El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A. C., es una organización no gubernamental que desde la década de los ochenta contribuye a la defensa de los derechos de las personas y los pueblos. Desde este espacio diverso y crítico, con la dirección del Dr. Miguel Concha Malo, buscamos abonar a una cultura basada en los derechos humanos. Trabajamos con la firme convicción de que “Otro mundo es posible”, donde se respete la dignidad humana. Optamos por acompañar a los grupos en situación de vulnerabilidad y de esa manera aspirar a un mundo más justo, sororo y fraterno.

La dignidad en nuestras manos

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En el marco del día de las maternidades libres y justas, ¿sabías que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de 2022, el 67% de las mujeres mexicanas son madres, y de ese por ciento, 11% son completamente responsables de la economía familiar? Estas cifras permiten vislumbrar el complejo panorama al que se enfrentan estas mujeres, madres y jefas de hogar, al ser parte de un sistema que no ha logrado brindar las herramientas necesarias para su día a día.
Para las madres trabajadoras mexicanas, maternar es un reto diario. Las exigencias hacia ellas continúan perpetuando prejuicios que como sociedad se han impuesto: la imagen de las madres todas poderosas que no se rinden ante la adversidad o una de las frases más comunes en la cultura latina “el amor de una madre es infinito”. Sin embargo, los retos que viven como responsables de familias monoparentales, no son iguales, ni se viven del mismo modo en la cotidianidad. Elementos, como la edad, el color de piel, el nivel de educación, la zona de residencia o la capacidad económica, son determinantes para que trabajar y maternar se convierta en un proceso que las sobreexplota física, mental y psicológicamente.
Para una mujer embarazada, basta con revisar los servicios prenatales y de maternidad ofertados para darnos una idea de los gastos que esto implica: Las citas al especialista (en caso de no contar con el seguro de trabajadora) van de $700 por consulta hasta los $30,000, por un paquete que incluya cuidado y atención durante el embarazo y posparto, gastos que aumentan en caso de ser necesaria una cesárea. Además, la atención médica del recién nacido y de la madre son una parte fundamental del cuidado, por poner un ejemplo, la consulta con un especialista pediatra cuesta aproximadamente $1,100.
Ahora bien, para sobrevivir en la Ciudad de México, cada <a href="https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/resultados-de-la-enigh-cdmx-2022.pdf" target="_blank" rel="noopener">persona necesita al menos $20,000 mxn</a> al mes, suma que cubre necesidades básicas como renta, alimentación y pasajes, limitando el entretenimiento y bajo el supuesto de vivir en una zona que se considera de clase media. Estas cifras, visibilizan la realidad de las familias monoparentales en el país.
Según <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2024/EAP_10Mayo24.pdf" target="_blank" rel="noopener">el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)</a>, uno de los factores importantes para la inserción y estabilidad laboral, es la cantidad de hijos o hijas. En ese sentido, las mujeres con 3 o más descendencia difícilmente pueden mantener equilibrio entre ambos aspectos, contrario a las facilidades que existen para los varones quienes continúan trabajando habitualmente.
¿El Estado mexicano garantiza un nivel digno de vida y crianza para las madres jefas de familia? En la Ley Federal del Trabajo se establece que las mujeres embarazadas deben acceder a las prestaciones de ley y deben contar con los permisos necesarios para llevar su embarazo de forma correcta. Para ello, se les otorgan 6 semanas antes del parto y 6 semanas después de éste con sueldo íntegro. Sin embargo, después de este tiempo, las mamás deben hacer malabares entre su vida laboral, la maternidad y el trabajo doméstico.
Es así que conservar el empleo mientras se materna es difícil. Si en el país se trabajan en promedio jornadas de 8 horas por 6 días a la semana, queda poco tiempo libre para cubrir las responsabilidades que la maternidad exige. Esto último, orilla a las madres a conseguir empleos informales, que no ofrecen seguridad social ni prestaciones de ley, lo que las coloca en una posición de vulnerabilidad.
Es bien sabido que los primeros meses de crianza son complicados, el desgaste que representa para la madre no es menor. De acuerdo con diversos estudios, los bebés recién nacidos duermen de 16 a 20 horas diarias en lapsos de dos a tres horas. Esta falta del descanso continuo producido por las noches de desvelo y pocas horas de sueño, repercute en la salud, creando una sensación continua de fatiga, falta de concentración, irritabilidad y estrés. No será hasta después del año y medio que las y los recién nacidos logren dormir una noche completa, entonces, el nivel de exigencia dentro y fuera de casa puede causar estragos permanentes en la salud de las madres.
¿Qué pasa en los demás aspectos de la vida de aquellas mujeres que se vuelven madres? Es necesario continuar visibilizando las problemáticas que el sistema ha perpetrado hacia las mujeres que ejercen su maternidad. Es indispensable que nuestras madres, responsables de familias cuenten con un ingreso mensual equivalente al menos a 3 salarios mínimos para sostener una vida digna, horarios flexibles de trabajo para cuidar de su bebé y asegurar la atención médica necesaria. Que se les garantice el acceso a estos servicios es el primer paso para combatir la falsa idea del “sacrificio por amor” y el estereotipo de la madre “superheroína&#8221; o mal llamada “luchona” que todo lo puede.
* Katya Michel Maestro Huerta es colaboradora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria A. C. (<a href="https://twitter.com/CDHVitoria" target="_blank" rel="noopener">@CDHVitoria</a>).

Jefas del hogar: el reto diario de ser madre

<a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ENTI/ENTI_23.pdf" target="_blank" rel="noopener">De acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI)</a> del INEGI, 3.7 millones de menores trabajan en condiciones no permitidas. El <a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFT.pdf" target="_blank" rel="noopener">artículo 175 de la Ley Federal del Trabajo</a> dice que estas condiciones implican trabajos en los que se vendan bebidas embriagantes de consumo inmediato, es decir, bares, cantinas y, como se define en el mismo artículo, centros de vicio. Se incluyen trabajos que por las condiciones físicas, químicas o biológicas (y debido a los materiales que se utilizan) pongan en riesgo las vidas infantiles.
A propósito de la conmemoración a las niñeces el pasado 30 de abril, y mientras buscaba un regalo para mi hijo, me encontré con un grupo de niños: uno de ellos me ofreció un mazapán por seis pesos o dos por diez, otro boleaba zapatos y una pequeña más cuidaba a la menor del grupo. Este encuentro me hizo reflexionar sobre los privilegios y la falta de igualdad de condiciones que existen en nuestro día a día. Entonces ¿qué entendemos por trabajo infantil? ¿Hablar de trabajo infantil es igual a abuso infantil? Un tema controversial sobre todo desde la defensa de los derechos humanos.
En la cultura metropolitana la respuesta sería rotundamente sí. Sin embargo, abriendo un poco el panorama y situándonos en realidades ajenas a nosotros, lo que solemos llamar “trabajo infantil” podría ser parte de las formas de vida fuera de las urbes.  Por ejemplo, en comunidades principalmente agrícolas y campesinas, su modus vivendi está regido por los ciclos de cultivo, es decir, que tanto adultos como jóvenes y niños basan sus actividades de acuerdo a estos ciclos. En tiempos de siembra y cosecha toda la comunidad es partícipe (incluyendo a las niñeces). En este contexto, lo que llamaríamos despectivamente como “trabajo infantil” resulta ser una actividad primero familiar y luego de toda una comunidad. Durante estos periodos es común que las actividades escolares se detengan para que las y los niños ayuden a sus familias en dichas actividades.
Las actividades no escolares como trabajar el campo o cuidar de sus familias hace parte de la forma de vida de muchas niñeces, lo que significa problematizar el tema. Es fácil ponerse en el papel de juez y apuntar con el dedo a los padres, pensar en por qué ese niño o niña no va a la escuela o por qué están en un semáforo haciendo malabares para ganarse una moneda. ¡Qué irresponsabilidad! Por tenerlos en esas condiciones, “pobrecitos” niños todos sucios y desnutridos.
Con frecuencia hacemos este tipo de aseveraciones sin pensar en los contextos particulares que cada una de las familias mexicanas viven. Muchas veces son personas que han sido desplazadas de sus comunidades por crimen organizado, que han sido obligadas a vender sus parcelas por megaobras que “beneficiarán” a todo un país, personas que han salido de sus hogares en busca de mejores condiciones porque hay que “echarle ganas” o personas que se encuentran con limitantes como el idioma para poder desarrollarse en un trabajo “digno” y dar una buena vida a sus familias.
¿Será solo responsabilidad de esos “malos padres” que sus hijos menores tengan que trabajar para ayudar a los gastos diarios? ¿O es una responsabilidad compartida entre padres de familia, sociedad y gobierno?
Los derechos de las niñeces son importantes y debemos velar por ellos. Las organizaciones de derechos humanos deben poner sus ojos sobre estos temas, pero de una manera no generalizada. Es decir, no podemos ver el trabajo infantil desde una sola perspectiva, aquella que juzga sin abrirse a los diferentes contextos que existen en un país como México, con diversos matices que dependen de los usos y costumbres de cada territorio.
Mi encuentro con David (el pequeño que vendía los mazapanes), me invitó a comprender lo aquí dicho, pues me contó que no lo obligan a trabajar, que sí estudia y va en sexto de primaria. Además, en un tono nervioso, dijo que no llevaba muy buenas notas en historia y español, pero en matemáticas sí. Es el mayor de cuatro hermanos y ayuda a sus padres a conseguir un poco más de dinero. Los padres de David bien podrían ser juzgados y estigmatizados por la sociedad. No obstante, durante mi charla con él, supe que su papá hace trabajos de albañilería y plomería, que su mamá (quien los cuida) realiza artesanías con mimbre, lo que deja claro que todos dentro de la familia buscan un bien común. Por último, he de decir que su sentido de responsabilidad me sorprendió tras escuchar que  él y su otro hermano son los que deben cuidar a sus hermanas, y trabajan para que ellas también puedan ir a la escuela.
El artículo 175 de la Ley del Trabajo define qué tipo de trabajos son prohibidos para las infancias. A pesar de ello, existe un añadido: el Artículo <a href="https://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-federal-del-trabajo/titulo-quinto-bis/#articulo-175-bis" target="_blank" rel="noopener">175 Bis,</a> en el que se especifican las condiciones en las que un niño menor de 15 años sí puede ser exigido; por ejemplo, en creación artística, el desarrollo científico, ámbito deportivo o de talento, la ejecución musical o la interpretación artística. Entonces, es claro que sí hay una perspectiva sesgada que bajo ciertos términos permite la contratación de menores, pero no en todas las realidades que viven las niñeces en nuestro país.
Es importante que nuestras leyes garanticen los derechos de nuestras niñas y niños, velando por mantener su integridad moral, mental y física. Lo anterior no es una postura en defensa del trabajo infantil, sino es una reflexión de los retos a seguir trabajando en conjunto como sociedad, organizaciones civiles y gobiernos para mejorar la condición de las familias. Evitar el abuso laboral en niñeces y adolescencias desde una perspectiva interseccional que nos permita mirar los contextos particulares de cada niño y niña, no solo de México sino en el mundo. De esta manera podremos entender que las infancias tienen el mismo derecho a decidir que cualquier adulto, que tiene voz y voto, pero sobre todo que merecen y pueden ser felices a su manera y como mejor lo necesiten.
* Moisés Abraham Hernández Lemus es colaborador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria A. C. (<a href="https://twitter.com/CDHVitoria" target="_blank" rel="noopener">@CDHVitoria</a>).

¿Trabajo infantil? Reflexiones más allá del estigma

Pocas veces nos cuestionamos si el nombre, la imagen, el rostro o la voz se encuentran protegidos, incluso existen personas que no saben que estos datos forman parte del derecho humano a la identidad e imagen y por tanto merecen un cuidado sensible. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han generado nuevas formas de violencia contra las mujeres y las niñas por razón de género. Conocida comúnmente como violencia digital, este tipo de agresiones se traducen en aquellas que son cometidas desde el espacio del internet y se distribuye a través de tecnologías de la información y la comunicación.
Esto se demuestra en el informe <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/MOCIBA/MOCIBA2022.pdf" target="_blank" rel="noopener">“módulo sobre ciberacoso 2023”</a> del INEGI, el cual arroja que la violencia de género en el mundo cibernético afecta al menos a nueve millones de personas. Este tipo de violencia, es solo una extensión de la que miles de mujeres enfrentan día con día en su entorno físico. Además, el rango de edad que oscila entre la población femenina afectada al respecto, es desde 12 a 29 años, mismas que han sido acosadas en un seis por ciento más que los hombres de la misma edad.
<a href="https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/violencia-cibernetica-contra-mujeres#:~:text=La%20violencia%20digital%20contra%20las,de%20la%20v%C3%ADctima%2C%20de%20sus" target="_blank" rel="noopener">¿Cómo se manifiesta éste tipo de violencia?</a> La forma más común es a través del acoso o abuso de medios digitales conocido como stalked. También encontramos el llamado grooming, que es un engaño principalmente pederasta, en el cual adultos se hacen pasar por niños a través de juegos y en redes sociales, con el fin de ganarse su confianza y después cometer abuso sexual. Existe el shaming, el cual consiste en emitir comentarios despectivos o burlas hacia los cuerpos de otras personas y el doxing (o “doxxing”), que implica revelar información verídica, sensible y confidencial para identificar a una persona en línea (desde su nombre, hasta datos financieros, por ejemplo) y posteriormente divulgarla al público sin el permiso de la víctima. Por último, el sexting, el cual es una manera de disfrutar la sexualidad y bajo diálogo consensuado puede llevarse a la práctica de manera segura; no obstante, llega a convertirse en violencia digital cuando este contenido se comparte sin consentimiento de las personas implicadas.
Especialmente esta última forma de violencia ha puesto en jaque al sistema judicial pues hace uso de técnicas “novedosas” como la inteligencia artificial, para modificar fotografías y videos de carácter íntimo-sexual al difundirlos. Con esto queda visible que tanto la comunidad internacional, como el Estado mexicano y sobre todo, las poblaciones vulnerables frente a este tipo de violencias nos encontramos ante nuevos retos de seguridad.
¿Qué puedo hacer o cómo puedo defenderme ante un caso de violencia digital en México? Hay formas legales de crear protección ante esta modalidad y es a través de la conocida Ley Olimpia. Una serie de reformas a los diversos códigos penales que existen en México, a través de las cuales se establece que el grabar o tomar fotos y/o video de personas sin su consentimiento (o a través de mentiras), la exposición, distribución, venta o difusión de las mismas (sean reales o simulados), serán consideradas actividades ilícitas.
Esta ley protege los derechos a la intimidad y al ejercer y disfrutar plenamente la sexualidad de las personas, sin temor a que su imagen quede expuesta. A pesar de su existencia desde el año 2020, no existía ningún caso documentado que se denunciara por modificación de contenido a través de la inteligencia artificial. Fue hasta 2023 que algunas alumnas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) denunciaron que uno de sus compañeros (y actualmente su agresor) se dedicaba a “robarles fotos de sus redes sociales” para después modificarlas con aplicaciones de inteligencia artificial (IA) y distribuirlas.
Lamentablemente, este no es el primer caso que aborda la modificación de contenidos íntimos sexuales con el uso de IA. <a href="https://elpais.com/economia/2023/09/19/mis_derechos/1695125490_270661.html" target="_blank" rel="noopener">En septiembre de 2023, en Almendralejo, España</a>, existió un caso que implicaba a veinte mujeres menores de edad y un grupo de veinte hombres adolescentes, los cuales robaron fotos de sus compañeras de clase para después modificarlas con un programa experto en inteligencia artificial que simula la desnudez con las características que el usuario indique en cada fotografía.
La forma de operar en ambos continentes es la misma, compañeros de escuela como victimarios, mujeres jóvenes como víctimas, la vulneración de la intimidad, la imagen y el libre disfrute de la sexualidad vulnerado por la modificación de fotos con ropa para “desvestirlas” virtualmente y lo que es todavía más deleznable usando la misma aplicación para modificar estas fotos. Estos indicadores muestran que los medios digitales están avanzando a pasos agigantados, resolviendo problemas pero también creando otros tantos que no se encontraban en nuestro radar y así la regulación de estas herramientas se han tardado en llegar.
Este tipo de violencia no solo es alarmante por el robo de la identidad, el uso de la imagen y su aprovechamiento económico por parte del perpetrador. <a href="https://mexico.unwomen.org/es/digital-library/publications/2023/03/violencia-digital-contra-las-mujeres-y-las-ninas" target="_blank" rel="noopener">Mayormente trae consigo un efecto paralizador</a>, pues impide que las mujeres y niñas disfruten de la participación plena e igualitaria en la vida pública y se genere un efecto intimidatorio o de vergüenza en sus ámbitos sociales, laborales y escolares al ser objeto de críticas o burlas de quienes las reconocen. El no considerar que estas actividades son violencia digital equiparables a la violencia física o psicológica es un grave problema, esto sin mencionar el sesgo de género en el desarrollo de las tecnologías digitales, en donde las mujeres y niñas se ven poco beneficiadas.
En el derecho internacional todavía no existe algún pronunciamiento en la materia, y aunque en México contamos con la Ley Olimpia, la IA no solo puede modificar fotos y/o videos, sino alterar la voz e incluso suplantar identidades, como ha sucedido con artistas y personas famosas. Urge hacer un llamado a sumar esfuerzos a nivel mundial con lo relacionado a la violencia digital, porque nuevamente las mujeres y niñas vuelven a ser, por estadística, las víctimas principales de esta violencia. No hay que olvidar que aún y cuando esta violencia se realice en el mundo cibernético, no deja de ser violencia. Lo virtual también es real y genera afectaciones en las víctimas, pues aunque sus cuerpos o caras no coincidan con las reales, estas modificaciones se encuentran íntimamente ligadas a la imagen de las personas y  se puede manifestar en afectaciones tangibles en lo cotidiano.
* Valeria Martínez es abogada y colaboradora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria A. C. (<a href="https://twitter.com/CDHVitoria" target="_blank" rel="noopener">@CDHVitoria</a>).

La nueva modalidad de violencia de género: Inteligencia Artificial

El acceso al agua potable y al saneamiento es uno de los derechos fundamentales para que las personas tengan un desarrollo humano deseable y una vida digna, por lo que es indispensable contar con las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento de este bien en cada región del mundo. No obstante, el acceso a este suministro es uno de los principales problemas en la agenda nacional e internacional de la defensa de los derechos humanos, debido al contexto actual que vivimos, aunado a factores como el cambio climático.
En México, esto se establece en el Artículo 4° constitucional, el cual menciona que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”. La periferia de la Ciudad de México y zonas conurbadas no sólo se enfrentan a problemas como la inseguridad o la falta de empleo, también atraviesan una crisis de acceso y suministro de agua potable, misma que se ha intensificado en los últimos años.
Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, es el ejemplo claro pues además de ser uno de los municipios con mayor población en el país, sufre un grave problema con el acceso a este bien vital, el cual afecta a 1,643,623 habitantes al día. Ante la falta de agua potable en este municipio, los mexiquenses con frecuencia se enfrentan a situaciones que merman el cumplimiento de este derecho universal: entre los cortes regulares del suministro -que van desde días e incluso meses- hasta la falta total del mismo, ocasionando con ello que el gasto para aprovisionar este servicio sea excesivo debido al contrato de pipas de agua particulares. Factores como la<a href="https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/red-de-agua-potable-en-ecatepec-cada-vez-mas-obsoleta-y-desgastada-continuan-fugas-de-agua-10933949.html" target="_blank" rel="noopener"> falta de abastecimiento del sistema Cutzamala</a>, la mala administración de los sistemas de agua en la zona y la falta de organización por parte de las autoridades para atender estas problemáticas causan el descontento de la población que exige respuestas y soluciones eficientes.
De acuerdo con los comunicados oficiales del Gobierno Municipal de Ecatepec, este fue uno de los municipios que se enfrentó a un recorte de abastecimiento del sistema Cutzamala durante la pandemia por COVID-19, argumentando que la falta de lluvias en el territorio había disminuido la capacidad del sistema; sin embargo, los registros apuntan que esta zona fue la única afectada dentro del área metropolitana durante 2020. Desde entonces, los recortes se han vuelto constantes, mismos que se han ido extendiendo a lo largo de la zona de manera paulatina; sin mencionar que en algunas comunidades la falta de agua llega a ser por meses.
Los habitantes de esta zona, incluyendo otras colonias como Tulpetlac y sus alrededores (que viven las mismas problemáticas), que se abastecen del tanque &#8211; oficial- que se encuentra ubicado en Cerro Gordo, Santa Clara, logran proveerse desde pozos autónomos que han sido sobreexplotados a pesar de la insistencia de pagar y que, aunque se insiste en que los vecinos realicen el pago por el servicio a tiempo.
Entonces, ¿qué y cuánto se necesita para subsanar esta deuda de agua en territorio mexiquense? En promedio, una persona necesita por lo menos 100 litros de agua al día para realizar sus actividades básicas. Esto quiere decir que para una familia promedio (de 5 integrantes), es necesario al menos 500 litros de agua para lograr dichas acciones, es decir, 3,500 litros de agua a la semana. Lo anterior evidencia la total desorganización de los responsables de los sistemas de agua potable, la falta de mantenimiento a las tuberías y el nulo interés de los gobiernos tanto del municipio como de muchos otros territorios, para dar soluciones prontas al respecto.
De acuerdo con testimonios de habitantes de Ecatepec de Morelos, los abusos y precios desmedidos que ofrece el servicio de pipas particulares causan que <a href="https://www.excelsior.com.mx/comunidad/falta-de-agua-en-ecatepec-vecinos-acusan-que-pipas-cobran-hasta-300/1565342" target="_blank" rel="noopener">el acceso a este bien vital sea selectivo</a>, pues cobran hasta 300 pesos por llenar un tambo de plástico de 200 litros, lo que representa dentro de los hogares, la imposibilidad de  realizar actividades básicas de higiene, cuidados y labores domésticas.
¿Cómo ha actuado el gobierno del Estado de México frente a la crisis del agua (al menos en Ecatepec)? A pesar de que el gobierno municipal ha gestionado la repartición de agua potable mediante pipas de agua potable sin ningún costo, estas han resultado ser insuficientes para la alta demanda del territorio. Esto debido a la repartición vecinal y por cuadras dentro de las colonias, sin contar las zonas de difícil acceso que merman e imposibilitan la distribución, como aquellas viviendas ubicadas en la parte alta de los cerros. Con esto, sumamos el factor infraestructura como determinante para garantizar un abastecimiento justo en el municipio.
Aún con los constantes bloqueos en las avenidas principales que buscan visibilizar la crisis de agua y su acrecentamiento, las soluciones paliativas que <a href="https://www.jornada.com.mx/notas/2022/07/25/estados/empiezan-a-perforar-cuatro-pozos-de-agua-en-ecatepec/" target="_blank" rel="noopener">el Gobierno Municipal de Ecatepec de Morelos, el </a><a href="https://www.jornada.com.mx/notas/2022/07/25/estados/empiezan-a-perforar-cuatro-pozos-de-agua-en-ecatepec/" target="_blank" rel="noopener">Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec (SAPASE) y la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) </a>han puesto en marcha, no han resuelto el problema. El acceso al agua potable se ha vuelto más que un derecho, un privilegio para los habitantes de la zona, quienes han puesto en práctica métodos como el reciclaje del agua de ducha o la captación de lluvia para lograr cumplir sus actividades diarias, en espera de la repartición de agua de acuerdo a la disponibilidad de pipas.
Para los habitantes de Ecatepec y demás zonas conurbadas en la periferia de la Ciudad de México, el presente se encuentra acompañado de una preocupación por la crisis de agua (potable y de uso humano), de una lucha constante por el acceso a una vida digna y de una búsqueda incansable hacia la visibilización de las consecuencias que tiene el desabasto de agua. Aunque se han acostumbrado a vivir limitados, la falta de acceso a agua potable representa un problema grave para el desarrollo humano. Derivado del cambio climático y demás factores socioambientales, la crisis del agua es inminente y ha comenzado a expandirse no solo en áreas conurbadas como la Ciudad de México y la zona metropolitana, sino a lo largo del país.
<a href="https://twitter.com/CDHVitoria" target="_blank" rel="noopener">@CDHVitoria </a>

¿Derecho al agua? Ecatepec a cuenta gotas

Desde siempre, las mujeres hemos participado en actividades que han aportado a la “reproducción” de la vida aunque sea poco reconocido. Actividades como la cosecha, la cría de animales, el cuidado de la tierra, el comercio de alimentos, aunado al trabajo asalariado y las labores del hogar, exponen que históricamente hemos cargado con dobles y hasta triples jornadas de trabajo. Es decir, que las labores domésticas y de cuidados dentro de los hogares se han normalizado bajo la condición de género. En mi familia, como en muchas otras, somos las mujeres quienes hemos tenido que asumir el trabajo doméstico, de cuidados y crianza dentro  del hogar; labores diarias que en nuestro día a día exponen dicotomías como hombres-mujeres, público-privado, trabajo asalariado-trabajo no remunerado.
De acuerdo a con <a href="https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/La-doble-jornada-laboral-de-las-mujeres-mexicanas-20230308-0033.html" target="_blank" rel="noopener">la directora de Oxfam México, Alexandra Haas</a>, en México “hay millones de mujeres que trabajan en la informalidad, no por deseo o decisión, sino por falta de oportunidades y por sobrecarga de cuidados. Ellas dedican 50 horas al trabajo del hogar, 2.5 veces más que los hombres”. Es así, como se minimiza el trabajo dentro de los hogares, pues elementos asignados por “naturaleza” a las mujeres como lo son las labores domésticas y los cuidados, continúan aportando a la economía del hogar. A pesar de que el <a href="https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2023/03/Ciudad-Defensora-23_digital.pdf" target="_blank" rel="noopener">cuidado es un derecho</a> y forma parte de los pactos y tratados internacionales, ha sido nuestro cuerpo-territorio el que ha resentido estas desigualdades sociales en la cotidianidad somos las mujeres quienes asumimos los costos que esto conlleva. 
Gracias a la lucha de las mujeres y a la <a href="http://www.redcuidadosmx.org/" target="_blank" rel="noopener">Red de Cuidados en México</a>, se ha dialogado al respecto con el Estado mexicano sobre el derecho al cuidado para generar políticas públicas, poniendo sobre la mesa diversos cuestionamientos: ¿existen los mecanismos y espacios para garantizar el derecho al cuidado? ¿Qué consecuencias enfrentan las mujeres cuidadoras a largo plazo?
Recordemos que el derecho al cuidado se divide en 3 dimensiones: Cuidar, ser cuidado y cuidar de sí. En este sentido <a href="https://oxfammexico.org/wp-content/uploads/2022/06/DICCIONARIO-DE-CUIDADOS_OXFAM_20junio.pdf" target="_blank" rel="noopener">Oxfam (2021)</a> señala que “Ya no hay duda de su importancia fundamental para preservar la vida y el bienestar [&#8230;]. Una sociedad más justa e igualitaria requiere reconocer que los cuidados nos benefician a todas las personas, y que somos capaces de detonar los cambios que se requieren para lograr mejores servicios y políticas de protección social, y una sociedad en donde hombres y mujeres compartamos las mismas responsabilidades, sin desequilibrios ni violencias”.  Lo que hace hincapié en la interrelación de este derecho con otros, tal como el derecho al trabajo, a la educación, a la salud integral o al ocio.
Ciertamente, el sistema capitalista y patriarcal en que vivimos no da cabida para que el derecho al cuidado sea una realidad palpable, mucho menos para que todas las personas participen en ello. Hablamos de una romantización, precarización, invisibilización, institucionalización y explotación estructural sobre las mujeres al obligarnos socialmente a ser responsables de actividades que deberían ser redistribuidas. Entonces, no sólo se trata de tomar medidas legislativas y presupuestales para garantizar el derecho al cuidado, sino retomar las propuestas y caminos recorridos de grupos y mujeres cuidadoras desde los sentires y saberes alternativos, incluyentes además, para la construcción de paz y la noviolencia. Esto desde el principio de interdependencia, una perspectiva que hace énfasis en superar la diferencia entre  cuidadora-persona cuidada y convertirla en un binomio relacional entendiendo que todos necesitamos de todos.
Recientemente, la Red Yo Cuido Latinoamérica, que la componen la <a href="https://www.facebook.com/asociacionyocuido" target="_blank" rel="noopener">Asociación Yo Cuido Chile</a>, <a href="https://www.facebook.com/asoc.yocuidoperu" target="_blank" rel="noopener">Yo Cuido Perú</a>, <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100088253081962" target="_blank" rel="noopener">Asociación Civil de Cuidados y Apoyos Múltiples en Red (Micelio)</a>, y <a href="https://www.facebook.com/yocuidomex" target="_blank" rel="noopener">Yo Cuido México</a>, presentaron una <a href="https://lnkd.in/gWy5jshx" target="_blank" rel="noopener">solicitud de opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)</a> acerca de “El contenido y el alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos”. Con base en sus experiencias al cuidar familiares con discapacidad, enfermedades poco frecuentes, diagnósticos crónicos, y de la tercera edad, señalan que “todas nosotras somos o hemos sido cuidadoras 24/7 (nos hacemos cargo 365 días al año, 24 horas al día, de una persona o más que requieren cuidados intensos, extensos y especializados debido a la edad, enfermedad o discapacidad), hemos abandonado nuestro proyecto de vida (escolar, laboral o personal) por la falta de servicios y políticas públicas del estado que nos asume como un medio (gratuito y feminizado) para ocuparse de lo que históricamente no ha querido atender: los cuidados”.
En la misma solicitud y, de acuerdo a un estudio de la CEPAL en 2022, al menos en 10 regiones de América Latina y el Caribe &#8220;cuantifican que este tipo de trabajo tiene un valor de entre un 15,9 % y un 27,6 % del PIB, y que en promedio, el 74 % de este aporte lo realizan las mujeres”. De allí la exigencia por la protección de sus derechos y la redistribución de las responsabilidades del cuidado. A pesar de esto, las experiencias de las compañeras de la Red resaltan la importancia del apoyo mutuo entre otras mujeres cuidadoras y aunque no son actividades remuneradas, ellas mismas distinguen lo valioso de su labor.
Es necesario cuestionar nuestras rutinas diarias, espacios y actitudes, así como situar las condiciones y realidades que viven las mujeres al momento de convertirse en cuidadoras, el desequilibrio relacional entre cuidar y ser cuidadas, además de la falta de tiempo para lograr el autocuidado utópico. Si bien existe el sesgo del género, las vulneraciones y opresiones pueden variar, incluso aumentar. Hay quienes nos encontramos más expuestas a las violencias por ser indígenas, rurales, afrodescendientes, con neuro divergencias, pertenecientes a la comunidad LGBTIQ o a grupos en situación de movilidad. Entonces, ¿qué necesitamos para asumir los cuidados más allá de una obligación del Estado, tomando en cuenta nuestras interseccionalidades y nuestro género? El derecho al cuidado nos concierne a todas las personas, para que las mujeres en sus diversas latitudes, puedan gozar de una vida digna y libre de violencias. 
* Esnayder González (<a href="https://twitter.com/AliciaEsnayder" target="_blank" rel="noopener">@AliciaEsnayder</a>) es colaboradora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria A. C. (<a href="https://twitter.com/CDHVitoria">@CDHVitoria</a>).

Mujeres y ¿el derecho al cuidado?

La desaparición forzada es uno de los graves problemas de derechos humanos en México. Conocer la historia de las desapariciones en México y otros países de la región es necesario para diferenciar de manera clara cuándo se trata de una desaparición, de un secuestro, de una privación ilegal de la libertad, ya que estos delitos, a pesar de ser distintos, tienen connotaciones similares.
La <a href="https://hchr.org.mx/cajas_herramientas/desaparicion-forzada/" target="_blank" rel="noopener">Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas</a> define la desaparición forzada como cualquier forma de privación de la libertad por agentes del Estado, grupos de personas o particulares que ocultan el paradero de la persona desaparecida. Esto se convierte en violación de derechos humanos cuando el gobierno no garantiza las condiciones de búsqueda y acceso a la justicia para quienes han sido sustraídos de sus familias y sociedad en general.
Se trata de un delito que ha persistido durante décadas y que, hasta el día de hoy, la búsqueda de justicia continúa luchando con factores como la delincuencia, la impunidad en el esclarecimiento de las investigaciones, la falta de acceso a la verdad y los riesgos que enfrentan aquellas familias que reclaman justicia para sus seres amados que no están con ellos. Esto resulta en una severa ola de violencia estructural, ya sea por parte del Estado o grupos criminales, y una considerable vulneración a sus derechos.
Las autoridades mexicanas han tomado algunas medidas para hacer frente a esta situación. Por ejemplo, el gobierno ratificó la <a href="https://www.corteidh.or.cr/tablas/r29729.pdf" target="_blank" rel="noopener">Convención Internacional para la protección de todas las personas contras las desapariciones forzadas</a>, lo que implicó la creación de <a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDFP.pdf" target="_blank" rel="noopener">la ley general sobre desaparición forzada</a>. Ello implicó la formación de Comisiones y Fiscalías Especializadas de Búsqueda. Sin embargo, los impulsos para proteger los derechos humanos de las víctimas, así como la forma de buscar, investigar y garantizar su acceso a la justicia, aún se encuentran en etapa de fortalecimiento y la aplicación de la ley sigue siendo deficiente.
Todos estos esfuerzos por frenar y erradicar las desapariciones forzadas, hay que decirlo, son el resultado de las demandas, luchas y presiones de los familiares y grupos de búsqueda. Hoy en día existen más de 60 <a href="https://memoriamndm.org/sobre-el-movndmx/" target="_blank" rel="noopener">colectivos de familiares</a> y grupos buscadores, entre ellos, el Colectivo Colibrí, Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos A. C, Guerreras Buscadoras de Sonora, Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, COFADDEM “Alzando Voces” por mencionar algunos. Estas comunidades no han cesado sus exigencias ante el Estado, al manifestar que éstas debían incluir medidas de cumplimiento gubernamental para establecer vías de acción efectivas y garantizar que las instituciones pertinentes cumplan con sus obligaciones, poniendo la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición como ejes rectores en su trabajo.
Las alternativas que la sociedad civil ha encontrado para llegar a la verdad de estos casos han sido fundamentales. Así pues, la autogestión y organización colectiva han logrado aumentar las capacidades de los grupos de búsqueda en distintos rubros; desde el estudio de ciencias de la tierra para encontrar fosas, hasta formas de lucha social y política que permiten identificar problemas comunes y formas para combatirlos. Debemos tener en cuenta que la falta de acciones y respuestas de los órganos de justicia en México han llevado a los grupos familiares y de búsqueda a hacer uso de las Acciones Urgentes (AU), las cuales son solicitadas ante el CED (Comité Contra la Desaparición Forzada) y se han convertido en una herramienta fundamental para continuar los procesos, pues el objetivo de las AU es brindar alternativas de búsqueda, investigación y localización sobre personas desaparecidas, a petición de sus familiares o representantes legales.
Los casos al respecto son innumerables en el país. Una de las tantas batallas que existen en relación a este tema es la de <a href="https://animalpolitico.com/sociedad/onu-mexico-desaparicion-forzada-yonathan-mendoza" target="_blank" rel="noopener">Yonathan Mendoza</a>, un joven de 17 años que desapareció a manos de la policía estatal de Veracruz, policía Naval (adscritos a la secretaría de Marina), misma que no fue investigada en su momento y dejó graves omisiones en la indagatoria. Lo anterior, a pesar de que su familia llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se pudo resolver un amparo (en revisión 1077/2019) por el cual se reconoció la necesidad de Acciones Urgentes antes mencionadas, con el único fin de que las autoridades mexicanas realizaran las investigaciones correctamente.
Con base al último informe sobre estas peticiones, del 2012 al 2023, México ha registrado un total de 589 personas en calidad de desaparición, lo que representa el 36 % de casos contemporáneos referidos con solicitud de acción urgente. Cabe recalcar que en ese mismo informe se encuentran un porcentaje importante de defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas y activistas, motivo que continúa preocupando al comité y a las organizaciones internacionales.
Es importante entender que ninguna desaparición humana debería ignorarse, ni por la sociedad ni mucho menos por las instancias gubernamentales. Todas estas personas que hasta el día de hoy están ausentes, merecen ser buscadas, nombradas y no convertirse en una cifra más. No tendría que ser obligación de la ciudadanía exigir al Estado el cumplimiento de sus funciones y obligaciones en materia de derechos humanos. Por ende, la presión ejercida desde la sociedad civil es primordial pues incentiva cambios para lograr una vida digna, mantener la lucha y la esperanza.
* Giovanni Alcantara Marin es abogado y colaborador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria A. C. (<a href="https://twitter.com/CDHVitoria" target="_blank" rel="noopener">@CDHVitoria</a>).

¿Qué está haciendo México en materia de desaparición forzada?

Hablemos de violencias graves contra las mujeres. En México, la palabra feminicidio es una derivación del término inglés feminicide, implica privar de la vida a una mujer por razón de género y aparece prohibido oficialmente en el código penal federal hasta el año 2012. No obstante, desde principios de la década de los 90, se difundieron las primeras muertes violentas en Ciudad Juárez, Chihuahua, junto con la exposición de los cuerpos sin vida en lugares públicos.
Actualmente, se ha legislado bastante sobre ello, por lo que existen ciertos lineamientos para catalogar como tal este crimen; pero en un país donde diariamente al menos 11 mujeres son asesinadas, los delitos asociados continúan siendo invisibilizados y la impunidad es un común latente. Esto último nos invita a cuestionar si las y los funcionarios públicos encargados de llevar estos casos realmente están preparados para brindar justicia, ¿y qué necesitamos para reaccionar frente a las graves violencias de género en el país?
A menudo escuchamos prejuicios respecto al género como “mira cómo anda vestida” o “es su culpa por beber y andar sola de noche”; estigmas sociales que han entorpecido, incluso frenado investigaciones penales por considerar a la víctima “provocadora”. Esto, sin mencionar las afectaciones que recaen directamente sobre las familias, quienes resultan ser otras víctimas de estos delitos; personas con todo el derecho a ser respetadas y atendidas con diligencia y dignidad en todo momento, pues su peregrinar es largo en espera de hacer justicia.
El<a href="https://www.animalpolitico.com/sociedad/asesinato-danna-bc-feminicidio-violencia?fbclid=IwAR0TS_jjCI3iWaoEG5xF2_8tpC_LNvELGuj9mc9Xy6dpmezaNauUbRWHziE" target="_blank" rel="noopener"> caso de Danna Reyes</a> (2020) expone lo antes mencionado: una joven de dieciséis años privada de la vida con extrema violencia por tres agresores. Ante esto, el entonces fiscal de Baja California, Guillermo Ruiz Hernández, se negó a investigar el suceso como feminicidio, emitiendo juicios de valor al manifestar que la víctima contaba con tatuajes en todo su cuerpo, entonces “quizá se lo merecía”. Ello provocó que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California y otros organismos en defensa de los derechos humanos exigieran la no revictimización ni estigmatización a las víctimas de estos delitos.
Además de los estigmas sociales, hoy en día encontramos que son las familias (y ahora víctimas indirectas) quienes han tomado las riendas sobre el ejercicio de búsqueda y exigencia de justicia. Quienes encabezan las investigaciones y aportan elementos clave para robustecer las carpetas con evidencias contundentes e incluso lideran las indagaciones complementarias, mismas que permiten vincular los procesos con posibles agresores. Aun así, la negligencia y la impunidad son factores que siguen latentes en las investigaciones referentes a estos temas.
Muestra de ello es el <a href="https://m-x.com.mx/entrevistas/el-feminicidio-que-pudo-evitarse-madre-de-montserrat-acusa-omisiones/" target="_blank" rel="noopener">caso de Monserrat Juárez</a>, privada de la vida por su expareja en 2023, quien además intentó desaparecer su cuerpo. Un feminicidio que pudo haberse evitado, ya que un año atrás el padre de la víctima había levantado una ficha de búsqueda por su desaparición. Pese a esto, bastó con una llamada de Monserrat donde manifestaba “estar bien&#8221; para que la ficha fuera dada de baja, sin verificación previa. La negligencia de las autoridades permitió que Monserrat volviera al espacio donde sería encontrada sin vida meses más tarde: la casa de su agresor, el mismo domicilio y su pareja como probable responsable.
La historia de Montserrat no es la única. El contexto de machismo normalizado, el poco manejo de protocolos de atención, capacitaciones deficientes y la poca confianza que la sociedad tiene al denunciar, han abonado a que sea complejo para la población femenina salir de círculos de violencia.
¿Por qué la pertinencia de incluir en estas prácticas la perspectiva de género? De inicio, es una herramienta fundamental para la investigación y resolución de casos donde está presente cualquier signo de violencia, pues permite interrumpir estas ideas permeadas desde estereotipos normalizados, hasta el entendimiento del contexto social de las víctimas. En 2023 la fiscalía de la CDMX manifestó la reducción de manera considerable en materia de feminicidios en la ciudad. Esto es un avance importante, aunque quedan esfuerzos por redoblar. Así lo deja ver el informe de ese mismo año presentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual resalta la reincidencia de Ciudad Juárez como la ciudad con más feminicidios.
La perspectiva de género es una metodología que ayuda a identificar y cuestionar la desigualdad social y cultural que se crea a partir de diferencias biológicas existentes entre hombres y mujeres. Una vez identificadas, se buscan emprender acciones que permitan modificar estas desigualdades. En muchos casos, si este enfoque fuera aplicado al momento de investigar y/o juzgar, se podrían entender las relaciones de poder que existen entre agresores y víctimas, el contexto social que permitió (o no) actuar a la víctima de cierto modo y de qué manera dar resoluciones justas.
¿Qué pasa cuando factores como la ignorancia, la apatía y la desarticulación de la sociedad, provocan el desinterés de atender bajo esta visión? Lo anterior es notable incluso en espacios como el poder judicial, cuando las juezas y los jueces continúan renuentes a juzgar desde el género, aún con la existencia de protocolos, jurisprudencias y criterios relevantes en la materia. Es necesario aprender a analizar no solo lo que obra en las carpetas de investigación, sino el contexto de cada víctima, lo que no se palpa de cada caso; leer entre líneas cada hecho suscitado, tomando en cuenta las relaciones asimétricas entre víctima y agresor, o bien, las relaciones de confianza que son violadas al momento de cometer los ilícitos.
Finalmente, la critica que se puede realizar al sistema jurídico mexicano relacionado con estos temas recae en la urgencia de apostar mucho más por una cultura de prevención, detección y el tratamiento de delitos que han resultado ser la antesala del feminicidio: la violencia familiar, el acoso, el abuso sexual, la violencia vicaria y el resto de los delitos de género. Optar por nuevas políticas públicas que vayan encaminadas a fortalecer los modelos de capacitación para la detección oportuna de agresiones en las instituciones educativas de nivel básico y media superior, en territorios vulnerables donde los delitos son mayores, que permitan reconocer y evitar a tiempo estas violencias, podría ser una vía de acción.
* Valeria Martínez, abogada y colaboradora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria A. C. (<a href="https://twitter.com/CDHVitoria" target="_blank" rel="noopener">@CDHVitoria</a>).

Hablemos de feminicidios: el sistema penal mexicano vs la perspectiva de género

Hoy recordamos con impotencia el caso de Marisela Escobedo, enfermera, madre y activista, mujer que buscó justicia por el feminicidio de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo, asesinada por su entonces pareja Sergio Barraza en Ciudad Juárez, Chihuahua, en agosto de 2008. A trece años de su asesinato, ponemos sobre la mesa uno de los casos más significativos en materia de feminicidio. Hecho que, además, conjugó un sin fin de elementos que exhibieron las alianzas y corrupciones del Estado mexicano, permitiendo así un debate que cuestiona la impunidad a la que como sociedad nos enfrentamos, así como la colusión entre fiscalías y la presencia de grupos delictivos en estos procesos.
En  agosto de 2008, Marisela reportó ante la fiscalía del Estado de Chihuahua a su hija Rubí de 16 años como desaparecida y no solo tuvo que enfrentarse a la preocupación del momento, sino también a la ineptitud y revictimización de servidores públicos, quienes lejos de ayudar cuestionaron cómo una madre fue capaz de permitir que su hija se fuera con su novio 9 años mayor que ella, Eso fue solo el comienzo de una incesante lucha que dio pie a un movimiento contra los feminicidios en el país y que, a la fecha, seguimos conmemorando.
A pesar de tener pruebas en su contra, y un importante testigo anónimo que inculpaba a Sergio Barraza por este feminicidio, Barraza fue detenido hasta 2009 por delitos contra la salud y, ante los nervios por la situación, confesó haber privado de la vida a su expareja, Para el mes de junio ya había una declaración suya, en la que confesó incluso el lugar exacto donde había enterrado a su víctima. Pese a la información obtenida, la fiscalía de Chihuahua no pudo comprobar el delito y Barraza fue liberado meses después. Una vez más las fallas del sistema judicial se hicieron presentes, lejos de apelar a la justicia y protegernos, mostró el nivel de corrupción que existe en el país.
La sorpresiva decisión de los jueces de absolver al acusado movilizó no solo a Marisela (quien en su búsqueda de justicia presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos), sino a todo México, haciéndonos cuestionar ¿qué más que la declaración del asesino para hacer justicia? Ante esta situación, la CNDH emitió en 2010 la <a href="https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Recomendaciones/2013/REC_2013_044.pdf" target="_blank" rel="noopener">recomendación 44/2013</a> al entonces gobernador de Chihuahua, César Duarte Jéquez, por una indebida procuración de justicia en perjuicio de la activista y tres personas más víctimas del delito.
Aún denunciando las diversas amenazas por parte de Barraza, quien para ese momento ya pertenecía al grupo del crimen organizado conocido como ‘‘Los Zetas’’, el 16 de diciembre de 2010 Marisela fue asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua por José Enrique Jiménez Zavala ‘‘El Wicked’’, cuando realizaba una protesta pacífica,
La CNDH señaló diversas violaciones a los derechos humanos que sufrió Marisela: el derecho a la verdad, a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la procuración de justicia y al trato digno son algunos de ellos. Años después, en marzo del 2022, se instaló un memorial  en honor a Marisela y su lucha en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (CEDEHM). Cada  año, la comunidad rinde homenaje a la batalla incansable de Escobedo en busca de justicia. ¿Su delito? Las ansias de una madre por esclarecer el feminicidio de su hija, despertar al pueblo y elegir un camino para combatir la injusticia y la impunidad por vías propias.
Este caso fue y es recordado por las deficientes capacidades del Estado en cuanto a la resolución de conflictos, por la negligencia de las autoridades y por orillar a los familiares a realizar la búsqueda de sus seres queridos de manera independiente. Actualmente existen diversos colectivos de madres que buscan a sus hijas, hijos y familiares, sin embargo estas redes carecen de herramientas y ayuda por parte del Estado. Los agravios a los derechos humanos suele verse como en efecto dominó, pues al violar uno muy posiblemente se estén faltando a los demás. En ese sentido, casos de violencia y feminicidio como éste -que implican un activismo y difusión “incómoda” al evidenciar el mal manejo de las autoridades al respecto- vienen acompañados de desapariciones o desplazamientos forzados. Recibir múltiples amenazas, tener que abandonar su hogares, garantizar su seguridad, además de enfrentarse constantemente a la revictimización por parte de los medios, la tergiversación de la información y la poca solidaridad de la sociedad, son acciones que viven día a día las personas que buscan justicia aún sin respaldo de las autoridades.
Un Estado que se supone debe protegernos está en obligación de capacitar y formar a agentes e instituciones con capacidades en atención a víctimas del delito y fortalecer los mecanismos en el sentido de reparación y no repetición, brindando seguridad integral en el camino hacia la búsqueda de la verdad.
La incansable lucha de Marisela nos demuestra que la justicia es un privilegio. Rubí no es un caso aislado, 11 mujeres son asesinadas al día en México y Ciudad Juáres es una de las ciudades con más alto índice de feminicidios. Vale la pena recordar a las muertas de Juárez, aquellas víctimas de violencia antes de nombrarse feminicidios. La sociedad y el Estado mexicano le debe mucho a Marisela Escobedo Ortíz, que a pesar de no ver justicia en vida ni recibir un trato digno,  inspira a miles de mujeres a alzar la voz y exigir el derecho a la justicia, la verdad y la vida.
<a href="https://twitter.com/CDHVitoria" target="_blank" rel="noopener">@CDHVitoria </a>

Justicia e impunidad: a trece años del asesinato de Marisela Escobedo

En la actualidad, hablar de “discapacidades&#8221; resulta controversial. Mucho se ha dicho sobre las formas “correctas e incorrectas” para enunciarlas; si debe hablarse de “discapacidades” o “capacidades diferentes”, por ello, lo aquí reflexionado se situará bajo la idea de personas con diversidades funcionales, la cual permite reconocer desde una perspectiva integradora las diferentes realidades al respecto. Todo esto, sin apuntar de manera negativa aspectos motrices, sensoriales o intelectuales.
Bajo los estigmas sociales, las personas con diversidades funcionales se han enfrentado históricamente a prejuicios que las colocan bajo una mirada capacitista, que divide a los cuerpos humanos en normales y anormales, segregando, minimizando e invalidando a los cuerpos que no encajan en el molde “funcional” a favor del sistema capitalista del que hacemos parte. Por otro lado, encontramos temas importantes como la discriminación y las dificultades a las que a diario se enfrenta esta población: la falta de inclusión en inmuebles, oportunidades laborales, etc. Abonando a lo anterior, poco se habla de un aspecto importante inherente a cualquier persona: el desarrollo libre de la sexualidad.
La sexualidad, según el <a href="https://observatorio.tec.mx/edu-news/la-importancia-de-la-educacion-sexual/" target="_blank" rel="noopener">Instituto Para el Futuro de la Educación</a>, es entendida como una parte fundamental en la vida de las personas, la cual nos permite relacionarnos con otras y otros a partir del conocimiento del cuerpo y nuestra relación con éste. Incluye la creación de lazos afectivos, el género, la identidad de género, la orientación sexual, la intimidad, el placer y la reproducción. Forma parte de cada uno de nosotros y nosotras, pues desde un inicio al nacer con genitales masculinos o femeninos  se establece  la primera diferencia que nos atravesará el resto de nuestra existencia.
A lo largo de la vida, desde temprana edad experimentamos diferentes formas de expresiones sexuales; al sentir curiosidad por conocer nuestros cuerpos o durante la niñez donde creamos grupos de amigos o amigas en función del género. Qué decir de la adolescencia, cuando vivimos los primeros destellos del enamoramiento o la frecuencia con que tenemos prácticas de exploración sexual. Es durante esta etapa donde surge el interés por las relaciones sexuales y en la adultez suele tenerse una vida sexual activa, pero ¿las personas con diversidades funcionales tienen la oportunidad de vivir estas experiencias con la misma libertad que otros y otras?
Es necesario hablar de la visión que se tiene sobre este sector de la población en las sociedades contemporáneas, donde los discursos apuntan a una narrativa incluyente y equitativa, pero que -al mismo tiempo- legitiman discursos violentos que infantilizan, revictimizan, vulneran e invalidan a estas personas. Claro que bajo una perspectiva capacitista que fomenta la discriminación y exclusión al calificar sus cuerpos y diversidades funcionales desde una mirada capitalista, la cual prioriza la productividad y la fuerza de trabajo.
Uno de los estigmas que recaen sobre las personas con diversidades funcionales apunta que la necesidad de cuidados permanentes para realizar acciones diarias es una razón para suponer, erróneamente, que no presentaran un desarrollo mental, físico e intelectual a lo largo de su vida. Verlas como los “eternos niños o eternas niñas” invalida sus necesidades, deseos, decisiones. El uso de adjetivos como “angelitos” o  “seres inocentes”, que con frecuencia se usan para nombrar a las infancias, solo abonan a los discursos discriminatorios y excluyentes al suponer que estas personas son incapaces de cometer acciones moralmente cuestionables o reprobables. Dicho discurso, además de perpetuar el capacitismo, las coloca en una posición compleja respecto a sus funcionalidades y el derecho a ejercer una sexualidad libre y digna.
Entonces, colocar a las personas con capacidades funcionales diversas bajo este estereotipo, resulta problemático porque les quita libertad de elección en torno a temas sexuales. El estigma social produce que sean personas a las que no se les permite tener deseos sexuales de ningún tipo; esto, bajo el supuesto de que las capacidades que presentan les impiden desarrollarse en los diferentes ámbitos de la vida, sobre todo uno que implica un nivel de consciencia en la toma de decisiones sobre su propio cuerpo.
Por supuesto, para esta población se vuelve difícil explorar con dignidad y libertad lo referente a estos temas, debido a que se enfrentan a cargas morales que imposibilitan un desarrollo sano al respecto. Esta suerte de “tabú” implica que, además, rara vez se brinde información personalizada sobre los derechos sexuales de los cuales gozan o de las múltiples formas en que pueden llevar a cabo prácticas sexuales sin poner en riesgo su integridad.
Es de suma importancia cambiar la visión sesgada, llena de prejuicios y estigmas sociales que aún existe y fomenta las desigualdades en torno a las personas con diversidades funcionales. Dar apertura y fomento a los derechos sexuales, desde una perspectiva incluyente, equitativa e integral, les brindará herramientas que les permitan conocer formas de relacionarse sexo-afectivamente, así como acceder a un panorama de sentires y experiencias que les fueron limitados por su “condición”.
Por último, enfatizar que las personas con diversidades funcionales no necesitan el permiso de sus cuidadores, tutores o de la misma sociedad para poder ejercer su sexualidad de manera libre, sana e informada.
* Katya Michel Maestro Huerta es colaboradora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria A. C. (<a href="https://twitter.com/CDHVitoria" target="_blank" rel="noopener">@CDHVitoria</a>).

¿Derecho a la sexualidad? Diversidades funcionales y estigmas sociales

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, conmemorado el pasado 25 de noviembre, recordamos a todas aquellas compañeras víctimas de un sistema que, por décadas, ha vulnerado sus derechos no sólo universales, sino políticos. Históricamente hemos sido parte de un proceso en el que se ha trabajado por crear un enfoque interseccional en materia de perspectiva de género. Actualmente y con las próximas elecciones en camino, reconocer el valor de las mujeres en diferentes ámbitos, nos ayuda a reflexionar que no solo las masculinidades forman parte de la toma de decisiones en un Estado-Nación. Posicionar además, a la población femenina como sujetas de derecho y agencia, en vías de construir un país donde permee la justicia social.
Según las estadísticas del <a href="https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/#:~:text=En%202021%2C%20a%20nivel%20nacional,lo%20largo%20de%20su%20vida" target="_blank" rel="noopener">Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),</a> el 70.1 % de las mujeres en México han sido violentadas a lo largo de su vida, ya sea física, sexual, psicológica, emocional, política e incluso patrimonialmente. Nombramos la violencia política porque es importante situar que, en materia electoral, la representación de las mujeres dentro de estos espacios se dio hasta <a href="http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100698.pdf" target="_blank" rel="noopener">1953 con su derecho al voto</a> (y simbólicamente se reconoció su agencia en la toma de decisiones federales y dentro de las candidaturas a puestos populares). Sin embargo, la representatividad real se dio tiempo después. Por ejemplo, en 1954, Aurora Jiménez de Palacios fue la primera diputada federal (por Baja California) en la historia de México. Posteriormente, hasta 1964 aparecieron las primeras senadoras electas: María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia. Finalmente, encontramos a la primera mujer gobernadora hasta 1979 con Griselda Álvarez por el estado de Colima.
Pero ¿qué es y de donde surge la violencia política? Gran parte de demeritar nuestra incidencia en espacios políticos fue normalizado por el sistema patriarcal al que pertenecemos. Entonces, crear estigmas sociales machistas e incapacitar arbitrariamente a las mujeres para ejercer cargos públicos abona a una ideología sexista que permite y normaliza juzgar o menospreciar por género, sexualidad, ideología o estándares impuestos desde las heterónomas. Si bien no toda la violencia política es de género, es necesario identificar cuando sí lo es. Por ejemplo, cuando existe un impacto significativo frente al desarrollo de las actividades entre un hombre y una mujer que ejercen las mismas responsabilidades, o bien, en la que de manera desproporcionada existen favoritismos.
La misoginia no distingue género y por mucho tiempo en estos entornos ha estado normalizada. Hoy, tras el trabajo de visibilización de las mujeres y la sociedad civil, se sanciona a quienes cometan estos tipos de agravios. Sin embargo, el proceso al respecto es complejo y no siempre justo. Uno de los ejemplos más sonados es el caso del diputado del Partido del Trabajo (PT) <a href="http://tetlax.org.mx/condena-oppmt-comentarios-del-diputado-federal-gerardo-fernandez-norona/" target="_blank" rel="noopener">Gerardo Férnandez Noroña</a>, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que ejerció violencia política de género en contra de la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Adriana Dávila Fernandez. Son muchos los casos en que la justicia no es reparativa para quienes sufren estas agresiones. Resulta incluso indignante que los casos relacionados ejercidos entre mujeres se vuelven más mediáticos.  Muestra de ello fueron los comentarios de <a href="https://tribunacampeche.com/local/2023/03/17/sancion-a-lilly-tellez-tras-queja-de-layda/" target="_blank" rel="noopener">Lili Téllez hacia Layda Sansores</a> referidos a su apariencia física.
Los ejemplos anteriores, dan cuenta de la urgencia por combatir este tipo de violencia, pues ha sido parte de una de tantas brechas de desigualdades a las nos hemos enfrentado. Escuchar constantemente que las mujeres no pueden llegar a ocupar cargos públicos mediante sus propias capacidades, además de ser humillante, recae en un discurso revictimizante, pues se nos siguen cuestionando nuestras capacidades. Aunque existe un padrón que a la fecha lleva un total de 314 personas sancionadas, entre 59 mujeres y 255 hombres, la realidad es que no todas las personas relacionadas son sancionadas.
A un año de las elecciones es necesario reconocer el trabajo de las mujeres que forman parte de la toma de decisiones en la política que, sin un discurso violento, ponen sobre la mesa reformas que nos ayudan a seguir reconociendo nuestros derechos o leyes con las cuales podemos ampararnos en caso de sufrir algún tipo de agresión. Resalta el trabajo logrado en estos temas como la Ley Olimpia (2018) o la recién aprobada Ley Ingrid (2022).
En México contamos con una reforma constitucional en materia de igualdad y paridad de género; empezar a reconocer plenamente nuestros derechos políticos y electorales es parte fundamental de un proceso constructivo, para un legado que tome en cuenta nuestra participación en espacios públicos y políticos.
Dentro de las acciones internacionales, continuar en la construcción de ambientes libres de desigualdades (no solo políticos sino de cualquier ámbito) es pieza sustancial para reducir significativamente los impactos que genera la violencia.  En esta participación es crucial incrementar la agendas públicas con perspectiva de género, los mecanismos que fortalezcan las capacidades de defensa de los derechos de las mujeres y, sobre todo, incentivar la participación y opinión política de las mujeres desde las infancias, pueblos originarios, comunidades afromexicanas y poblaciones en constante vulnerabilidad. De esta forma se busca brindar a cada una el acceso a la libre información, sea o no política/electoral, y garantizar que de manera oportuna puedan intervenir en procesos directos de su comunidad respetando sus derechos.
El camino rumbo a una sociedad libre de violencias es un trabajo que nos compete a todas y todos. En cuanto a las desigualdades sociales desde el género, se vuelve elemental manifestar nuestra inconformidad, hacer que nos tomen en cuenta y sobre todo, que no se pongan en duda nuestras capacidades y aptitudes. Continuar  en la construcción de espacios desde y para nosotras nos abre caminos para liderar de manera segura las problemáticas y opresiones que como grupo social (y para todos aquellos normalmente vulnerados) nos atraviesan, apuntando a soluciones sólidas ante los efectos sistémicos que se han producido por décadas y que nos han obstaculizado el proceso para alcanzar condiciones socialmente justas.
* Itzel Dolores es colaboradora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria A. C. (<a href="https://twitter.com/CDHVitoria" target="_blank" rel="noopener">@CDHVitoria</a>).

Mujeres, política y violencias

Vivir la paz resulta cada vez tan ambigüo como azaroso, pero ¿qué es la paz? Para Galtung, existen dos tipos: 1) la paz positiva, que surge como respuesta a la violencia directa, estructural y cultural. Reconoce la existencia del conflicto y profundiza en soluciones situadas para resolverlos y así mejorar la calidad de vida, y 2) la paz negativa (que considero es la que más experimentamos) aquella que se entiende desde dicotomías como paz-guerra o buenos-malos, y se legitima en el uso de la fuerza estatal frente a los ataques externos. Se expresa mediante el uso de la violencia que puede ser “hacia adentro”, causando represión social y “hacia afuera”, reproducido en las guerras (como sucede en Palestina, Ucrania, entre otros).
Profundicemos en la paz negativa y lo acontecido en Chiapas. El pasado 5 de noviembre, el <a href="https://animalpolitico.com/estados/ezln-municipios-autonomos-juntas-gobierno-crimen-organizado-chiapas" target="_blank" rel="noopener">Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)</a> emitió un <a href="https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2023/11/05/cuarta-parte-y-primera-alerta-de-aproximacion-varias-muertes-necesarias/" target="_blank" rel="noopener">comunicado</a> en el que dio a conocer la desaparición de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ) y las Juntas de Buen Gobierno. En el texto señalan que no pueden contar con los gobiernos estatales, mucho menos locales, ya que: “Las presidencias municipales están ocupadas por lo que nosotros llamamos “sicarios legales” o “Crimen Desorganizado”. Hay bloqueos, asaltos, secuestros, cobro de piso, reclutamiento forzado, balaceras. Esto es efecto del padrinazgo del gobierno del estado y la disputa por los cargos que está en proceso. No son propuestas políticas las que se enfrentan, sino sociedades criminales”. Esto vuelve aún más complicado pensar en construir paz y debe ser motivo para activar las alertas de los organismos internacionales, organizaciones civiles y gobierno federal.
La creación del ELZN <a href="https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/94112/CONICET_Digital_Nro.f1a1789b-ab5e-4c5d-8ee2-60f37d0216b7_X.pdf?sequence=5&amp;isAllowed=y" target="_blank" rel="noopener">surgió para frenar el saqueo por parte de las oligarquías a las comunidades originarias</a>. Actualmente se suma un aliado a este último, “las sociedades criminales”. Esto nos permite reconocer que estamos en una etapa en donde se han profesionalizado las redes de narcotráfico (y todo lo que esto conlleva) en vinculación (descarada) con gobiernos, empresas y con las mismas comunidades. Se han normalizado los ataques de violencia a plena luz del día, ¿qué cultura estamos experimentando en la sociedad? ¿Qué estamos promoviendo entre las juventudes y niñeces? Es preocupante mirar cómo en los enfrentamientos armados se cobran las vidas de diversas juventudes. Así mismo, lo observamos en el reclutamiento forzado de niñeces y personas principalmente en situación de movilidad.
Lo que sucede en Chiapas es la clara expresión de la violencia y el juego de poderes que se vive a nivel nacional, y que además, se extiende en toda América Latina y el mundo. Ya no basta con que el Estado conforme “una guardia nacional” (forma de paz negativa) y que da pie a que el crimen organizado también legitime sus acciones (uso de la fuerza), pues muchas personas son parte de éste último con la aspiración de tener una mejor calidad de vida. Es importante analizar a manera de paz positiva este asunto, partir del <a href="http://contraviol.unah.edu.hn/index.php/que-es-contraviol/conociendo-las-violencias" target="_blank" rel="noopener">reconocimiento de las violencias</a>, cuestionar la distribución del poder y los recursos con el fin de contrarrestar las desigualdades. Al respecto, recordamos la “<a href="https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/25939" target="_blank" rel="noopener">paz transformadora</a>” que emerge cuando, además de atender las propias necesidades, reconocemos que otros también las tienen; entonces, la solución se vuelve colectiva, como una danza de conciencias compasivas.
Es sustancial que México reconozca que existe una guerra interna para no sólo sobrellevarla. Crear una sociedad libre de violencias requiere responder a la complejidad de la vida, lo tangible e intangible, podríamos decir alma, mente y cuerpo. Para ello, es imprescindible conocer y aplicar procesos de justicia restaurativa. Métodos como la <a href="http://portal.amelica.org/ameli/journal/377/3771835008/movil/" target="_blank" rel="noopener">memoria encriptada</a> propuesto por la Dra. Dennis Dussán Márquez (profesora de la Universidad de la Amazonia en el Caquetá, Colombia), quien menciona que es necesario rescatar la memoria individual y disponerse a construirse con otras memorias para así abonar a la verdad histórica. Ya lo menciona Raimon Panikkar: &#8220;No hay paz exterior, sin paz interior”.
La apuesta es integrar una perspectiva en donde todas las personas nos abramos a la diversidad de realidades, esto nos permitirá cuestionar nuestros privilegios. Será a partir de una <a href="https://www.redalyc.org/pdf/1430/143050607008_2.pdf" target="_blank" rel="noopener">comunicación intersubjetiva</a> que incluya las pretensiones de validez descritas por Jürgen Habermas -como inteligibilidad, aceptabilidad, veracidad y normatividad- como podrían llegarse a acuerdos racionalmente motivados, en donde la paz positiva sea fomentada a partir del cuestionamiento personal y colectivo: ¿cómo afecta lo que hago a mi alrededor? y ¿cómo lo que pasa alrededor me afecta a mí? Es decir, partir del ser y estar en el mundo y no desde fundamentalismos o dogmas, pues cuando impedimos que los demás atiendan sus auténticas necesidades, propiciamos violencias y nos violentamos también. Somos mandalas, interdependientes.
Caminar en paz nos invita a repensarnos constantemente en nuestro andar, necesitamos bajar, comenzar a sanar en colectivo y evidenciar los dolores. En este caso, el Estado debe promover y sostener los procesos sin inferir en ellos. La efectiva promoción de la paz positiva es una tarea urgente para México y el mundo. Además, hablar de la esperanza es importante, pues quienes nos antecedieron nos han mostrado que es posible construir espacios seguros, ya plantaron los árboles de los que disfrutamos su sombra, dignificaron las relaciones y nos enseñaron formas de vida no violentas como el <a href="https://laliniciativablog.wordpress.com/2015/01/06/sumak-kawsay-el-buen-vivir-y-sus-13-principios/" target="_blank" rel="noopener">Sumak Kawsay</a> o Lekil Kuxlejal (Buen Vivir), que implica primero saber vivir y luego convivir. Al final, hago reconocimiento a las autoridades de las Juntas de Buen Gobierno, quienes han hecho vida el mandar obedeciendo, una forma de hacer política no violenta a partir de los siete principios: servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, bajar y no subir.
* Esnayder González es colaboradora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria A. C. (<a href="https://twitter.com/CDHVitoria" target="_blank" rel="noopener">@CDHVitoria</a>).

Las sociedades criminales y la paz que necesitamos

Cada 16 de octubre se conmemora el <a href="https://www.fao.org/world-food-day/about/es" target="_blank" rel="noopener">Día Mundial de la Alimentación</a>. Dicha celebración fue proclamada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés) con el objetivo de reconocer la importancia del sistema alimentario para atender los problemas derivados con su producción y redistribución. Si bien dicha conmemoración parte de una mirada poco integral sobre el tema alimenticio en el mundo, ha dado pie para reflexionar sobre lo que consumimos hasta el día de hoy.
Es necesario recordar que desde la creación de la FAO, y pese a sus esfuerzos para lograr hacer frente a los problemas alimenticios, no se han tomado en cuenta los fallos estructurales que se derivan de éstos. Esto ha frenado la transición hacia un ciclo de alimentación amigable con la naturaleza, de calidad, asequible y saludable para todas las personas.
Los estragos de la pandemia por COVID-19 siguen causando efectos en el contexto actual, sobre todo en el marco económico y laboral. Tener presente estos factores es importante porque atraviesan de manera directa los procesos alimentarios dentro del sistema capitalista, el cual privilegia la productividad por encima de los derechos humanos universales.
De acuerdo con la <a href="https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_865260/lang--es/index.htm" target="_blank" rel="noopener">Organización Internacional del Trabajo (OIT)</a>, durante la pandemia aumentaron los niveles de informalidad, pobreza y falta de oportunidades para las personas. Esto ha orillado a las y los trabajadores a tomar empleos con pésimas condiciones laborales de manera frecuente, lo que impacta directamente en la alimentación y en la salud.
¿Es importante pensar el tema de la alimentación desde el espacio laboral? ¡Claro! Las y los trabajadores se enfrentan a factores que desequilibran sus hábitos alimenticios como el estrés, lo que propicia que coman en exceso o con opciones poco  saludables debido a tiempos y costos, además de pasar gran parte del día en el trabajo, tal como sucede en el contexto mexicano.
La OIT ha hecho recomendaciones dirigidas a las empresas para posicionar la importancia de la alimentación de sus empleados, pero lo cierto es que no se ha logrado abordar de una manera efectiva. Por ejemplo, dentro de su <a href="https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R102" target="_blank" rel="noopener">recomendación n° 102</a>, se reconoce la necesidad de comer adecuadamente en los espacios laborales y se incentiva la implementación de comedores con alimentos apropiados y saludables, y platillos para diferentes tipos de dietas y servicios que cumplan las normas nutricionales. Dichos servicios deben ser efectivos y estar a disposición de quienes laboran a lo largo del día.
Lo antes expuesto suena muy atractivo, sin embargo no es suficiente y tampoco ha sido visible su implementación por completo. En primer lugar es necesario situar los contextos particulares a nivel internacional, pues esta recomendación se encuentra alejada de algunas realidades. Las relaciones asimétricas entre países y el poder político-económico que tienen las empresas trasnacionales sobre estos implican condiciones laborales desiguales y de sobreexplotación que dificulta el seguimiento de recomendaciones homogéneas con respecto a temas nutricionales y de cuidado básico.
Extender la reflexión sobre la alimentación desde el espacio laboral nos lleva a la exigencia por garantizar nuestros derechos humanos y laborales de manera integral: para desarrollar nuestras funciones de forma óptima es imperante respetar y promover el goce de una vida digna. Pensar en la nutrición no sólo tiene que ver con lo saludable de los alimentos y de las dietas para vivir mejor, sino también dar cuenta de aquellos problemas estructurales que impiden a las personas disponer de comida adecuada y una vida saludable. De nada sirve seguir pensando en superar las cifras y récords para acabar con el hambre, mientras se siga dejando de lado el incremento de la deshumanización. Sobre todo en los espacios laborales, al no ser pensados desde el disfrute y el bienestar de las y los trabajadores; es momento de alimentar la justicia laboral.
* Lizetee de la Torre Bartolo y Ana Karen Hernández Meraz son colaboradoras del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria A. C. (<a href="https://twitter.com/CDHVitoria" target="_blank" rel="noopener">@CDHVitoria</a>).

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