Sociólogo y politólogo por la UNAM, El Colegio de México, y King’s College London. Ha pasado desde pegar propaganda electoral en las calles hasta trabajar en el servicio público. Hoy académico interesado en soluciones técnicas de izquierda para los problemas de México. 

Técnico de Izquierda

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Una boleta con tres opciones reduce cualquier discusión a por cual de las tres tachar. Sin duda, a los ojos de cualquiera, en estos meses dicha reducción es inevitable. Y reforzar ese dilema es el trabajo esencial de los partisanos y los spin-doctors (propagandistas) de los tres polos electorales. Este texto es para apelar a otros ciudadanos rumbo a la elección presidencial: los que somos activos en la discusión sobre los problemas públicos. Tanto los que simpatizan con alguna fuerza electoral cuanto los que no lo hacemos.
El derecho a la deliberación pública es esencial para el buen gobierno. La discusión pública no solo debe concernir a quienes son partisanos. Es un ejercicio vital de la democracia: tenemos que debatir y cuestionar qué hacen los gobiernos. No importando quienes ganen, los problemas públicos seguirán ahí. Y si algo han probado los últimos años de gobierno es que los problemas se están agudizando, y las mejoras en el gran esquema del país han sido marginales (aunque pueden diferir de mi argumento).
Mi juicio sobre la realidad social del país no está en función del polo electoral, sino de mi parámetro ético sobre cómo atenderla. Creo que es urgente reiterar una y otra vez de quienes no evalúan la realidad desde un ángulo no partidista que no aceptamos ser encajonados en algún “equipo”. Se que es una estrategia porque es electoralmente incómodo validar nuestros argumentos. Pero creo que tenemos que hacerles todavía más incómodo gobernar hasta que den resultados. En los últimos cinco años he visto a muchos desalentados por la retórica de la polarización. Sacudámonos de esa dinámica. Nuestro rol es incomodar.
A diferencia de los simpatizantes de la actual coalición gobernante, creo que el cambio que ha desplegado el gobierno ha sido marginal, los costos de otras políticas son graves para el país (en particular el apoyo a Pemex, el Ejército y la austeridad), y por más que su argumento es que no son los otros, su agenda no es ni ambiciosa ni suficiente sin una reforma fiscal.
A diferencia de los opositores del gobierno, no puedo leer su retórica hiperbólica o su agenda como una solución. Ya gobernaron por décadas y no han demostrado en los hechos que han aprendido de sus errores de gobierno. Tanto así que el actual gobierno descansa sobre el edificio de políticas que ellos construyeron.
Discúlpeme el lector que simpatice con cualquiera de estos dos polos, pero yo veo una continuación anodina del estatus quo con mejoras marginales. Peor aún, veo complicidad de ambos lados con la clase empresarial mexicana que se niega a contribuir a nuestra sociedad.
Explícitamente lo escribo: yo tengo un lado en esta discusión. Ese polo está abajo y a la izquierda. Yo simpatizo con quienes no tienen un logotipo en la boleta y que demandarán acción a quienes están en la boleta. Estoy con las víctimas de la guerra contra las drogas; con los movimientos indígenas; con los periodistas amedrentados; con las futuras generaciones de la infancia que vivirá los efectos más horribles del cambio climático al que Pemex contribuye; estoy con todos los afectados más pobres de la política de austeridad, y con el movimiento feminista. Quienes estamos de este lado de la discusión tenemos el derecho de cuestionar a los polos electorales. Tenemos el derecho a deliberar.
Sé que hay gente honesta y bien intencionada en las filas de sus organizaciones partidistas. A muchos les respeto y admiro. Me apena que su presencia ahí no me disuada de apoyarles en el proyecto partidista que apoyan. Les deseo éxito. Sus triunfos lo serán para el país. No soy de los que creen que el partidismo no funciona. Más bien, no creo en las élites y sus políticas realmente existentes en la actualidad. Al final, la responsabilidad de lo que suceda recae enteramente en las personas que son votadas, y a esas personas hay que pedirles que rindan cuentas.
Que unos sean electos no implica un cierre de la discusión, sino una asignación de la responsabilidad pública a personas concretas. La vida pública no se reduce a la elección, aunque la elección sea relevante. Este sexenio se trató al gobierno como una agencia de publicidad electoral. Me resisto a pensar que pasaremos seis años más en campaña. Sea quien sea electa a la presidencia, se tiene que atender las crisis de finanzas públicas, climática, demográfica, migratoria y de violencia que se vive en México. Que ganen más votos no implica que se acabó su responsabilidad. Al contrario, significa que son más responsables.
La infantilización tribal de la política mexicana es abrumadora. Si algo demostraron los polos electorales en este periodo inter-campañas es que no sólo son inhábiles de tener un dialogo maduro entre adultos, sino que son capaces de cruzar barreras de civilidad de manera lenta y progresiva. No tengo particular interés en quién está arriba en las encuestas mientras se comporten así. En un país con tantos problemas y dolor, es justo que demandemos que se comporten como adultos responsables. En lugar de que algunos en las élites de los polos electorales cuestionen a los que no estamos con ellos, nosotros debemos cambiar el orden de las cosas: ellos están compitiendo para servir, no serviles.
Las decisiones y votos de los tres polos políticos sentaron las bases de estos problemas. Tenemos derecho a saber si mantendrán la guerra contra las drogas y sus sangrientas consecuencias; tenemos derecho a saber si seguirán sin cobrarle impuestos a los más ricos para mantener la sostenibilidad financiera del gobierno federal; tenemos derecho a cuestionar que estamos pagando más dinero en deuda de Pemex que en servicios públicos; tenemos derecho a cuestionar que la austeridad afectó la calidad del servicio de salud; tenemos derecho a demandar que, más allá de la disputa nacionalista por la energía, contribuyamos al imperativo moral de salvar al planeta de la energía fósil; tenemos derecho a resistir que el Ejército activamente erosione el orden civil; tenemos derecho a cuestionar que el Estado se está convirtiendo en un cajero automático; tenemos derecho a pedir por la protección a los periodistas, a los activistas ambientales y de derechos humanos, y tenemos derecho a demandar la búsqueda urgente de las personas desaparecidas en México. Hoy por hoy, nuestro derecho a discutir no parece caber en el actual tribalismo electoral, pero sí debe caber en el discurso público.
<a href="https://twitter.com/rgzepeda" target="_blank" rel="noopener">@rgzepeda</a>

El derecho a discutir

Desde octubre del año pasado Donald Trump está arriba en las encuestas. Dado que el margen entre él y el presidente Biden es muy pequeño, muy probablemente tendremos una semana cardiaca en noviembre para saber quién ocupará la Casa Blanca los próximos cuatro años. A diferencia de 2016, no habría sorpresa si Trump gana. Y la discusión pública en México debe abocarse a reflexionar qué hará el país si vamos a vivir una segunda presidencia de Trump.
Efectivamente, una lectura cínica de la relación entre México y Estados Unidos indicaría que no hay gran diferencia entre demócratas y republicanos en cuanto a la relación bilateral. Hay que evadir esta lectura. El tema no es del tipo de política que nos pedirán desde Washington, sino de su intensidad. Claramente, en materia migratoria, seguridad y comercio, Trump es mucho más hostil de lo que Biden ha sido hasta ahora.
Trump preguntó si el Ejército norteamericano podía bombardear los laboratorios de las organizaciones criminales que trafican drogas ilícitas desde México, según las memorias de su exsecretario de defensa, Mark Esper. Trump nos hostigó con una guerra de tarifas comerciales si no deteníamos a los migrantes y desplazados centroamericanos en nuestro territorio. Y sin duda, los términos del T-MEC están diseñados para mover la base industrial mexicana a Estados Unidos. Biden ha continuado el tono de estas demandas a México, pero sabemos que él no buscaría intervención militar, guerras tarifarias (fuera de los mecanismos convencionales) o nuevos decretos migratorios más allá de la legislación actual.
La estrategia mexicana en las administraciones de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador respecto a Trump coincidió con la dinámica que la mayoría de los países encontraron para reducir la hostilidad del magnate: contactos personales y ceder lo más posible. De hecho, Trump parece tener una buena impresión de López Obrador, pero a partir de octubre, la presidenta probablemente será Claudia Sheinbaum. Y no sabemos si Jared Kushner, quien fungió como el mediador entre la Casa Blanca y Cancillería, cumpla el mismo rol. Lo que si sabemos es que Trump ya conoce cómo torcer los mecanismos que lo detuvieron en su última presidencia.
La estrategia de apaciguamiento tiene sus límites. El más importante es que no haya más recursos políticos, sociales y financieros para mantenerlo. Las demandas de la administración Trump pueden llegar a ser demasiado grandes en su segunda presidencia. No será en actos de bufonería como hacernos “pagar el muro”, pero si será en materia migratoria y de seguridad, la cual obsesiona al votante conservador republicano. Entonces, la pregunta -que nos hicimos en 2016 y tenemos que hacer otra vez en 2024- es ¿cuál será nuestro límite? Ese límite lo definirá el gobierno, pero dependerá mucho del animo social.
Creo que México tiene dos herramientas muy poderosas para calibrar nuestra política exterior: la dependencia de los estados fronterizos de Estados Unidos al comercio con México y la posibilidad de fortalecer nuestra colaboración con el gobierno de China. El nearshoring nos da un poder estratégico que pocos países pueden tener sobre Estados Unidos: la capacidad de influir en la economía de Estados Unidos y de alterar el balance político contra China.
Claramente, hacer este acto requiere de inteligencia, discreción, pero -sobre todo- coraje político. La elasticidad del capital político de nuestra administración para usar esta estrategia dependerá igual de nuestra tolerancia a la subordinación política con Trump. Tuvimos bastante hace unos años, ¿qué tanta elasticidad y tolerancia habrá si lo que pide Trump es mucho más de lo que pedía hace seis años? Igualmente, enfrentamos un dilema importante: tomar decisiones respecto a nuestro recurso estratégico de última necesidad, el comercio, puede afectar a ambos países, a la economía global, y a nuestra población. No es fácil plantearnos esa alternativa sin tener claridad de cuál sería el costo de no ponerla en la discusión pública como una advertencia creíble.
No es secreto, la discusión política en México es sumamente parroquial. Pero nuestra vida después de 30 años de vigencia del TLCAN-TMEC es inescapablemente binacional. Según la <a href="https://www.kas.de/documents/266027/11060008/Reporte+M%C3%A9xico%2C+las+Am%C3%A9ricas+y+el+Mundo.pdf/593f5392-660d-b124-5ab3-782b7d1b9d01?version=1.0&amp;t=1608064983479" target="_blank" rel="noopener">encuesta del CIDE sobre actitudes de los mexicanos hacia el exterior</a>, 56 % no está interesado en temas internacionales. La última encuesta del CIDE sobre estos temas es de 2019, así que no sabemos cuál es la actual percepción. Pero los datos indicaban que la población mexicana tenía una impresión positiva sobre Estados Unidos, una creciente percepción negativa de la migración centroamericana, y una mejora de la percepción sobre China. Juzgando con esos datos, al menos podemos anticipar que hay un espacio de maniobra, pero restricciones en materia de migración. Adicionalmente, <a href="https://animalpolitico.com/analisis/autores/tecnico-de-izquierda/nearshoring-y-la-nueva-politica-laboral" target="_blank" rel="noopener">como advertí hace unos meses</a>, dar mucho espacio a las empresas que se están relocalizando en México desde China puede sabotear nuestra política en materia laboral.
Finalmente, Estados Unidos sigue siendo muy poderoso en la escena global, pero estamos presenciando dos fenómenos preocupantes: su declive político y su faccionalismo. Aunque tenemos relativa independencia de su política exterior, a México no conviene un declive económico de nuestros vecinos dada nuestra dependencia. El sueño de desvincularnos de su economía es imposible sin una política industrial más ambiciosa. En cuanto al faccionalismo, varios autores como <a href="https://www.theguardian.com/books/2023/jun/10/how-to-avoid-a-civil-war-by-the-man-who-predicted-trump" target="_blank" rel="noopener">Peter Turchin</a> y <a href="https://politicalviolenceataglance.org/2022/01/06/is-the-us-headed-toward-civil-war/" target="_blank" rel="noopener">Barbara Walter</a> están alertando de un riesgo real de violencia política en ese país, incluso de una guerra civil. México debe tener un plan de contingencia en estos escenarios. Hasta ahora, no hay mucha substancia en esta discusión, pero lo amerita. Dediquemos los próximos meses a pensar qué haremos antes de que llegue Trump a la Casa Blanca, en lugar de solo esperar que Biden sobreviva.
<a href="https://twitter.com/rgzepeda" target="_blank" rel="noopener">@rgzepeda</a>

¿Qué haremos si Trump gana otra vez?

Hoy por hoy, las noticias sobre las candidaturas presidenciales son esencialmente una narración de una carrera de caballos o de un campeonato de futbol. Confieso, he sido un adicto a la política como espectáculo deportivo y telenovela dramática. Desde que tengo uso de razón leo las noticas mexicanas como un infinito y jugoso drama. ¿Quién se peleó con quién? ¿Quién va arriba en la encuesta? El problema de fondo es que la polarización ha agudizado esta narrativa y, a su vez, ha oscurecido la de por sí flaca discusión de los problemas nacionales. Peor aún, el debate público en código tribal ya va a velocidades francamente desorientadoras.
Les doy un ejemplo. Hace unos días fueron revelados los resultados del  Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes PISA (el instrumento para evaluar conocimientos escolares desplegado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Por primera vez tenemos una medición amplia de los aprendizajes después de la pandemia, confirmando lo que mis colegas Monroy Gómez Franco, Vélez y López Calva estimaban: <a href="https://educacion.nexos.com.mx/es-posible-contrarrestar-el-costo-permanente-de-la-pandemia/" target="_blank" rel="noopener">una agresiva caída</a>.
Leí el reporte, seguí con mis actividades cotidianas, e inmediatamente la discusión en X escaló a sospechadas conclusiones en menos de unas horas. Por un lado, PISA era una herramienta contra el gobierno y la coalición en turno (cosa extraña porque el gobierno actual aceptó el levantamiento de PISA en las escuelas mexicanas). Por otro lado, según los detractores del actual gobierno, PISA era una prueba irrefutable del fracaso de la coalición gobernante. Pero si revisamos <a href="https://www.oecd.org/pisa/publications/Countrynote_MEX_Spanish.pdf" target="_blank" rel="noopener">los datos</a>, la historia es mucho más compleja. Efectivamente, hubo un declive en este sexenio, pero México ha tenido declives antes (2003 y 2015), y ha estado estancado en los tres indicadores principales desde que empezó a levantarse esta medición. En esencia, gobiernos de todos los partidos mexicanos han presidido sobre el estancamiento educativo mexicano.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1350908" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/12/Prueba-PISA.jpg" alt="Gráfica con los resultados de la Prueba PISA en Mëxico, en matemáticas, lecturas y ciencias." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/12/Prueba-PISA.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/12/Prueba-PISA-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/12/Prueba-PISA-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/12/Prueba-PISA-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
Sería claramente injusto atribuir todo el declive en 2022 al actual gobierno sin reconocer que la pandemia le puso condiciones extraordinarias. Pero como dicen mis colegas <a href="https://www.nexos.com.mx/?p=69018" target="_blank" rel="noopener">Monroy Gómez Franco y Vélez</a>, las medidas del actual gobierno son insuficientes. Ampliar la jornada escolar sin atender el diferencial entre quienes perdieron más en la pandemia no servirá de mucho. Si nada cambia, el próximo PISA confirmará esto.
El problema de la polarización es que las tribus son incapaces de ver soluciones a los problemas nacionales desde sus perspectivas, sin necesidad de cuestionar la mera existencia del problema. Un ejemplo es llamar a la salida de México de PISA, lo cual me parece un error: necesitamos esa información. ¿Puede haber otras fuentes y evaluaciones sobre otros aspectos valiosos del sistema educativo mexicano? Por supuesto. Pero debemos reconocer que este no ha mejorado. Y que han fallado las políticas de gobiernos de todos los partidos.
Sugiero a tirios y troyanos un respiro antes de reaccionar exageradamente a cualquier mala noticia sobre el país. Del lado de la actual oposición, a sabiendas que la coalición gobernante tiene la tendencia de pedir la eliminación de lo que sea, quizás deberían reconocer que son corresponsables en lo que ha sucedido en PISA. Por ejemplo, ellos han sido los grandes promotores de reformas educativas que no han dado ningún resultado tangible. Por el lado de los partidos gobernantes, sobre todo porque siguen arriba en las encuestas, no pueden justificar perpetuamente la falta de resultados en el pasado. Ya pasaron seis años, y si gobiernan seis más, al menos deben tener un plan diferente.
De hecho, la batería de políticas que actualmente se usa -aunque valiosa por su rol en la ampliación de derechos sociales- no parece que tendrá grandes efectos. Cambiar currículos, dar becas y poner programas de subsidios a las escuelas es parte de un menú que no ha cambiado el panorama. Luego entonces, culpar al pasado del problema haciendo cosas similares es un sinsentido.
Sin duda, yo apoyo que haya más becas y con mayores montos porque necesitamos fortalecer la capacidad financiera de las familias mexicanas y su acceso al derecho a la educación. No dudo de la necesidad de integrar conocimientos multiculturales en las aulas. Y seguimos arrastrando el problema de la pésima infraestructura educativa. Pero a estas políticas se debe adjuntar mucho más en formación docente, atender los problemas del mercado laboral que enfrentan los padres, y desplegar una política de atención infantil temprana. Y PISA nos puede ayudar a evaluar cómo un combo de políticas sin grandes estridencias, pero con hilado fino, pueden por fin sacarnos del estancamiento en aprendizajes.
Mi llamado a finales de este año es que los interesados en los problemas nacionales, no importando si simpatizan o no con algún polo electoral, se comprometan a evadir la telenovela y la carrera de caballos. Ya habrá candidatos. Todo estará repartido. Lo que importa es cómo las personas que están en esa carrera o drama resolverán o atenderán los problemas nacionales. En particular, el problema educativo no puede esperar otro sexenio. Echarle porras a nuestro equipo y denostar al rival no ayudará a ningún maestro a enseñar mejor matemáticas.
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Entre PISA y el espectáculo electoral

Es terriblemente simbólico que ni siquiera un magistrade pueda escapar de los juicios discriminatorios del ministerio público mexicano. En los últimos años se ha argumentado -desde la misma presidencia, pasando por otros actores políticos- que la impunidad en México se hospeda en el Poder Judicial. Si una persona es liberada por un juez, actores políticos y sociales atribuirán toda la culpa al juez, y omitirán el papel del expediente que presentó el ministerio público. Si el asesinato de una persona en el rango de magistratura termina impune, tenemos una clara señal de que a quien hay que llamar a cuentas es al Ministerio Público.
Familias y amistades de las personas queer asesinadas por crímenes de odio en México saben perfectamente cómo el ministerio público “da carpetazo” a estos casos para no hacer su labor: investigar delitos. Es indignante ver como la Fiscalía del Estado de Aguascalientes apresuró la hipótesis de que le magistrade Ociel Baena fue asesinade por su pareja. Y que la pareja cometería suicidio posteriormente. Una vez más, una fiscalía usó la narrativa de los “crímenes pasionales”. La organización <a href="https://letraese.org.mx/wp-content/uploads/2021/01/Homicidios-LGBT-en-la-prensa-mexicana-1995-2014.pdf" target="_blank" rel="noopener">Letra S ha documentado</a> sistemáticamente cómo suceden los crímenes contra las personas queer en México. En su reporte de 2014 denunciaron que los ministerios públicos usan la narrativa del “crimen pasional” para explicar la violencia extrema contra las personas queer. De manera velada, intencional o inconsciente, el uso del concepto de “crimen pasional” permite a los agentes del ministerio público evadir la posibilidad de que se investigue un crimen de odio.
Entiendo perfectamente que la liberación de personas detenidas por la policía y el ministerio público es frustrante. Sin duda, hay jueces que pueden llegar a ser cómplices de la liberación de personas que efectivamente han cometido delitos. No obstante, investigadores y agencias internacionales han probado que muchos expedientes judiciales descansan, sobre todo, <a href="https://mexico.un.org/es/188374-onu-dh-presenta-informe-sobre-la-pr%C3%A1ctica-sist%C3%A9mica-de-la-tortura-en-aguascalientes-ocurrida" target="_blank" rel="noopener">en declaraciones obtenidas bajo tortura</a>. Cualquier cuestionamiento contra la liberación de una persona debería comenzar por cuestionar el rol que jugaron los agentes del ministerio público armando el expediente.
Las principales víctimas de la impunidad son las personas más vulnerables. En particular las poblaciones históricamente discriminadas: mujeres, personas queer y hombres jóvenes en situación de pobreza. Según <a href="https://www.impunidadcero.org/impunidad-en-mexico/#/" target="_blank" rel="noopener">Impunidad Cero</a>, el 94 % de los homicidios en México no se investigan, y del restante 6 % solo 1 % se resuelve en un tribunal. Como descubrieron <a href="https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/abs/institutionalized-police-brutality-torture-the-militarization-of-security-and-the-reform-of-inquisitorial-criminal-justice-in-mexico/1FB267963EE824E40B4AC6C9644D19B2" target="_blank" rel="noopener">Beatriz Magaloni y Luis Rodríguez</a>, más de la mitad de las personas presas en México fueron torturadas, amenazadas o abusadas psicológicamente. En estas condiciones, ¿cómo podemos garantizar que las personas que terminan en prisión son efectivamente las que han cometido delitos? ¿Cómo podemos creer en las hipótesis de los ministerios públicos si estos no investigan más allá de declaraciones obtenidas bajo tortura?
Escuché con atención al fiscal general de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, en una <a href="https://www.radioformula.com.mx/nacional/2023/11/15/fiscalia-de-aguascalientes-no-descarta-crimen-de-odio-en-caso-de-magistrade-baena-790046.html" target="_blank" rel="noopener">entrevista radiofónica</a> defendiendo el papel de sus agentes del ministerio público. En ese momento, él dijo que la hipótesis del crimen pasional era solo una línea de investigación. Sin embargo, él sostuvo que la evidencia pericial era lo que fundamentaba su hipótesis. El fiscal ha sostenido públicamente una sola hipótesis después de una filtración a medios. ¿Podemos confiar que el fiscal y sus agentes del ministerio público no han confeccionado un caso para sostener un prejuicio discriminatorio?
Los ministerios públicos, agencias de policía, y las cortes son espacios de profesiones altamente masculinizadas. La presencia de le magistrade era una luz de que la justicia no es un espacio exclusivamente para hombres en México. Sin embargo, su asesinato y la investigación de la fiscalía demuestra que hay una resistencia al cambio de muchos hombres que habitan el sistema de justicia. Más allá de las reglas formales, una visión patriarcal y conservadora del mundo gobierna las prácticas del sistema.
No es casual que se “filtren” fotografías de los casos y luego los fiscales hagan conferencias de prensa defendiendo una versión de los hechos. Ministerios públicos y policías elaboran casos mediáticos en línea con los instintos conservadores y punitivistas de partes del público mexicano. En algunos casos, lo hacen para que no haya espacio público para una hipótesis alternativa que cuestione el orden social patriarcal. En otros, para defender sus casos a sabiendas que un juez los puede desechar porque están elaborados sin evidencia o con evidencia manipulada. Si tan solo pusieran toda esa energía en investigar con rigor. Pero investigar con rigor implicaría que tendrían que dejar de operar usando la tortura o perfiles criminológicos discriminatorios. En otras palabras, tendrían que desmantelar el verdadero manual de procedimientos de la justicia mexicana.
El caso Ayotzinapa desnudó el uso politizado y arbitrario de la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía, pero ciertamente actuando como antes de su transformación). El caso de le magistrade Baena revelará otra faceta del ministerio público mexicano: el uso de perfiles discriminatorios. Recuperemos lo que hemos aprendido del caso Ayotzinapa para vigilar el caso de le magistrade. Tenemos que analizar las prácticas cotidianas del ministerio público. Esas prácticas están infundidas de percepciones discriminatorias, politización, y en otros casos de plena incompetencia profesional.
Las reformas del sistema de justicia de las últimas décadas años han tenido enormes virtudes. Pero, como las personas expertas que acompañaron estos procesos han denunciado, estás están limitadas por la falta de recursos humanos, profesionales, y de voluntad política. Poco podemos hacer para esclarecer los miles de casos irresueltos de homicidio y otros delitos si el Ministerio Público sigue sin ser llamado a cuentas por las autoridades públicas. Y eso va más allá de tener un mejor marco legal o más recursos. Es tiempo de desmantelar el verdadero manual de procedimientos. Mando un abrazo, a la distancia, a las personas no binaries en México.
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Le magistrade y el verdadero manual de procedimientos de la justicia mexicana

Desde el inicio de la guerra contra las drogas en México surgió una nueva costumbre noticiosa: analizar mes con mes los datos de homicidios en México. Quizás útil para entender los eventos recientes más problemáticos, pero sostengo que es poco útil hacer demasiados análisis con esa periodicidad por cuatro razones que explico a continuación.
Las primeras dos razones están basadas en la primera gráfica que pueden ver a continuación. Como pueden notar, los homicidios fueron declinando hasta el 2007, año que sabemos que el gobierno de Felipe Calderón desplegó al Ejército en Michoacán y otras zonas del país. A esta época le llamo la gran pacificación (y <a href="https://redaccion.nexos.com.mx/educacion-y-el-increible-descenso-del-homicidio-en-mexico-en-el-siglo-xx/" target="_blank" rel="noopener">en un texto en Nexos expliqué por qué hubo este descenso</a>). Después sigue la época de ascenso del homicidio (hasta 2011). Luego hubo un descenso relativo en el sexenio de Peña Nieto, que se revirtió en 2015, y la época más violenta hasta la fecha con el presidente López Obrador, que parece ya estar en retroceso en los últimos dos años.
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<h2>1. No sabemos por qué la tasa cambia, nada más tenemos hipótesis</h2>
Con toda honestidad, no sé por qué la tasa se ha comportado de esta manera durante los últimos años. Las dos mejores hipótesis que tenemos hasta ahora es que <a href="https://politicalviolenceataglance.org/2022/06/06/education-reduced-crime-in-mexico-broader-welfare-can-do-even-more/" target="_blank" rel="noopener">el incremento de la escolaridad en México redujo la tasa hasta antes de 2007</a>, y que el despliegue militar desató el aumento en el sexenio de Calderón. Sin embargo, ambos hechos siguen siendo discutidos por académicos y especialistas.
¿Por qué no sabemos por qué cambia? Por falta de datos. El mero registro de los homicidios (mediante actas de defunción) nos dice muy poco. Sabemos el municipio, género, edad, lugar y método del homicidio a partir de ellas. Pero no sabemos si están relacionados con crimen organizado, actividad del gobierno, u otras formas de violencia interpersonal (violencia domestica o riñas). Al saber el lugar o el método podemos especular que quizás son homicidios del crimen organizado o del Ejército. O, con el mes, podemos comparar con las noticias locales y los reportes oficiales. Pero, mientras no haya un dato relacionado con un expediente criminal, esto es evidencia circunstancial.
Comparando con la inflación, los datos sobre patrones económicos están basados en encuestas y reportes económicos muy detallados. Efectivamente los economistas discuten cuál es más importante, pero el estudio de la inflación tiene mayores fuentes de información que las de los homicidios. Luego entonces, tratar de interpretar mes a mes los datos de homicidios es complicado porque no sabemos la fuente que los causa. Solo sabemos que suceden en algún momento. Dada la escasez de información, es muy difícil explicar la tasa. Además, las otras fuentes de información (reportes gubernamentales, información de transparencia, reportes noticiosos) tienen sesgos y tardan tiempo en ser producidas. Por lo tanto, tener hipótesis creíbles con tanta periodicidad es complicado.
<h2>2. Es difícil atribuir el efecto o no al gobierno</h2>
Justo por lo anterior, atribuir el efecto al(a los) gobierno(s) es muy complicado. Sobre todo, porque las fuentes que causan movimientos en los mercados violentos son múltiples. Como reseñé <a href="https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1665-20372018000100185Copolad" target="_blank" rel="noopener">hace algunos años</a>, los investigadores debatieron largamente si el despliegue militar de Calderón causó el aumento inicial, o si la detención de los Beltrán Leyva en 2010 produjo el aumento en 2011. Otras hipótesis como los conflictos entre organizaciones o los movimientos globales del mercado de drogas tienen alguna solidez y, como dijo alguna vez Alejandro Hope, más bien parece que tuvimos una “<a href="https://www.nexos.com.mx/?p=15547" target="_blank" rel="noopener">tormenta perfecta</a>” que causó este aumento de la violencia.
<a href="https://www.cambridge.org/gb/universitypress/subjects/politics-international-relations/comparative-politics/making-peace-drug-wars-crackdowns-and-cartels-latin-america?format=PB" target="_blank" rel="noopener">Benjamin Lessing sostiene</a> que el gobierno de Peña Nieto redujo la tasa de homicidios al usar menos la fuerza militar en ciertas regiones del país. Sin embargo, se interrumpió dicha estrategia después de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa porque el gobierno se vio obligado a detener líderes criminales de los Guerrero Unidos y Los Rojos. Aun así, eso no explica los homicidios en el resto de los estados del país. Tenemos pues muchas fuentes que pueden impulsar la violencia.
Hasta ahora, no me queda claro si el despliegue de la Guardia Nacional finalmente ha causado un <a href="https://seguridad.nexos.com.mx/el-despliegue-de-la-guardia-nacional-reduce-la-violencia-homicida/" target="_blank" rel="noopener">efecto disuasivo sobre los homicidios</a>. O si, en realidad, su despliegue ha sido irrelevante y el ascenso del Cartel Jalisco Nueva Generación es la fuente de los homicidios en el país, junto a la fragmentación extensiva de otras organizaciones criminales. Por la misma razón que no tenemos mucha información de lo anterior, es muy difícil atribuir al gobierno tanto el aumento a los más 35 mis homicidios anuales, o el descenso registrado en 2022. Necesitamos información y uso de diversas técnicas estadísticas para encontrar si el gobierno tuvo influencia o no.
<h2>3. La variación mensual es amplia, pero la tendencia nacional es constante</h2>
Como se puede notar en la siguiente gráfica, hay una varianza importante de los homicidios mensuales. Por lo tanto, analizar incrementos mensuales puede ser engañoso. Por ejemplo, con los datos de tan solo 2020, en el primer trimestre tuvimos 197 homicidios menos que el trimestre anterior, pero en el cuarto trimestre de ese año hubo 965 homicidios más que el trimestre que le precedió. En esencia, la tendencia a la baja pareció notable hasta el cuarto trimestre de 2021. Sin embargo, la tasa de homicidios (25 por cada 100 mil habitantes) ha estado prácticamente estable todo el sexenio. Y el promedio trimestral ronda los 8 mil 900 homicidios desde 2018. Luego entonces, es muy difícil ver en la variación trimestral grandes tendencias, y estas son de mediana duración (años). Pero como dije al principio, si no sabemos por qué están tan altos, tampoco sabemos por qué están bajando. Solo tenemos hipótesis.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-medium wp-image-1309680" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/08/Homicidios-2005-a-2022-trimestres-600x368.png" alt="Homicidios de 2005 a 2022 por trimestres" width="600" height="368" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/08/Homicidios-2005-a-2022-trimestres-600x368.png 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/08/Homicidios-2005-a-2022-trimestres-1024x629.png 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/08/Homicidios-2005-a-2022-trimestres-768x471.png 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/08/Homicidios-2005-a-2022-trimestres-1536x943.png 1536w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/08/Homicidios-2005-a-2022-trimestres.png 1538w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
<h2>4. Los datos que no están basados en actas de defunción tienden al sub-registro </h2>
Finalmente, los datos mensuales que usualmente vemos en las noticias no son las actas de homicidios de INEGI, sino los registrados en las carpetas de investigación por homicidio que abren las fiscalías estatales de oficio cada vez que un cuerpo sin vida es encontrado. Como lo ha reportado sistemáticamente <a href="https://www.mexicoevalua.org/dos-de-cada-tres-entidades-federativas-sin-estadisticas-de-homicidio-confiables-mexico-evalua/" target="_blank" rel="noopener">México Evalúa</a>, más de la mitad de las fiscalías de las entidades sub-reportan homicidios. En promedio, INEGI reporta 6.1 % más homicidios que los derivados de las carpetas de investigación. Y muchas entidades reportan los homicidios de maneras diferentes, por ejemplo, clasificando los culposos (accidentes, por ejemplo) o los dolosos (homicidios con intención y arma de fuego). Luego entonces, confiar en dichos datos es riesgoso porque seguramente tenemos información no enteramente confiable.
Es por ello que, en cuanto a violencia y homicidios, aunque seguramente la información mensual es útil para el trabajo cotidiano de los gobiernos, no creo que a los ciudadanos le sea particularmente útil, a menos que cuando se produzcan estos datos vengan acompañados con más información. Los incentivos de los gobiernos son de corto plazo, y los funcionarios quieren mostrar resultados antes de las elecciones. Pero como podrán notar los lectores, hacer eso con respecto a violencia criminal es sumamente complicado. Usualmente negarán que haya sido su culpa un aumento, y celebraran un descenso mensual, pero no tengo información como observador que cualquiera de las dos cosas sucedió o no.
Lo que me queda mas o menos claro es que lo que sí tenemos es una política militarizada de seguridad pública que ha sido constante desde el sexenio de Felipe Calderón hasta la fecha, y que las variaciones de cómo ha sido desplegada podrían explicar descensos y aumentos. Pero no tengo esperanza que mientras estas sigan, la reciente baja de los homicidios en 2022 sea constante en el futuro. Estas políticas de seguridad obedecen el paradigma militar de la seguridad pública que suele reforzar ciclos de violencia. Quizás lo que importa es no esperar que de un mes al otro el mismo paradigma funcione. Necesitamos otro paradigma de seguridad pública enfocada en reducción de la violencia.
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Los homicidios no son como la inflación

Sin duda, uno de los avances más significativos del gobierno mexicano en los últimos años ha sido la política laboral. En especial, la recuperación del salario mínimo, las restricciones al outsoursing, y la democratización de la vida sindical. Estas son políticas positivas en favor de la clase trabajadora mexicana. Sin embargo, si no protegemos estos avances, la tendencia global del “nearshoring” puede ponerlos en riesgo. El nearshoring es la relocalización global de las empresas de manufactura a países más cercanos geográficamente a dónde está la demanda de su producción. En nuestro caso, la relocalización de empresas de China a México para acercarse a los Estados Unidos.
Como sabemos, la política de apertura comercial de México fue diseñada para ofrecer bajos costos a las empresas trasnacionales. En particular, a las norteamericanas después de la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Esto implicó que los gobiernos mexicanos mantuvieron el salario mínimo congelado para mantener bajos los “costos laborales.” El salario mínimo permaneció congelado, incluso después de que bajó la inflación en el sexenio de Carlos Salinas, hasta inicios de la administración de López Obrador. Es decir, el salario mínimo creció en niveles muy bajos por tres décadas (ver la gráfica).
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-medium wp-image-1296035" src="https://panel.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2023/06/salario-minimo-nominal-en-Mexico-600x350.jpg" alt="Porcentaje del cambio anual del salario mínimo nominal en México" width="600" height="350" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/06/salario-minimo-nominal-en-Mexico-600x350.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/06/salario-minimo-nominal-en-Mexico-768x448.jpg 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/06/salario-minimo-nominal-en-Mexico-1024x597.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/06/salario-minimo-nominal-en-Mexico.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
El T-MEC, tratado que substituyó al TLCAN, contiene dos provisiones cruciales: aumentar el porcentaje de contenido nacional de México, Estados Unidos y Canadá en las exportaciones en la zona de libre comercio, y la protección de la democracia sindical. Esto implica que se podrían mantener salarios en rangos más altos en la región dado que habría más negociaciones con los sindicatos. Y que las empresas más competitivas en la zona podrán proveer más bienes al mercado en detrimento de aquellas que no son de América del Norte. No es una decisión casual: los negociadores norteamericanos del T-MEC buscaban incentivar el regreso de la producción industrial a los Estados Unidos.
Las restricciones comerciales surgidas de las medidas para combatir la pandemia de COVID-19 aceleraron un proceso en la producción global: la creación de amplios cuellos de botella. No sólo porque China tenía las restricciones más severas en la pandemia, desacelerando su productividad. También porque no había suficiente capacidad para el transporte de mercancías con el fin de atender la demanda creciente de productos cuando el resto de los países redujeron las restricciones sanitarias.
Lo anterior se combinó con una nueva lógica de competencia política entre Estados Unidos y China. Por ejemplo, el gobierno norteamericano impuso restricciones para la exportación de semiconductores a China para desacelerar su avance tecnológico. Paradójicamente, una consecuencia inesperada es que empresas de manufactura china buscan relocalizarse en México -que sigue siendo relativamente más barato en costos- para seguir vendiendo en el mercado de Estados Unidos, sin necesidad de pagar transporte interoceánico, y para llegar más rápido al mercado final. <a href="https://open.spotify.com/episode/5ZeINXRhR2K1jjheZIsQ8N?si=ab1e286d0ea24ffe" target="_blank" rel="noopener">Un reciente reportaje del New York Times</a> muestra que el nearshoring de empresas de capital chino en México ya está sucediendo con creciente intensidad.
Mi preocupación es que las empresas de capital chino que buscan relocalizarse en México pueden presionar al gobierno mexicano para alentar o incluso detener la política de incremento salarial. Este condicionamiento, a la par de la necesidad que tiene el gobierno mexicano de incrementar el crecimiento vía la inversión extranjera, puede provocar un revés en materia laboral. Un revés que también iría en detrimento de la lucha contra la pobreza en México. <a href="https://gerardoesquivelorg.files.wordpress.com/2023/05/pobreza-laboral-a-la-baja.pdf" target="_blank" rel="noopener">Como muestra Gerardo Esquivel</a>, hay una reducción real de la pobreza laboral desde 2015, acelerada desde 2019. Ante ello, creo que hay diversos retos por delante para la clase trabajadora mexicana.
Primero, es urgente fortalecer al movimiento sindical mexicano.
Aunque el sindicalismo libre en México ha logrado muchos de estos triunfos, si no se organiza todavía más, podría perderlos fácilmente ante la presión del capital extranjero. En México, <a href="https://www.oecd.org/employment/collective-bargaining-database-mexico.pdf" target="_blank" rel="noopener">la tasa de afiliación a un sindicato ronda el 12% de la población económicamente activa</a>. Por eso, es importante que haya cada vez más personas trabajadoras en sindicatos auténticos y democráticos que los protejan contra condiciones de trabajo abusivas, subcontratación, y sin protección social. En particular porque, como sabemos después del boom manufacturero en China, <a href="https://www.aljazeera.com/economy/2019/9/9/apple-foxconn-admit-breaking-chinese-labour-law-at-iphone-plant" target="_blank" rel="noopener">las empresas que han invertido en ese país son conocidas por sus abusos laborales, explotación, e incluso tratados inhumanos y degradantes</a>. Necesitamos un sector sindical listo para enfrentar cualquier riesgo de que se traten de implementar dichas prácticas en nuestro país. Más en un país donde ya tenemos prácticas abusivas, en particular con <a href="https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/08/20/que-paises-trabajan-mas-horas-al-ano-spoiler-mexico-es-el-que-dedica-mas-tiempo/" target="_blank" rel="noopener">las excesivas jornadas laborales</a>.
Segundo, la austeridad en el gobierno mexicano ha dejado flaco al flanco regulatorio de la política laboral.
<a href="https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/luis-felipe-munguia/2021/06/30/sigue-subiendo-el-salario-promedio-en-el-pais/" target="_blank" rel="noopener">Cómo ha reportado la CONASAMI</a>, hasta ahora sí ha habido un incremento del salario real de manera voluntaria por parte de las empresas después de los aumentos al salario mínimo base. Pero sin regulación efectiva e inspección, el nuevo capital extranjero podría ignorar dichos aumentos, e incluso implementar políticas para tener sindicatos blancos (o falsos). Por lo tanto, se requiere una robusta política de inspección laboral tanto para el salario mínimo, cuanto la democracia sindical y contra la subcontratación.
Aunque algunas medidas ya han sido implementadas con el T-MEC, es necesario tener una política más robusta de inspección. Necesitamos una burocracia regulatoria robusta en materia laboral. El Estado debe proteger a la clase trabajadora, y no podrá hacerlo si no tiene los recursos para hacerlo. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo debería tener un rol protagónico en la política laboral mexicana.
Tercero, es urgente que sectores progresistas del país en los partidos y fuera de ellos se orienten a crear un consenso social amplio en favor de la nueva política laboral, que haga electoralmente costoso que cualquier partido ceda ante el capital extranjero en materia laboral.
Aunque el discurso nacionalista puede ser útil en este propósito, lo que necesitamos es fortalecer la identidad de la clase trabajadora como tal. Al mismo tiempo, protegidas por un discurso más amplio de protección social, se necesita lanzar más políticas laborales: un sistema de cuidados, más reducciones de la jornada laboral, derecho al descanso, y la afiliación a la seguridad social sin necesidad de un contrato formal.
Por años, el modelo de la economía mexicana descansó en la desregulación de la protección laboral y la ausencia de política industrial. En lugar de ceder a la tentación de inversión extranjera a cualquier costo, México debe poner condiciones que protejan a la clase trabajadora. Es urgente demostrar que se puede crecer sin necesidad de sacrificar el salario y la dignidad de las personas trabajadoras. Los avances recientes son alentadores, pero nuevamente estamos ante una coyuntura global que nos pone un reto significativo. Debemos escoger y discutir democráticamente nuestro modelo de desarrollo en lugar de dejarnos llevar por la corriente global.
<a href="https://twitter.com/rgzepeda" target="_blank" rel="noopener">@rgzepeda</a>

Nearshoring y la nueva política laboral

La ambición impresa en el discurso de la actual coalición gobernante poco se compara con lo que serán sus magros resultados. En buena medida porque esa ambición siempre estuvo enfocada en la reconfiguración de una parte del orden político, pero no en el cambio estructural del país. La transformación ha sido, esencialmente, el intento de una nueva élite política por imponer nuevas reglas para administrar la rotación de cargos públicos. Nada más. Lo cual, en términos de la resolución de los problemas públicos del país es francamente decepcionante. Esos siguen ahí, básicamente intocados. Y la nueva elite, envuelta en discurso revolucionario, terminó en el mismo lugar que la elite anterior en lo que respecta a políticas públicas.
Uróboros es la serpiente que come su propia cola. Esta es una buena alegoría mitológica para ilustrar el ciclo de la vida pública mexicana desde la llegada del programa de liberalización económica de los ochenta. La nueva elite terminó en el mismo lugar que su antecesora. Tres decisiones de política me parecen la mejor demostración de este fenómeno. En seguridad, educación y salud, las soluciones que propuso la nueva élite a tres de los grandes problemas nacionales fueron las mismas que sus neoliberales antecesores: más prohibición, un nuevo currículo, y un marginal subsistema de atención. Anteriores y nuevos dirán que hay grandes diferencias en sus políticas y, en algunas formas, avances graduales pero significativos. Pero son eso: graduales. Se sigue sin atender el problema estructural que las originó. Son parches, pues.
El sexenio inició con mente abierta a una nueva política de drogas. El mismo presidente se dijo dispuesto a revisar alternativas a la prohibición. Parecía que había fuerza suficiente para legalizar el mercado de la mariguana, y des-escalar las operaciones de contrainsurgencia contra las organizaciones criminales en México. Sin embargo, a finales de este gobierno, la retórica de la prohibición, la presión norteamericana, y el mismo conjunto de políticas militares de sexenios anteriores han sido plenamente re-legitimizadas. Efectivamente, como desde el sexenio de Felipe Calderón, cada evento de la semana justificará el reforzamiento de la solución militar. Sin duda podemos encontrar pequeñas diferencias entre gobiernos. Sin embargo, mientras sigamos teniendo los más de <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/DH/DH-Ene-jun2022.pdf" target="_blank" rel="noopener">15 mil homicidios anuales</a> en promedio registrados desde 2007, estamos estacionados en una crisis de violencia.
El sexenio inició revirtiendo prácticamente todas las reformas en materia de evaluación de la educación y contratación de profesores por concurso. Personalmente, también me opuse a dichas reformas. Y parecía que tendríamos un sexenio de política educativa mucho menos rimbombante: más trabajo en el aula, menos grandes ingenierías. El sistema educativo lo demanda. Sin embargo, aunque se ha expandido el gasto en becas, se desmantelaron casi todos los programas compensatorios. Peor aún, ante la falta de imaginación educativa, regresamos a la costumbre de reformar el currículo, pensando que después de otra reforma al plan de estudios, ahora sí vamos a mejorar los aprendizajes de la infancia mexicana. Al igual que en 1975, 1993 y 2004, los funcionarios de la SEP olvidaron que hay aulas con maestros y se pusieron a rehacer esquemas de materias. <a href="https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_MEX_Spanish.pdf" target="_blank" rel="noopener">Como se repite en cada prueba PISA de la OCDE</a>, el 1 % de la niñez mexicana tiene altos niveles de competencia en lectura, matemáticas o ciencia. Y el 45 % está en los bajos niveles de comprensión de lectura, y 56 % en capacidades matemáticas. 
El presidente anunció que México tendría un mejor sistema de salud, a la altura de países escandinavos. La solución fue desmantelar los fondos del entonces Seguro Popular y las transferencias federales para el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar. En próximos días esta apuesta desaparecerá. La función será asignada al Instituto Mexicano del Seguro Social bajo un programa presupuestal llamado nuevamente bienestar. El problema de fondo es que escarbar en la escasez presupuestal y crear una nueva entidad fue la misma solución del Seguro Popular. En lugar de una reforma fiscal para fondear un sistema integral de salud, nuevamente el gobierno apuesta a un subsistema en lugar de crear un solo sistema fondeado con impuestos públicos. Incluyendo <a href="https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx" target="_blank" rel="noopener">las dos metodologías del Coneval</a> para medir la pobreza, el país sigue, en promedio, con más de la mitad de la población sin seguridad social y más de 15 % sin acceso alguno a servicios médicos.
Estos son problemas del pasado que permanecen en el presente, en buena medida porque no queremos arriesgar capital político, social y económico en sus soluciones estructurales. Se requiere de una reforma fiscal amplia para fondear las políticas que permitirían reducir la falta de acceso a la salud, a la educación y a la vida libre de violencia. Pero dado que la clase política -toda en su conjunto, gobernante y en oposición- ha apostado a soluciones temporales porque no quiere asumir costos políticos algunos, parece que estamos atrapados en Uróboros eternamente mordiéndonos la cola. Peor todavía, la nueva élite replica irreflexivamente la lógica de la anterior. Aunque la actual coalición gobernante anuncie reiteradamente que ya se acabó el neoliberalismo y el punitivismo conservador, en sus políticas estas ideologías siguen vivas y vibrantes. La transformación deseable hubiese sido abandonar esta tragedia mitológica.
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El ciclo mexicano de uróboros

Fui educado en la falsa idea del realismo demoniaco de Maquiavelo. Una parte de la tradición de la teoría política moderna descansa en la idea de que el florentino era esencialmente el más realista de los malvados consejeros políticos. He enseñado filosofía política de una u otra manera desde hace años y, ciclo tras ciclo, encuentro en Maquiavelo un personaje diferente. Efectivamente, un realista en lo político, pero profundamente moral. La moral republicana se imprime en su lectura del mundo: hay un bien superior, que es el orden republicano, es decir, el orden civil.
En Maquiavelo no hay una maldad fría, sino una comprensión de cómo las emociones dan tono y ritmo a lo público. El miedo sirve para calmar el arresto popular. El honor es una motivación para el gobernante. Y el amor es una inspiración. El miedo para él es la peor de las alternativas, porque se ha fallado en el amor. Aún peor, el miedo inspira -como decía en Los Discursos de la Década de Tito Livio- insidia y conspiración que, sin ser tratadas con cuidado, traen caos a la República.
Entiendo pues que el miedo engendrado de la ira efectivamente instrumenta sumisión, pero igualmente -como la violencia misma- destruye. Hannah Arendt, en abierta oposición a la teoría política que daba a la guerra un papel constructor, ve al odio y la violencia como formas intrínsecas de destrucción de la política. Sin duda, ante una sumisión extrema, destruir la política de la dominación está en el vocabulario revolucionario. Uno muy usado por la actual coalición gobernante mexicana, sin que haya una destrucción efectiva del orden dominante, sino la destrucción de algunas formas de política.
Por el momento, dejo de lado cómo veo ese proceso destructivo que se le ha llamado transformación. En cambio, me quiero ocupar en cómo la negación de la política mediante la ira que vive la República ha parado todo proceso de reflexión constructiva. No atribuyo a tiempos pasados una ideal de construcción de lo público. El surgimiento iracundo de nuestra época es resultado de la disfuncionalidad de la élite anterior. No obstante, veo en la ira producida desde los palacios centrales una continuidad en la imposibilidad de tener una vida pública funcional.
Contrario al optimismo que algunos atribuyen a la confrontación, como si fuera un anodino proceso reflexivo que trae a la luz a algunas opresiones, no he visto mayor cambio en la economía política del país, apenas un ajuste. La pronta implementación del paquete gubernamental -más allá de la lentitud material de las obras públicas- deja claro que ese proceso de reflexión que eclosionó en 2018 se acabó a los pocos meses. Y dada su falta de ambición reformista -un arreglo presupuestal en un espacio fiscal reducido no puede equivaler a la Revolución Mexicana-, la agenda del rencor ha tomado todo el aire público.
Derechas e izquierdas que no están en la coalición triunfante han entrado en la lógica polarizante de la ira que la coalición gobernante despliega. Aunque la ira sirve para asignar responsabilidades y culpas, no necesariamente repara daño o construye. E ira sin revolución es simplemente demolición. Afortunadamente, México sigue en una época civil de su política. Aunque nada se resuelve y todo problema permanece, no ha rodado literalmente cabeza alguna. Por ello, en todo diagnóstico de lo público en el país debe caber la mesura. Sin embargo, la salud de la República no mejorará mientras lo único que permanece son los problemas públicos.
En épocas donde la narración contenciosa de la política se parece más a una epopeya de tribus iracundas, el detalle, el medio gris, la solución, lo técnico, lo profundo y de largo plazo queda en el olvido. Piense usted en cualquier controversia nacional y verá que no hay forma de que todo termine enterrado en la disputa de posiciones y personas correspondientes a las dos tribus. Y quien no esté en alguna de las dos tribus, será asignade a alguna por su grisácea no conformidad. Además de la negación de la pluralidad, estamos atrapados en la vacuidad de la telenovela nacional.
Al explorar el contacto de Maquiavelo con la dualidad emocional en la República, importa para quien participe en la vida pública pensar en su actuar y sus consecuencias afectivas en la dinámica de la discusión. Sin duda los escritos de Maquiavelo estaban diseñados para convencer príncipes. Sin embargo, sus ideas son inescapables para cualquiera preocupado por la(una) República. Mientras no haya una verdadera revolución -producto de las inescapables ruedas de la historia-, o no se decida por ella, la vida en democracia requiere un espacio de diálogo y entendimiento. De un reconocimiento del valor de la corrección, el error y el perdón.
Hoy por hoy, mi ira personal no aporta nada útil a la vida pública. En cambio, sí veo cómo incita la ira de algún frente tribal de la vida nacional. Si algo el funcionamiento acrimonioso de las redes sociales ha demostrado es que la ira gana más tracción, pero menos entendimiento. Estoy consciente, la calma puede caer en el silencio. Sin embargo, ante la estridencia, la calma es necesaria. Debo confesar que estuve en el luto por un largo tiempo. En cambio, hoy creo que es tiempo de hablar desde las emociones y el autocuidado en la vida pública. Y los problemas públicos -que escapan al inadvertido infantilismo cruel que no pensaron los teóricos del populismo- merecen serenidad, porque la ira en la actual polarización solo los está ocultando.
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Serenidad para la República

La voluntad de la coalición gobernante siempre fue cristalina. Aunque arropados en discursos emancipadores, los hoy ocupantes del poder están motivados por su pulsante necesidad de ser la nueva élite del partido hegemónico autoritario. La agenda nunca fue emancipatoria, sino un programa de reemplazo de élites y un regreso nostálgico al nacionalismo petrolero. El intento de minar al Instituto Nacional Electoral es la culminación de un proyecto: el regreso de una forma caprichosa y ambivalente de nacionalismo que, como en los viejos tiempos, depende del ocupante en turno de la presidencia.
Ante este hecho, al final del año, la melancolía regresa a mí. Pasé por un largo duelo político -y emocional- al ver cómo el proyecto en el que me embarqué, con muchos, se parecía más al PRI que a la izquierda liberadora que se nos prometió. En días recientes, lo que me provocó todavía más pesadumbre fue observar que, ante una amenaza directa a la democracia mexicana, personas y sectores de izquierda -sean o no morenistas- simplemente han caído en el cinismo, el desinterés y quizás ya en la resignación de que volveremos a los viejos tiempos.
Como muchos, me sentí tremendamente incómodo de que partidos y sectores sociales de la derecha mexicana estuvieron más dispuestos a enfrentar al nacionalismo autoritario que la izquierda no morenista. En un regreso al siglo XX mexicano, la izquierda parece estar resignada a medrar del partido hegemónico, mientras unos pocos hablan de elecciones, ahí en su rincón. Yo quería manifestarme con “los míos”, las izquierdas, los movimientos, pero los sentí francamente apáticos. Entiendo que no queríamos marchar con quienes nos han atacado por décadas, pero no creamos una alternativa, o nuestra propia narrativa democrática.
Sin embargo, entiendo perfectamente por qué el llamado a defender al INE es tan necesario para la derecha mexicana en todas sus expresiones: saben que un regreso al pasado implica el ostracismo de su agenda política. En cambio, para la izquierda (que está en sus filas o en los márgenes a espera del cambio de sexenio), lo que ha logrado Morena es crear una poderosa ilusión de que su agenda no será marginalizada también. Pero después de cuatro años de agresiva austeridad, ecocidio, ortodoxia macroeconómica y continuación militarizada de la guerra contra las drogas, no puedo seguir bebiendo de esa ilusión que tuve que engullir por meses.
Igualmente, comprendo que hay izquierdas que no tienen fe alguna en la democracia electoral, o incluso en la misma idea de la democracia, que pasa de los comunistas a los anarquistas, y a las bases indígenas comunitarias. Este texto probablemente poco les apelará y, quizás con la misma sorna que escribía el subcomandante Marcos en 2006, nos asestarán un cruento recordatorio de que esta coalición gobernante siempre fue honesta con sus intenciones autoritarias. Lo único que puedo decir es que los escucho, y los entiendo, aunque sigo convencido de la democracia.
En esta era de incertidumbre tan abrumadora, quizás solo puedo avizorar un escenario en que el INE sobrevive, las elecciones libres continúan, y que Morena al menos no tendrá las mayorías parlamentarias que ha tenido hasta ahora para que se le regrese al INE la integridad que tenía después de lo que será la última reforma a las leyes electorales secundarias en próximos días. Sin embargo, incluso en esta hipotética situación optimista, el desastre de fondo es que cualquier agenda de izquierda que no sea petróleo y algunas transferencias monetarias quedará enterrada por un largo rato.
Inicialmente pensé en escribir sobre cómo la integridad administrativa del INE -más allá del Consejo General- es esencial para el conteo de votos, la parte más profesional de nuestro sistema electoral. Pero me queda claro que sería infructífero porque muchos creen en el mito fundacional de Morena: hubo un fraude electoral en 2006. Yo estuve en esas elecciones como representante de partido, y conociendo el proceso en cada uno de sus pasos, me quedó claro que la acusación del fraude como manipulación directa de las casillas jamás tuvo suficiente evidencia. Pero este es un mito dogmático. No una realidad. Los convencidos simplemente no dejarán de estarlo por más que se pretenda entablar una discusión razonable.
Pero más allá de 2006, Morena descansa sobre la idea de que ellos -esa amorfa élite política- son la única dueña y representante de la voluntad popular. Que todo fue fraude y engaño cuando no ganaban. Que todo fue verdad cuando “hicieron lo imposible” para que “el fraude no sucediera” en 2018. En cambio, la realidad electoral fue más sencilla, en 2006 ese polo político -en el que yo estaba- no logró convencer a suficientes mexicanos, y en 2018 sí pudo. Y esa es la democracia electoral: es un proceso intenso de convencimiento político. En mucho, la gran diferencia entre esos dos momentos fue el colapso de la oposición. De esa manera, ni las derechas hoy fuera del gobierno fueron dueñas de las mayorías después de 1997, ni Morena lo será en 2024. Los ciudadanos son libres e iguales, en cada ciclo electoral, para decidir quién gobernará, y ya. En eso, no sé si Morena gane tanto en 2024 como en 2018, pero ese parece el escenario más probable. Morena ganará porque sigue representando una insatisfacción mayoritaria con la élite anterior. Mi problema, desde mis principios de izquierda, es que “no ser los otros”, petróleo, militares y transferencias no es el programa de gobierno con el que concuerdo.
Luego entonces, me siento aislado y sin alternativas políticas. Seguro varios militantes de las ideas de izquierda sentimos eso, y es un producto -en parte- del diseño del sistema electoral: las barreras para la formación de partidos son muy altas y tendientes solo a favorecer a organizaciones clientelares. Por el otro lado, las izquierdas no lopezobradoristas están atomizadas, desorganizadas y sin capacidad de cambiar la agenda política.
Sin duda, creo que la crítica más profunda y acertada a la democracia electoral es que muchos sectores y alternativas políticas no están representados a pesar de que haya elecciones. Hay todavía -incluso en este gobierno- capturas por parte del sector privado de las estructuras de poder que deberían servir al ciudadano. Ante esta crítica, los defensores clásicos de la transición democrática en México han hecho oídos sordos. Pero incluso si hoy se redujeran las barreras para formar partidos, o para lanzar consultas, el problema de fondo es que Morena logró desactivar a partes importantes de los movimientos y organizaciones sociales del país. Morena logró redirigir la insatisfacción mayoritaria con la élite anterior al proponerse a ellos como un reemplazo supuestamente honesto. Desafortunadamente, el costo que todos cargamos es que, ante las dimensiones tan tremendas de los problemas del país, el programa y calidad del gobierno actual es francamente mediocre.
Mi preocupación más urgente es que un gradual proceso de restitución del sistema de partido hegemónico autoritario cerrará puertas a la disidencia, a la expresión, a la organización, pero sobre todo a la transformación política de izquierda socialista democrática en México. Hoy por hoy, algunos han decidido que preferirán éxitos políticos ocasionales dentro de las entrañas del partido aspirante a hegemónico. Les aviso que los oportunistas que han llenado las filas de dicha organización los bloquearán hasta el cansancio, porque ellos son usufructuarios del cambio gatopardista: todo se revolucionó “por cuarta vez” para quedar más o menos igual. Quizás ya lo han sufrido y piensan que el sexenio que sigue será diferente con quien ocupe la presidencia por Morena. Que solo hace falta aguantar dos años más. Les deseo suerte, pero después de cuatro años, soy francamente escéptico de dicha ruta.
Aquí llamo a defender a la democracia electoral -la integridad del sistema de conteo del voto- no porque comulgue con las derechas que no están en el gobierno (aunque hay muchas derechas en el gobierno y en el partido gobernante). Defiendo al INE porque, como ellos, yo veo el mismo el mismo riesgo para las izquierdas: quienes no comulguen con el programa lopezobradorista estarán en el ostracismo permanente.
Me niego a creer que no hay un espacio para un socialismo de izquierda, ecologista, feminista y antimilitarista. Defiendo el derecho a votar y ser votado -en lugar de aceptar el arbitraje de un partido hegemónico de centro nacionalista cacha todo-, porque me gustaría que al menos haya una luz para que quizás un día, los que creemos en los ideales antes mencionados, podamos organizarnos y tener la misma oportunidad que tuvo el lopezobradorismo de convencer a la población del país. Y quizás, ahora sí, ganar con nuestro programa. Cierro el año con tristeza porque parece que la izquierda no lopezobradorista parece resignada, sin esperanza. Les digo algo: no habrá esperanza si no la creamos. No obstante, estoy agotado. Después de cuatro años, siento que estoy nadando a contracorriente. Pero sé que no soy el único.
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Defender al INE desde la izquierda: nadar a contracorriente

Culpar a los servidores públicos que tienen contacto con los ciudadanos de los problemas del gobierno no es nuevo. Un gobierno culpó a los electricistas del mal funcionamiento de una paraestatal energética; en otro, a los maestros de la calidad de la educación, o en este, a los doctores de que no haya cobertura de salud en ciertas regiones del país. En esta discusión, las condiciones de trabajo digno son claramente obviadas. Aquí argumento brevemente cómo la precarización del trabajador público no beneficia a los servicios públicos.
El tema que provocó este texto es <a href="https://front.animalpolitico.com/2022/06/plazas-medicas-ciudades-peligrosas-sin-aspirantes/" target="_blank" rel="noopener">la falta de médicos en zonas peligrosas de nuestro país</a>. Más allá de la asistencia de médicos de Cuba, tenemos <a href="https://www.oecd.org/mexico/health-at-a-glance-Mexico-EN.pdf" target="_blank" rel="noopener">un problema crónico de fondo de falta de inversión en el sector salud</a>. Desde una perspectiva muy religiosa, se puede ver a los servidores públicos, como calificó Vasconcelos a los maestros, un apostolado. Un servicio desinteresado en favor de las mayorías. Suena románticamente perfecto, pero laboralmente es peligroso. El apostolado como idea -trabajar hasta el cansancio en condiciones de pobreza- justifica condiciones injustas del trabajo.
Los servidores públicos efectivamente hacen labores para la mayoría, pero eso no les exenta de sus derechos laborales. Efectivamente, puede haber momentos de emergencia que requiramos su tiempo de manera extraordinaria, pero eso no debe ser una práctica perpetua y debe compensárseles. Un ejemplo son todos los trabajadores esenciales en la pandemia.
La ausencia de médicos en parte se debe a la falta de condiciones seguras para ejercer la profesión médica, ya sea por escasez de material sanitario o amenazas de organizaciones criminales. Ni hablar de la urgente necesidad de formar más médicos en las universidades públicas.
Desde una perspectiva muy neoliberal, las condiciones generales de trabajo son un estorbo para la eficiencia del sector público. Los sindicatos y sus luchas por la mejora de condiciones salariales y de jubilación son enemigos naturales del planeador neoliberal. Desde esta perspectiva, lo que llaman públicamente como pasivo laboral -las pensiones de los trabajadores- es un problema que a sus ojos solo se puede resolver con políticas antisindicales. ¿Qué sindicato o trabajador -que no sea patronal o blanco- abogaría por peores salarios y peores pensiones? En lugar de pensar en soluciones de común acuerdo con los trabajadores, incluida una reforma fiscal, varias administraciones federales en México intentaron minar las condiciones del trabajador del sector público.
Sin duda la imagen de los policías corruptos y los burócratas de ventanilla sin sentido común invade las conciencias públicas. Más aún por la corrupción cotidiana. Sin embargo, no se ha hecho el intento en el debate público por entender cómo la precarización de las condiciones de trabajo es parte del problema de la ineficiencia o la corrupción. Por ejemplo, <a href="http://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/08125.pdf" target="_blank" rel="noopener">los salarios de los policías en México han sido históricamente bajos</a>. ¿Cómo ganar suficiente para alimentar una familia si no es completando con mordidas? Si bien es cierto que algunos trabajos han terminado en la obsolescencia por la digitalización, ¿por qué no capacitar para nuevos trabajos en lugar de buscar eliminar plazas? En esto, la visión neoliberal y la apostólica llegan a la misma conclusión: precarización o despido.
Condiciones de trabajo digno y seguro deberían ser una obviedad en este punto de la historia. Desafortunadamente, todavía estamos en la fase que tenemos que argumentar que el bienestar físico, emocional y de salud de los trabajadores son importantes para la productividad. En años recientes se ha publicado bastante investigación sobre la relación entre las condiciones de <a href="https://link.springer.com/article/10.1007/s10902-019-00074-1" target="_blank" rel="noopener">bienestar de los trabajadores y la productividad de las empresas</a>, o el funcionamiento de los gobiernos. Mejorar la <a href="https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-66781-2_13" target="_blank" rel="noopener">salud física</a> y <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927537116301506?casa_token=x3-55GUfNnkAAAAA:Ry0flyiWnE2nvr2svZEO1UmDqye8ICjqlbsQZ6861-9XXhi-YkBhaabkvZnOMCelhp7icQWOik2g">mental</a> de la persona trabajadora ayuda a mantener al <a href="https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09585192.2018.1460859" target="_blank" rel="noopener">sector público funcionando</a>. Pero esto implica ir contra políticas laborales de explotación: horarios de trabajo largos, cargas excesivas, condiciones inseguras o insalubres, salarios precarios, o desprotección legal.
En particular, las pésimas condiciones de trabajo implican dobles cargas laborales para las mujeres en el servicio público. Por ejemplo, largos horarios de trabajo sin acceso a servicios de guardería afectan a las madres trabajadoras, no sólo porque tienen que invertir parte de su salario en servicios privados, también porque las estructuras del trabajo favorecen a los hombres que son capaces de aceptar estos horarios para ascender en la escalera burocrática, creando <a href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S2448-718X2014000300619" target="_blank" rel="noopener">brechas salariales de género</a>. Igualmente, en ocupaciones públicas altamente feminizadas como la enfermería se han registrado casos de jubilación temprana o abandono del trabajo porque estos horarios desgastan física y mentalmente a las enfermeras, <a href="https://www.proquest.com/docview/2452330338?pq-origsite=gscholar&amp;fromopenview=true" target="_blank" rel="noopener">en particular durante la pandemia</a>.
La narrativa pública del trabajador público que sacrifica tiempo, familia y salario para el bien público termina hundiendo a sus propias familias por la ausencia permanente de uno o varios integrantes. Esto deja a miles de hijos sin presencia de sus padres en momentos claves de su vida. Esas vacaciones cortas terminan siendo solo tiempos para que los servidores públicos duerman las horas perdidas (la falta de sueño tiene efectos en salud como provocar <a href="https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-publhealth-031914-122838" target="_blank" rel="noopener">paros cardiacos</a>).
Se contrapone esta narrativa al servidor público que sacrifica su vida personal, al “perezoso” que tiene empleo por acuerdos “políticos” y que gozan altos salarios. Sin embargo, aunque los salarios del sector público suelen superar a los del trabajador en la informalidad, la base de nuestro servicio público son maestros, médicos y oficinistas que mantuvieron al país funcionando en la pandemia en condiciones de inseguridad. Contraponer a la mayoría de los trabajadores con una minoría de funcionarios que seguramente tendrán algunos privilegios permite a ciertos implementadores de políticas laborales precarizar a los ya precarizados.
Incluso cuando se quiere recompensar la labor del trabajo público, las políticas son limitadas: por ejemplo, <a href="https://front.animalpolitico.com/2022/05/la-sep-anuncia-aumento-salarial-a-docentes-que-ganan-menos-de-20-mil-pesos-al-mes/" target="_blank" rel="noopener">subir del 1% al 3% del salario del magisterio</a> cuando el país tiene una inflación anual del 7%. Una de las grandes virtudes de esta administración ha sido el aumento sostenido del salario mínimo, pero ha quedado a deber con el salario de los trabajadores del sector público, cuyos sueldos fueron congelados igual en los pactos antinflacionarios del pasado y que solo han podido ser nivelados por políticas compensatorias que suelen estar a merced de la disponibilidad presupuestal.
La vacunación, la eliminación del analfabetismo, la disponibilidad de tramites en línea, entre otros grandes logros del Estado mexicano son obra mayoritaria del trabajo de millones de servidores públicos. Y estos muchas veces lo hacen sin recursos suficientes, en la total precariedad. Ejemplo <a href="https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0263775820938057" target="_blank" rel="noopener">son los trabajadores del sistema de aguas de la Ciudad de México</a>, quienes, sin presupuesto para herramientas o materiales, ponen de sus propios bolsillos o en técnicas ingeniosas las reparaciones necesarias para mantener al sistema de aguas de la Ciudad funcionado. México funciona -aún con sus problemas- gracias al esfuerzo anónimo de miles de trabajadores del sector público quienes aguantan ciclos de austeridad que les arrancan materiales y apoyos en personal para trabajar.
Tener seguridad en el trabajo, condiciones dignas, descanso y buenos salarios del servidor público es fundamental no sólo para el Estado, lo es para todos. El ejemplo de un buen servicio público es fundamental para combatir las practicas de explotación en el privado, aunque no suficiente. Ni inútiles ni apóstoles, los trabajadores del sector público son cruciales para la vida colectiva por los servicios que ofrecen día con día a millones de ciudadanos. La mínima recompensa que todos les debemos es el trabajo digno. Y con trabajo digno debemos mejorar al gobierno.
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Contra la precarización del trabajador público

Dedico este texto a mis camarades de la comunidad Trans. 
Ni un paso atrás en sus derechos humanos.
 
Existimos. Hoy gracias a la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021 levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sabemos cuántos somos. Soy parte de los 4.6 millones (4.8 % de la población nacional) de personas mexicanas que tenemos una orientación sexual diferente a la heterosexual. Y comparto mi país con más de 900 mil personas trans o no binarias. Una buena noticia es el avance de las percepciones nacionales sobre la población LGBT+ (Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual y más): más de la mitad de la población está de acuerdo con que podemos casarnos y mostrar nuestro afecto en público. Y 43 % está de acuerdo que podamos adoptar.
Sin embargo, hay muchas situaciones por las que no se puede ser optimista. Aún seguimos experimentando diferentes facetas de discriminación. Más allá de cómo somos presentados en medios, usados en debates por políticos de derechas, o agredidos en las calles (78 muertes violentas de personas LGBT+ en 2021, según <a href="https://letraese.org.mx/crimenes-de-odio-archivo/" target="_blank" rel="noopener">Letra S</a>), quería ver los datos de ENDISEG sobre discriminación en nuestros espacios vitales: la familia, el trabajo, la clínica y el banco. Les presento algunas estadísticas descriptivas de la encuesta.
<a href="https://front.animalpolitico.com/?attachment_id=881615" rel="attachment wp-att-881615"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-881615 alignnone" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2022/09/tabla1.png" alt="" width="1240" height="404" /></a>
Primero, contrario a la idea de que la familia siempre es un espacio seguro, las personas LGBT+ vivimos acoso por nuestras identidades en nuestras casas. Por ejemplo, padres que buscan que nos sometamos a terapias de conversión. En la tabla 1 ustedes pueden ver que las personas queer, transgénero, y los hombres homosexuales somos frecuentemente sometidos a estas presiones de nuestros propios familiares.
<a href="https://front.animalpolitico.com/?attachment_id=881617" rel="attachment wp-att-881617"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-881617 alignnone" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2022/09/tabla2.png" alt="" width="1241" height="407" /></a>
Luego, nuestros hogares son lugares hostiles. Según la tabla 2, más del 60 % de la población transgénero fue agredida en sus hogares de alguna forma, seguidos por la población no-binaria queer y luego los hombres homosexuales. La discriminación familiar es clave en la trayectoria de vida de la población LGBT+ porque aquí inician las trampas de pobreza, ya que varios son expulsados o escaparon de sus hogares por amenazas de violencia.
<a href="https://front.animalpolitico.com/?attachment_id=881618" rel="attachment wp-att-881618"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-881618 alignnone" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2022/09/tabla3.png" alt="" width="1243" height="375" /></a>
Las consecuencias en salud pública mental para la población LGBT+ son evidentes según se puede ver en la tabla 3. Más del 67 % de las personas de género fluido, queer y bisexuales han pensado alguna vez en el suicido. De hecho, todas las poblaciones LGBT+ con excepción de las mujeres homosexuales presentan pensamientos suicidas en su vida por encima del promedio de las personas heterosexuales en México.
<a href="https://front.animalpolitico.com/?attachment_id=881619" rel="attachment wp-att-881619"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-881619 alignnone" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2022/09/tabla4.png" alt="" width="1241" height="401" /></a>
Y seguimos experimentando barreras en acceso a diversos servicios públicos y privados. En la tabla 4 vemos que la población no-binaria y bisexual sufre de una alta carga de discriminación en atención médica y acceso a medicamentos. Esto ilustra la gravedad de la falta de medicamentos antirretrovirales, de testosterona, y provisión de salud mental en el servicio público dada la austeridad que estamos pasando en México.
<a href="https://front.animalpolitico.com/?attachment_id=881620" rel="attachment wp-att-881620"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-881620 alignnone" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2022/09/tabla5.png" alt="" width="1242" height="407" /></a> 
En la tabla 5 podemos ver cómo la población no-binaria, bisexual, transgénero y hombres homosexuales sufrimos más de discriminación laboral. La inseguridad laboral nos impone trabajos precarios debajo de nuestros niveles de estudio, e incluso a aceptar salarios peores que nuestras contrapartes heterosexuales o personas que tienen en género con el que nacieron (cis). Lo mismo sucede en lo financiero, las poblaciones LGBT+ están siendo negadas de hogares o ingresos necesarios para vivir según la tabla 6.
<a href="https://front.animalpolitico.com/?attachment_id=881621" rel="attachment wp-att-881621"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-881621 alignnone" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2022/09/tabla6.png" alt="" width="1238" height="405" /></a>¿Cómo se transmite la discriminación contra la población LGBT+ en estos espacios? Mi hipótesis central es que hay un “castigo” cuando las personas LGBT+ se presentan en público con sus familias, jefes y médicos (sus nombres, su vestimenta, -esto es conocido como comportamiento de género). Esto pasa porque hay una percepción conservadora en segmentos de la población de que el comportamiento de género no conforme con la heterosexualidad cis es una transgresión del género. En particular, el género asignado al nacer para las personas transexuales. En el caso de las personas bisexuales porque se les castiga por ser ambivalentes o ser inexistentes. Esencialmente, la discriminación (negar derechos por razones de identidad) proviene de la violación de lo “normal”.
Por eso el orgullo LGBT+ es necesario, urgente, y claramente tiene que transgredir la idea social cristiana de lo normal. En lugar de una simple adaptación a los cánones de lo normal de algunas poblaciones homosexuales al capitalismo y a la sociabilidad católica, nuestra expresión disruptiva del género es una forma de solidaridad con las personas no-binarias, transexuales, pansexuales y bisexuales: si ninguno de nosotros es “normal”, pero vivimos en la misma comunidad con los cis – heterosexuales en paz, elles también pueden, deben y merecen vivir en paz. Y esa paz es vivir con derechos.
Recuerdo cuando vi la película Milk en 2008 (sobre la vida del activista gay Harvey Milk en San Francisco, Estados Unidos, en los años 70). En una de las escenas más inspiradoras, las personas activistas se comprometían salir del closet con el solo propósito de hacerle ver a las personas cis heterosexuales de la ciudad que había gente LGBT+ en San Francisco. Cada salida del closet es un acto de pequeño heroísmo contra la idea de lo “normal” que consigo lleva violencia. Contra la idea de lo normal, debe venir la idea de la comunidad. Quienes nos usan en sus guerras culturales (y dicen que nuestros derechos son secundarios) no entienden que de nuestra identidad dependen nuestros derechos económicos y sociales. Que el patriarcado es más antiguo que el capitalismo. Que se abra esa puerta, decía Carlos Monsiváis, cada arcoíris, beso y maquillaje usado. Los que la abrimos debemos ayudar a quienes no han salido. Por eso, como nos dicen nuestras amigas las feministas, en esto también lo personal es político.
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Contra lo normal: discriminación anti-LGBT+ en México

“El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”.
Artículo Tercero, Fracción Primera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
 
El pasado 19 de agosto de 2022 <a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/754159/ANEXO_DEL_ACUERDO_14_08_22.pdf" target="_blank" rel="noopener">se publicó el plan de estudios</a> para la educación básica en México. Como argumenté en <a href="https://rgzepeda.org/2022/05/03/sep-reinventarlarueda/" target="_blank" rel="noopener">mi blog personal</a>, creo que esta es una reforma innecesaria ante cuestiones más demandantes como <a href="https://educacion.nexos.com.mx/es-posible-contrarrestar-el-costo-permanente-de-la-pandemia/" target="_blank" rel="noopener">la pérdida de aprendizajes por el cierre de escuelas por la pandemia</a>. Sin embargo, encontré algo mucho más preocupante después de <a href="https://educacion.nexos.com.mx/la-nueva-escuela-mexicana-y-las-epistemologias-del-sur/" target="_blank" rel="noopener">releer la crítica de Laura Frade</a> a la luz de los foros de consulta previa: un plan de estudios que en ocasiones está en abierta oposición al artículo tercero constitucional en materia de pensamiento científico. Aquí quiero elaborar sobre el mismo argumento de Frade quien dijo que, efectivamente, el plan de estudios podría ser inconstitucional. A diferencia de ella, creo que es más urgente atender el tema de los contenidos científicos, y no creo que el enfoque comunitario sea inconstitucional o indeseable.
La frase que inicia este texto, la fracción primera del actual artículo tercero de la Constitución, fue el consenso social que se logró después de abrogar la educación socialista el 30 de diciembre de 1946. La lucha contra la educación socialista en el tercero constitucional, como <a href="https://www.jstor.org/stable/j.ctv26d8pd" target="_blank" rel="noopener">documentó Soledad Loaeza en su libro sobre el tema</a>, fue una de las fuentes principales que alimentaron la fundación de lo que sería el partido conservador de México, Acción Nacional. Las organizaciones católicas de padres de familia, cercanas a lo que sería luego Acción Nacional, repudiaron tanto la inspiración científica del artículo cuanto la socialista. Pero al final, el legado liberal prevaleció y el énfasis científico permanece en la Constitución. Este artículo siempre ha estado bajo cuestionamiento de los sectores conservadores, no sólo porque fortalece la laicidad de la educación, también hace que el currículo nacional esté basado en el progreso científico.
Efectivamente, el plan de estudios plantea una dimensión comunitaria. Sin duda, la Constitución y el planteamiento clásico de los derechos humanos tiene orígenes en el individualismo. Pero el artículo primero de la Constitución -reformado en 2011- contempla tres principios: los derechos son progresivos, interdependientes e indivisibles, enlazados con los tratados internacionales ratificados en México. Muchos de estos tratados y convenciones reconocen la dimensión social y comunitaria de los derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a la consulta previa a las comunidades indígenas o los derechos laborales. Creo pues que lo comunitario en el plan puede ser congruente con el artículo tercero de la Constitución.
Con respecto al planteamiento decolonial, este es congruente con el artículo segundo de la Constitución en materia de multiculturalidad de la nación mexicana, además del contenido antidiscriminación del primero constitucional. ¿Los planes podrían ir contra el orden constitucional si se adapta un enfoque decolonial? Algunas corrientes decoloniales sostienen que los Estados Nación -México en este caso- no son reconciliables con las comunidades indígenas ya que estas son naciones independientes por propio derecho fuera de México por haber sido subyugados por la colonización (<a href="https://cultura.nexos.com.mx/nosotros-sin-mexico-naciones-indigenas-y-autonomia/" target="_blank" rel="noopener">Yasnaya Aguilar lo resume aquí</a>). Este no es el caso del plan que presentó la Secretaría de Educación Pública (SEP), y espero haya un debate historiográfico y plural serio en la elaboración de los libros de texto.
Sin embargo, no sé cómo este plan de estudios, extremadamente denso y teórico, será operable en las escuelas. Entiendo que los saberes y conocimientos en las etapas planteadas buscan ser interdisciplinarios y enfocados en temas y tareas, más allá de asignaturas en primaria. Sin embargo, esta ambición se diluye después cuando se regresa a las asignaturas en secundaria. No es una idea nueva integrar diversos aprendizajes en una tarea concreta (por ejemplo, tratar valores cívicos en la clase de arte) como se intentó en el constructivismo y la educación por competencias. Una buena crítica en estos términos la hizo la <a href="https://www.mejoredu.gob.mx/images/publicaciones/recomendaciones_mejora_eb_2022_colaboracion.pdf" target="_blank" rel="noopener">Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación</a>.
El plan, más allá de una propuesta curricular, es más bien una denuncia teórica y lingüística de los planes anteriores (aunque criticables creo perfectibles), y el encumbramiento de una crítica como teoría pedagógica. Esto es lo que usualmente pasa con cualquier corriente posmoderna en ciencias sociales y humanidades: un exceso de crítica sin asidero en algo operable y concreto.
Lo que creo más preocupante es cómo el nuevo plan de la SEP usa el discurso de las epistemologías del sur para crear un falso dilema entre los conocimientos científicos laicos contra los conocimientos de las comunidades indígenas (¿cuáles? El plan solo hace ejemplos dispersos). En la sección de saberes y pensamiento científico de los “campos” del plan dice explícitamente:
“El reconocimiento y uso de diversos métodos durante la construcción de conocimientos para contrarrestar la idea de un método único” y “Las ciencias son construcciones, entre muchas otras, para explicar la realidad física, que a su vez está condicionada por factores culturales e históricos. En tanto construcción cultural, no se puede afirmar que sea superior a otros sistemas de conocimientos, ya que cada explicación puede ser adecuada en mayor o menor medida según el contexto en el que se aplique”.
Ambas secciones del texto me inquietan porque la actual SEP cree que no hay un método científico. Sí lo hay, es la revisión de pares y la examinación de evidencia empírica. Igualmente, la actual SEP cree que no hay una jerarquía de conocimientos en nuestro marco educativo, cuando el artículo tercero los enuncia con claridad. Esto, como apunta Frade, deviene de cómo los autores del documento usan la teoría de las epistemologías del sur para argumentar que ciertos conocimientos de las comunidades indígenas fueron eliminados por el proceso de la colonización y que es un objetivo político hacerlos válidos en la actualidad.
Sin duda es cierto que muchos conocimientos desaparecieron o fueron desplazados en ese proceso histórico, pero eso no implica que la SEP pueda determinar unilateralmente que ciertos conocimientos son jerárquicamente iguales a los que indica el artículo tercero constitucional. La SEP es una autoridad pública, y tiene ese mandato legal. Sin embargo, a juzgar por el proceso de consulta, parece que esto surge de la vaga agenda política de una élite académica de la Ciudad de México. Este plan no parece surgir de las demandas del magisterio mexicano después de las protestas por la reforma educativa anterior que dieron pie a la actual redacción del tercero constitucional (donde el progreso científico permanece).
Sin lugar a duda hay conocimientos que la educación pública debe rescatar, en particular en términos del artículo segundo constitucional, como el rescate de los idiomas de los pueblos indígenas en México al garantizar el acceso universal a la educación bilingüe y multicultural. Tema que creo no necesitaba de una reforma curricular sino financiamiento. Sin embargo, cuando el plan de estudios trata los temas de ciencias y matemáticas, la SEP no puede evadir el mandato constitucional del artículo tercero en materia de progreso científico. Cito aquí un párrafo del plan de estudios:
&#8220;Desde el punto de vista territorial, la idea de normalidad fisiológica o anatómica no predomina en la definición de salud en todos los lugares, existen comunidades cuyos saberes ancestrales les permiten combinar tradiciones médicas como la acupuntura, homeopatía, herbolaria, temascales con la medicina alópata de los centros de salud que, en conjunto, realizan acciones de salud como la partería, la herbolaria y seguimientos clínicos personalizados&#8221;.
¿Son estos conocimientos enlistados arriba compartidos por todas las comunidades indígenas? ¿La SEP (como autoridad) puede equipararlos con la ciencia médica moderna y por lo tanto ponerlos en el centro del plan? Varios de estos conocimientos enlistados en ese párrafo no surgieron de los conocimientos de las comunidades indígenas mexicanas. Por ejemplo, la homeopatía fue propuesta en 1796 por un médico alemán, pero ampliamente descartada por cualquier cuerpo médico serio en el mundo. Es una pseudociencia. La acupuntura es una pseudociencia china en desuso. Un plan de estudios basado en el progreso científico no debería permitir mención alguna de pseudociencias, por más que en el esquema epistemológico del plan se permita la diversidad de saberes.
Aun peor, reducir el espacio y protagonismo del contenido en ciencias y matemáticas niegan a todos, y con especial magnitud a las personas más pobres y las comunidades indígenas de México, su derecho humano a los beneficios del progreso científico que está explicito en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Dado que no sabemos cómo estos planteamientos estarán definidos en las mallas curriculares, y que ya están en el documento central del acuerdo secretarial en el <a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/754157/Acuerdo_14_08_2022_Plan_de_Estudio.pdf" target="_blank" rel="noopener">Diario Oficial de la Federación</a>, hay un riesgo real que los beneficios del progreso científico en muchos campos como las matemáticas, las ciencias físicas, o las ciencias médicas pierdan su centralidad en los programas y libros de texto gratuitos, y se otorgue espacio a pseudociencias. La Constitución, so pena del plan de estudios, sí jerarquiza los conocimientos. Y yo estoy de acuerdo con esa jerarquía.
Nuevamente, no entiendo cuál era el problema público que pretende resolver el plan con esto. Pero sí hay muchos problemas que México sí tiene en materia educativa científica. Primero, más del 45 % de la población en México sigue teniendo percepciones anticientíficas y una comprensión limitada de conocimientos científicos básicos según la <a href="https://educacion.nexos.com.mx/cuando-la-educacion-cientifica-no-ahuyenta-fantasmas/" target="_blank" rel="noopener">Encuesta sobre la Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología (ENPCYT) 2017</a>. Esto se confirma con lo que encontró <a href="https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_MEX_Spanish.pdf" target="_blank" rel="noopener">el último resultado del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA)</a>: el 53 % de los estudiantes en México no pueden reconocer fenómenos científicos básicos.
Otro problema urgente está en matemáticas: el 44 % de los estudiantes mexicanos apenas puede interpretar y resolver problemas matemáticos básicos según PISA. En los países más desarrollados este umbral supera el 76 %. En lugar de meter teorías posmodernas lejanas a los problemas nacionales en los planes de estudios, la brecha de aprendizajes debería ser la prioridad de las autoridades educativas.
Igualmente, se puede notar la brecha de aprendizajes en la educación en ciencia y tecnología cuando se preguntó en la ENPCYT sobre cambio climático. Solo el 22 % de la población entiende la ciencia básica detrás de la contaminación ambiental, 17 % en el caso de los gases de efecto invernadero, y 22 % sobre el calentamiento global del planeta. Como ha dicho el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU, los más pobres y las comunidades indígenas son al mismo tiempo los grupos más vulnerables ante los efectos del cambio climático y quienes tienen un papel vital en la conservación del planeta. La emergencia climática debería ser la prioridad de cualquier nuevo plan de estudios.
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