Jacobo Dayán es especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos. Se desarrolla como docente, investigador, conferencista, activista, analista, columnista y consultor tanto en México como en el extranjero. 

Nunca más

Sin categoría

El país se desgarra ante las violencias y la clase política está lejos de poner alternativas serias en la mesa. A la mayoría de medios de comunicación y opinocracia les obsesiona quién “ganó” el debate. Allí parte del problemón que no ha podido ser resuelto por décadas.
Un día sí y otro también el desfonde nacional se hace patente. El Estado pierde cada día más el control territorial ante el avance criminal que solo puede entenderse en colusión con agentes e instituciones del Estado. El crimen organizado escala su capacidad de fuego:<a href="https://x.com/All_Source_News/status/1777466541706985790" target="_blank" rel="noopener"> drones con explosivos</a>, <a href="https://www.proceso.com.mx/nacional/2024/4/9/narco-escala-ataques-en-michoacan-ahora-lanza-bombas-quimicas-videos-326739.html" target="_blank" rel="noopener">bombas químicas</a>, <a href="https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2024/2/13/crimen-organizado-coloca-minas-explosivas-en-limites-de-jalisco-sedena-323914.html" target="_blank" rel="noopener">minas antipersonales</a>. El Estado se reduce a “reportar” las actividades criminales. Esto quedó patente con el secuestro masivo de personas en Sinaloa que, en palabras del gobernador, son “cosas que lamentablemente ocurren”. Los asesinatos políticos ya son parte de los procesos electorales mexicanos.
La reacción de la clase política es responsabilizar a sus oponentes, pero no ocuparse de la violencia y la impunidad. En el debate presidencial ni siquiera se hizo mención de preocupación o solidaridad por este fenómeno. Ante cada masacre la reacción es minimizarla. Frente a la violencia y corrupción cotidiana se responde que se investigará o que se presentarán denuncias. Estas frases en un país con impunidad casi absoluta es equivalente a decir “olviden el asunto y no estén chingando”.
Todos los partidos políticos son o han sido gobierno a nivel federal y estatal. Si en realidad hubiera compromiso por la seguridad y la justicia, en algún estado habría avances, la justicia sería la norma y no la excepción, la búsqueda de desaparecidos avanzaría sostenidamente. Nada de esto ocurre. Más bien lo que se repite, sin importar colores, es minimizar, mentir y maquillar cifras.
Eso sí, llegado el tiempo electoral todas y todos los candidatos afirman saber cómo hacerlo y tratan de convencer a la ciudadanía que tienen el compromiso de enfrentar el reto fundamental de la nación: verdad, justicia y seguridad.
¿Sería mucho pedir, y seguramente muy ingenuo, que alguna de las candidatas a la presidencia, o quien ocupa en lejano tercer lugar, convoquen a un acuerdo de Estado para revertir la violencia y la impunidad? ¿Sería imposible que extiendan la mano y llamen a cerrar filas en estos temas y que convoquen a especialistas para delinear un acuerdo de Estado?
La paz y la justicia no llegarán sin un acuerdo de Estado a largo plazo. Es natural que existan diferencias de visión entre partidos, en estos temas tendría que haber acuerdos. Las descalificaciones son propias de los procesos electorales. Sin embargo, tendrían que abrirse espacios de diálogo y acuerdos con un piso mínimo: voluntad absoluta para erradicar los vínculos políticos-criminales y los recursos ilícitos en campañas, desmilitarización de la seguridad y de la vida pública, y combate a la gran corrupción. Para ello se requieren fiscalías sólidas y verdaderamente independientes que tardarán años en construirse, mientras tanto urge la implementación de mecanismos extraordinarios de verdad y justicia, así como la construcción de instituciones policías civiles con supervisión externa. Soluciones cosméticas no han alcanzado y no alcanzarán.
¡Basta! Seis años más de división solo profundizará el horror. En tres sexenios la clase política, y la exigencia ciudadana, no ha estado a la altura del problemón. ¿Alguien tendrá la altura de llamar a un acuerdo nacional por la paz, seguridad, verdad y justicia?
<a href="https://twitter.com/dayan_jacobo" target="_blank" rel="noopener">@dayan_jacobo</a>

¡Basta!

Más de tres lustros de violencias desatadas y la clase política sigue pensando en lo mismo: cuánta fuerza y de qué tipo se requiere para reducir el horror y encaminarnos a ser un país que pueda garantizar la vida, controlar el territorio, romper el vínculo político-criminal y desmantelar redes criminales con gran capacidad de fuego.
Todos los partidos políticos son o han sido gobierno a nivel estatal y federal. Todos han pretendido contener la violencia sin pasar por la justicia. Ante las violencias, las respuestas han sido más militares y prisión preventiva oficiosa.
Las candidaturas a la presidencia ya pusieron sobre la mesa sus propuestas que son más de lo mismo, unas peores que otras. Preocupa sobremanera las propuestas de Morena de continuar con la apuesta militar, la elección de jueces, magistrados y ministros del poder judicial, y la continuación de la política fallida y perversa de búsqueda de desaparecidos. De entre las propuestas de la oposición también preocupa la construcción de mega prisiones en lugar de transformar el sistema penitenciario y la firma de un Tratado para la Seguridad de América del Norte que en las condiciones actuales fortalecería a los militares y a las fiscalías corruptas y capturadas. Se puede pensar en un tratado solo después de depurar las instituciones mexicanas.
En ningún lado aparece abatir la impunidad, transformar fiscalías, reformar por completo el sistema penitenciario, desmantelar las redes de macrocriminalidad (político-criminales) y un proceso sólido de Justicia Transicional.
Es necesaria una gran Comisión de la Verdad, completamente independiente, que genere narrativas nacionales, regionales, temáticas y temporales de los contextos, métodos, patrones de violencia y de impunidad, así como de las redes de colusión entre agentes y fuerzas del Estado, clase política, empresas privadas, crimen organizado y otros grupos armados. Las fiscalías del país tardarán años en poder ser descapturadas y fortalecidas; mientras tanto se requiere un Mecanismo Extraordinario de Justicia que aborde fenómenos de gran violencia y corrupción para desmantelar las redes de macrocriminalidad.
Las propuestas hasta hoy presentadas se encuentran muy por debajo de la realidad. La clase política se sigue negando a perder el control político de la verdad y la justicia. El país presenta una descomposición mucho peor que los diagnósticos que presentan las campañas. Cada sexenio se piensa que no podríamos estar peor, la realidad demuestra lo contrario. No alcanza con pequeños o medianos ajustes, mucho menos con la continuidad del descomunal fracaso en materia de seguridad y reducción de la impunidad. Sin un compromiso absoluto por la verdad y la justicia, no hay militares y cárceles que alcancen.
<a href="https://twitter.com/dayan_jacobo" target="_blank" rel="noopener">@dayan_jacobo</a>

Seguridad sin justicia

Es gravísima la erosión democrática y sumamente peligrosa las reformas propuestas por Morena: hacer definitiva la militarización de la vida pública, acabar con la representación de minorías en el congreso, partidizar al poder judicial y destruir los contrapesos y división de poderes. Importante poner allí la mirada, la indignación, la exigencia y la movilización. Sin un mínimo de democracia no hay viabilidad.
Sin embargo, también es gravísima la violencia sin control, la absoluta impunidad, los vínculos político-criminales, el control territorial por parte de grupos criminales fuertemente armados, la extorsión y cobro de piso generalizados, la abdicación en la búsqueda de desaparecidos, el reclutamiento forzado de menores, la devastación de tierra y territorio, entre muchas otras. Aquí pocas miradas, pocas denuncias, pocos discursos.
Por un lado, se oferta la continuación de la autodenominada transformación en la que se profundiza el sectarismo, la militarización y la democracia entendida como la voluntad de las mayorías a raja tabla, sin respetar derechos de minorías ni el Estado de Derecho ni la división de poderes. Como respuesta social se han realizado movilizaciones en las que se pretende preservar lo poco que se tiene, una disfuncional y frágil democracia construida en un periodo breve. Es necesario seguir haciéndolo. Desde la oposición partidista nada concreto, oposición con poco contenido.
Pero nadie, desde la esfera política, parece ocuparse del horror, de la cooptación de partidos políticos por intereses económicos, criminales y de pequeños grupos que se han apoderado de ellos; de la gran corrupción ni del control político de la justicia. ¿Es agenda de alguien? ¿Hay indignación y exigencia social para movilizarse sobre esto?
¿De qué democracia hablan torios y troyanos? ¿Una con más de 4 mil fosas clandestinas, con cientos de miles de asesinados y desaparecidos; una en que el Estado ha preferido la vía militar que la civil; una en que la vida no está garantizada y la justicia tampoco? Si hubiera voluntad en algún partido, tendríamos alguna fiscalía en el país que opere medianamente decente; no la hay. Habría algún partido con operación transparente, con principios antes que intereses, con agenda más allá de ganar elecciones. ¿Hay que esperar seis años para sacar el discurso de cambio, ofrecer futuro, hacer compromisos para luego negarse a rendir cuentas? ¿Hay que esperar a que se acerquen elecciones para mostrar la indignación en las calles?
Mantener la democracia tiene que ser prioridad, pero si el resto no lo es, tarde o temprano la democracia morirá, formal o de facto. La exigencia e indignación tiene que incluir el fin de las violencias, de la impunidad, del maridaje político-criminal, el rescate de la vía civil y el cuidado del medio ambiente. Aquí también debe estar la indignación y la exigencia.
Trabajar en búsqueda de la verdad, justicia y seguridad requiere un acuerdo de Estado, no de partidos. Una agenda de mediano y largo plazo en la que se sumen distintos actores sociales como la academia, las iglesias, los colectivos de víctimas, las organizaciones sociales y los empresarios.
De ese tamaño es el reto, pero la clase política no parece estar a la altura y la indignación y exigencia social no ha sido suficiente.
<a href="https://twitter.com/dayan_jacobo" target="_blank" rel="noopener">@dayan_jacobo</a>

Indignación y exigencia

Desde el inicio del sexenio, AMLO ha declarado en reiteradas ocasiones que <a href="https://mvsnoticias.com/nacional/2019/5/7/prioridad-numero-uno-la-busqueda-de-los-desaparecidos-amlo-408169.html" target="_blank" rel="noopener">su prioridad número uno es la búsqueda de personas desaparecidas</a>. México es un país que, en datos oficiales, rebasa las <a href="https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/ContextoGeneral" target="_blank" rel="noopener">114 mil personas que permanecen desaparecidas</a>. Como lo han dicho varias madres de desaparecidos ante las más de 4 mil fosas, el país es una fosa clandestina. La crisis forense rebasa los 52 mil cuerpos en espera de ser identificados.
Ante este monumental reto, de las escasas acciones realizadas en este sexenio ante la presión de las familias de desaparecidos fue la creación de un Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) en agosto de 2022. Este surge como segunda opción dada la inoperancia del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense.
A menos de un año y medio de su creación <a href="https://www.jornada.com.mx/2024/02/05/politica/012n1pol" target="_blank" rel="noopener">el CNIH se encuentra abandonado, sin personal y sin presupuesto</a>. En su inauguración el exsubsecretario Alejandro Encinas prometió que se abatiría el rezago de identificación que es responsabilidad de la Fiscalía General de la República y de las fiscalías estatales, y con ello dar “un paso firme para garantizar el derecho humano a ser buscado e identificado”.
Termina el sexenio y la prioridad número uno que se impuso AMLO no solo no se encuentra cumplida, sino que los saldos son criminales: es el sexenio con cifras récord de desapariciones, un intento gubernamental por disminuir las cifras con fines políticos, la impunidad es casi absoluta, no hay respuesta ante la crisis forense, se han politizado los cargos de los responsables y desmantelado los equipos técnicos de la Comisión Nacional de Búsqueda, no hay presupuesto suficiente. Pero lo que menos hay es voluntad política para abordar el fenómeno.
Son los colectivos de familiares de personas desaparecidas quienes siguen en terreno, quienes han tenido que buscar dialogar con grupos criminales para continuar su trabajo. El presidente se ha negado una y otra vez a reunirse con ellas. El abandono del Estado es absoluto y se trata de la prioridad número uno del presidente.
El horror se profundiza mientras que al presidente solo le interesa acumular poder y seguir desmantelando la democracia.
<a href="https://twitter.com/dayan_jacobo" target="_blank" rel="noopener">@dayan_jacobo</a>

La prioridad número uno de AMLO

Todo censo serio debe ser transparente. <a href="https://x.com/Pajaropolitico/status/1735306003921436716?s=20" target="_blank" rel="noopener">No es el caso del “censo” de personas desaparecidas realizado por el gobierno</a>. Presentaron una serie de cifras que pretenden sean aceptadas como verdad revelada, sin hacer público el detalle de la información ni su metodología.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1351944" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/12/censo-de-personas-desaparecidas-resultados.jpg" alt="Gráfica con los resultados del censo realizado por los servidores de la nación casa por casa" width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/12/censo-de-personas-desaparecidas-resultados.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/12/censo-de-personas-desaparecidas-resultados-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/12/censo-de-personas-desaparecidas-resultados-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/12/censo-de-personas-desaparecidas-resultados-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
Surgen varias dudas y preocupaciones:
<ul>
<li>La base de datos del registro y el desglose de lo presentado deben ser públicos para poder ser confrontado con la información de los familiares y colectivos de familiares de víctimas, del periodismo y la academia.</li>
<li>¿Qué metodología siguieron para comprobar los 3,945 casos que identificaron en visitas domiciliarias? ¿Cuáles son las pruebas que se tienen de cada caso? La Secretaría del Bienestar no tiene facultades para dar de baja del registro ni modificar las carpetas de investigación.</li>
<li>¿Se notificó a los familiares y se entregaron los cuerpos en los 4,134 casos en los que se cuenta con un acta de defunción? ¿Cómo comprobaron que se trata de la misma persona desaparecida y no de una homonimia?</li>
<li>¿Por qué las fiscalías no actualizaron el registro de desaparecidos en los 8,405 casos en que la investigación ya estaba cerrada? ¿Lo saben los familiares?</li>
<li>¿Por qué las fiscalías no sabían que 197 personas desaparecidas se encontraban en prisión?</li>
<li>Sobre los 17,843 en los que hay “indicios” de localización surgen de inmediato varios cuestionamientos: aparecer en una base de datos de vacunación o programa social no garantiza ni que se trate de la misma persona que fue desaparecida ni que aún desaparecida los familiares sigan recibiendo programas sociales. Esos indicios deben ser corroborados por las fiscalías o comisiones de búsqueda, no por la Secretaría del Bienestar.</li>
<li>Al momento de escribir este texto, el registro de personas desaparecidas continúa arrojando las cifras previas a este anuncio. ¿Darán de baja los registros? ¿Cuáles? ¿16,681 o también los 17,843? ¿Qué autoridad lo hará? ¿Se actualizarán las investigaciones en las fiscalías? ¿Se notificará cada caso a las comisiones de búsqueda locales?</li>
<li>Entre las personas “ubicadas”, “sin datos suficientes” y “sin indicios para búsqueda” arroja un total de 79,955. ¿El Estado los considera desaparecidos o no? ¿Seguirá la búsqueda e investigación? La deficiencia de información es responsabilidad del propio Estado, pero el gobierno pretende desentenderse del problema pidiendo “apoyo a la ciudadanía para contar con mayor información”.</li>
<li>¿Para el gobierno, las personas que permanecen desaparecidas son 12,377? ¿Solo buscará a esas personas? De ser así, no solo son irresponsables sino perversos y criminales.</li>
</ul>
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1351947" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/12/censo-de-personas-desaparecidas-resumen-de-resultados.jpg" alt="Gráfica con el resumen de los resultados del censo realizado por los servidores de la nación casa por casa" width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/12/censo-de-personas-desaparecidas-resumen-de-resultados.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/12/censo-de-personas-desaparecidas-resumen-de-resultados-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/12/censo-de-personas-desaparecidas-resumen-de-resultados-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/12/censo-de-personas-desaparecidas-resumen-de-resultados-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
Las personas desaparecidas no son cifras. El problema del registro y la calidad de la información se debe al mal funcionamiento de las fiscalías y comisiones de búsqueda, así como al manejo político de un fenómeno tan doloroso.
Mientras el gobierno se preocupa por su imagen con fines electorales, deja a un lado el subregistro. En algunos estados puede ser del doble o mucho más. Solo como ejemplo están las investigaciones periodísticas y de organizaciones en <a href="https://www.noroeste.com.mx/culiacan/registro-nacional-contabiliza-la-mitad-de-personas-desaparecidas-que-la-fiscalia-de-sinaloa-durante-2022-y-2023-GA5543080" target="_blank" rel="noopener">Sinaloa</a>, <a href="https://desaparecerenbc.elementaddhh.org/#:~:text=A%20nivel%20estatal%20la%20tasa,incrementos%20muestran%20una%20tendencia%20preocupante" target="_blank" rel="noopener">Baja California </a>o <a href="https://animalpolitico.com/estados/desapariciones-casos-gobierno-federal-cdmx" target="_blank" rel="noopener">CDMX</a>.
El fenómeno de las desapariciones requiere atención responsable. Saber el número de personas y quiénes son es solo el inicio. Presentar cifras confusas y sin sustento no es la respuesta de un Estado serio. Siguen en el aire varias importantes: ¿quiénes y cuántos son?, ¿dónde están?, ¿quiénes son los responsables de las desapariciones?, ¿por qué desaparecen personas?, ¿por qué no se investiga?
Adicionalmente urge abatir la impunidad, garantizar la verdad, resolver el rezago forense de decenas de miles de cuerpos sin identificar, implementar mecanismos de búsqueda eficientes, que la FGR cumpla su obligación de poner en operación las bases de datos nacionales que le marca la ley, garantizar que no haya más desapariciones.
Como lo hizo Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ahora López Obrador politiza el fenómeno, oculta información, pretende engañar y se hace cómplice de un fenómeno criminal.
<a href="https://twitter.com/dayan_jacobo" target="_blank" rel="noopener">@dayan_jacobo</a>

El “censo” de las personas desaparecidas y la perversión

Después de un largo proceso de reflexión, el EZLN volvió a emitir una serie de comunicados. En uno de ellos que lleva el título de “<a href="https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2023/11/11/octava-parte-p-d-que-hay-que-leer-para-saber-de-que-trata/" target="_blank" rel="noopener">Octava parte: P.D. Que hay que leer para saber de qué trata</a>”, plantea la oscuridad que vivimos como humanidad.
No se trata de algo local o nacional, la oscuridad nos cubre en todo el mundo. La crisis civilizatoria es un diagnóstico compartido por varios: <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/autores/nunca-mas/barbarie-o-proyecto-civilizatorio-genocidio" target="_blank" rel="noopener">en este espacio escribí al respecto</a> e incluso <a href="https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/nov/10/law-israel-hamas-international-criminal-court-icc" target="_blank" rel="noopener">el fiscal de la Corte Penal Internacional </a>y el secretario general de Naciones Unidas han hablado al respecto.
El comunicado del EZLN plantea una ruta inicial de salida. Ruta que será larga y dolorosa, pero que tiene que ser buscada “en común”, es decir “buscar juntos el camino”. Para ello “hay que reponer la luz. Pero para reponerla, tenemos que encontrarla.  Y para encontrarla, tenemos que saber dónde buscarla.  Y para saber dónde buscarla, tenemos que saber mero qué pasó”. Ese es el camino.
Saber y asimilar lo que pasó y sigue pasando es el primer paso, requiere dialogar y escucharnos. Una de las herramientas para encontrarlo son las Comisiones de la Verdad. Se trata de órganos creados para investigar y divulgar los procesos de violencias, reivindicar y reparar a las víctimas, realizar recomendaciones para la no repetición de los hechos. Para abonar a los procesos de justicia y comenzar, desde la verdad, a buscar la paz y la reconciliación de la sociedad.
Estas comisiones toman en cuenta factores históricos, sociales, psicológicos, económicos, políticos y cualquier otro relevante. Cada Comisión de la Verdad ha tenido mandatos y objetivos distintos, pero siempre centrándose en la investigación de patrones de violencias y no en hechos ni casos concretos. Se nutren de información pública, testimonios de miles y miles de víctimas, testigos y victimarios, fuentes periodísticas y académicas y cualquier otra que pueda generar contexto. Se busca comprender causas y consecuencias de las violencias, entornos, patrones, responsabilidades institucionales y, en algunos casos personales, impacto de la corrupción-impunidad en la violencia, y afectaciones a víctimas y colectivos.
Los trabajos suelen durar algunos años. Al concluir presentan un informe que tiene por objeto mostrar los patrones de las violencias por región y temporalidad para poder enfrentar el pasado y desde ahí construir el futuro. Por lo regular estos informes son fundamentales para los procesos de justicia que suelen llegar tiempo después. Sin verdad es imposible la reconciliación. No hay reparación suficiente sin verdad. Las garantías de no repetición solo se pueden construir desde la verdad de los hechos, la paz se sustenta en la verdad.
No hay una receta mágica ni única para las Comisiones de la Verdad. Con mucho cuidado deben definirse el mandato, los objetivos, la conformación, la temporalidad, la estructura, los protocolos y el financiamiento de la Comisión de la Verdad que le urge a nuestro país.
Estos procesos pueden ser realizados fuera de las instituciones del Estado. Desde una amplia articulación ciudadana que incluya a organizaciones sociales como las iglesias y/o universidades.
Una gran Comisión de la Verdad es una forma de “saber mero qué pasó”.
<a href="https://twitter.com/dayan_jacobo" target="_blank" rel="noopener">@dayan_jacobo</a>

Hay que reponer la luz

El mundo de hoy es incapaz de resolver conflictos armados. La barbarie se reproduce sin que las instancias multilaterales y supranacionales creadas para tales fines sean capaces de frenarla.
En lo que va del siglo XXI son cuatro los genocidios que la humanidad ha presenciado de manera pasiva: Darfur y los perpetrados contra los yazidíes a manos de ISIS, los Rohingya en Myanmar y los Uigures de China. Por distintos motivos ninguno de estos cuenta con sentencias judiciales. Los ataques criminales del 11 de septiembre dieron inicio a una guerra de Estados Unidos contra el terrorismo que generó un caos en Irak y Afganistán con un costo humano elevadísimo. Cuando fue asesinado Osama bin Laden, el presidente Obama declaró que <a href="https://www.hrw.org/es/news/2011/05/08/la-muerte-de-bin-laden-significa-que-se-perdio-una-oportunidad-importante-para-que" target="_blank" rel="noopener">se había hecho justicia</a>. Perversa forma de concebir la justicia. La brutalidad de la guerra en Siria fue contenida con más violencia. La criminal invasión rusa a Ucrania contó con insuficientes respuestas internacionales. Ahora, la barbarie perpetrada por Hamás desató la barbarie israelí como respuesta. De no contenerse pronto, este conflicto puede desbordarse rápidamente.
En distintos momentos de la historia, la humanidad ha pretendido contener la brutalidad. Estos proyectos civilizatorios (por ejemplo, el evangelio y la Iglesia, la ilustración, los Estados, las instancias supranacionales) han buscado contener el horror, pero terminan fracasando.
El actual pacto civilizatorio nació después de la Segunda Guerra Mundial. Los garantes de este proyecto son la Declaración Universal de Derechos Humanos, la ONU que junto con el Consejo de Seguridad tienen como misión central garantizar la paz y seguridad internacional, y la Corte Penal Internacional (CPI) que tiene competencia sobre los crímenes que golpean la esencia humana (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión).
El reconocimiento de que todos los seres humanos, absolutamente todos, somos iguales en dignidad y derechos, los órganos multilaterales, el diálogo y la justicia son los ejes civilizatorios. El fracaso es más que evidente. Este pacto civilizatorio no cancela el derecho de las naciones y los pueblos a defenderse y resistir ante la opresión, pero eso no es una carta blanca para hacerlo de cualquier manera. Toda respuesta debe apegarse al marco establecido en el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional. Es importante recordar la historia. Las atrocidades nazis no justificaron la destrucción aliada de la ciudad de Dresde, por citar un ejemplo. Por ahora, el ojo por ojo sigue siendo la respuesta, los crímenes atroces son la vía frecuente para prevenir la barbarie. De allí no hemos salido.
El horror perpetrado por Hamás y la brutal respuesta de Israel ha revivido intensamente estas discusiones. Es importante hacerlo con menos filias y fobias. Al respecto, recomiendo ampliamente las declaraciones del <a href="https://www.youtube.com/watch?v=DHyxpHiM1KA" target="_blank" rel="noopener">fiscal de la Corte Penal Internacional</a> y de la <a href="https://soundcloud.com/unradio/albaneseongaza?utm_source=clipboard&amp;utm_campaign=wtshare&amp;utm_medium=widget&amp;utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Funradio%252Falbaneseongaza" target="_blank" rel="noopener">experta independiente</a> relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967.
En estos posicionamientos dejan en claro que existen obligaciones morales y legales, que la solución no pasa por la inhumanidad sino por las instituciones y preceptos civilizatorios, que los crímenes de guerra y de lesa humanidad de ambos bandos son evidentes. Hablan de la necesaria observancia de los principios de proporcionalidad y distinción para la protección de civiles, de la urgencia y obligación de permitir la entrada de ayuda humanitaria y de liberar a los rehenes.
Preocupa a la relatora que los discursos con “intenciones genocidas” se materialicen en los hechos. Desde ambos bandos se deshumaniza al oponente y se llama a “acabar con los infieles” de un lado y se hacen referencias bíblicas de Amalek del otro. Además de las implicaciones legales, el término genocidio tiene un gran peso político, moral y simbólico. Por ello es importante comprenderlo. <a href="https://www.dw.com/es/qu%C3%A9-es-exactamente-un-genocidio/a-67270257" target="_blank" rel="noopener">Aquí</a> un texto muy claro.
En palabras de Karim Khan, fiscal de la CPI, “la ley no es opcional, es algo que nos mantiene unidos y nos aleja de las puertas del infierno”. La CPI mantiene abierta una investigación sobre la situación de Palestina desde hace varios años. Tiene competencia por los crímenes perpetrados en y desde territorio palestino por lo que, a pesar de que Israel no reconoce la competencia de la corte, puede asignar responsabilidades a altos mandos israelís y palestinos por los crímenes atroces perpetrados desde 2014.
Khan reflexiona, “lo que vemos en el mundo es la multiplicación de conflictos y víctimas”. Es momento de apegarse a la civilidad o seguiremos en el espiral del infierno y la barbarie. Si fallamos colectivamente y se prioriza la venganza por sobre la verdad, la justicia y el diálogo, entraremos en un punto inflexión que acabe por aniquilar el proyecto civilizatorio ya moribundo. La respuesta que demos como humanidad a estos años de violencia nos llevará al torbellino de la barbarie o a reformular el proyecto civilizatorio.
La solución no es barbarie ante la barbarie. El camino civilizatorio es el del diálogo, la construcción de paz entre enemigos, las instituciones supranacionales tanto políticas como de justicia que requieren ser fortalecidas. Regresar al espíritu de la Carta de Naciones Unidas en la que se tienen herramientas como las sanciones económicas, diplomáticas, políticas y financieras, así como a una CPI con respaldo amplio. Es momento de recordar al segundo secretario general de la ONU, Dag Hammarskjöld: “la ONU no fue creada para llevar a la humanidad al paraíso, sino para salvarla del infierno”.
<a href="https://twitter.com/dayan_jacobo" target="_blank" rel="noopener">@dayan_jacobo</a>

Barbarie o proyecto civilizatorio

Parte de la normalidad anormal mexicana incluye la cesión de territorio al crimen organizado y el repliegue del Estado. Una fiscalía deja de operar por los <a href="https://www.animalpolitico.com/estados/violencia-suspenden-actividades-fiscalia-tierra-caliente-guerrero" target="_blank" rel="noopener">altos niveles de violencia</a>, una alcaldesa atemorizada <a href="https://www.bbc.com/mundo/articles/cev8ex0dr29o#:~:text=As%C3%AD%20de%20tajante%20se%20muestra,su%20hijo%20de%209%20a%C3%B1os" target="_blank" rel="noopener">se muda a un cuartel militar</a> y cada tanto escuelas por todo el país <a href="https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2021/12/15/violencia-amenaza-educacion-en-michoacan-cierran-13-escuelas/" target="_blank" rel="noopener">cancelan actividades por razones de seguridad</a>.
Cualquiera de estos casos debería ser suficiente para exigir un cambio en el modelo de seguridad y justicia. Sin embargo, la respuesta es la misma. Ante violencia creciente, más militares, más retórica, menos justicia y menos Estado.
El Estado se difumina. Por un lado, el crimen organizado controla, con la complicidad de actores políticos, cada vez más territorio. Por otro, el gobierno se empecina en dinamitar instituciones de Estado como son los órganos autónomos y el poder judicial. El Congreso, la Fiscalía General de la República y las fuerzas armadas se han convertido en órganos de gobierno. La autodenominada transformación ha dejado clara su visión de país. Concentrar poder en el gobierno federal al tiempo que debilita al Estado.
En cuanto al territorio y la seguridad <a href="https://www.milenio.com/politica/banda-criminal-donde-existe-solo-una-hay-menos-homicidios-amlo" target="_blank" rel="noopener">el presidente ha reiterado que allí donde predomina una banda criminal hay menos violencia</a>. La estrategia de abrazos no balazos esconde una sesión territorial calculando que, como ocurrió hace casi un siglo, sean los poderes fácticos-criminales locales quienes se encarguen de “pacificar” al país a cambio de entregarles control territorial, participación política y manga ancha para la explotación de mercados lícitos e ilícitos. Muy perverso.
La posible contención al abandono de la seguridad y la justicia podría haberse dado desde las movilizaciones sociales. Es por ello que el presidente ha decidido atrincherarse ante el movimiento feminista e indígena, al igual que su negativa a reunirse con colectivos de víctimas y familiares de desaparecidos. Ante cualquier crítica proveniente de órgano internacional o de la prensa, el presidente responde con su tradicional ataque. Nadie debe cuestionarlo.
La agenda de derechos humanos ha sido vista en clave de imagen política y de allí el nombramiento del subsecretario Alejandro Encinas quien en cinco años administró el horror y entregó poco y nada en cuanto a una política integral de derechos humanos. Lo mismo ocurrió con el nombramiento de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el más reciente en la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). En ese periodo la lista de renuncias es larga: titulares de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la CNB y el Instituto Nacional de Migración (INM). Al inicio del sexenio renunciaron 5 consejeros de la CNDH y ahora lo hacen 6. Del caso Ayotzinapa renunció el GIEI y el fiscal especial. De la comisión de guerra sucia también dejaron su cargo el pleno del mecanismo de justicia y una comisionada de la verdad. Todas estas renuncias se dieron con una serie de denuncias de irregularidades y preocupaciones serias.
No es tan complejo mirarlo, allí están los hechos. El Estado se difumina para que el presidente acapare todo el poder posible mientras entrega el territorio a grupos criminales y se arropa con el ejército. Al proyecto presidencial le estorba el Estado y pretende unificar Movimiento-Partido-Gobierno con tonos verde olivo. Vaya transformación.
<a href="https://twitter.com/dayan_jacobo" target="_blank" rel="noopener">@dayan_jacobo</a>

Estorba el Estado

La historia de la humanidad ha estado marcada por los intentos de contener la barbarie. Diversos proyectos civilizatorios han intentado hacerlo: el evangelio, la ilustración y la democracia, por citar algunos.
<iframe loading="lazy" title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/videoseries?si=sFyk3vcinQOtXWPo&amp;list=PLGgliZ6YoKKnkFFxCwob5qDBylm3WSGGi" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>
Solo después de profundas crisis y violencia desatada es que la humanidad logra acuerdos trascendentes. Las guerras mundiales del siglo XX obligaron la articulación de un nuevo paradigma civilizatorio como respuesta al horror. Este proyecto civilizatorio nació de las cenizas de Auschwitz y se concibió en dos ejes: un órgano supranacional, la ONU -cuyo objetivo central es buscar la paz y seguridad internacionales- y la Declaración Universal de los Derechos Humanos por el que se reconoció por primera vez “la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”.
Ese es el proyecto civilizatorio que está en crisis actualmente o que probablemente se encuentre en etapa terminal. Lo que se proyectó a mediados del siglo XX empieza a morir. Al mundo de hoy le queda muy lejos el horror de ambas guerras mundiales.
Tanto las normas internacionales, los mecanismos multilaterales y la dignidad humana quedan relegados ante otros intereses como el nacionalismo, el poder económico, los intereses políticos, la intolerancia en sus distintas manifestaciones (racismo, xenofobia, misoginia, clasismo, islamofobia, antisemitismo y un largo etcétera), y los Estados son cada vez más incapaces de resolver los problemas del mundo contemporáneo.
La lista de tensiones a punto de desbordarse es larga: calentamiento global, crecientes flujos de migrantes-refugiados, desigualdad y pobreza, un modelo económico voraz, devastación ecológica, incremento de conflictos, violencias desatadas, crisis de las democracias, entre otros. Todos estos fenómenos deben ser abordados desde lo multilateral, pero las instituciones se encuentran carentes de capacidades ante el poco compromiso de la comunidad internacional, particularmente de las grandes potencias.
Los escasos intentos por buscar la paz y seguridad internacional, así como la dignidad de todo ser humano, son voces en el desierto. Ante cada conflicto la salida siempre es la violencia. Ante el horror desatado en países como México, la respuesta es la violencia para contener la violencia. Ante el horror, más horror. No se contempla en el horizonte el derecho internacional, los derechos humanos ni los órganos multilaterales.
No son buenos tiempos para la contención de la barbarie. No solo gobiernos, sino importantes sectores sociales privilegian la fuerza bruta. Vendrán tiempos violentos, sí, más violentos. Allí está la historia.
El proyecto civilizatorio está en profunda crisis. Imposible saber qué vendrá después o qué tanta barbarie se requiere para sentarse de nuevo y concebir un futuro con garantes distintos de un proyecto civilizatorio que ponga frenos a la barbarie, por un tiempo. El Estado debe ser refundado, al igual que los órganos multilaterales y el modelo económico. Mientras tanto, seguirá el triunfo de la barbarie.
<a href="https://twitter.com/dayan_jacobo" target="_blank" rel="noopener">@dayan_jacobo</a>

El triunfo de la barbarie

Todos los días vemos casos en que el discurso oficial -estatal o federal, de este u otro sexenio- repite como mantra: “se investigará”, “caiga quien caiga”, “no habrá impunidad”. Son palabras vacías. En un país donde la impunidad es la norma estas frases deben interpretarse como dejen de presionar y volteen a otro lado en lo que otro evento atrae la atención mediática.
La lista de crímenes impunes incluye a cientos de miles; recientemente se trató del <a href="https://animalpolitico.com/politica/caso-ayotzinapa-2023-segundo-informe-tomas-zeron-encinas" target="_blank" rel="noopener">caso Ayotzinapa</a>, en el que dos administraciones han preferido proteger a altos funcionarios y al ejército. En el caso de desapariciones son responsables quienes cometen físicamente la desaparición como quienes no revelan información sobre el paradero de las víctimas (<a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDFP.pdf" target="_blank" rel="noopener">Artículo 28 de la ley sobre desaparición forzada</a>). Por ello el encubrimiento de la investigación en la que en dos sexenios han participado presidentes, secretarios, subsecretarios, fiscales y otros funcionarios incluido el expresidente de la SCJN, así como la negativa de información por parte del ejército, tiene responsabilidades penales no solo por obstrucción de justicia, sino por desaparición.
Debería quedar claro que la clase política no está dispuesta a perder el control político de la verdad y la justicia. Todavía hay quienes creen que las fiscalías pueden ser fortalecidas sin pasar por la voluntad política de que ello ocurra. Aun teniendo voluntad política federal y de todos los estados, el proceso de recomposición de las fiscalías podrá tardar lustros. ¿Podemos esperar? Otros creen que buscar alternativas extraordinarias es difícil y es mejor intentar con las instituciones ordinarias. Este diagnóstico está basado en la esperanza y no en la evidencia.
No habrá reducción de violencia que no pase primero por verdad y justicia. Sí hay alternativas disponibles y habría que echar mano de ellas de manera simultánea ante la enorme presión de actores políticos, criminales y económicos que exigen impunidad.
Es necesaria la creación de mecanismos extraordinarios de verdad y justicia con acompañamiento internacional. Adicionalmente se requiere seguir buscando presión internacional. Esta podría llegar de la Corte Penal Internacional que, irresponsablemente, hasta ahora se ha negado a abrir un examen preliminar sobre la situación de México. Otro camino se puede abrir a partir de la reciente visita del Comité de desapariciones forzadas de la ONU que podría elevar a la Asamblea General la situación mexicana de desapariciones generalizadas y sistemáticas que ocurren en absoluta impunidad. Esto podría resultar en la creación de una <a href="https://www.ohchr.org/es/hr-bodies/hrc/ffmv/index" target="_blank" rel="noopener">Misión de Observación de la ONU, como la de Venezuela</a>, que generaría presión suficiente para empujar un cambio.
Los aislados casos en que se abren investigaciones y las más escasas sentencias se dan en autores materiales, en casos aislados y sobre otros delitos como delincuencia organizada dejando los crímenes sin investigar. Ante crímenes generalizados y sistemáticos se requieren investigaciones por fenómeno y de los superiores jerárquicos, como lo marca el derecho penal internacional recogido en el <a href="https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/rome-statute-international-criminal-court" target="_blank" rel="noopener">Estatuto de Roma</a>.
Nada cambiará mientras las fiscalías del país sigan controladas políticamente. Los mecanismos extraordinarios e independientes no solo son una alterativa, son casi la única disponible.
<a href="https://twitter.com/dayan_jacobo" target="_blank" rel="noopener">@dayan_jacobo</a>

Salir de la impunidad garantizada

En México las violencias se encuentran desatadas, pero al parecer nadie es responsable de ello. Cientos de miles de investigaciones por desaparición y tan solo 35 sentencias; <a href="https://www.revistadelauniversidad.mx/articles/5df3def6-ae14-429d-b629-c822d8d386f7/las-narrativas-de-las-violencias" target="_blank" rel="noopener">decenas de miles de casos de tortura han producido 43 sentencias</a>; ejecuciones y desapariciones por parte de agentes de Estado casi en <a href="https://permisoparamatar.org/" target="_blank" rel="noopener">absoluta impunidad</a>. La lista continúa: trata con fines de explotación sexual, trata con fines de esclavitud, reclutamiento forzado de menores de edad, tráfico de personas/migrantes, desplazamiento forzado, despojo de tierra y territorio, extorsión/cobro de piso, secuestro y un largo etcétera.
A pesar de tratarse de violencia generalizada y sistemática como parte de una política de grupos criminales y corporaciones del Estado (crímenes de lesa humanidad), las fiscalías del país continúan abordándolo (simulando) bajo la lógica perversa del caso por caso. De esta manera pretender ocultar la masividad y garantizando impunidad a los máximos responsables.
En los muy pocos casos en los que se detiene a superiores jerárquicos -García Luna, Javier Duarte, Chapo Guzmán, exgobernadores de Tamaulipas y Coahuila, Édgar Veytia, Ovidio Guzmán y tantos otros-, las acusaciones son por crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero o enriquecimiento ilícito. Las violencias nunca se investigan y menos desde una óptica sistémica.
Esto no es casual y tampoco se debe a falta de capacidad de las fiscalías. Investigar por fenómeno llevaría a esclarecer los vínculos entre autoridades y criminales, el encubrimiento político que garantiza la operación de estas empresas criminales, lo generalizado y sistemático de las violencias. Este tipo de investigaciones llevaría a condenas sobre los superiores jerárquicos -del Estado y del crimen organizado- por crímenes de lesa humanidad.
No es imposible llegar a ello, se requiere de voluntad política. Evidentemente en México no la ha habido por ningún partido político. Hay experiencias internacionales en los que mecanismos extraordinarios de justicia logran romper ese círculo vicioso. En Colombia la Jurisdicción Especial para la Paz <a href="https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/la-jep-imputa-14-cr%C3%ADmenes-de-guerra-y-de-lesa-humanidad-a-10-integrantes-de-dos-columnas-m%C3%B3viles-de-las-farc-%E2%80%93-ep-.aspx" target="_blank" rel="noopener">ha emitido sentencias por crímenes de guerra y de lesa humanidad sobre miles de casos agrupados en macro casos</a>.
No hay más que dos alternativas. Una que incluye a fiscalías verdaderamente independientes, un mecanismo internacional contra la impunidad y una gran comisión de la verdad independiente y otro camino que es el de seguir leyendo ad nauseam casos como el de Ovidio Guzmán y no hacer nada. Hoy fue este caso, mañana seguro será otro.
<a href="https://twitter.com/dayan_jacobo" target="_blank" rel="noopener">@dayan_jacobo</a>

Nadie es responsable de la violencia

Recién nombrada como la eventual candidata a la presidencia, Xóchitl Gálvez emitió <a href="https://politica.expansion.mx/congreso/2023/09/01/por-el-bien-de-todos-primero-las-victimas-dice-xochitl-ante-el-congreso" target="_blank" rel="noopener">un posicionamiento ante el Congreso</a>. Entre las frases a destacar se encuentran “por el bien de todos, primero las víctimas” y que el actual gobierno traicionó “la esperanza de millones de mexicanos que anhelaban un México mejor”. Sin duda es un mensaje correcto. El reto será llenarlo de contenidos que requieren soluciones distintas a las implementadas hasta hoy.
La agenda de seguridad ciudadana, verdad, justicia, búsqueda de desaparecidos, reparación y garantías de no repetición <a href="https://www.bing.com/search?q=cmdpdh+propuesta+ciudadana&amp;cvid=c104248631e647659a92db0db1d92f9a&amp;aqs=edge..69i57j69i11004.5175j0j9&amp;FORM=ANAB01&amp;PC=EDGEDB" target="_blank" rel="noopener">es compleja y requiere de conocimiento la participación de personas expertas</a> que llevan años analizando la brutal realidad y diseñando diversas propuestas.
En su discurso afirmó que la política de “abrazos, no balazos, resultó una ocurrencia”. En efecto, lo es. Una ocurrencia criminal. La desmilitarización de la seguridad pública es urgente, así como el retiro de los militares de otras funciones civiles. Para regresar paulatinamente a los militares a sus cuarteles debe realizarse una enorme inversión en las policías civiles para dejar al ejército en funciones temporales y regionales concretas, bajo supervisión civil y evaluación permanente.
Otro gran pendiente es la impunidad. Gálvez lo fraseó de esta manera: “la ley sí es la ley”. La propuesta del Frente Amplio no puede ser la de continuar con la impunidad como norma, el análisis de caso por caso y las fiscalías actuales. Es imperioso recurrir a mecanismos extraordinarios de justicia con acompañamiento internacional para abordar los múltiples fenómenos de violencia y procesar a los máximos responsables. Se requiere de muchos años para reconstruir las fiscalías del país, esto hace imposible esperar para garantizar la justicia que lleve a la reducción de violencias.
No podrá haber justicia ni paz sin verdad. La implementación de una gran Comisión de la Verdad es absolutamente necesario. Esta comisión debe ser absolutamente independiente y no como las creadas este sexenio (Ayotzinapa y Guerra Sucia) que son controladas por funcionarios de gobierno.
La búsqueda de personas desaparecidas sigue siendo una de las omisiones criminales más dolorosas de los gobiernos mexicanos. Mientras las fiscalías sigan involucradas nada funcionará. Las comisiones de búsqueda deben articularse con el mecanismo extraordinario de justicia y la comisión de la verdad. La reforma al modelo de reparaciones también debe ser modificado. Pasar a reparaciones administrativas masivas privilegiando lo colectivo y simbólico al tiempo que se garantiza servicios de salud, educación, vivienda y seguridad a las víctimas y sus familiares.
Las garantías de no repetición son una enorme cantidad de cambios que requiere el Estado y la vida democrática mexicana. Insumos para realizar este trabajo saldrán de los procesos de verdad y justicia.
Las violencias son múltiples: asesinatos, desapariciones, tortura, desplazamiento forzado, trata, despojo de tierra y territorio, reclutamiento forzado, extorsión, cobro de piso y un largo etcétera. Los retos son enormes y deben ser abordados con seriedad y sin ocurrencias. La justicia transicional es un piso mínimo desde donde reconstruir un país desgarrado. Es un elemento necesario, pero no suficiente.
Sin voluntad política sólida nada de esto se logrará. Se requieren acuerdos transexenales. Nada de esto será a corto plazo por lo que no es una política de gobierno sino de Estado.
“Es ahora o nunca” afirmó Xóchitl. En efecto, el deterioro nacional no soporta seis años más de omisiones criminales por parte del Estado.
<a href="https://twitter.com/dayan_jacobo" target="_blank" rel="noopener">@dayan_jacobo</a>

Siguenos en:

Siguenos en:

Plumaje