“Las promesas que hicieron ayer los políticos son los impuestos de hoy”.
William L. Mackenzie King, abogado y político estadounidense
Durante el apogeo de las campañas presidenciales, los candidatos compiten por presentarse como la mejor opción para liderar el país, prometiendo resolver desde problemas económicos hasta cuestiones de seguridad y educación. Sin embargo, la realidad es que no todas las promesas son realizables. A menudo, los discursos idealistas tienen como objetivo principal atraer a sectores sociales específicos, sin ofrecer una estrategia clara y factible para obtener los recursos necesarios para cumplirlas.
Los candidatos podrían estar considerando reformas significativas para enfrentar estos desafíos presupuestarios, pero lo que prevalece es el continuo espectáculo electoral. Los ciudadanos, por su parte, deberán lidiar con las consecuencias económicas, como posibles aumentos de impuestos.
Además, en el actual estado de las finanzas públicas de México se proyecta un déficit público considerable (el actual gobierno cerrará el año 2024 con un déficit del 5.9% del Producto Interno Bruto [PIB], que contrasta con el 2.20 % registrado en 2018), lo que puede llevar a un escenario con inflación y a una creciente deuda pública. Esta última pasó de 43.6 % en 2018 a 48.8 % del PIB en 2024, de acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica 2024 (CGPE); sin embargo, cálculos del FMI la ubican en 55.6 % del PIB al cierre de la actual Administración federal. El aumento de la deuda soberana deriva en una carga per cápita que pasó de $83,747 en 2018 a $126,917 en 2024, según cálculos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) con base en datos de la Secretaría de Hacienda.
No es realista esperar que los gobernantes asuman solos el costo de estos retos económicos; será la ciudadanía y los recursos nacionales los que tendrán que soportar estos costos. Las promesas de campaña, que a menudo ignoran las realidades económicas y fiscales, pronto mostrarán sus efectos en la economía personal de los votantes y en su seguridad laboral futura.
Es esencial examinar el contexto político, social y económico actual del país para comprender mejor nuestra situación y determinar los pasos a seguir. Superar la resaca electoral y centrarse en los indicadores económicos clave, como el crecimiento del PIB, la tasa de desempleo, la inflación, y considerar aspectos sociales como la distribución del ingreso y la calidad de la educación y la salud pública, son pasos fundamentales.
Los candidatos deben ahora identificar los principales desafíos y oportunidades del país, formular estrategias viables y políticas realistas que aborden los problemas urgentes y explorar áreas con potencial para sustentar el desarrollo y crecimiento futuros.
Aún estamos a tiempo de construir una narrativa que permita a la realidad definir los pasos a seguir, enfrentando los problemas sociales, económicos y políticos más apremiantes. Es crucial renovar nuestro entusiasmo no mediante la polarización, sino a través de la colaboración y cooperación entre todos los sectores, buscando cambios positivos que permitan el avance del país.
* Elio Villaseñor Gómez es director de Iniciativa Ciudadana para la Promoción del Diálogo A. C. (@Iniciativa_pcd).
El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la medida solo afectará a un grupo pequeño de personas, pero no dio el alcance real de su magnitud.
“Identificar y eliminar más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad” para Estados Unidos.
Ese es el objetivo de la última medida para el control migratorio en la frontera sur que presentó este jueves el gobierno de Joe Biden, que se rechacen las peticiones de asilo más rápidamente y, a su vez, que se aceleren las deportaciones.
La regla, dicen, aplicará a un grupo pequeño de personas. En específico, para quienes puedan suponer “un riesgo para la seguridad nacional y pública”.
Esta medida se toma en un momento en que la inmigración es un tema caliente de cara a las elecciones de Estados Unidos el próximo noviembre.
Mientras que los republicanos critican constantemente a la administración Biden por ser laxa en este tema y haber empeorado la situación de la frontera sur, desde las filas demócratas progresistas se pide más atención y protección a los migrantes.
Pero, qué cambia con esta nueva regla y a quiénes afectará.
Un cambio en los tiempos
La regla, expuesta por el Departamento de Seguridad Nacional, afectará a aquellas personas que se cree que han cometido delitos graves.
Así, expone que se aplicará a “condenados por delitos particularmente graves”, relacionados con terrorismo o que hayan “participado en la persecución de otros”.
También incluye a aquellos “para quienes existen motivos razonables para considerarlos un peligro para la seguridad de Estados Unidos.”
Esto en sí no es un cambio sustancial, puesto que ya la ley federal ya recoge la negación de asilo en Estados Unidos quienes se consideran una amenaza pública.
El punto clave de la reforma es el cuándo ocurre esta negación de asilo.
Hasta ahora, cuando alguien llegaba a la frontera, se le detenía, y si solicitaba asilo pasaba un tiempo largo hasta que se estudiaba su caso y, si se determinaba que el solicitante había cometido delitos, se le detenía para su posterior deportación.
Según la regla propuesta, ahora los agentes de migración de la frontera, que atienden los casos en su etapa más inicial, podrán determinar si una persona tiene o no causa de asilo o decidir si el detenido es una amenaza para Estados Unidos.
“Miedo creíble”
En específico, esto se dará en una etapa inicial del proceso de asilo que se llama “evaluación de miedo creíble”, y que ocurre unos días después de que alguien sea detenido en la frontera.
Según el derecho internacional y de Estados Unidos, cualquiera que llegue al país puede solicitar asilo. Para que se les conceda, deben demostrar que sufren persecución o temor a ser perseguidas en su país de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política.
Es aquí cuando entra esa “evaluación de miedo creíble”, en la que se exponen las razones por las que se solicita asilo.
Hasta ahora, tras esa fase previa el caso podía pasar a un agente de asilo y, si era necesario, ante un tribunal de inmigración, que decide si el solicitante permanece o no en Estados Unidos.
El proceso para finalmente ser asilado puede durar años en tribunales de inmigración saturados.
La mayoría de las personas que lo solicitan no califican para obtenerlo y, en el camino, explicaron en el Departamento, se detiene y expulsa a quien tiene a antecedentes.
Ahora, los agentes en frontera podrán considerar en esa entrevista si la persona tiene antecedentes penales o vínculos terroristas sin pasar por esos trámites y, si la decisión lleva a negarle la entrada, se procederá a su deportación expedita.
La agencia no dio cifras sobre cuántas personas se verían afectadas, pero dijo que era pequeña.
En general, los defensores de la inmigración se han mostrado reacios a cualquier medida que busque hacer más difícil la evaluación inicial y creíble del miedo, según recoge agencias, por ser el de la entrevista un momento de alta vulnerabilidad tras sobrevivir a un viaje largo y peligroso hasta llegar a Estados Unidos.
Más medidas de cara a las elecciones
“La regla propuesta que hemos publicado hoy es un paso más en nuestros esfuerzos continuos para garantizar la seguridad del público estadounidense identificando y eliminando más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí”, dijo el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.
“Seguiremos tomando medidas, pero fundamentalmente solo el Congreso puede arreglar lo que todos coinciden en que es un sistema de inmigración fallido”, agregó.
Más de 6,3 millones de migrantes han sido detenidos tratando de entrar de forma ilegal a EE.UU. durante el mandato de Biden, una cifra mayor que en las administraciones anteriores, tanto de Trump, como las de sus antecesores Barack Obama y George W. Bush.
SI bien alcanzaron un nivel récord en diciembre, los cruces fronterizos bajaron en los últimos meses, en gran parte debido a la aplicación de la ley por parte del gobierno mexicano.
Además, ya el gobierno de Biden había anunciado el año pasado otra norma mucho más amplia que la anunciada ahora para restringir el asilo
La regla hizo que fuera extremadamente difícil para los migrantes que llegan directamente a la frontera sur obtener asilo a menos que usaran una aplicación del gobierno para programar una cita o que ya hubieran intentado buscar protección en otro país en su camino a Estados Unidos.
Con el tema migratorio sobre el tapete electoral, se espera que, antes del 5 de noviembre, el gobierno sopese una acción más amplia para restringir más la inmigración en la frontera.
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