del Norte se ha convertido en un estado competitivo gracias a dos factores demográficos principales.
En primer lugar, por su proporción de población afroestadounidense: el 21% de los ciudadanos en edad de votar en este estado son negros, frente a un 12% a nivel nacional.
Este electorado tiende a favorecer a los demócratas, más aún en Carolina del Norte. Según las encuestas a boca de urna de 2020, mientras a nivel nacional Biden obtuvo el 87% del voto negro, en el estado logró acaparar el 92%.
El otro factor demográfico que lo vuelve tan disputado de cara a las elecciones de noviembre es su amplia población rural.
Un tercio de los habitantes del estado, unos 3,4 millones de personas, residen en zonas rurales. Y estos ha evolucionado hacia un voto cada vez más republicano.
Los temas que preocupan a los votantes en Carolina del Norte son en general los mismos y en similar orden que los de otros estados clave: la economía con notable ventaja, la inmigración y el aborto.
Pero sí hay matices que podrían haber sido claves en cómo articulan las campañas sus mensajes.
Por ejemplo, los votantes de Carolina del Norte parecen en promedio más conservadores en materia de aborto que el resto de la nación.
Según una encuesta reciente de SurveyUSA/WRAL-TV, el 43% apoyan la ilegalización de la interrupción del embarazo más allá de las seis semanas, cuando la ley vigente en el estado la prohíbe después de la semana 12.
Mientras, a nivel nacional solo el 29% apoya la prohibición tras seis semanas de gestación, mientras un 63% la rechaza.
Ningún candidato demócrata a la presidencia se ha impuesto en Carolina del Norte desde Barack Obama en 2008.
Para el 5 de noviembre las encuestas también le dan ventaja a Trump, aunque de menos de un punto porcentual en promedio.
Está por ver hasta qué punto podría afectarle un escándalo que involucra al candidato republicano a gobernador Mark Robinson, quien se refirió a sí mismo como un “NAZI negro” y expresó su apoyo a la reinstauración de la esclavitud en un foro de un sitio web pornográfico.
Quizá por ello Trump se ha volcado a hacer campaña en Carolina del Norte más que en ningún otro estado aparte de Pensilvania.
Uno de cada tres habitantes de Georgia es afroestadounidense. Es el segundo estado con mayor población negra después de Texas.
Se cree que este electorado fue fundamental para que hace cuatro años Biden se impusiera en el estado.
Ahora, las encuestas también le dan la ventaja a Harris entre los votantes afroestadounidenses del estado.
Mientras, la población blanca de zonas rurales y los evangélicos son uno de los motores principales del Partido Republicano en Georgia.
Los temas prioritarios para los votantes de Georgia coinciden con los expresados por al ciudadanía a nivel nacional: el costo de la vida, la seguridad en la frontera con México y el acceso al aborto.
Pero en este estado del llamado Cinturón del Sol también acaparan la conversación temas como la integridad del proceso electoral y la salud de las instituciones estatales.
Y eso es el resultado directo de los comicios presidenciales de hace cuatro años.
En 2020, Joe Biden se convirtió en el primer candidato presidencial demócrata en ganar Georgia en casi 30 años. El último había sido Bill Clinton en 1992.
Pero lo hizo con un margen muy estrecho, lo que llevó a Trump y a sus aliados a presentar demandas y difundir señalamientos infundados de fraude electoral. El ahora candidato llegó a presionar al secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, para que “encontrara 11.780 votos”, la cantidad exacta que le hubiera dado la victoria.
Hoy Trump tiene una causa judicial abierta por tratar de revertir su derrota electoral en el estado, cuyo juicio aún no tiene fecha.
Ahora, una recién aprobada regla electoral estatal ha vuelto a despertar los temores de que pueda abrir campo a errores e incluso fraudes, además de retrasar los resultados en este estado clave. La norma obliga al conteo manual de votos en todos los condados.
Es el estado con la mayor población árabe-estadounidense del país.
Alberga a Dearborn, una ciudad industrial pegada a Detroit y apodada la capital árabe de EE.UU., donde más de la mitad de sus residentes (el 54,5%) tiene ese origen.
En 2020 se inclinaron mayoritariamente por Biden, pero los analistas adelantan que el descontento por el apoyo militar de la Casa Blanca a Israel podría hacerle perder votos al presidente estadounidense, favoreciendo a Trump.
Puede que sea uno de los estados en el que la política exterior tiene más peso en la intención de voto; en concreto, la posición de EE.UU. ante la operación militar de Israel en Gaza.
Ya durante las primarias demócratas en febrero, más de 100.000 votantes optaron por marcar con un “no comprometido” su boleta, como parte de una campaña que reivindicaba dejar de proveer de armas al gobierno israelí.
Harris ha mostrado un tono más duro que Biden con respecto a Israel. Pese a que ha dicho que este país tiene derecho a defenderse y ha solicitado la liberación de los rehenes que Hamás secuestró el 7 de octubre de 2023, también ha llamado a un cese al fuego inmediato, para que “el sufrimiento de Gaza termine y que los palestinos puedan tener su derecho a la dignidad, la seguridad, la libertad y la autodeterminación”.
Trump también ha llamado a Israel a terminar su campaña contra Hamás en Gaza, pero sin mencionar a los palestinos.
Hasta 2016, Míchigan se consideraba leal a los demócratas en las elecciones presidenciales.
Ese año, sin embargo, se impuso Trump, el primer candidato presidencial republicano en ganar el estado desde la victoria de George H.W. Bush en 1988. Lo hizo por menos de 11.000 votos.
En 2020, Biden logró devolver el estado a los demócratas tras hacerse con casi un 30% más de sufragios que su rival.
Los análisis postelectorales mostraron que el voto árabe-estadounidense fue instrumental en ello.
Es un estado que está creciendo y diversificándose rápidamente. Su población aumentó un 15% entre 2010 y 2020.
Hoy algo más del 28% de los residentes de Nevada son latinos o de origen hispano. De hecho, es el estado que le dio por primera vez un escaño en el Senado a una latina: Catherine Cortez Masto.
Por ello, tanto la campaña de Harris como la de Trump se han centrado en apelar a ese voto en concreto, sobre todo con eventos en el área de Las Vegas, que concentra a tres cuartas partes de los 3,1 millones de habitantes del estado.
La región metropolitana de Reno es la otra concentración urbana del llamado “estado plateado”, mayormente desértico y rural.
La economía es uno de los temas importantes para los votantes de este estado que cuenta con una de las tasas de desempleo más altas del país: 5,5% frente al 4,2% nacional en agosto.
La región de Las Vegas es, además de la más poblada con diferencia, la más vulnerable a los ciclos económicos. Dependiente del turismo, el covid la golpeó duro y aún está recuperándose.
Es donde se concentra el mayor número de trabajadores que completan su sueldo a base de propinas. Y tanto Trump como Harris han tratado de ganarse su voto prometiendo eximir a las propinas de impuestos, a lo que la candidata demócrata ha sumado la intención de incrementar el salario mínimo.
Los sindicatos tienen en Las Vegas una fuerte presencia. El culinario, por ejemplo, cuenta con 60.000 miembros, lo que lo convierte en un actor político importante.
Salvo en 1976, Nevada ha votado por el ganador en todas las elecciones presidenciales desde 1912 hasta 2016.
Ese año rompió la racha, al apoyar a la candidata demócrata Hillary Clinton, quien obtuvo en el estado dos puntos más que su rival Donald Trump, quien terminó llegando a la Casa Blanca.
Si bien solo cuenta con seis votos electorales, estos han resultado decisivos en las contiendas recientes más reñidas. Nevada ayudó así a Biden a imponerse en 2020, con un margen similar al de Clinton.
De cara a la cita del 5 de noviembre en las urnas, las encuestas le dan a Harris la delantera en el estado, aunque por un solo punto, mientras aventaja a Trump por tres a nivel nacional. Para los demócratas es una mejora con respecto a Biden, a quien los sondeos mostraban por detrás de Trump cuando aún aspiraba a la reelección.
Es el más poblado, extenso y complejo de los siete estados bisagras.
Alberga una población eminentemente conservadora, que enfrenta el declive económico postindustrial del Cinturón del Óxido.
Y este convive con la realidad de urbes como Filadelfia y Pittsburgh, más progresistas y cuya economía tiene más en común con la de las grandes ciudades de la costa Este.
Es otro de los estados que está siendo testigo de una transición poblacional.
Aunque la población es mayoritariamente blanca (9,7 millones de los 13 que tiene el estado), la que está creciendo más desde 2010 es la latina.
De ascendencia predominantemente dominicana y puertorriqueña, hoy por hoy los latinos ya suman más de un millón.
Además de en las grandes ciudades, se concentran encuatro condados al este de Filadelfia —Luzerne, Berks, Lehigh y Northampton, con municipios donde hasta el 60% de los habitantes tie nen ese origen étnico—, en lo que algunos medios ya denominan el Cinturón Latino de Pensilvania.
La economía es un tema importante aquí, al igual que en muchos otros lugares.
La inflación se disparó en todo el país bajo la administración Biden antes de empezar a reducirse gradualmente.
Así que los residentes de Pensilvania están lejos de ser los únicos entre los estadounidenses que sufren por el alto costo de vida como resultado de la inflación.
Sin embargo, el precio de los alimentos ha aumentado en este estado más rápidamente que en cualquier otro, según el sitio de análisis de mercados Datasembly.
En Erie, uno de los condados que se prevé serán más cruciales, una de cada ocho personas vive en situación de “inseguridad alimeticia”.
Es el estado péndulo que aporta más votos electorales, por lo que ganarlo da grandes opciones de imponerse el 5 de noviembre.
Asimismo, perder en él cierra el paso a buena parte de las rutas hacia el triunfo.
Desde 1948, ningún candidato demócrata ha logrado llegar a la Casa Blanca sin imponerse en este estado.
Hoy las encuestas muestran a Harris y Trump prácticamente empatados, con la demócrata con 0,7 puntos de ventaja según FiveThirtyEight, un agregador de encuestas de intención de voto.
Es el mismo margen con el que Trump se impuso a Hillary Clinton en 2016.
Por un poco más, un 1,17% del total de votos, ganó Biden en el estado en 2020.
Con esos antecendentes, y ante lo reñido del panorama que pintan las encuestas hoy, conquistar a un grupo que no se haya inclinado por uno u otro candidato podría marcar la diferencia en noviembre.
Del millón de habitantes hispanos de Pensilvania, 600.000 están habilitados para votar.
Los análisis postelectorales apuntan a que general acuden a las urnas menos que los ciudadanos de otros orígenes étnicos, por lo que convencerlos para que lo hagan puede aquí más crucial que en ningún otro lado.
Así, aunque sea en los estados del suroeste donde más peso tenga el voto latino, puede que en Pensilvania termine siendo más determinante.
No es un estado muy diverso: el 80% de su población es blanca, el 7,6% latina y un 6,6% afroestadounidense.
Sin embargo, así como en otros estados, los cambios demográficos han alterado los cálculos políticos para ganar Wisconsin.
Aunque Milwaukee, tradicional bastión demócrata, sigue siendo con sus 550.000 habitantes la ciudad más grande, registra hoy su densidad poblacional más baja desde 1920, de acuerdo a datos de la Oficina del Censo.
Mientras, más allá de esta concentración urbana y la de Madison, en las regiones menos pobladas, salpicadas de granjas lecheras, almacenes y pequeñas fábricas, Trump ha demostrado ser extremadamente popular, obteniendo para los republicanos en las urnas márgenes mucho más amplios que en elecciones anteriores.
Que los republicanos escogieran Milwaukee para su convención dice mucho sobre la importancia de Wisconsin para la cita de noviembre en las urnas, y también que Harris diera allí su primer mitin después de que Biden la respaldara como su sucesora en la carrera electoral.
En el Cinturón del Óxido al que pertenece Wisconsin, sumido en un proceso de decadencia industrial desde la década de 1970, se espera que el principal movilizador del voto vuelva a ser la economía.
Así lo fue en 2016, cuando sus residentes, sobre todo los denominados trabajadores “de cuello azul” (blue–collar workers) o los blancos de clase trabajadora apoyaron mayoritariamente el mensaje proteccionista de Trump.
Y también en 2020, cuando, desencantados, impulsaron a Biden.
Hoy los mensajes destinados al estado tienen de nuevo un fuerte componente económico.
Harris, con el apoyo del actual presidente, ha hecho campaña destacando las inversiones incentivadas por su gobierno y la fuerte creación de empleo industrial de estos años, mientras Trump lo ha hecho subrayando las altas tasas de interés e insistiendo en la idea de que “el sueño americano, durante la administración Biden, ha muerto”.
En 2016, Trump fue el primer candidato republicano en ganar Wisconsin desde que lo hiciera Ronald Reagan en 1984.
No por nada forma parte, junto a Míchigan y Pensilvania, de lo que los demócratas han bautizado como “el muro azul”, el color con el que se identifica su formación.
Tras la derrota del Partido Demócrata en 2016, Biden logró recuperar los tres en 2020.
Los análisis postelectorales apuntan a que superó a su rival por 20 puntos entre los trabajadores sindicalizados del estado.
Biden sigue manteniendo la buena relación, cultivada durante años, con los líderes sindicales. Varios de ellos han pedido el voto para Harris.
Según todas las encuestas, sondeos y análisis de los expertos, Harris necesitaría hacerse con 44 votos electorales entre los estados bisagra para ganar la elección, mientras Trump tendría que conseguir 51.
A la demócrata le bastaría por ejemplo con retener Pensilvania, Míchigan y Wisconsin, el trío que su partido ha bautizado como “el muro azul”, para llegar a la Casa Blanca.
Tiene a Biden como precedente, y también a Barack Obama, quien se impuso en los tres en 2008 y en 2012.
Trump lo logró en 2016 y llegó a la Casa Blanca.
Hoy, si el republicano se metiera en el bolsillo a Pensilvania, además de Georgia, y conservara Carolina del Norte, la balanza estaría ya de su lado.
Las combinaciones posibles son, pues, múltiples.
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