Detenida por un delito que, asegura, no cometió; golpeada durante el traslado y la detención, y violada sexualmente por policías judiciales, Rocío tiene más de un año esperando a que el proceso contra sus agresores sea igual de expedito que aquel que se sigue contra ella.
En entrevista desde el reclusorio Neza Bordo, en el Estado de México, donde todavía aguarda una condena, recuerda lo que pasó aquel día en la calle de Cerezos. Su sobrina y ella hacían una entrega de ropa en un parque. A unos metros, dos hombres discutían; en un principio los ignoraron, pero repentinamente escucharon disparos.
“Corrimos, porque al oír disparos todo mundo corre”, dice. Fue entonces que dos policías las detuvieron, las subieron a una patrulla, les quitaron sus teléfonos y les preguntaron qué hacían ahí. Después, comenzaron a pegarles. Nunca les dijeron directamente el motivo de su detención, hasta que ellas lo escucharon en la delegación. “Decían que un tipo se les había ido en un carro, y que iba con nosotras”, recuerda Rocío, de 45 años.
A bordo de la patrulla –describe– las llevaron agachadas; puros hombres al principio. Una vez que llegaron a la delegación, le pegaron, la ahogaron con agua y con refresco mientras le tapaban la nariz, y la golpearon en el estómago. “El tiempo no lo recuerdo, porque en ese momento se te va el tiempo, y más pensando por qué te detienen. No sabíamos, preguntábamos, y nos decían puras groserías y que nos calláramos”, cuenta.
De acuerdo con el informe más reciente del Observatorio contra la tortura, Hallazgos 2022, el 11% de las víctimas de tortura son mujeres. Esto quiere decir que en el transcurso de ese año, 715 mujeres experimentaron tortura o tratos inhumanos, crueles y degradantes. De entre el total de carpetas judicializadas por este delito –apenas un 1.3%–, el 13.7% corresponde a mujeres.
En tanto, en el primer y único Diagnóstico Nacional que el gobierno ha realizado sobre tortura sexual cometida contra mujeres privadas de la libertad en México, se recaban mil 280 entrevistas a mujeres recluídas en 66 penales de los 32 estados del país. Ahí se revela que 8 de cada 10 sufrieron algún tipo de violencia, incluyendo tortura sexual durante arrestos, traslados, puestas a disposición, arraigos, reclusión y juicios.
Ya en la delegación, a Rocío y a su sobrina las obligaron a grabar declaraciones forzadas –primero diciendo que habían ido a recoger droga–. Al negarse, le volvían a pegar. Conforme pasó el tiempo, dejó de insistir. Junto con su sobrina, las sentaron en una banca esposadas, mientras el Ministerio Público se ponía de acuerdo con la supuesta víctima –uno de los hombres que discutían en el parque– sobre qué iban a hacer.
Pasó un rato, recuerda Rocío, para que terminaran de ponerse de acuerdo. Intentaron obligarlas a firmar un papel donde decía que les habían hallado dinero y una pistola, y después a tocar un fajo de billetes y un arma. Luego de negarse, hubo un momento en que uno de los policías les dijo: “Ahorita me las van a pagar”.
El 73% sufre violencia en arresto y traslado
Toda la noche pasaron esperando a que les tomaran sus huellas y una foto, lo cual sucedió hasta el otro día. “Ese mismo día, ignoro la hora, llegó un judicial y nos dijo que iban a llevar a La Perla para tomar la declaración. Nos llevaban con un señor que había chocado su coche. Ahí yo me reservé mi derecho a declarar. Ya de regreso, nos dice que su jefe se va a ir con nosotros”, recuerda Rocío.
En el camino, iban platicando entre ellos. En la delegación bajaron al señor que iba con ellas. Avanzaron una cuadra, dieron la vuelta y más o menos a media cuadra, volvieron a detenerse. Uno bajó del auto, supuestamente a la tienda por una cerveza. Al regresar, le pidió a Rocío que se pasara al asiento de adelante y le quitó las esposas. Al principio, ella pensó que quizá solo las estaban separando para custodiar a una de ellas cada uno.
Mientras le pedía que se acercara cada vez más, le decía: “Cualquier cosa que digas, ahí ya vi a tu hijo (en la delegación); le voy a cuadrar algo”. Le ordenó que se bajara el pantalón y la violó. Tras la presión del policía que iba atrás, el agresor de Rocío le indicó que se subiera el pantalón y volvió a amenazarla. El miedo hizo que durante toda su detención no dijera nada.
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional sobre tortura sexual cometida contra mujeres privadas de la libertad en México, en la etapa de arresto y traslado el 73% de las mujeres manifiesta haber sufrido algún tipo de violencia: 65% física y psicológica, 34% solo psicológica, y 1% solo física. Los principales ataques referidos son patadas, manoseos, golpes con objetos o en senos, glúteos y genitales, desnudez forzada, violación sexual e introducción de objetos.
“Nada, todo esconden”
Finalmente, cuando llegó a Neza Bordo, Rocío le contó lo sucedido a las custodias. Al principio, el médico del centro de reclusión se negó a certificar la violación con el pretexto de que necesitaba una orden. Ante la juez, Rocío primero se negó a declarar, pero acusó a los policías que la habían violado. La jueza la presionó para que declarara, si quería que su queja sobre la agresión sexual fuera escuchada.
Rocío accedió entonces a declarar todo lo que había pasado. En ese momento, la jueza no le creyó; aseguraba que solo era una forma de deslindarse del problema. “Después, yo ya estaba muy mal, la verdad pensaba hasta en matarme, me pasaron con la psicóloga y ella le comentó a la directora del penal, que unos días después vino a hablar con nosotras, y en ese momento nos dijo que nos iba a ayudar”, relata.
La directora del centro de reclusión les acercó a un Ministerio Público y a un psicólogo. Tomaron su declaración. Cerca de dos horas después, llegó también un ginecólogo que argumentó que ya habían pasado muchos días pero de todos modos las revisaría. “Fue todo; ya de ahí ya nunca supe nada porque nunca nos hablaron, hasta que mi esposo y mi abogado insistieron en qué había pasado con eso”, dice Rocío.
Como víctima, agrega, apenas ha asistido a un par de audiencias, pero ahora la declaración que le tomaron en el reclusorio ya no aparece, ni los certificados, ni los nombres de los judiciales que las trasladaron. “Nada, todo esconden”, lamenta.
“En la audiencia le dije a la juez que simplemente aparecieran los expedientes y que se hiciera justicia, porque cómo era posible que yo estuviera aquí por una carpeta armada y un delito que no cometí, ahí sí rápido, y que los judiciales que me violaron sucede que no saben nada de ellos, que de lo que declare no hay nada, ningún avance”, acusa luego de haber cumplido ya un año un mes en el reclusorio.
La fe la conserva, dice, porque es inocente, y el horario de los hechos ni siquiera coincide con la declaración de la supuesta víctima. Su hijo y ella promovieron una queja, pero la única vez que la comisión estatal de derechos humanos fue a verla, le dijeron que era muy difícil ganar y sería una cuestión de muchos años.
“La de tortura como una o dos veces ha venido, pero todo el tiempo me dice que sí, que me va a ayudar pero que no tiene nada, que ella ya también pidió las carpetas de la violación, y que no hay nada, ninguna declaración. Todo el tiempo nada más dice ‘te voy a ayudar, ten paciencia’, pero el tiempo pasa y yo aquí sigo por algo que no cometí”, reclama.
Ahora solo espera que la justicia que se ha procurado tan rápidamente para el delito del que se le acusa se procure también para ella, obtener su libertad y que los judiciales sean detenidos.
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