13 enfrentamientos, 12 asesinados y 20 desaparecidos: la violencia en Sinaloa tras la captura de “El Mayo” Zambada
Para entender mejor
¿Te acuerdas cómo era en la pandemia de Covid-19? Era 2020, había un confinamiento obligado para evitar contagios de un virus del que no había vacuna. Murieron miles. Algo así pasa ahora en Sinaloa, pero se trata de violencia, de dos grupos criminales que están fraccionando el territorio frente a todas las personas que habitan Culiacán, Navolato, Elota, Eldorado, San Ignacio y Cosalá.
Igual que en la pandemia, miles de personas se han quedado en casa, apostaron al confinamiento para no morir, pero esta vez por una bala. No es exageración, ya van 12 personas, víctimas inocentes, que han sido atendidas por quedar en medio de fuego cruzado y cuatro de ellas -trabajadores del campo- de gravedad.
Hay una pugna entre dos grupos que forman parte de la misma organización: el cártel de Sinaloa. No hay una definición oficial de quiénes se están atacando, pero los testimonios de decenas de pobladores de pueblos como Quilá, Higueras de Abuya Pueblos Unidos y El Salado (por nombrar solo unos cuantos) revelan que “hay una limpia de chapitos”.
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Esto comenzó con la detención de Ismael Zambada García, “el Mayo”, el 25 de julio pasado. Ese día, según la versión de Zambada García, hubo una cita en el rancho Huertos del Pedregal al norte de Culiacán, convocada por Joaquín Guzmán López, hijo de su ex socio, pero era una presunta trampa para golpearlo, someterlo y llevarlo a la fuerza hacia Estados Unidos, donde fue aprehendido.
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No fue sino hasta el 9 de septiembre cuando la violencia se hizo notar. Desde ese día han ocurrido por lo menos 13 enfrentamientos, hay 12 personas asesinadas, 20 desapariciones forzadas y al menos 31 vehículos robados. Son datos oficiales de la Fiscalía General de Sinaloa.
Esta jornada ha sido agotadora, con decenas de reportes sobre hechos de violencia, de carros incendiándose, de balaceras a comercios, de ataques a personas para robarles sus carros.
En los reportes oficiales sobran denuncias sobre personas que tiran ponchallantas, que hay hombres sospechosos en camionetas estacionadas en fraccionamientos, balaceras frente a hospitales y gasolineras. Casi todas esas denuncias han resultado ciertas, pero muchas otras tantas no.
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Culiacán se ha convertido en un epicentro de violencia, pero no es el único. En Elota, Cosalá, Eldorado y San Ignacio también se han registrado hechos de violencia importante. Se han tenido bloqueos, amenazas y se ha condicionado la vida a cambio del silencio.
El lunes 9 de septiembre, cuando inició esta vorágine, se suspendieron actividades escolares en el oriente de la ciudad por el enfrentamiento que marcó la jornada que hasta la noche de ayer no acababa. Fue a las primeras horas de la mañana, por eso el 30 por ciento de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes no acudieron a las escuelas, según datos de la Secretaría de Educación Pública.
El martes se prolongó la violencia, con enfrentamientos en rancherías alrededor de la ciudad de Culiacán y en municipios como Elota y Cosalá. El ausentismo llegó a ser del 50 por ciento, según las autoridades.
La Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa envió oficios para que se regresara, como sea, de manera presencial. El problema radicó, han dicho maestras, en que no cuentan ni saben de protocolos para cuidar a niñas y niños en caso de una emergencia.
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“El punto es que a nosotros como personal docente nos están enviado comunicados para a caso exigirnos que nos presentemos… ya con esta encuesta puedo dar fe que no solo nosotros como personal docente tenemos miedo sino también ustedes como padres de familia”, dijo una directora de un plantel a un grupo de padres y madres a quienes solicitó contestar una encuesta para poder sostener su postura de mantener clases en línea.
El ausentismo, la presión de maestras y la violencia rebasó a las autoridades locales, las cuales decretaron una suspensión de actividades escolares.
“Informo a la sociedad sinaloense, que se suspenden las actividades escolares en los municipios de Culiacán, Elota, Cosalá y San Ignacio, el día de hoy 12 de septiembre de 2024, en todos los niveles y modalidades educativas”, señaló el gobernador Rubén Rocha Moya en su cuenta de X en forma de breve comunicado.
La situación no es menor, esta violencia provocó también la suspensión de las fiestas de celebración del Grito de Independencia programadas para la noche del 15 de septiembre, un hecho inédito en los últimos 18 años, desde que se tiene dato de violencia exacerbada en Sinaloa por la llamada “guerra contra las drogas” que se inició en el periodo de Felipe Calderón Hinojosa y que parece no acabar aún con Andrés Manuel López Obrador. Solo en 2020 se canceló la fiesta patria, pero ocurrió por la pandemia de Covid-19.
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Esta misma violencia ha provocado el cierre de centenas de establecimientos, plazas comerciales y supermercados ante el temor de un hecho violento, como ocurrió al mediodía del jueves 12 de septiembre, cuando un hombre fue asesinado mientras caminaba con una bolsa de papas fritas y un té en la mano hacia su vehículo, a donde su esposa lo esperaba. Un grupo de hombres bajaron de una camioneta y le dispararon frente a quienes salían del supermercado de la cadena Walmart.
De acuerdo con Isabel Ibarra, presidenta del Colegio de Economistas en Sinaloa, las pérdidas diarias por un día sin labores normales ronda los 567 millones de pesos. Hasta el momento no hay una cuantificación exacta de las pérdidas, pero tampoco una forma de determinar cuándo terminará todo esto.
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El expresidente peruano Alberto Fujimori fue sentenciado a 25 años de cárcel por los casos de dos masacres y dos secuestros llevados a cabo con su aval en la década de 1990. En diciembre de 2023 quedó en libertad.
Nueve meses después de su puesta en libertad por razones de salud, el expresidente de Perú Alberto Fujimori murió este miércoles 11 de septiembre a los 86 años.
Su hija Keiko comunicó la noticia a través de X, en un mensaje en el que se despidió de su padre y pidió una oración por el descanso de su alma.
La salida de prisión de Fujimori se produjo el 6 de diciembre de 2023, 14 años después de ser sentenciado a 25 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado por trato cruel.
Aunque en 2017 fue liberado por un indulto presidencial, el Tribunal Supremo requirió al siguiente año nuevamente su encarcelamiento al reconsiderar argumentos presentados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Sin embargo, el Tribunal Constitucional dictaminó el 5 de diciembre de 2023 “la falta de competencia de la CorteIDH” sobre este caso y desechó la orden de reencarcelamiento.
Fujimori fue declarado culpable de ordenar a un escuadrón de la muerte, conocido como el Grupo Colina, llevar a cabo dos masacres, así como por su participación en los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, ambos en 1992.
Los crímenes de los que se le acusó sucedieron en el marco del conflicto interno de Perú en el que el gobierno realizó una campaña contra el insurgente grupo armado Sendero Luminoso.
Estos fueron los casos que llevaron por primera vez a un presidente de América Latina a la cárcel por crímenes de lesa humanidad.
Masacre de Barrios Altos
El 3 de noviembre de 1991, seis hombres enmascarados irrumpieron en una fiesta en un pequeño apartamento del distrito Barrios Altos, una zona de clase baja, aledaña al Palacio Presidencial.
Los hombres eran miembros del escuadrón de la muerte que llegó a conocerse como el Grupo Colina.
Según el testimonio de uno de los integrantes, el objetivo era capturar a sospechosos de Sendero Luminoso pero, a medida que se acercaba la hora del operativo, se dio cuenta de que el propósito era matarlos.
Los enmascarados dispararon contra los asistentes, matando a 15 personas —incluyendo un niño de 8 años— e hiriendo gravemente a cuatro.
Pero la masacre de Barrios Altos fue un error. Mala información de inteligencia hizo que el escuadrón confundiera la fiesta con una reunión secreta del grupo insurgente y matara a civiles inocentes.
El mismo testigo describió cómo él y sus compañeros del escuadrón bebieron cerveza y brindaron en la playa horas después de la matanza.
Masacre de La Cantuta
En la madrugada del 18 de julio de 1992, miembros del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (Dincote), la mayoría miembros del Grupo Colina, forzaron su entrada en las residencias estudiantiles de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta.
El operativo era en respuesta a una explosión en el barrio de Miraflores, reivindicada dos días antes por Sendero Luminoso, que fue uno de los ataques más mortales de una campaña de atentados con bomba de la organización insurgente, que dejó 25 muertos y más de 200 heridos.
En La Cantuta, las tropas ordenaron a los estudiantes abandonar sus habitaciones y los colocaron bocabajo en el piso. Nueve individuos fueron separados del grupo y llevados a la fuerza.
Entre tanto, un grupo de soldados irrumpió en la residencia del profesor Hugo Muñoz Sánchez. Tras el registro de la propiedad, también se lo llevaron.
Según la Fiscalía que investigó el caso, los nueve estudiantes y el profesor fueron desaparecidos forzosamente y asesinados.
El Grupo Colina había quemado los cadáveres, por lo cual se había hecho difícil su identificación. En 1995, Fujimori declaró una amnistía que cobijó a los miembros del escuadrón.
Secuestro del periodista Gustavo Gorriti
Gustavo Gorriti es un periodista que se destacó en los 80 reportando sobre el conflicto entre el gobierno y Sendero Luminoso, reconocido por su conocimiento de dicha organización.
También fue un crítico del gobierno fujimorista.
En 1992, publicó una serie de artículos en la revista Caretas donde vinculó al gobierno con organizaciones narcotraficantes, implicando en particular a Vladimiro Montesinos, el “hombre fuerte” de Fujimori y director del Servicio de Inteligencia del Ejército entre 1990 y 2000.
En reacción a los artículos, el 6 de abril de 1992, una unidad del ejército peruano lo arrestó en su casa y lo llevó a los sótanos del Servicio de Inteligencia.
El secuestro sucedió durante el llamado “fujimorazo” o autogolpe, una crisis constitucional en la que Fujimori disolvió el Congreso y detuvo a varias figuras de la oposición.
La esposa de Gorriti alertó a la prensa y a gobiernos extranjeros, incluyendo Estados Unidos. La presión internacional causó que el periodista fuera trasladado a un lugar de detención oficial y dos días después de su secuestro fue puesto en libertad.
Gorriti vivió en el exilio durante los 90, primero en EE.UU. y luego en Panamá.
Secuestro del empresario Samuel Dyer
El 27 de julio de 1992, Samuel Dyer se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Lima, dispuesto a viajar a Estados Unidos.
Sin orden judicial, fue impedido de abordar un avión por personal del SIN y llevado a las oficinas de migración donde le informaron que tenía una orden de captura.
De ahí fue trasladado violentamente a los calabozos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), donde permaneció privado de libertad y fue interrogado sobre su presunta colaboración con Sendero Luminoso.
El empresario fue sometido a una investigación de cuatro días, sin justificación ni pruebas, hasta que no tuvieron forma de encontrar “vínculos terroristas”.
La SIE lo sacó subrepticiamente de su sede, lo dejó en una calle y lo “hizo huir”. Dyer se refugió temporalmente en la embajada de México en Lima y poco después salió a EE.UU. con su familia.
Varios militares recibieron duras condenas por su participación en estos delitos, incluyendo Julio Salazar Monroe, exjefe del SIN, y Juan Rivero, exjefe del SIE.
Fujimori fue encontrado culpable de ordenar las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, así como de avalar los secuestros de Gorriti y Dyer.
* Esta nota fue publicada originalmente a raíz de la orden de libertad para Fujimori y actualizada el 11 de septiembre de 2024 con su muerte.
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