Politólogo y abogado, activista por la libertad y el acceso a la justicia. Secretario técnico del gabinete de seguridad pública y nacional y responsable del proyecto de reforma penal 2000-2005, comisionado municipal de seguridad de Morelia 2015-2018, redactor del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica 2018-2019. Autor de cinco libros sobre seguridad y justicia. Convencido de que la justicia internacional acabará con los dictadores y con las guerras.

Sociedad Abierta

Sin categoría

Confiar en el desarrollo sostenible o continuar como si nada 
son políticas tan viables como esperar 
que un enfermo de cáncer de pulmón 
se cure simplemente dejando de fumar.
James Lovelock
&nbsp;
Evidentemente no son lo mismo las cosas que nos preocupan que las cosas que nos afectan. Cuando en las encuestas de victimización le preguntan a la población si se siente insegura en su entidad federativa, tres cuartas partes (74.6 %) <a style="color: #0000ff;" href="#_edn1" name="_ednref1">i</a> de la población se sienten inseguras. Cuando la pregunta es más precisa e indaga sobre la percepción de inseguridad en su municipio, la cifra se reduce a dos terceras partes (63.7 %), <a style="color: #0000ff;" href="#_edn2" name="_ednref2">ii</a> pero cuando la pregunta se enfoca en la sensación de inseguridad en su colonia o localidad, apenas un poco más de una tercera parte (39.9) <a style="color: #0000ff;" href="#_edn3" name="_ednref3">iii</a> se siente insegura.
Indudablemente, la inseguridad es la principal preocupación de los mexicanos (74.6 %); sin embargo, cada año una quinta parte (22 de cada 100) <a href="#_edn4" name="_ednref4">iv</a> declaró haber sido víctima de un delito.
En contraste, cuando la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana <a href="#_edn5" name="_ednref5">v</a> interroga sobre las problemáticas de la ciudad (la encuesta se hace en 75 ciudades) las prioridades cambian. La mayoría señalan a los baches en calles y avenidas como el principal problema de las ciudades (81 %), seguido por el suministro de agua potable (60 %), insuficiente alumbrado público (59 %), y embotellamientos (53 %), la criminalidad se va al quinto lugar (50.9 %) y es seguida muy de cerca por coladeras tapadas por acumulación de desechos (50.5 %).
Otras encuestas ponen nuevamente al problema de la violencia como la principal preocupación de la ciudadanía y en segundo lugar cuestiones económicas como el desempleo, la inflación, la corrupción, la salud y la educación. Aunque los efectos del cambio climático como la falta de agua son parte de las preocupaciones de la ciudadanía, los problemas del cambio climático y sus consecuencias siguen siendo una preocupación marginal de acuerdo con las encuestas.
En realidad, el cambio climático debería ser nuestra principal preocupación. En un artículo publicado el 30 de junio de 1994 en la revista “Nature”, <a style="color: #0000ff;" href="#_edn6" name="_ednref6">vi</a> el ecologista James Lovelock y el geoquímico Lee Kump publicaron los resultados de una investigación en la que describían los catastróficos efectos de un aumento del dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera de la tierra.
Según Lovelock, “Todas las formas de vida tienen unas temperaturas máxima, mínima y óptima para su crecimiento” <a style="color: #0000ff;" href="#_edn7" name="_ednref7">vii</a> ciertas bacterias, algas y otros organismos unicelulares pueden vivir entre -1.6°C y 50°C, pero en los humanos por ejemplo, nuestra temperatura corporal pude oscilar entre 34° y 41° por periodos de tiempo cortos, pero al bajar de 36° o subir a 39° nos sentimos francamente mal, el margen de temperatura para la vida humana es de apenas tres o cuatro grados: “La mayor parte de la vida prospera entre 25° y 35°C”. <a style="color: #0000ff;" href="#_edn8" name="_ednref8">viii</a>
Al parecer una de las cosas que tienen mayor influencia en la regulación del clima en la tierra son las algas marinas y los bosques. Las primeras son organismos que absorben grandes cantidades de dióxido de carbono y producen un componente llamado “dimetilsulfuro (DMS)”, que están relacionados con la formación de las nubes que reflejan la luz del sol regulando la temperatura de la superficie marina. Por otro lado, los bosques tienen los mismos efectos: reducen el nivel de dióxido de carbono y ayudan en la creación de nubes.
En el experimento de Lovelock y Kump, calcularon que el crecimiento óptimo de las algas se da en temperaturas cercanas a los 10°C (en la superficie marina) y para los bosques la temperatura óptima era de 20°. Bajo esta premisa fueron aumentando poco a poco el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera pasando de 200 partículas por millón (ppm) a 300, 400 etc., la temperatura de la tierra fue aumentando, pero los ecosistemas se fueron adaptando aceptablemente, el problema llego cuando aumentaron el nivel de CO2 a 500 ppm entonces:
 “…la regulación empezaba a fallar y se producía una repentina y violenta subida de la temperatura. La causa era el colapso de los ecosistemas marinos. A medida que la temperatura aumentaba, las algas se veían privadas de nutrientes […] hasta que al fin terminaban por extinguirse. Con la disminución progresiva de las zonas habitadas por algas, se reducía también la capacidad de éstas para refrescar el clima, y la temperatura se disparaba”. <a href="#_edn9" name="_ednref9">ix</a>
Al calentarse la tierra, las algas marinas y los bosques van despareciendo, se produce un aumento mayor de CO2 en la atmosfera y el planeta en un círculo vicioso se calienta más convirtiendo a la tierra en un desierto.
Cuando Lovelocke y Kemp escribieron su artículo en 1994, la atmósfera tenía 358 ppm de CO2, <a style="color: #0000ff;" href="#_edn10" name="_ednref10">x</a> pero el 30 de marzo de 2024 la atmósfera de la tierra llegó a 425 ppm de dióxido de carbono.
El calentamiento del planeta, si no se detiene ya, disminuirá la cantidad y también la calidad de los alimentos; algunas zonas del planeta serán inhabitables, lo que provocará caóticas migraciones y los fenómenos climáticos serán más potentes y la desestabilización social y política muy violenta.
¡No hay tiempo que perder! Disminuir a la voz de ¡ya! la emisión de CO2 a la atmósfera es una prioridad, es decir, tenemos que jubilar los coches de combustión interna, las centrales termoeléctricas, y el crecimiento de las manchas urbanas, para que la temperatura de la tierra se mantenga y puedan mantenerse los nutrientes de la superficie marina que requieren las algas y los bosques crezcan de nuevo; la alternativa de una economía que siga aumentando las ppm de CO2 en la atmósfera simplemente no es opción.
Sin duda, la criminalidad y la justicia son prioridad en esta campaña electoral y en el próximo sexenio (quien esto escribe a eso se dedica de tiempo completo), pero el problema más importante que enfrentamos sin duda es el aumento de CO2 en la atmósfera, detener esta tendencia de inmediato y adaptarnos a lo que ya está sucediendo, sin importar lo que digan las encuestas.
<a href="https://twitter.com/bernardomariale" target="_blank" rel="noopener">@bernardomariale</a>
&nbsp;
&nbsp;
<a href="#_ednref1" name="_edn1">i</a> Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 2023, INEGI
<a href="#_ednref2" name="_edn2">ii</a> Op. Cit .1
<a href="#_ednref3" name="_edn3">iii</a> Op. Cit .1
<a href="#_ednref4" name="_edn4">iv</a> Op. Cit .1
<a href="#_ednref5" name="_edn5">v</a> Encuesta Nacional sobre Seguridad Urbana, Diciembre 2023 INEGI
<a href="#_ednref6" name="_edn6">vi</a> James E. Lovelock &amp; Lee R. Kump; Failure of climate regulation in a geophysiological model, Nature 30 June 1994.
<a href="#_ednref7" name="_edn7">vii</a> James E. Lovelock, La Venganza de la Tierra: La Teoría de Gaia y el Futuro de la Humanidad, ed. Planeta 2007
<a href="#_ednref8" name="_edn8">viii</a> Op. Cit. 7
<a href="#_ednref9" name="_edn9">ix</a> Op. Cit. 7
<a href="#_ednref10" name="_edn10">x</a> National Oceanic and Atmosferic Administration, Mauna Loa Observatory, Hawaii. Disponible <a href="https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/mlo.html" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

Criminalidad o dióxido de carbono

“… siendo uno el Estado, uno es también el Poder, así se divida para su ejercicio, por la razón política apuntada y por un principio de especialización de funciones, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. División de poderes no significa, por ende, separación ni distanciamiento entre ellos, sino colaboración estrecha para el logro de los fines del Estado”.
Lázaro Cárdenas
&nbsp;
El 12 de septiembre de 1934 Lázaro Cárdenas (siendo todavía presidente electo) envío al Congreso una iniciativa de reforma al artículo 94 constitucional, que hicieron suya los diputados Michoacán, Tabasco, Distrito Federal y Oaxaca, con el fin de que todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cesaran en su encargo y él pudiera nombrar al 100 % de los ministros de la nueva Corte.
En la iniciativa no sólo se preveía el cese de todos los ministros, sino que también se proponía que aquellos que fueran nombrados después de la reforma duraran un periodo de 6 años en lugar de ser inamovibles como hasta ese momento. El argumento de Lázaro Cárdenas era el siguiente:
&#8220;Se propone que el período por el cual desempeñen sus funciones los magistrados judiciales, sea de seis años -a semejanza de lo que la Constitución establece para que el Presidente de la República y los senadores al Congreso de la Unión &#8211; porque, en esa forma se conectará más estrechamente a la judicatura con la marcha general de la administración, y se ahorrarán, hasta donde es posible, los inconvenientes propios del tiempo de experimentación de los nuevos funcionarios”.
&#8220;Debe, pues, insistirse en que la reforma que se inicia no se endereza a restar la independencia al Poder Judicial de la Federación, no se pretende que claudique de sus atribuciones y sea instrumento sumiso del Ejecutivo; se le pide sólo que establezca una colaboración estrecha con los otros dos Poderes…”.
Al parecer para Lázaro Cárdenas, los 130 diputados y los 39 senadores y las legislaturas de los estados que la aprobaron por unanimidad, el hecho de que el presidente nombrara al 100 % de sus ministros con la aprobación del senado, donde el 100 % de sus miembros fueran del partido del presidente, no les quitaba independencia a los nuevos ministros de la Suprema Corte.
Todavía más, en la propia iniciativa añadía que: “…en orden a que lo esencial para que puedan realizarse en su integridad los postulados sociales de la Constitución General de la República y las fórmulas de coordinación social, contenidas en el Programa de Gobierno del Partido Nacional Revolucionario, consiste en que se verifique una plena interpretación revolucionaria de las leyes por hombres que sinceramente sientan la Revolución, que sean cabalmente conscientes de su responsabilidad, que tengan verdadero cariño a las masas proletarias, y que perciban con amplitud el espíritu y las necesidades históricas que inspiraron las normas y las doctrinas que se ha dado el pueblo en sus generosas luchas, para que de esta manera las ejecuten con resolución y honradez, a fin de lograr el programa colectivo. Porque si en el seno de una Administración Pública, los hombres llamados a colaborar en ella actuaron con divergencia de criterio, sin ideología común y sin disciplina, llevarían indiscutiblemente al fracaso a la mejor de las ideas y al más bien meditado plan de gestión”.
Ni John Locke ni el Barón de Montesquieu hablan de “colaboración de poderes”, ni de “interpretación revolucionaria de las leyes”, hablaban de equilibrios y contrapesos para la protección de las libertades constitucionales de los individuos. Las palabras de Cárdenas las pudo haber dicho Lenin en “El Estado y la Revolución” y en &#8220;¿Qué Hacer?&#8221; señalando que una Corte independiente protegería los intereses de la burguesía deteniendo la marcha revolucionaria.
En la mañana del 22 de febrero de 2024 el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en el programa de Ciro Gómez Leyva, dijo textualmente: “La coordinación, el diálogo entre poderes no solo es positivo sino me parece que es necesario; el poder del Estado es uno que se divide para sus funciones en beneficio de la gente, en beneficio del pueblo; cuando estamos en presencia de una fuerza del crimen organizado como la que tenemos ahora se hace todavía más importante que haya diálogo entre poderes. En todas las presidencias de la Corte siempre hubo diálogo respetuoso y una coordinación entre poderes…”.
Con una Corte así, ¿quién se atreve a defender sus derechos y libertades individuales frente a los intereses del Estado?
<div class="css-175oi2r r-1wbh5a2 r-dnmrzs r-1ny4l3l" tabindex="-1">
<div class="css-175oi2r">
<div class="css-1rynq56 r-dnmrzs r-1udh08x r-3s2u2q r-bcqeeo r-qvutc0 r-37j5jr r-a023e6 r-rjixqe r-16dba41 r-18u37iz r-1wvb978" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/bernardomariale" target="_blank" rel="noopener">@bernardomariale</a></div>
</div>
</div>

Cárdenas, Lenin y Zaldívar: la supremacía de los intereses del Estado frente a los derechos individuales

La supremacía de los intereses del Estado frente a los derechos individuales

“… el pueblo nombra a quien hace la ley y a quien la ejecuta; él mismo forma el jurado que castiga las infracciones de la ley. No solamente las instituciones son democráticas en su principio, sino también en todo su desarrollo”.
 “La institución del jurado puede ser aristocrática o democrática, según la clase donde se tome a los jurados; pero conserva su carácter republicano, en cuanto que coloca la dirección real de la sociedad en manos de los gobernados o de una parte de ellos, y no en la de los gobernantes”.
Alexis de Toqueville, La Democracia en América
 
El 27 de mayo de 1996 se celebró el primer juicio por jurados en la ciudad de Palencia, España. Ocho hombres y una mujer (una enfermera, un médico, un abogado, un empleado de Renault-España, un minero, un decorador, un jubilado, un técnico y un agricultor), designados de entre los vecinos de esa ciudad y alrededores debían decidir la culpabilidad o inocencia de un tal A.A.R.
Los jurados escucharon las pruebas y alegatos de la fiscalía que solicitó inicialmente ocho años de prisión por un delito de homicidio, donde el acusado A.A.R. mató a puñaladas a su hermano, mientras que la defensa pedía la absolución al considerar que había que aplicarle la eximente completa de enajenación mental al cometer el homicidio.
Tras casi dos horas y media de deliberación el jurado emitió un veredicto de culpabilidad por unanimidad y el 30 de mayo de 1996 se firmó la sentencia del caso con la pena de seis años y un día de prisión.
Los juicios por jurado desparecieron de España desde la guerra civil (1936-1939), ya que el General Cabanellas (uno de los líderes del golpe de estado que desembocó en la guerra civil) los acusaba de haber sustituido “la recta administración de justicia por una notoria parcialidad… beneficiosa a sus bastardos intereses”, por lo que es necesario “… suspender el funcionamiento del jurado para que los tribunales de Derecho establezcan el imperio de la justicia misma, única e imparcial, columna básica que ha de sustentarse toda la sociedad organizada”.
No fue sino hasta el retorno de la democracia que la nueva Constitución de 1978 en su artículo 125 estableció que: “Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine…”.
En 1995, los legisladores españoles aprobaron la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado que implementaba la garantía del artículo 125 y especificaba en su artículo 1 que “El Tribunal del Jurado, como institución para la participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia, tendrá competencia para el enjuiciamiento de los delitos atribuidos a su conocimiento y fallo por esta u otra Ley…” y enumeraba los delitos que debían ser juzgados con jurado, particularmente el homicidio, las amenazas, el allanamiento de morada, el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos, los fraudes y las negaciones prohibidas a funcionarios.
El jurado es la gran reivindicación de la democracia en materia judicial, porque no limita el poder de los ciudadanos a emitir un voto el día de las elecciones, sino que los pone en el centro de la impartición de justicia no sólo como observadores sino como actores. Los jurados deben votar no por un candidato, sino por la culpabilidad o inocencia de un acusado y a través de esos veredictos determinar hacia dónde va la justicia.
El jurado es una de las herramientas más poderosas contra la corrupción judicial porque los acusados que desconfíen de la parcialidad de un juez o tribunal (funcionarios de carrera del poder judicial) tienen derecho a ser juzgados por un jurado popular que no tiene compromisos con ninguna de las partes.
Para asegurar su imparcialidad se escogen al azar un grupo de ciudadanos –unos treinta o cuarenta– que son entrevistados por los abogados de cada una de las partes y van eliminando a los que pueden ser parciales hasta llegar a nueve más dos suplentes en España y 12 en Estados Unidos que serán los encargados de juzgar al acusado.
En México, López Obrador propuso que los jueces de primera instancia, magistrados de los diferentes tribunales y ministros de la Suprema Corte fueran electos por el voto popular, bajo la hipótesis de que de esta manera actuarían a favor de las causas del pueblo y no de intereses ajenos a la justicia.
En Estados Unidos, los ciudadanos de 24 estados eligen a los jueces de la Suprema Corte Estatal, 25 eligen a los jueces de apelaciones y 23 eligen a sus jueces de primera instancia. La importancia de los jueces electos es que en teoría responden a los deseos de justicia del pueblo. Por ejemplo, en Wisconsin los ciudadanos eligieron a la jueza Janet Claire Protasiewicz como ministra de la Suprema Corte Estatal, lo que provocó que el equilibrio entre liberales y conservadores se inclinara hacia los liberales, lo que permitirá que se despenalice el aborto.
Sin embargo, ninguno de los jueces federales de primera instancia, magistrados y Ministros de la Suprema Corte son electos por el pueblo, sino que son nominados por el presidente y aprobados por el Senado.
Los jueces tienen mucho poder porque toman decisiones que afectan la vida de los ciudadanos. En Estados Unidos todos los ciudadanos tienen derecho a un juicio con jurados tanto en materia civil como penal. En realidad, en Estados Unidos se llevan a cabo unos 155 mil juicios con jurado al año, menos del 2 % (en España unos 500 al año principalmente de homicidio). Sin embargo, en vista de que todos los ciudadanos tienen derecho a un juicio por jurado, éste se convierte en una herramienta muy poderosa cuando algunas de las partes advierte que un juez está favoreciendo a alguna de las partes, en cuyo caso puede preferir un juicio con jurados que le quitarán al juez el poder de juzgar.
Hay muchas críticas a los jurados, algunas más sofisticadas que otras, aunque la más recurrente es que el pueblo no está listo para impartir justicia y que eso debe ser exclusivamente tarea de los jueces que son abogados. En alguna época no muy remota se decía lo mismo del derecho al voto afirmando que el pueblo no estaba listo para elegir a sus gobernantes.
En realidad, los jueces, magistrados y ministros profesionales aciertan y se equivocan tanto como los jurados, pero los jurados son –donde existen– la gran herramienta de la democracia que, como decía Toqueville, “…coloca la dirección real de la sociedad en manos de los gobernados o de una parte de ellos, y no en la de los gobernantes”.
El jurado es igual que el derecho al voto, es una forma de ejercer la soberanía y de equilibrar el poder de los jueces.
Si López Obrador quisiera realmente controlar el poder de los jueces, magistrados y ministros, elegirlos por voto popular en realidad no soluciona el problema, pero si lo que quiere -como ha sido su discurso – es darle el poder al pueblo, bien podría proponer el regreso de los jurados en materia civil y penal para que EFECTIVAMENTE el pueblo decida, porque como decía Toqueville:
“El Jurado es ante todo una institución política; se le debe considerar como una forma de soberanía del pueblo y sólo debe ser rechazado enteramente cuando se rechaza la soberanía del pueblo […] El jurado forma la parte de la nación encargada de asegurar la ejecución de las leyes, como las Cámaras son la parte de la nación encargada de hacerlas; y para que la sociedad esté gobernada de una manera exacta y uniforme, es necesario que la lista de los jurados se extienda o se reduzca con la de los electores”.
<a href="https://twitter.com/bernardomariale" target="_blank" rel="noopener">@bernardomariale</a>

Jueces electos o jurados

También los cristianos primitivos sabían muy exactamente que el mundo está regido por los demonios y que quien se mete en política, es decir, quien accede a utilizar como medios el poder y la violencia, ha sellado un pacto con el diablo, de tal modo que ya no es cierto que en su actividad lo bueno solo produzca el bien y lo malo el mal, sino que frecuentemente sucede lo contrario. Quien no ve esto es un niño, políticamente hablando.
Max Weber en “La Política como Vocación” (1919).
&nbsp;
Las campañas políticas han comenzado, los precandidatos y sus respectivas coaliciones están enfrascados en una lucha por el poder que permitirá la utilización de todas las armas disponibles en el arsenal para quedarse o para hacerse con el poder.
No es precisamente una lucha por cambiar o sostener determinadas políticas públicas, los precandidatos tienen ideas muy superficiales sobre lo que hay que hacer para detener el cambio climático, ofrecer seguridad y justicia, desarrollar la economía o abatir el eterno problema de la pobreza; es más bien una lucha por controlar el poder del Estado y sus enormes privilegios.
Max Weber en su libro La Política como Vocación, precisaba que no es lo mismo el Estado que una sociedad política; el Estado es sin duda una sociedad política, pero no solo eso, la diferencia específica de una sociedad política y el Estado es sin duda el uso monopólico de la violencia legítima. Al parecer, sin el monopolio de la violencia el Estado pierde todo sentido y razón de ser.
La violencia legítima es el medio específico de la política, aunque muchos dirán que es el consenso, el diálogo, los presupuestos, el derecho incluso; sin embargo, sin el respaldo de la violencia legitima (Weber dixit) una sociedad política no es un Estado, sino que está instalado en la anarquía en su sentido más exacto.
Dicho lo anterior, Weber planteaba un dilema ético para quienes quieren dedicarse a la política: básicamente que están aceptando usar el poder del Estado (la amenaza o el uso efectivo de la violencia legítima) para lograr sus fines, sean buenos o malos.
Y eso nos lleva a la vieja discusión sobre los medios y los fines que Weber plantea sin hacerse muchas ilusiones, afirmando que ninguna ética del mundo puede evitar el hecho de que la consecución de fines “buenos” tenga que utilizar medios moralmente dudosos, que además generen consecuencias colaterales malas, y que ninguna ética del mundo puede demostrar cuánto y en qué medida un fin moralmente bueno justifica medios éticamente dudosos y sus consecuencias colaterales malas.
El problema es mucho más complejo de lo que parece; hay políticos convencidos de su ideología, de lo que creen y actúan con base en lo que Weber llamó la “ética de la convicción”, es decir, a una especie de ceguera que no mide las consecuencias de sus convicciones (que pueden ser malas o buenas). En cambio el político que prioriza la “ética de la responsabilidad” prioriza las consecuencias de sus actos por encima de sus convicciones. La tensión entre ambas, en la política, no la determina el bien o el mal, ni sus efectos colaterales sino la meta eficiente de obtener el poder y utilizarlo para sus fines.
¿Es éticamente correcto consolidar a MORENA, aunque esto implique destruir la democracia, el INE o la Suprema Corte? ¿Es éticamente correcto violar la legislación electoral para que la oposición sea competitiva en el proceso electoral de 2024? ¿Es ético instalarse en la normatividad sin responsabilizarse de sus consecuencias?
Algunos actores políticos están instalados en la ética de la convicción sin percatarse de los “poderes diabólicos que están en juego” y otros en la ética de la responsabilidad, pero como dice Weber, ni todo lo bueno que hagan producirá el bien, ni todo lo malo el mal. Que no haya equivocaciones: se está luchando por el poder (la violencia legitima) y todos los que están en esa lucha ya hicieron su pacto con el diablo.
Por eso desconfiar del poder, de quienes lo ostentan y de quienes lo buscan es un axioma de cualquier individuo o sociedad que precie su libertad. ¿O seremos niños políticamente hablando?
<a href="https://twitter.com/bernardomariale" target="_blank" rel="noopener">@bernardomariale</a>

Precandidatos y precampañas, un pacto con el diablo

La acción más reprochable del gobierno de López Obrador-Morena ha sido sin duda, su intento hasta ahora fallido por destruir el INE y someter a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque atentan contra la democracia y la posibilidad que tienen los ciudadanos de cambiar al partido en el poder y de hacer respetar sus derechos constitucionales.
Esta aspiración autoritaria y hegemónica de AMLO-MORENA es el mayor peligro que vive la democracia mexicana, si se consolidan en el poder en las elecciones del 2024, es muy probable que el INE y la SCJN sucumban ante la andanada autoritaria de un nuevo sexenio morenista.
La democracia mexicana habría sido un periodo nuevamente pasajero de nuestra historia (como la república restaurada) y la hegemonía de un solo partido y el posible maximato de AMLO terminarían con las elecciones libres, el régimen de partidos, el equilibrio de poderes y muchas de las libertades de los mexicanos, aunque siguiendo la tradición mexicana sería un régimen autoritario con ropajes y formas democráticas como el viejo PRI.
Este escenario es el que una buena parte de la clase media mexicana quiere evitar.
Según el INEGI, en 2020 el 42.2% de los hogares en México pertenecían a la clase media y el 1.2 a la clase alta. En los hogares de clase media el promedio de escolaridad fue de 11.2 años, es decir, casi terminada la preparatoria y en la clase alta 15.2 años (muy avanzada la educación universitaria). En la clase baja el promedio de años de estudio fue de 8.2 (educación básica) y solamente en el 18.6% de los hogares por lo menos un adulto tenía mínimo un año de educación superior (en la clase media y alta fue de 51.2 y de 91.9 respectivamente).
En una encuesta publicada por El Financiero el martes 2 de mayo, el 67% de los mexicanos con educación básica aprueban la gestión de López Obrador, el indicador baja a 52% de entre los que tienen educación media y el 44% de los que tienen educación superior.
Algo interesante es que entre los ciudadanos que se dijeron morenistas el 98% aprobó el desempeño de López Obrador, pero entre los simpatizantes de la oposición solo el 16% lo aprueba y entre los apartidistas el 53%.
Quizás lo que estos datos muestran es que las clases medias no tienen comprometido su voto, sino que votan libremente con base en la información que tienen de un partido, sus candidatos y el efecto de las campañas.
El llamado voto duro de los partidos tiende a ser más restringido en número y las llamadas “maquinarias electorales”, es decir, del grupo de gente controlada por estructuras partidarias que votan de manera “corporativa” tienen su peso, pero no son las que definen elecciones con mucha participación como la elección presidencial.
Entonces no sería exagerado decir, que las elecciones se ganan en las campañas y no con el voto duro o con el tamaño de las “maquinarias electorales”.
La insistencia del Frente Amplio por México por integrar a Movimiento Ciudadano está estrechamente vinculado a la necesidad de ofrecer a las clases medias una alternativa que impida el resurgimiento del partido hegemónico y de lo que eso implica para una sociedad tan diversa, compleja y necesitada como la mexicana.
Es muy posible que el conjunto de votos que aportan las clases medias a los partidos que se oponen a Morena y sus aliados sean las que determinen la elección y si se dividen entre dos opciones ratificarán al partido en el poder.
De pronto la postura de algunos de los dirigentes más importantes de Movimiento Ciudadano es difícil de entender, el discurso de “vieja política” y “nueva política” tiene sentido como eslogan, pero carece de contenido práctico ¿qué significa vieja o nueva política? En los ciclos políticos de las sociedades siempre hay una dialéctica entre nuevo y viejo, pero a la hora de gobernar, el consenso y la negociación de intereses sintetizan los intereses y las propuestas de los contrarios.
No se busca la hipotética hegemonía de “la nueva política” sobre “la vieja política” (esa política ya existe) sino articular los intereses de una sociedad diversa en casi todo, particularmente en sus preferencias políticas.
Si algo nos enseña la historia política de las naciones democráticas es como los partidos políticos y los líderes que ganan elecciones, cuando son sometidos a las realidades del poder como designar servidores públicos de alto nivel, pasar iniciativas legales en el Congreso, aprobar las prioridades presupuestales, desarrollar obras de infraestructura, lidiar con las críticas en los medios, competir en elecciones intermedias y locales y un larguísimo etcétera tienen que pactar con las otras fuerzas políticas (nuevas y viejas) y llegar a acuerdos para sacar adelante políticas públicas.
No parece que en política exista algo químicamente puro. La democracia no busca el gobierno de los buenos, ni siquiera de los mejores, sino como diría Karl Popper en la Sociedad Abierta y sus Enemigos, la democracia permite crear instituciones, equilibrios y contrapesos que puedan detener las políticas de malos gobiernos cuando falten los mejores.
Tratando de conservar la alternativa que propone Movimiento Ciudadano y lograr un triunfo electoral en 2024 no está nada fácil, el artículo 87. Numeral 4. de la Ley General de Partidos Políticos establece que “ningún partido político podrá registrar como candidato propio a quien ya haya sido registrado como candidato por alguna coalición.”
Dicho de otra manera, si por alguna razón Movimiento Ciudadano postulara a Xóchitl Gálvez tendría que hacer una coalición con el PAN, el PRI y el PRD, la buena noticia es que cada partido podría aparecer por separado y la gente podría votar por el partido de su preferencia, aunque postularan a la misma candidata.
Los datos tampoco mienten, en la elección presidencial de 2018 votó el 63.4% del padrón electoral, López Obrador y su coalición recibió 30.1 millones de votos (mdv), mientras que las otras coaliciones 24.8 mdv. Como es sabido PAN-PRD-MC iban en coalición y obtuvieron 12.6 mdv, mientras que PRI-Verde-Nueva Alianza 9.2 mdv, el candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” 2.9 mdv.
Dicho de otra manera sumando los votos de los opositores a López Obrador habrían obtenido 24.8 mdv, y la diferencia con la coalición ganadora hubiese sido de 5.2 mdv.
Para las elecciones intermedias de 2021 las coaliciones cambiaron ligeramente, el Partido Verde, el PT y Morena, compitieron juntos en muchos distritos electorales y en otros fueron por separado, la suma de sus votos fue de 20.9 mdv. Del mismo modo el PAN, el PRI y el PRD compitieron juntos en muchos distritos y en otros cada uno por su cuenta, pero la suma de sus votos fue de 19.3 mdv. Movimiento Ciudadano fue solo en todos los casos y obtuvo 3.4 mdv.
En el hipotético caso de que se hubieran repetido las coaliciones de 2018 (con la excepción del Verde que pasó del PRI a Morena) la coalición opositora hubiera obtenido 22.7 mdv, apenas 2 mdv menos que los votos obtenidos en la elección presidencial, pero 1.8 mdv más que Morena y sus aliados.
Considerando que en la elección presidencial votó el 63.4% del padrón y en la intermedia de 2021, el 52.6% es decir, un decrecimiento en la participación del -16.9%, la votación de Morena y sus aliados decreció -30.5% (por debajo del abstencionismo), en tanto la oposición en su conjunto (incluyendo MC) decreció solamente -8.2% (por arriba del abstencionismo).
¿Una hipotética coalición de PAN, PRI, PRD, MC, sería igual o superior a la suma de sus partes? Dependerá de la o el candidato y la forma en que se elija, pero la inercia hegemónica de Morena y sus aliados más la fuerza de 23 gobiernos estatales y del gobierno federal no son una fuerza menor.
Movimiento Ciudadano es una fuerza política con una postura política llena de futuro, pero ¿Sólo puede ganar las elecciones? ¿Cuál es la carta que tiene Dante Delgado para que Movimiento Ciudadano ofrezca a la clase media la alternativa ganadora que tanto demanda?
Por el momento parece que Xóchitl ha capturado la imaginación de la clase media.
<a href="https://twitter.com/bernardomariale">@bernardomariale</a>
&nbsp;

Xóchitl y Movimiento Ciudadano: la batalla por la clase media

“Y el estado levantará monumentos… para celebrar su memoria. Y se les ofrecerán sacrificios como a semidioses… como a hombres tocados por la gracia divina y semejantes a Dios”.
 Platón
 
La elección de junio de 2024 tiene que ser la última en la que 130 millones de mexicanos depositamos nuestro destino como nación en manos de una sola persona.
Karl Popper en su libro “La Sociedad Abierta y sus Enemigos” critica fuertemente a Platón afirmaba que este filósofo reducía el problema fundamental de la política a la pregunta ¿Quién debe gobernar? Cosa que le parecía absurda porque a esa pregunta vendrán respuestas abstractas que no tienen aplicación práctica como el mejor, el más sabio, la voluntad general, la raza superior, los obreros o el pueblo.
Popper desconfiaba de Platón porque al primero le parecía que en general los políticos no son lo bastante buenos o sabios y “que no es nada fácil establecer un gobierno en cuya bondad y sabiduría pueda confiarse sin temor”.
Si sabemos esto –se pregunta Popper– ¿por qué el pensamiento político no prevé desde un principio la posibilidad de un mal gobierno? Y propone cambiar la pregunta platónica de quién debe gobernar por otra mejor: “¿En qué forma podemos organizar las instituciones políticas a fin de que los gobernantes malos o incapaces no puedan ocasionar demasiado daño?”.
El presidencialismo mexicano –como lo ha demostrado el gobierno de López Obrador– permite que el presidente de México determine la vida de 130 millones de personas y que haya muy pocos contrapesos que puedan detener sus caprichos, ambiciones o políticas.
Si el presidente decide cancelar un aeropuerto a medio construir, hacer una inútil refinería o destruir la selva de la península de Yucatán violando todo tipo de legislación al respecto, o paralizar al INAI, nadie puede pararlo ni hacerlos rendir cuentas. Si no aceptan su plan A, irá por el B, el C y así hasta el Z para debilitar y someter al INE, o a la Suprema Corte.
El diseño del presidencialismo mexicano permite que las políticas públicas dependan casi exclusivamente del carácter de quien es electo para ese cargo.
No todos los sistemas presidencialistas son iguales, en Estados Unidos el presidencialismo está muy acotado por la forma en que se eligen los diputados (todos por mayoría) y los senadores (1/3 cada dos años) y por las facultades presupuestales del presidente (que debe recibir aprobación del congreso permanentemente), además está muy acotado por un federalismo muy poderoso que descentraliza una enorme cantidad de decisiones de gobierno lejos de su alcance.
En Francia, aunque es un país muy centralista, el poder presidencial está muy restringido por la forma en que se elige el parlamento y la obligación de compartir el poder con un primer ministro designado por la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional. El presidente Francois Miterrand miembro del Partido Socialista, tuvo que cohabitar con un primer ministro liberal Jaques Chirac, quien a su vez siendo presidente tuvo que cohabitar con el socialista Lionel Jospin.
En América Latina el presidencialismo no parece tener muchos contrapesos, la corrupción y las tentaciones autoritarias brotan con frecuencia (el Brasil de Bolsonaro, El Salvador de Bukele, la Venezuela de Maduro, la Bolivia de Evo Morales, el Perú de Fujimori, etc.) por la ausencia de equilibrios y contrapesos de un sistema presidencial cuyo diseño no tiene los mecanismos de relojería del sistema norteamericano, ni del francés.
El 1 de octubre de 2024 tomará posesión (lo más probable) una nueva presidenta de México que heredará el enorme poder de la silla presidencial, Xóchitl o Claudia deberán tomar una decisión definitiva: conservar ese enorme poder o descentralizarlo y depurar el poder presidencial para hacerlo más efectivo y democrático.
Sin embargo, no será una cuestión de voluntad, ni una graciosa concesión, se requiere un cambio institucional –siguiendo a Popper– para estar preparados contra los malos gobernantes y cambiar el sistema presidencialista.
Durante el próximo sexenio tiene que transitarse a un sistema parlamentario, donde el poder ejecutivo no esté depositado en una sola persona, sino en el gabinete y las decisiones sean colegiadas y ese gabinete sea aprobado por la mayoría de los diputados “otorgándole su confianza para gobernar”.
En lugar de presidenta habría una primera ministra que sería “primera entre iguales” pero las decisiones serían del gabinete y no de la primera ministra. El truco está en que para que la cámara apruebe su gabinete tiene que estar compuesto por personas competentes para darles la confianza. Esto limitaría enormemente las ocurrencias, pero sobre todo la autocracia.
La primera ministra debe comparecer cada 15 días o cada mes ante el parlamento para responder a sus preguntas. ¿Se imaginan a AMLO compareciendo cada mes ante la Cámara de Diputados?
Es interesante ver que –con la sola excepción de Estados Unidos– las democracias desarrolladas todas tienen sistemas parlamentarios o semi parlamentarios (como Francia), algunas son monarquías donde el rey es una figura ceremonial y en aquellos que son repúblicas el presidente es un funcionario que representa al Estado pero no tiene casi ningún poder, es igualmente una figura ceremonial.
Lo paradójico es que a pesar de que nadie tiene todo el poder concentrado (el Parlamento, el Gabinete, etc.), el Estado parece ser muy eficaz, aunque tengan buenos o malos gobernantes por ello. López Obrador debe pasar a la historia como el último presidente de México y Xóchitl o Claudia como las que hicieron la reforma para evitar que cada seis años la pregunta existencial del país sea ¿quién nos debe gobernar? y confiemos en nuestras instituciones para preservar la libertad y el bienestar. El gobernante será pasajero, la institución permanente.
Los sistemas parlamentarios tienen muchas instituciones de equilibrio, un sólido servicio civil de carrera, un poderoso poder judicial, un sistema de democracia directa, un sistema de partidos muy abierto, etc. Pero ya hablaremos de eso en otra entrega.
<a href="https://twitter.com/bernardomariale" target="_blank" rel="noopener">@bernardomariale</a>

El último presidente de México

El Frente Amplio (PRI, PAN, PRD y algunas ONG) así como Morena y sus aliados están en abierta precampaña. López Obrador lanzó a sus llamadas “corchalatas” a la precampaña para darse a conocer y así ganar una encuesta que determinará al candidato. Ante este proselitismo adelantado el Frente Amplio tomó la decisión de no perder por “default” y lanzó su propio proceso de precampaña.
Hacer este proceso no debería tener nada de malo porque en ejercicio de la libertad los ciudadanos y los partidos manifiestan sus aspiraciones, someten al escrutinio público sus personas y de vez en cuando sus propuestas con el fin de que los escojan para ser presidenta o presidente de México.
El único problema es que desde la inefable reforma electoral de 2007 la Constitución señala que hacer este proselitismo un año antes de las elecciones es ilegal. Con base en la fracción IV del artículo 41 constitucional precisa que la duración de las campañas para Presidente de la República será de noventa días y que las precampañas no excederán las dos terceras partes del tiempo previsto para las campañas electorales, es decir 60 días.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala en su artículo 226 que las precampañas darán inicio en la tercera semana de noviembre del año previo a la elección y más adelante precisa: “Los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular que participen en los procesos de selección interna convocados por cada partido no podrán realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda, por ningún medio, antes de la fecha de inicio de las precampañas; la violación a esta disposición se sancionará con la negativa de registro como precandidato. (las negrillas son mías).
Con base en esta disposición, ambas partes ya inventaron eufemismos como &#8220;coordinador del Frente Amplio&#8221; o &#8220;coordinador de la defensa de la Transformación&#8221;; lo cierto es que están en precampaña para elegir su candidato presidencial y le están dando la vuelta a la ley.
El único partido que ha sido honesto y claro ha sido Movimiento Ciudadano al señalar sin ambigüedades que se está violando la ley.
El problema de fondo es que las leyes cuando se hacen por capricho nacen para ser violadas y deslegitimar el Estado de Derecho. En México hay muchísimas leyes declarativas en todas las materias que complacen a un público deseoso de justicia, pero que no tienen la menor oportunidad de aplicarse y mucho menos de generar el resultado deseado.
Las enormes penas que se asignan a delitos o la prisión preventiva oficiosa no mejoran la seguridad ni generan mayor justicia; muchos de los derechos declarados en la Constitución ni de cerca los garantizan y eso deslegitima a la ley como vehículo de justicia.
El clásico “obedézcase, pero no se cumpla” es una forma de legislar en nuestro país: hacemos leyes fuera de la realidad que sabemos que no se van a cumplir para complacer el deseo de alguien, acto seguido vendrá la frustración.
Toribio Esquivel Obregón escribió en la página 267 del primer tomo de su libro “Apuntes para la Historia del derecho en México”, que la frase “Obedézcase, pero no se cumpla” se refería al hecho de que por encima del poder de los reyes estaba el imperio del derecho natural, de tal manera que si un rey expedía una ley que contradijera el derecho natural debía obedecerse, pero no cumplirse.
En su libro Esquivel Obregón abunda explicando que la etimología de la palabra obedecer significa literal “escuchar con atención y respeto”, pero no subordinarse a la instrucción de otra persona. “Obedecer, pero no cumplir”, significa “escuchar en actitud reverente, atender y juzgar con propio criterio, oyendo a la vez la voz del que manda, la voz superior de la razón y de la ley natural que pide hacer el bien y evitar el mal y si hay un conflicto entre aquella y esta, no cumplir”.
Don Toribio sugiere que este concepto “sólo” aparentemente contradictorio es el origen del juicio de amparo y en particular de la suspensión del acto reclamado.
Si Morena se adelantó (con la complacencia del INE), ¿la oposición debe dejarla jugar sola? ¿Y empezar la carrera con seria desventaja?
Más bien es hora de que se legisle con racionalidad para evitar el “obedézcase, pero no se cumpla”, no solo en materia electoral, sino en todas las materias.
<div class="css-1dbjc4n r-1wbh5a2 r-dnmrzs r-1ny4l3l" tabindex="-1">
<div class="css-1dbjc4n">
<div class="css-901oao css-1hf3ou5 r-14j79pv r-18u37iz r-37j5jr r-1wvb978 r-a023e6 r-16dba41 r-rjixqe r-bcqeeo r-qvutc0" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/bernardomariale" target="_blank" rel="noopener">@bernardomariale</a></div>
</div>
</div>

Las precampañas del Frente y de Morena: obedézcase, pero no se cumpla

Los vivos de Bukele y la disyuntiva de los salvadoreños

Elizabeth Holmes fundó en 2003 una empresa llamada “Theranos”<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> que hacía análisis clínicos con una supuesta e innovadora tecnología, mediante la cual con una sola gota de sangre podía llevar a cabo 240 pruebas de laboratorio, que hasta ahora requieren mucha más sangre para conocer la situación clínica de un paciente.
Para ello consiguió de diferentes inversionistas cerca de 400 millones de dólares<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> que requería la empresa. Incluso logró asociarse con “Walgreens” una empresa que opera casi 9 mil farmacias en Estados Unidos<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> (y es dueña de Farmacias Benavides) para que pusiera laboratorios en dichas farmacias y así sus clientes se hicieran sus exámenes médicos es las propias farmacias.
Bajo esta alianza Theranos llegó a valuarse en 9 billones de dólares.
No obstante, el éxito de su empresa, un reportero del Wall Street Journal<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> descubrió que todo era un fraude, que no existía tal tecnología y que las personas que se hacía ahí sus exámenes eran engañadas, que en el mejor de los casos los resultados se obtenían utilizando máquinas de otras compañías, pero sin la cantidad de sangre necesaria los exámenes no eran precisos o de plano inventados.
Su “innovadora” tecnología llamada “Edison” era un fraude.
Derivado de los artículos del Wall Street Journal (y de un libro que derivó de éstos) cuatro agencias del gobierno de Estados Unidos (SEC, FBI, FDA y USPIS)<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> iniciaron una investigación contra Elizabeth Holmes por el fraude que había engañado a los inversionistas y dañado a los pacientes que fueron a hacerse ahí sus pruebas.
Las agencias del gobierno federal trabajaron dos años en la investigación y obtuvieron documentos, correos electrónicos, transferencias bancarias, entrevistaron testigos, hicieron peritajes en las máquinas y descubrieron la trama de fraude y las evidencias que lo probaran.
Trabajando en conjunto con el Fiscal Federal del San Francisco<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a> (Distrito Norte de California), presentaron una imputación ante un juez y éste convocó a lo que en Estados Unidos llaman un “Gran Jurado” que son un grupo de entre 16 y 23 ciudadanos que revisan la evidencia que les presenta el fiscal en sesiones secretas y con base en ello determinan si hay pruebas suficientes para acusar a una persona de un delito.
En este caso la evidencia era abrumadora y el Gran Jurado presentó una acusación<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a> en los juzgados de distrito contra Elizabeth Holmes y su socio Ramesh Balwani alias “Sunny” por varios delitos de fraude. La Juez Susan Van Keulen libró órdenes de aprehensión contra los dos acusados para que se presentaran en una audiencia inicial, fueron arrestados. En la audiencia se les dieron a conocer sus derechos, fueron informados de las acusaciones en su contra y se les preguntó cómo se declaraban frente a las acusaciones; ambos se declararon inocentes.
Posteriormente, la Juez Van Keulen les informó cuando sería su próxima audiencia y ante qué Juez (un juez distinto) debían comparecer, para que se resolvieran todas las mociones previas al juicio, se hiciera el descubrimiento probatorio (los pruebas de la acusación) y se llevaran a cabo las audiencias llamadas “voir dire” (decir la verdad en latín) para escoger a los jurados entre las dos partes (fiscalía y defensa).
Finalmente, en dicha audiencia la Juez Van Keulen pregunto al fiscal que medidas cautelares proponía para asegurar que los acusados asistieran al juicio y éste contestó que proponía la libertad durante el juicio, previa garantía de 500 mil dólares por cada uno, la entrega de sus pasaportes y restricciones para viajar fuera de California (solo podían ir a Washington a ver a uno de sus abogados, avisando a la Corte). La Juez consultó a un funcionario llamado “Allen Lew” encargado de la oficina de “Servicios Previos al juicio” sí derivado de su dictamen había algún problema con la decisión de la Corte y éste dijo que ninguno.
Transcribo y traduzco está parte de la Audiencia<a href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>:
“Juez: Señorita Holmes y Sr. Balwani, van a ser liberados bajo las siguientes condiciones:
Su libertad es condicional y si no cumplen con estas condiciones, su libertad puede ser revocada y ustedes regresaran a prisión preventiva. Están siendo liberados gracias a la garantía de los 500 mil dólares pero si faltan a alguna de las audiencias que les ordenes la Corte o cumplir sus condiciones, el gobierno cobrará la garantía.
Están sujetos a las siguientes condiciones: 
No pueden entrar en contacto, acosar, amenazar o cualquier otra interacción con ningún testigo, víctima, informante o cualquier persona relacionada con la investigación criminal.
No pueden viajar fuera del Distrito Norte de California, con excepción de los viajes que pueden hacer a ver a sus abogados.
Y deben reportarse de inmediato a Servicios Previos al Juicio una vez que sean liberados… ¿De acuerdo?”
Los acusados estuvieron de acuerdo y la juez añadió que ambos debían entregar sus pasaportes a la oficina de Servicios Previos al juicio y que no podían poseer armas de ningún tipo, no podían comunicarse entre ellos sin la presencia de un abogado y no podían cambiarse de casa sin avisarle al funcionario de Servicios Previos.
Finalmente les confirmó que debían asistir a su próxima audiencia el 15 de agosto y los envío con los Alguaciles de la Corte (custodios) para hacer los trámites de la fianza para después ser liberados bajo esa garantía.
En el boletín de prensa de la Oficina del Fiscal del Distrito Norte de California se insistió en que los acusados son inocentes hasta que les sea probada su culpabilidad “más allá de toda duda razonable.”
El siguiente paso fue que Holmes y Balwani tuvieron juicios por separado. En el caso de Holmes siguieron una serie de audiencias donde se litigaron las pruebas de la fiscalía, se hicieron algunos acuerdos probatorios, se resolvieron recursos que interpusieron los acusados y se eligieron los jurados. Después vino el juicio.
Durante un poco más de tres meses con la dirección de la Juez, la fiscalía y la defensa litigaron enfrente del Jurado. Se desahogaron los testimonios de los testigos, de las víctimas y los peritos y una vez desahogadas todas las pruebas, el jurado se retiró a deliberar.
Durante siete días sopesaron las pruebas y determinaron un veredicto de culpabilidad contra Elizabeth Holmes en cuatro de los once delitos de los que fue acusada (Balwani también fue declarado culpable).
Una vez concluido el juicio, con una sentencia de culpabilidad, Elizabeth Holmes (visiblemente embarazada por segunda vez) se regresó a su casa, para esperar la sentencia que es diferente al veredicto del Jurado. En el primero se declaró la culpabilidad de la acusada y en el segundo, las penas que se le impondrían
Unos días después y revisando las circunstancias con base en la “Guía de Sentencias para los jueces federales” así como el “estatuto que determina la imposición de sentencias”, Elizabeth Holmes se presentó a la audiencia en libertad y la Juez le impuso una pena de 11 años y tres meses en una prisión federal, así como tres años de supervisión posterior a su liberación, además se determinó que debía pagar un monto no especificado todavía de dinero para reparar el daño.
La audiencia se llevó a cabo el pasado 18 de noviembre, pero la Juez le ordenó que se presentará en una prisión de mínima seguridad en Bryan Texas, el 27 de abril de 2023, mientras regresará a su mansión en California en libertad bajo fianza. Una vez que nazca su nuevo bebé tendrá que ser separado de su madre y cuidado por su padre mientras está privada de su libertad.
El crimen de Elizabeth Holmes fue el fraude causado a los inversionistas que perdieron su dinero y a los enfermos que recibieron diagnósticos equivocados sobre su estado de salud, pero también la Juez consideró que debía ser ejemplar su sanción porque dañó la credibilidad de las nuevas empresas innovadoras – llamadas startups – frente a los inversionistas que arriesgan su capital en ellas. Y en un ambiente como el de Silicon Valley donde han surgido empresas como Apple o Tesla eso es muy dañino para la economía.
Sin embargo, tengo la impresión de que se hizo justicia. Elizabeth Holmes fue acusada de 11 delitos desde el principio del proceso (no imputada, ni vinculada a proceso) ACUSADA es decir supo desde el primer momento de que se tenía que defender. Además, estuvo libre durante todo el proceso y sigue libre hasta el 23 de abril de 2023 que debe presentarse en la cárcel para cumplir su sentencia.
A pesar del daño que causaron sus delitos, no la sentenciaron a cadena perpetua, ni a la pena de muerte sino a 11 años y tres meses de prisión y a pagar un monto no determinado todavía de reparación del daño.
Se cumplieron todos los principios de un proceso penal democrático; las agencias de investigación, “investigaron” de oficio (sin denuncia) a partir de una investigación periodística, juntaron las pruebas necesarias y trabajaron con el fiscal para formular una ACUSACIÓN.
Llevaron el caso ante un juez que libro la orden de aprehensión con base en la ACUSACIÓN (no como en México antes de la acusación) y en la audiencia inicial, considerando la presunción de inocencia y las circunstancias de la acusada, le otorgaron la libertad caucional con una fianza de 500 mil dólares (ahora en varios estados si no tienes dinero hay otras formas de garantizar la libertad caucional), tuvo derecho a la defensa y las audiencias fueron orales y públicas (de hecho muy mediáticas) y no fue juzgada por un juez de carrera sino por ciudadanos igual que ella, designados por su defensor y la fiscalía (el Jurado) que consideraron su culpabilidad sin mayor influencia que lo desahogado en el juicio.
Elizabeth Holmes estuvo en el juicio embarazada y algunos periodistas sospecharon que el embarazo era al propósito para ablandar al jurado. No fue así.
Es difícil saber si las víctimas están satisfechas con el resultado, pero la sociedad sabe que no hubo impunidad, pero tampoco venganza. Hubo justicia.
Me pregunto si tenemos algo que aprender en México de este proceso, en el caso de Rosario Robles, de Elba Esther Gordillo, de exsenador José Luis Lavalle, del excandidato presidencial  Ricardo Anaya, del exdirector de PEMEX Emilio Lozoya, de la excuñada de Fiscal Gertz Manero, Alejandra Cuevas y de tantos que son privados de sus libertad sin acusación, que son procesados en prisión preventiva por meses y a veces años y que son juzgados por jueces que responden a una jerarquía burocrática y no por jurados de sus pares.
<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> https://www.britannica.com/biography/Elizabeth-Holmes
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> https://www.nytimes.com/2022/01/03/technology/elizabeth-holmes-theranos.html
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> https://www.walgreensbootsalliance.com/our-business/us-retail-pharmacy-segment#:~:text=Walgreens%20is%20included%20in%20the,10%20million%20customers%20each%20day.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> https://www.wsj.com/articles/theranos-has-struggled-with-blood-tests-1444881901
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> SEC: Securities and Exchange Commission; FBI: Federal Bureau of Investigation; FDA: Food and Drug Administration; USPIS: United States Postal Inspection Service.
<a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/theranos-founder-and-former-chief-operating-officer-charged-alleged-wire-fraud-schemes
<a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.327949/gov.uscourts.cand.327949.1.0_1.pdf
<a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.327949/gov.uscourts.cand.327949.22.0_1.pdf

El fraude de Elizabeth Holmes: entre la presunción de inocencia y la pena proporcional

Fraude de Elizabeth Holmes: entre presunción de inocencia y pena proporcional

La Constitución española en su artículo 68.1 establece que el Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados. En el 68.2 señala que la circunscripción electoral es la provincia (España tiene 50 provincias y 2 ciudades autónomas) y en el 68.3 que la elección se verificará en cada circunscripción (provincia) atendiendo a criterios de representación proporcional.
Por su parte el artículo 162 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de ese país aclara que el Congreso se compondrá de 350 diputados, uno para cada ciudad autónoma y dos para cada provincia como mínimo, los restantes 248 se le asignarán a cada provincia de manera proporcional con base a su población.
De esta manera, cuando hay elecciones cada partido hace una lista de candidatos a diputados por provincia y según el porcentaje de votos de cada partido se le asigna un número proporcional de diputados a través de una fórmula establecida en el artículo 163 de esa misma ley basada en la llamada “Ley d&#8217;Hondt”.
Esta “Ley d&#8217;Hondt” es un invento del jurista belga Víctor Hondt (1841-1901), que desarrolló esta fórmula para que se repartieran los diputados lo más justo posible de acuerdo al número de votos de cada partido. Incluso en ese artículo 163, la ley española pone un ejemplo práctico de cómo repartir los diputados entre el número de votos.
<a href="https://front.animalpolitico.com/sociedad-abierta/la-reforma-electoral-y-el-articulo-68-de-la-constitucion-espanola/reforma-electoral-6/" rel="attachment wp-att-889478"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-889478 alignnone" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2022/11/reforma-electoral.png" alt="" width="1056" height="1070" /></a>
Este sistema ha probado su eficacia en la democracia española, pero ha recibido muchas críticas porque permite la sobrerrepresentación de los partidos grandes y la subrepresentación de los chicos.
La razón es que en las provincias que solo tienen dos diputados es muy difícil repartir diputados de manera proporcional (si tres partidos se repartieron 28, 30 y 34% de la votación de esa provincia), mientras que en las grandes que tienen más diputados que repartir, la asignación de diputados es más cercana al porcentaje de votos de cada partido.
La reforma electoral que ha propuesto López Obrador reproduce en muchos sentidos el artículo 68 de la Constitución española, tanto en sus aciertos como en sus errores. Al revés de lo que se ha publicado en algunos periódicos nacionales, no busca eliminar a los diputados plurinominales, muy por el contrario, elimina el 100% de los 300 diputados de mayoría y aumenta de 200 a 300 los diputados plurinominales, que ahora serán electos en 32 circunscripciones (una por cada entidad federativa) en lugar de las 5 que hasta ahora existen.
La iniciativa propone que los 300 diputados se distribuyan entre las entidades federativas con base en su porcentaje de población de acuerdo al último Censo. De esta manera, por ejemplo, Aguascalientes que tiene 1,425,607 habitantes, equivalentes al 1.10% de la población, tendría derecho a tres diputados que a su vez equivalen al 1% de las 300 diputaciones. Por su parte, el Estado de México con 16, 992,418 habitantes, equivalente al 13.50% de la población del país, tendría derecho a 40 diputaciones federales equivalentes al 13.33% de los 300 diputados.
Al igual que en España, el problema de la propuesta está en la forma en la que cada entidad federativa repartirá los diputados que le corresponden. Según la propuesta de nuevo artículo 54 constitucional, a cada partido político o lista de candidaturas independientes se le asignarán el número de diputados que corresponda de acuerdo con su votación en cada entidad federativa.
Así en una hipotética entidad federativa que tuviera derecho a 100 diputados, si un partido tuviera el 40% de la votación le serían asignados 40 diputados y si otro partido tuviera el 3% tendría derecho a 3 diputados y así hasta llegar a 100.
La cuestión es que la entidad que más diputados tendría es el Estado de México con 40, mientras que Baja California, Campeche y Colima tienen derecho a 2 diputados cada una, lo que implica cierta complejidad matemática para repartirlas proporcionalmente entre partidos que obtuvieron el 20, 30 o 40 por ciento de la votación.
Según la propuesta en el artículo 54, en primer lugar se dividirá la votación válida (el total de la votación emitida menos los votos nulos y los votos de los partidos que hayan obtenido menos del 3% de la votación total) entre el número total de diputaciones por asignar. Si en Aguascalientes en 2021 se emitieron 457,938 votos válidos (eliminando los nulos y los que obtuvieron los partidos con menos del 3% de la votación) entre tres diputaciones a repartir, cada diputación equivaldría a 152,646 votos.
Más adelante la propuesta de artículo 54 establece que todos los partidos políticos que tengan más del 3% de la votación tendrán derecho a que les asignen el número de diputados como cocientes naturales enteros tenga su votación, es decir, si en 2021 el PAN obtuvo 229,115 votos equivalentes al 50% de la votación, Morena el 28%, el PRI 10%, Movimiento Ciudadano el 4.3%, el Verde 4% y Fuerza México 3%, ¿cómo les podríamos repartir tres diputaciones?
Al PAN con 229 mil votos le alcanza para un diputado y les sobran 76, 469 votos (lejos de los 152,646 para un segundo diputado) entonces considerando que MORENA tuvo 128, 548 votos equivalentes al 28% de la votación le tocaría otro diputado (aunque está 24, 098 votos debajo de los 152,646 necesarios) porque tiene más del 3% y el PRI con 46,671 equivalente al 10% de la votación le tocaría otro diputado, aunque está 105, 975 votos abajo del umbral de los 152,646.
En este sentido el PAN con el 50% de la votación tendría el 33% de los diputados que representan a Aguascalientes, una subrepresentación del 17%, en tanto Morena con el 28% de la votación tendría el 33% de la representación, es decir, una sobrerrepresentación del 5% y el PRI con el 10% de la votación tendría igualmente el 33% de la representación, una sobrerrepresentación del 23%.
Por su parte Movimiento Ciudadano con el 4.3% de la votación, el Partido Verde con el 4.02 y Fuerza México con el 3.3, aun cuando superan el umbral del 3% que marcaría la Constitución para tener diputados, se quedarían sin nada porque ya no hay diputados que repartir y esos votos se perderían completamente porque no se pueden sumar con los de otras entidades.
Si aplicáramos la Ley d&#8217;Hondt el PAN se quedaría con dos diputados, Morena con uno y el PRI, MC, el PVEM y FM ninguno.
A pesar de las similitudes, las diferencias son importantes. Como dije, el sistema español se divide en 52 provincias que funcionan como circunscripciones electorales en un territorio que es ¼ parte del territorio de México, o sea que son circunscripciones mucho más chicas y por tanto los diputados son más cercanos a sus electores. López Obrador propone listas por cada entidad federativa y 300 diputados, es decir 50 menos que en España que tiene 1/3 de la población de México. Por otro lado, en España formar partidos políticos es muy fácil (casi como hacer una Asociación Civil en México), hay más de 4,500 partidos políticos. Sin embargo -según el artículo 169 de la Ley Electoral–, deben juntar cada elección las firmas del 1% de los inscritos en el padrón de cada circunscripción para participar en las elecciones, por lo que hay 10 partidos con representación parlamentaria.
Otra cuestión importante es que los partidos locales pueden participar en elecciones nacionales en las provincias en las que realicen sus actividades, por eso los partidos vascos, catalanes o gallegos tienen diputados nacionales.
Algunas alternativas 
Quién esto escribe siempre he estado en contra de los diputados plurinominales y de la partidocracia como ha quedado plenamente acreditado en este espacio (<a href="https://front.animalpolitico.com/blog-invitado/mitterrand-y-lopez-obrador-entre-los-diputados-de-mayoria-y-los-de-representacion-proporcional/" target="_blank" rel="noopener">aquí,</a> <a href="https://front.animalpolitico.com/blog-invitado/diputados-de-mayoria-o-de-representacion-proporcional-partidos-politicos-y-pluralidad/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a> y <a href="https://front.animalpolitico.com/blog-invitado/el-ineludible-bipartidismo-cuando-la-pluralidad-se-enfrenta-con-la-gobernabilidad/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>), sin embargo, en caso de que la iniciativa de López Obrador prosperara en este aspecto (en todo lo demás nos llevaría a la dictadura), podrían hacerse algunos ajustes:
<ol>
<li>Aumentar el número de Diputados de 300 a 400 para que además de las listas de cada entidad federativa, hubiera una lista nacional de hasta 100 diputados con el fin de compensar a los partidos con más del 3% de los votos nacionales para asignarles el número de diputados que le correspondan de acuerdo a su votación nacional;</li>
<li>Facilitar la formación de partidos políticos para limitar el poder de las cúpulas partidarias y la partidocracia;</li>
<li>Facilitar el registro de listas independientes;</li>
<li>Permitir que los partidos estatales participen con listas en las elecciones nacionales en los estados donde están registrados;</li>
<li>Regular la formación de las listas de cada partido para que haya representación regional (por ejemplo, que no todos los candidatos de Chihuahua sean de la capital o de Ciudad Juárez, o los de Nuevo León de Monterrey, sino que haya obligación de una representación regional);</li>
<li>Regular la formación de la lista de candidatos para que los electores puedan escoger quienes van en los primeros lugares de las listas.</li>
</ol>
Congreso sin mayorías
En general la representación proporcional plena favorece la partidocracia y el control de las cúpulas partidarias, sin embargo también impide que un solo partido tenga mayoría y requiera de coaliciones y acuerdos con partidos minoritarios para que la agenda legislativa se apruebe. Esto tiene su lado positivo, pero también les da mucho poder a las minorías que con unos cuantos diputados pueden determinar la aprobación de la dicha agenda y la gobernabilidad.
La iniciativa del gobierno (insisto, sólo en este tema) como está planteada eliminaría el poder de los partidos políticos emergentes, favorecería la partidocracia y las cúpulas partidarias, y mantendría las restricciones a la formación de nuevos partidos. En suma, las burocracias partidarias se consolidarían en el poder y despojarían al ciudadano de la capacidad de elegir a sus representantes sin que tenga muchas alternativas para oponerse a estas élites.
<a href="https://twitter.com/bernardomariale" target="_blank" rel="noopener">@bernardomariale</a>

Puros pluris: la reforma electoral y el artículo 68 de la Constitución española

La reforma electoral y el artículo 68 de la Constitución española

La estructura es la estrategia.
El Arte de la Guerra, Tzun Tzu
&nbsp;
Nuevo León siempre ha sido un estado vanguardista. No sólo por su capacidad industrial y espíritu emprendedor que lo coloca como el tercer estado más rico de México (sin los beneficios del centralismo), por sus instituciones educativas y de investigación, sus patronatos culturales, etc., sino también porque se ha atrevido a cambios importantes y vanguardistas en materia de seguridad y justicia.
En junio de 2004 Nuevo León reformó su Código de Procedimientos Penales para que una gran cantidad de delitos se procesaran a través de juicios orales, lo que lo convirtió en el pionero a nivel nacional. Adicionalmente, en Nuevo León se desarrolló una institución privada –financiada por empresarios- igualmente pionera en el tratamiento y atención a personas privadas de la libertad.
Institución RENACE se fundó en 1994 con la idea de ayudar a personas privadas de su libertad que –después de revisar su caso– son inocentes o han sido procesadas injustamente. Para ello litigan sus casos, en ocasiones pagan sus fianzas o la reparación del daño, les ofrecen atención psicológica y acompañamiento a las familias e incluso para evitar la reincidencia, promueven oportunidades laborales a las personas cuyos casos han atendido.
Otras iniciativas igual de importantes como “Puerta Violeta”, que atiende a mujeres víctimas de violencia para protegerlas y ayudarles en construir una nueva vida; la construcción de una policía metropolitana que integra las unidades de investigación de las policías municipales de la zona metropolitana de Monterrey (¡exacto!, que investigan delitos); la policía municipal de San Pedro Garza García (por mucho la mejor del país), y la implementación de la justicia cívica para atender faltas administrativas.
En un contexto de grave inseguridad Nuevo León creó la llamada Fuerza Civil que, aprovechando la cultura emprendedora de esas latitudes, desarrolló una policía estatal (que no municipalota) para garantizar la fuerza suficiente para combatir las organizaciones criminales que la federación ha dejado operar libremente. Últimamente después de un bache de abandono ha recuperado su esencia de policía de segundo piso y la supremacía de gobierno sobre los criminales empieza a recuperarse.
Sin embargo, Nuevo León también ha sido víctima de las simplificaciones que se han propuesto en materia de procuración de justicia en México. La peregrina idea de que la autonomía de las fiscalías evitaría la utilización política de las enormes facultades del ministerio público sin reformar sus procesos y atribuciones ha impedido que las vanguardistas iniciativas de ese estado consoliden una sociedad justa y por tanto segura.
El pasado 5 de octubre el primer fiscal “autónomo” del estado presentó su renuncia al cargo a pesar de que su periodo de seis años vencía en 2024, las razones o la “grilla” que hubo detrás de esta decisión creo que son irrelevantes para el argumento de este artículo, lo importante es que este cambio no debería ser solamente un proceso de selección del nuevo Fiscal General del Estado sino la oportunidad de transformar esa institución y demostrarle a México lo que puede ser una Fiscalía autónoma en nuestro sistema de justicia.
El Ministerio Público en México podría -quizás- ser la decepción más grande de los constitucionalistas de 1917. En el Congreso Constituyente de Querétaro, desde Venustiano Carranza hasta los diputados ahí presentes, tenían grandes esperanzas de que el Ministerio Público tendría un efecto muy positivo en la justicia, eliminando por un lado los abusos de los “Jueces de Instrucción” y fortaleciendo la persecución del delito para generar seguridad y justicia en México en el marco de un sistema acusatorio.
Y tal vez se hubiera logrado ese objetivo, sin embargo, como el diputado Paulino Machorro Narváez <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> lo expuso en su momento, las reformas posteriores acabaron convirtiendo al Ministerio Público en un “Juez de Instrucción” administrativo; las reformas eliminaron los juicios orales con jurado y regresaron al sistema escrito, luego crearon la averiguación previa (una instrucción administrativa) y le adscribieron una policía bajo su mando inmediato (la policía judicial) y los servicios periciales, le dieron fé pública para evitar la repetición de actuaciones en el juicio, lo mantuvieron en el ámbito del poder ejecutivo lo cual permitió (y permite) su uso político y el sistema ni fue más garantista, ni más eficaz para hacer justicia.
En un libro bauticé al sistema como el “garantismo inquisitivo”.
Con la reforma de 2008 y de 2014 había la expectativa de corregir esos errores del sistema, regresar a los juicios orales, eliminar la averiguación previa, darle facultades de investigación a las policías no ministeriales, eliminar la fe pública del Ministerio Público para que las pruebas se desahogaran en el juicio y no en la “averiguación previa”, darle autonomía al propio Ministerio Público para evitar que sus facultades fueran utilizadas políticamente, etc.
Sin embargo, faltó ambición y el Ministerio Público siguió siendo el eje en torno al cual gira el sistema; sigue siendo –prácticamente– quien recibe las denuncias y la cifra negra (delitos cometidos, pero no denunciados) sigue en los márgenes del 90% (pocos quieren denunciar). Es decir, de entrada 90% de impunidad.
La investigación está llena de torpezas burocráticas ineludibles porque están en la ley y por tanto el abuso de las detenciones en “flagrancia” abruma de trabajo a las policías y a los ministerios públicos sin que baje la impunidad y por tanto la inseguridad. Ahora la averiguación previa se llama eufemísticamente “investigación inicial y complementaria” y el expediente “carpeta de investigación”.
Se sigue litigando la investigación en el Ministerio Público (cosa que quería evitar la reforma para que todo fuera ante un juez) y la fe pública del Ministerio Público se sustituye por pasarle a la carpeta de investigación al juez antes de la audiencia.
La reforma de 2008 y la 2014 también le añadió tareas al Ministerio Público: además de recibir denuncias, le dio la facultad de resolver delitos a través de acuerdos reparatorios sin sanción judicial, lo que lo convirtió en una especie de “juez civicote”, que es el método a través del cual resuelve la mayoría de los asuntos que atiende sin contar las denuncias que decide archivar.
Aunque le permitieron “investigar” a las policías No ministeriales, se condicionó a que lo hicieran bajo la conducción y mando del ministerio público. Sin embargo, el ingenio de los neoleoneses a través de oficios de investigación, convenios e incluso una reforma legal ha permitido que la policía metropolitana de investigación haga su tarea cada vez con mayor eficacia.
Sin embargo, la cuestión de la seguridad y la justicia sigue pendiente: Nuevo León, además de la Policía Metropolitana de Investigación, tiene a la Fuerza Civil y a la Agencia Estatal de Investigaciones, el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales; y la Unidad Especializada en Inteligencia Patrimonial y Económica, estas tres últimas dependientes de la Fiscalía General.
Esta estructura evidencia la estructura de las antiguas procuradurías, pero con otros nombres. Sigue habiendo un enfoque importante en la recepción de denuncias y en la integración de carpetas de investigación, a la fecha las áreas se denominan de “investigación y litigación” y se sigue viendo a la policía ministerial y los servicios periciales como “auxiliares” del ministerio público.
Para que Nuevo León sea la primera entidad en abatir la cifra negra tiene que transferir la recepción de denuncias a las policías municipales a través de estaciones de policía y unidades móviles de atención a víctimas y recepción de denuncias y así, aprovechar sus ministerios públicos en la litigación de las investigaciones en los tribunales.
Del mismo modo, si quiere tener tasas de impunidad similares a las de un país desarrollado, necesita transferir la Agencia Estatal de Investigación y el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales a la Secretaría de Seguridad Pública para –aprovechando la experiencia de la Fuerza Civil– construir una policía investigadora de clase mundial que articule la política criminal en el poder ejecutivo del estado que determine, dirija y articule la política criminal del estado de una manera efectiva y con todas los instrumentos.
Ningún órgano autónomo constitucional cuyos funcionarios no son electos deben tener policías o cualquier tipo de fuerza pública.
Del mismo modo, la mediación de todos los delitos que admiten “acuerdo reparatorio” debe ser una tarea de los juzgados cívicos municipales como lo marca la nueva constitución del estado.
¿Qué le queda entonces a la Fiscalía?
El artículo 52 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que para ser Ministerio Público es necesario contar con el título de licenciado en derecho, no dice ser investigador, mediador, juez cívico o de control. Lo que se requiere del Ministerio Público es que realmente sea el asesor jurídico de las investigaciones y el abogado de la sociedad que la proteja con la ley en la mano y en los tribunales de la impunidad.
Si el nuevo Fiscal trabaja con las policías municipales para que reciban denuncias y con la Policía Metropolitana de Investigación para que se identifique a los culpables, si la Agencia Estatal de Investigación y el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales están orientados por la política criminal del ejecutivo para abatir la impunidad, si promueve que la justicia cívica atienda los delitos que admiten acuerdo reparatorio (se puede a través de acuerdos), entonces el Ministerio Público, el nuevo Fiscal y su equipo podrán enfocarse en lo importante.
¿Qué es lo importante? Dirigir las investigaciones jurídicamente para que reúnan todos los elementos para poder formular imputaciones sólidas, litigar con todos los elementos proporcionados por las policías para obtener sentencias condenatorias que realmente abatan la impunidad con la ley en la mano. No más pero no menos.
Según México Evalúa, Nuevo León es el Estado que menos Ministerios Públicos tiene por cada 100 mil habitantes (4.6), frente al promedio nacional (12.8). Sin embargo, da la impresión de que el problema no radica solamente en el número sino en las tareas que le han asignado a esta institución.
Si la Fiscalía de Nuevo León, aprovechando el cambio de Fiscal, recupera su papel de ABOGADO de la sociedad olvidándose de ser policía, perito, mediador, juez “civicote” y juez de control y se centra en transformar el trabajo policial en imputaciones y en sentencias condenatorias a través del litigio, no sólo va a construir una sociedad segura, sino que va a ofrecer justicia a los neoleoneses, lo que le dará permanencia, y de paso va a mostrar el camino al resto del país como lo ha hecho innumerables veces.
<a href="https://twitter.com/bernardomariale" target="_blank" rel="noopener">@bernardomariale</a>
&nbsp;
<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Machorro Narváez, Paulino, El Ministerio público, La Intervención de Tercero en el Procedimiento Penal y la Obligación de Consignar según la Constitución. Ed. Publicaciones de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, Correspondiente de la Real de Madrid México DF 1941.

Una fiscalía para Nuevo León

“El objeto del combate es la destrucción o la derrota del enemigo… pero ¿a qué nos referimos con derrota del enemigo? Sencillamente a la destrucción de sus fuerzas ya sea matándolo, hiriéndolo, o por cualquier otro medio que impida que siga peleando… La destrucción total o parcial del enemigo es el único objeto de todos los combates”.
Carl Von Clauzewits, Sobre la Guerra
&nbsp;
El problema fundamental que enfrenta México es la inseguridad y la ausencia generalizada de acceso a la justicia para las víctimas y para los imputados de un delito. Según los datos que conocemos muy pocos reciben justicia.
La razón fundamental por la que esto sucede (no la única, pero si la más elemental) es que muchos de nuestros gobernantes, empresarios, intelectuales, activistas, diplomáticos y en general personas con influencia en el rumbo del país, siguen pensando que vivimos una “guerra” contra el crimen y, por tanto –como Clauzewits– siguen pensando que el propósito de las instituciones de seguridad pública es “la destrucción total o parcial del enemigo”.
Bajo esta premisa crearon un cuerpo militar –la Guardia Nacional– muy numeroso, para poderlo desplegar en todo el país, con uniformes de batalla, armamento de calibres cada vez más altos, equipo táctico, patrullas de batalla, helicópteros, equipo de inteligencia militar, todo complementado con una estrategia de enfrentamiento y disuasión por medio del uso total de la fuerza.
Bajo esta premisa generar miedo sobre la capacidad de fuerza y de fuego de los criminales es muy útil. Asumir que ni los criminales, ni las organizaciones a las que pertenecen muchos de ellos, ni son tan fuertes, ni tienen la capacidad táctica, de fuego o financiera que se les atribuye, puede ser muy peligroso porque impediría que aumentaran los presupuestos de las fuerzas armadas y la relevancia política de sus mandos y en general del ejército.
La “guerra” contra el crimen no se va a ganar porque NO es una “guerra” y no se trata de aniquilar al enemigo. Es un problema de seguridad pública y de justicia penal que transita por avenidas muy diferentes a las propuestos por Clauzewits para ganar la “guerra”.
Paradójicamente, muchos de nuestros líderes (insisto, políticos, empresariales, intelectuales, diplomáticos y sociales) consideran que esa “guerra” no se va a ganar y que se necesita “negociar” con el crimen, acordando hacer concesiones a sus intereses criminales a cambio de paz (cualquier cosa a que eso se refiera).
Las élites y algunos “expertos” creen que el triunfo de esta estrategia los beneficiará, lo cual además de falso perjudicará a la mayoría de los ciudadanos que requieren justicia para que haya seguridad.
Como ya he argumentado en este espacio y Alejandro Hope en algunos otros (<a href="https://front.animalpolitico.com/sociedad-abierta/quienes-y-cuantos-criminales-nos-tienen-en-esta-crisis-de-seguridad/" target="_blank" rel="noopener">aquí </a>y <a href="https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-hope/el-pequeno-universo-criminal" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>) el argumento de la “guerra” no se sostiene. El número de criminales y su capacidad táctica y de fuego ni de lejos se compara con la que tiene el Estado Mexicano.
Entonces ¿por qué no ganan la “guerra”? ¿Por qué no aniquilan al enemigo y nos ofrecen paz?
La respuesta más sencilla sería que no hay una “guerra” que pelear y no va a haber un día “D” en que las gloriosas tropas de nuestras fuerzas armadas invadirán los estados y municipios “ocupados” por el enemigo, lo destruirán y marcharán gloriosas por las calles de las ciudades liberadas en medio del aplauso y el agradecimiento de la multitud.
Hay una respuesta más compleja que aborda la criminalidad considerando el número, la dimensión y la fuerza real de los criminales y la forma en que el Sistema de Justicia Penal (policías, fiscales, defensores, jueces y sanciones) puede utilizar las herramientas de la ley para reducir primero y controlar después las actividades criminales, ofrecer justicia y como consecuencia garantizar la seguridad de la población.
Los criminales no son el ejército enemigo, no porque no tengan poder de fuego, sino porque la meta no es aniquilarlos sino investigarlos, acusarlos, procesarlos, probar su culpabilidad y, buscar su regeneración; a veces privados de la libertad y a veces no.
El 100% de los delitos que cometen los criminales están previstos en el Código Penal, es decir, hay una descripción de cada conducta delictiva y hay una pena asignada a cada una de ellas. Ninguna de las penas es la aniquilación del delincuente.
Por decirlo así, la calidad de delincuente te lo da la ley y en ese sentido el 100% de los criminales están dentro de la legalidad, no fuera de la legalidad, por lo que es dentro de la legalidad en la que deben ser procesados.
Una estrategia que aspire a disminuir y controlar el delito tiene que construirse de abajo hacia arriba (de ninguna manera a la inversa) porque la mayoría de los criminales no son homicidas (36, 625 homicidios frente a 28 millones de delitos) sino que cometen robos (en viviendas, en transporte público, en las calles) y por tanto hay estrategias diferenciadas y perfiles policiales distintos.
Como se ve hay una gran cantidad de criminales que cometen delitos de menor gravedad y muy pocos que cometen delitos más graves. Hay delitos que implican poca complejidad en su investigación y posterior persecución y otros (los menos) requieren de detectives muy capacitados y el uso de sistemas muy sofisticados para descubrir si hay delito y quién es el delincuente.
La doctrina policial no es para ganar una “guerra” precisamente porque no hay una “guerra” que pelear (lo que no quiere decir que habrá marginalmente operativos con mayor o menor violencia), sino delincuentes que procesar y sancionar, y el perfil y la formación que debe tener un policía está lejísimos de alguien preparado para aniquilar al enemigo.
Un policía profesional debe estar formado para interactuar con la población, para resolver problemas, para investigar, algunos para recabar y producir información científica y otros (los menos) para reaccionar y usar la fuerza en el número limitado de casos que esto es necesario, cuando la prevención, la inteligencia y la investigación no hayan sido suficientes.
En su libro “Sobre la Estrategia: El Contexto de la Guerra de Vietnam”, Harry G. Summers Jr –un oficial del ejército norteamericano– se pregunta por qué el ejército de Estados Unidos ganó todas sus batallas en Vietnam y, sin embargo, perdió la guerra; después de 240 páginas él mismo se responde: porque Estados Unidos nunca tuvo claro cuál era el objetivo último y definitivo de esa guerra.
En la medida que la misión de la policía no es ganar la “guerra”, un policía profesional debe tener claro que su papel es darle mantenimiento cotidiano a la ley y contribuir a la justicia que al final produce seguridad.
<a href="https://twitter.com/bernardomariale" target="_blank" rel="noopener">@bernardomariale</a>

Siguenos en:

Siguenos en:

Plumaje