Este miércoles 8 de mayo, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo presenta ante la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un proyecto de sentencia para proponer que se ampare a los integrantes de la familia Ponce Ríos que habitaban en Chihuahua y que tuvieron que abandonar su hogar debido a la situación de violencia.
Organizaciones civiles defensoras de derechos humanos subrayaron que se trata de “una oportunidad histórica” para que, por medio del más alto tribunal de justicia en el país, se reconozca el problema del desplazamiento interno forzado en el país, así como el acceso a la reparación integral para las víctimas y la justicia.
Los integrantes de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de Derechos Humanos que han acompañado el caso de la familia Ponce Ríos que dio pie a este proyecto de sentencia, destacaron que dicho recurso legal, de ser aprobado, estaría reconociendo las necesidades específicas de las personas desplazadas internas, y establecería criterios para una reparación del daño, además de que subrayaría la responsabilidad del Estado mexicano en revertir los efectos del desplazamiento en las vidas de al menos 380 mil personas que se estima están desplazadas por la violencia en México.
“La aprobación del amparo no solo beneficiaría a la familia Ponce Ríos, sino también enviaría un mensaje de esperanza a todas las Organizaciones civiles internas en México que luchan por sus derechos”, recalcó la CMDPDH.
La especialista en desplazamiento interno forzado, Ligia de Aquino, agregó que la SCJN tiene la oportunidad de promover justicia para los Ponce Ríos y contribuir para que otras personas desplazadas internas no tengan que enfrentar los mismos retos para acceder a sus derechos.
En una carta difundida a través de redes sociales el día de ayer, 7 de mayo, la familia Ponce hizo también un llamado urgente a los Ministros y Ministras de la Primera Sala de la SCJN para que voten a favor de esta resolución y así “contribuyan a la construcción de un país más justo y respetuoso de los derechos humanos”.
La historia de violencia de los Ponce Ríos inició en el año 2010 con el asesinato de Sigifredo Ponce y dos de sus sobrinos, los hermanos Gerardo y Jonathan. Desde entonces, cuatro generaciones han sido víctimas de persecución, amenazas y delitos perpetrados por grupos de la delincuencia organizada que han obligado a sus integrantes a huir para protegerse. La mayoría de los miembros de esta familia dejaron sus proyectos de vida en Chihuahua para establecerse en Jalisco, después de pasar un tiempo en Aguascalientes.
Este caso es similar al de miles de personas desplazadas internamente en nuestro país que dejan atrás sus proyectos de vida por los efectos de una situación de violencia generalizada, de un conflicto armado o de violaciones a los derechos humanos.
La doctora María Artemisa López, investigadora del departamento de Estudios de Administración Pública en El Colegio de la Frontera Norte, explicó que casos como el de los Ponce Ríos son el reflejo de una problemática que trae aparejada la violación de múltiples derechos humanos, empezando por el derecho a la vida y al libre tránsito.
“Cuando una situación particular se vuelve insostenible, orilla a que las personas dejen el lugar donde habitan, y a eso lo conocemos como desplazamiento interno forzado”, planteó.
Derivado de la serie de omisiones por parte de las autoridades de todos los niveles, en 2016 la familia presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la que se denunciaba la situación de desplazamiento interno, así como la incapacidad del Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, para atender y reparar los daños sufridos de manera integral.
Además, como resultado de las graves violaciones a los derechos humanos que padecieron, la familia Ponce recibió la acción urgente 1598/2023 emitida por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas hacia el Gobierno Mexicano. También han denunciado su situación directamente ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero, ni la intervención de la ONU y de la CIDH ni las acciones de las autoridades locales pudieron garantizarles una estancia tranquila ni la justicia.
Luego de huir de Chihuahua, Víctor Manuel Ponce fue desaparecido el 23 de mayo de 2023 en Huejúcar-Monte Escobedo, en el estado de Jalisco. El 14 de junio, Anais Ponce grabó un vídeo denunciando la desaparición de su padre y uno de sus trabajadores: “Les pido que este vídeo se haga viral, que llegue a las más altas autoridades, que llegue a todos los noticieros y sobre todo que llegue al jefe del jefe de la persona que tiene a mi papá. Por favor, regresen a mi papá y regresen a Luis Fernando”. Al día siguiente encontraron los cuerpos en Zacatecas.
Hasta la fecha, ningún integrante de la familia Ponce ha logrado obtener justicia por las violaciones graves a derechos humanos que han marcado su vida. La CMDPDH denunció públicamente la muerte de Víctor Ponce, atribuyendo responsabilidad al estado por su pasividad.
La CMDPDH también señaló que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) falló en gestionar la protección del señor Víctor Ponce y se limitó a presentar una denuncia, situación que agravó el riesgo en el que se encontraba y que derivó en su desaparición y su muerte.
Por otro lado, esta organización defensora de derechos criticó que la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos (UDDH), por medio de la Coordinación para Atención de Casos en Organismos Internacionales de Derechos Humanos, actuó fuera de su reglamento obstaculizando la protección oportuna y adecuada de víctimas siendo “criminalmente negligente”.
La familia Ponce Ríos lleva más de dos décadas luchando por justicia y por la posibilidad de reconstruir sus vidas desde que la violencia los obligó a desplazarse forzadamente de su lugar de origen para sobrevivir. Por esto, la sesión de este 8 de mayo donde se abordará el proyecto de resolución del Amparo en Revisión 795/2023, elaborado por el Ministro Pardo Rebolledo, es una oportunidad histórica para promover el acceso a la reparación integral para las víctimas del desplazamiento interno forzado y su acceso a la justicia en México.
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Los tribunales de Chile empiezan a ver los casos contra miembros de la megabanda venezolana, que en los últimos años convirtió al país del sur en una gran base de operaciones.
“Hay homicidios de una gravedad que no habíamos visto antes en la historia del país. Me refiero a desmembramientos, torturas y enterrar a las personas vivas”.
Así describió el fiscal Mario Carrera a Tele13 Radio los delitos por los que se persigue a Los Gallegos, la banda que desde esta semana protagoniza lo que se ha considerado el juicio más importante de la historia del crimen organizado en Chile.
Los 38 acusados –34 venezolanos y cuatro chilenos– enfrentan cargos de homicidio calificado, secuestro, porte de armas y tráfico de drogas, y son considerados una célula del Tren de Aragua, la megabanda venezolana que en los últimos años convirtió a Chile en un gran centro de operaciones, el mayor después de su país de origen, según funcionarios policiales chilenos.
El Tren es, de hecho, el “primer grupo criminal trasnacional” con el que se ha enfrentado la Justicia chilena y una de las causas de la violencia en un país que en los últimos años ha visto crecer el número de homicidios.
La Fiscalía incluso atribuye al grupo la muerte del exmilitar disidente de Venezuela Ronald Ojeda, y la propia existencia del Tren de Aragua ha sido motivo de disputa diplomática con el gobierno de Caracas, que llegó a negar la existencia de la megabanda, algo que Chile, uno de los países que más sufre la violencia del grupo, consideró un “insulto”.
Pero ¿cómo se estableció, cuál ha sido y es su presencia en el país y cómo empezó la justicia chilena a encarar una criminalidad a la que nunca antes se había afrontado?
Para entenderlo, hay que remontarse primero a otro caso judicial.
La muerte de Mariana
Mariana (nombre ficticio) se desplomó poco después de cruzar la frontera entre Pisiga, en Bolivia, y Colchane, en el norte de Chile, a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar.
Había caminando alrededor de 40 minutos, soportando bajas temperaturas, en medio de fuertes vientos y lluvia, por un terreno desértico y con vestimenta no adecuada. Viajaba junto a su hijo de 5 años, su madre, un hermano menor de edad y otros 50 extranjeros.
Cuando los carabineros intentaron auxiliarla, la migrante venezolana de 32 años ya estaba muerta.
Su caso fue reportado, sin más detalles, como uno de los cinco fallecimientos de migrantes ocurridos en el primer trimestre de 2021, cuando intentaban cruzar por pasos irregulares hacia Chile.
Pero detrás de su muerte hay algo más que el desgaste físico de una joven madre. Mariana y su familia son parte de los 11 casos de víctimas del Tren de Aragua que figuran en la acusación presentada en marzo de 2022 contra 12 miembros de la organización criminal por Raúl Arancibia Cerda, quien entonces era fiscal regional de Tarapacá, en el norte de Chile.
“Se trata de la primera organización (el Tren de Aragua) que cumple con todas las características del crimen organizado trasnacional (…) en ser formalizada en el país (Chile)”, dice el documento de acusación al que tuvo acceso BBC Mundo.
El exfiscal regional Arancibia aseguró que, al menos hasta el momento en que formalizó el escrito, en 2022, “Chile estaba ajeno a este tipo de criminalidad”.
Pero ¿cómo un grupo criminal tan joven –con menos de 10 años de existencia–, comandado desde el interior de una prisión en un país a más de 4.700 kilómetros de distancia, logró establecerse con tanta fuerza y facilidad en el territorio chileno?
Las causas de su expansión
La migración aparece como un primer factor.
Hoy hay más de medio millón de venezolanos registrados en Chile, aunque la cifra podría ser el doble, debido a la gran cantidad de personas que han entrado por pasos informales.
La familia de Mariana figura entre miles de víctimas del tráfico de migrantes, y su historia combina algunas de las variables que explican cómo el Tren de Aragua se instaló en Chile y convirtió este país en su “segundo hogar”, según confirmó a BBC Mundo un funcionario de la Policía de Investigación de Chile (PDI) que investigó al grupo entre 2021 y 2023 y que prefirió no dar su nombre.
A comienzos de 2021, cuando todavía el impacto de la pandemia por covid-19 mantenía cerradas varias fronteras y la situación de los venezolanos se agravaba en sus países de acogida, Edgar, un hermano de Mariana que vivía en Chile, contrató los servicios de una supuesta agencia de viajes para trasladar a cuatro miembros de su familia desde Colombia hasta Iquique, en la frontera norte del país sureño, según se relata en la acusación formalizada por el fiscal Arancibia.
Edgar accedió a pagar US$2.400 para que sus parientes se reunieran con él. Pagó US$600 dólares por cada uno: Josefina, su mamá; Juan Carlos, su hermano menor de edad; Mariana, su hermana de 32 años; y José, su sobrino de 5 años, hijo de Mariana. (Todos los nombres son ficticios; en la acusación se les identifica sólo con siglas)
El grupo familiar emprendió el trayecto a comienzos de marzo de 2021.
Pero cuando llegaron a Tumbes, en Perú, los hombres que los trasladaban les exigieron US$80 más por persona para continuar el viaje hasta Lima, y US$250 por cabeza para llegar a Colchane, en Chile. Así que Edgar transfirió otros US$1.360.
En ese punto ya se había percatado de que no había tal agencia de viajes. Estaban en manos de coyotes del Tren de Aragua, una organización que desde Venezuela ya se ha expandido al menos a seis países de América Latina.
La noche del 22 de marzo de 2021, luego de permanecer ocultos un par de días en el hotel España, en Pisiga, Bolivia, los familiares de Edgar iniciaron la travesía para cruzar la frontera y llegar a Chile.
A la cabeza de la “expedición” estaban tres hombres que, según la acusación, se identificaban por sus apodos: “Estrella” (Carlos González Vaca), quien ha sido señalado de ser uno de los líderes del Tren de Aragua en Chile; “Zeus” (Zeus Velásquez Aquino) y “Águila” (Juan José Trejo Varguilla). Todos de nacionalidad venezolana y miembros de la megabanda, según arrojó la investigación realizada por autoridades chilenas.
Ellos eran los que daban las instrucciones y expusieron a los migrantes “a condiciones extremas”, poniendo en riesgo la “integridad física y la vida” de todos, se lee en el documento elaborado por la fiscalía de la región de Tarapacá.
Poco después de cruzar la frontera, Mariana comenzó a sentirse mal y su madre le pidió ayuda a alias Águila, quien golpeó a la joven por sentirse mal. Como consecuencia se desvaneció y acabó muriendo en suelo chileno.
“Al menos desde el año 2021 en la región de Tarapacá ha operado esta organización criminal trasnacional, vinculada con la Mega Banda Venezolana, el Tren de Aragua, cuya célula (…) se ha asentado en diversas ciudades de la región (…) como también se ha extendido hasta otras partes del país (…)”, concluye la acusación.
Los tres coyotes, entre otros, fueron detenidos en marzo de 2022.
El caso está actualmente en proceso de preparación para el inicio del juicio. Hay 12 acusados, incluido Carlos González Vaca, alias “Estrella”.
Considerado el líder de la primera célula del Tren identificada y desarticulada en Chile, la Fiscalía pide para él dos penas de presidio perpetuo calificado, una pena de reclusión perpetua y 125 años de prisión por delitos como secuestro con homicidio, trata de personas con fines de explotación sexual, tráfico de drogas y tráfico de migrantes, entre otros.
El estallido, la pandemia y la economía
“Creemos que la llegada del Tren de Aragua tiene que ver con el aprovechamiento de esta migración que hubo desde Venezuela a Chile”, le explicó a BBC Mundo Mauro Mercado Andaur, jefe nacional contra el Crimen Organizado de la Policía de Investigación (PDI) de Chile.
“La persona que emigra a través de distintas fronteras muchas veces tiene pocos recursos económicos y la necesidad rápida de llegar a su país de destino. El grupo criminal aprovecha la necesidad de los migrantes para hacer sus negocios ilícitos, los seduce y hasta les asignan tareas menores”, agregó.
Pero hay otros elementos que explican que Chile fuera el terreno escogido por la banda para instalarse.
Por un lado, coincide con el estallido social de 2019, “momento en el que teníamos otros focos de interés que estábamos abordando”, reconoció Mercado Andaur, apuntando a la pandemia por coronavirus.
Y es que la emergencia sanitaria forzó un cambio en la dinámica y la operatividad de los cuerpos de seguridad —precisa el policía—, que debieron ocuparse de problemas vinculados con la enfermedad al tiempo que desatendían tareas propias de sus funciones.
Asimismo, Chile fue uno de los primeros países de la región en tener vacunas disponibles y eso atrajo a muchas personas que buscaban servicios de salud de calidad.
“Tuvimos que buscarlo en Google”
Arancibia, el exfiscal de Tarapacá, relató que la primera vez que escuchó hablar del Tren de Aragua fue en diciembre de 2020, cuando dos mujeres peruanas fueron detenidas mientras intentaban ingresar a Chile ketamina, una droga alucinógena.
“Ellas explicaron que habían sido obligadas a transportar la droga por gente del Tren de Aragua. Hasta ese momento no sabíamos nada de una megabanda venezolana, ni de una prisión de Tocorón (en Venezuela). Tuvimos que buscarlo en Google”, contó Arancibia.
Aunque al final comprobaron que las mujeres mentían y que no habían sido forzadas por ningún grupo criminal, el hecho abrió camino a la primera investigación sobre el Tren de Aragua en Chile. “Nos dieron a conocer lo que estaba pasando”.
Para entonces, las autoridades chilenas ya habían notado cambios en las dinámicas criminales en las regiones fronterizas del norte y la aparición de nuevos delitos sin tener claras las causas: más explotación sexual de extranjeras; tráfico de sustancias poco convencionales, extorsiones; más homicidios y tráfico de migrantes.
Aunque en esa frontera de Chile con Bolivia históricamente había habido actividad del crimen organizado, no había grupos, ni locales ni extranjeros, que ejercieran un control de las acciones ilícitas y se impusieran con violencia como lo hacía el Tren de Aragua.
“Encontraron la facilidad para apoderarse de territorios. Tomaron zonas casi despobladas para establecer sus negocios. También comenzaron a ofrecer servicios, como pasar migrantes de una frontera a otra, brindar seguridad a comercios o falsificar los documentos de identidad que las autoridades chilenas entregan a los migrantes”, detalló Mercado Andaur.
Todo esto fue más fácil en Chile, entre otras cosas, por la ausencia de otros grupos de delincuencia organizada o competidores criminales.
“Históricamente nuestro grupos criminales han tendido a evolucionar hacia el lavado de activos, pero no hacia el control de un territorio por la fuerza. Tampoco tenían un gran poder de fuego. Por eso fueron sometidos fácilmente por los grupos extranjeros, como el Tren de Aragua, y terminaron cediendo los espacios y sometiéndose a ellos”, apuntó Mercado Andaur, que admitió la presencia de organizaciones colombianas y de otros países.
Exportación de crímenes
La capacidad de adaptación y el amplio portafolio criminal de la megabanda -se le atribuyen unos 20 delitos- también le permitió establecerse en Chile con actividades criminales que no eran practicadas por otros grupos, como la explotación sexual.
“Aquí la prostitución es legal, pero no había la figura del proxeneta. Ellos la trajeron y ahora controlan este delito en el país”, dijo el funcionario de la PDI.
Y a estos factores se suma que Chile tiene una de las economías más sólidas de América Latina, por lo que “la estabilidad económica del país y la cantidad de dinero circulante eran muy atractivos”, subraya Mercado Andaur.
Por eso Larry Amauri Álvarez Nuñez, alias “Larry Changa”, uno de los jefes y creadores del Tren de Aragua, escogió Chile para establecerse junto a su familia, según revelaron funcionarios de la PDI, Interpol y de la inteligencia colombiana.
Llegó en un vuelo comercial desde Caracas en 2018, regentaba un local de comida en el Jockey Club, a cuatro cuadras del Palacio de La Moneda, y además tenía varios establecimientos comerciales. Se instaló en Santiago y logró montar una operación de tráfico de drogas y lavado de dinero para la organización.
En 2022, cuando ocurrieron las primeras detenciones de sus compañeros, huyó y hoy se desconoce su paradero.
En la jerarquía de la organización tiene casi el mismo rango que Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, jefe máximo del Tren, uno de los hombres más buscados de América Latina.
“Ahora hay 70 personas de la organización en prisión”, aseguró Mercado Andaur, quien añadió que “el grupo comenzó a fragmentarse después de la detención del líder (alías “Estrella”) y producto de la acción policial”.
“No negamos que siguen operando, pero al quedar tan expuestos han perdido sus redes de protección. Tienen una operación pequeña. Sin embargo, seguimos con la alerta alta para evitar que se articulen las células” del Tren de Aragua, el primer gran grupo trasnacional del crimen organizado en Chile.
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