“Ya se llevaron a tu hermano”. Esta fue la primera frase que Carla Verónica Martínez Jiménez, de 35 años, escuchó al responder el teléfono a las 4 de la madrugada del 18 de febrero. Aquel día, su hermano Juan Valentín Martínez Jiménez, de 37 años, acudió a entregar unas solicitudes de empleo en un rancho. Regresó a su casa de Irapuato, Guanajuato, y avisó a su familia de que había ido muy bien, que esperaba que le llamasen la próxima semana. Le invitaron a cenar, pero él estaba cansado, así que se quedó en la casa con los dos perros que tenía. No volvieron a tener contacto.
“Ya se llevaron a tu hermano”, le dijeron por teléfono.
“Marcho corriendo, pero no encuentro nada en su departamento. Sus perritos ya solos, en la calle. Entro, encuentro su celular, su cartera y, pues nada más”, recuerda Martínez Jiménez, robusta como un jugador de rugby, piel tostada, mirada dura y un cubrebocas con el lema “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Desde entonces lo busca. “Las autoridades van a seguir sin hacer nada, pero yo voy a seguir buscando. Para ellos somos una carpeta más”, se queja.
Puede que, para un funcionario, el expediente con el nombre de Juan Valentín Martínez Jiménez no sea más que otro trámite. Alguien a quien se tragó la tierra y al que, hasta ahora, las autoridades poco han hecho para devolverlo a casa. Pero para ella no. Para ella sigue siendo su hermano Valentín, al que le gustaban los gallos, con el que trabajaba como plomera y que le iba al América en la liga de fútbol.
Su caso es uno de los cerca de 2 mil expedientes que la Fiscalía General del Estado (FGE) registró ante a la Comisión Nacional de Búsqueda, según Héctor Alonso Díaz Esquerra, recién nombrado comisionado estatal de búsqueda. Hasta ahora, las autoridades solo reconocían 854 personas no localizadas. Pero los colectivos de búsqueda como “Sembrando comunidad”, al que pertenece Martínez Jiménez, siempre aseguraron que son muchos más. Ahora sus sospechas se confirman. La cifra oficial debe ser próximamente ratificada por el organismo federal.
Hoy por primera vez en Guanajuato está prevista una búsqueda realizada entre colectivos y autoridades. Será en el municipio de Uriangato y se alargará durante toda la semana. En ella participarán elementos estatales, Guardia Nacional, Secretaría de Defensa e integrantes de los diferentes grupos de familiares. Debido a la contingencia por COVID-19 en cada jornada solo podrán participar cinco personas en nombre de los colectivos. El lugar ya fue inspeccionado hace un mes.
“En esta ocasión será más profunda porque queremos dar continuidad a los hallazgos”, dijo Díaz Esquerra, que no descarta la posibilidad de que puedan encontrarse fosas clandestinas en el lugar. Un informe que elaboran diversos organismos sociales aseguran que en Guanajuato existen 106 lugares en los que los grupos criminales enterraron a sus víctimas.
La búsqueda vendrá marcada por la captura de José Antonio Yepes Ortiz, “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima y uno de los principales actores de la ola de violencia que ha convertido a Guanajuato en el estado con mayor número de homicidios de México.
Los colectivos recibieron la noticia con una mezcla de escepticismo y esperanza de obtener datos sobre sus familiares.
“Las familias están con sentimientos encontrados. Tienen esperanza de que se puedan obtener datos e información. Incluso pidieron que se puedan hacer búsquedas en las casas del detenido”, explicó Raymundo Sandoval, investigador que participa en el Frente para la búsqueda de personas desaparecidas en Guanajuato. Se trata de un grupo creado por la unión de cuatro colectivos: Buscadoras Guanajuato, Cazadoras, Justicia y Esperanza y Mariposas Destellando, buscando corazones y justicia. Estos, junto con Sembrando Comunidad y A tu encuentro, de Guanajuato, serán quienes participen en la semana de búsqueda.
En un encuentro mantenido el domingo con la comisión estatal, los familiares plantearon la posibilidad de que pueda buscarse en las casas que sean incautadas a “El Marro”. Sin embargo, se trata de un asunto que está en manos de las fiscalías, por lo que todavía habrá que ver el resultado de los interrogatorios.
“Hay expectativa de que la detención genere condiciones para buscar o tener información”, dijo Sandoval.
Menos optimista, Pepe Gutiérrez, del colectivo Sembrando Comunidad consideró que “históricamente no se ingresa mayor información” con estos arrestos.
Históricamente, los dos grupos que confrontan en Guanajuato, el Cartel Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación han practicado la desaparición forzada como parte de su actividad delictiva, según explica el analista de seguridad David Saucedo. En su opinión, la detención debería provocar un descenso en las desapariciones que se registran en la zona sureste de Guanajuato, la que controla la organización de “El Marro”. Ahí eran más habituales los secuestros de mujeres jóvenes a las que el cartel luego vendía para explotación sexual y las capturas de hombres a los que luego asesinaban por considerarlos vinculados a los enemigos. Una práctica distinta a la de sus rivales, que utilizan los secuestros para reclutar jóvenes a los que luego obligan a trabajar para ellos.
Los desaparecidos son una asignatura pendiente en Guanajuato y un problema que el gobierno eludió durante años.
El estado que acapara el 20% de los asesinatos en México apenas superaba las 800 personas que no habían regresado a casa, según sus estimaciones. Los colectivos siempre aseguraron que existía un subregistro que ahora se ha confirmado.
El 13 de julio, cuando el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, hizo pública la cifra de más de 73 mil desaparecidos, reconoció que estaba incompleta. Faltaban varios estados, entre ellos, Guanajuato. Dos días después, durante la visita de Andrés Manuel López Obrador, las autoridades entregaron sus expedientes a la Comisión Nacional de Búsqueda.
Según Héctor Alonso Díaz Esquerra, recién nombrado comisionado estatal de búsqueda, en Guanajuato hay aproximadamente 2 mil desaparecidos. La cifra duplica los 854 que todavía aparecen en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y se equipara con los números que manejaban los diferentes colectivos.
El comisionado asegura que la tardanza en disponer de los datos tiene que ver con los tiempos y con que hasta hace poco apenas existían estructuras organizativas dedicadas a los desaparecidos (el organismo que lidera, recién creado, está formado actualmente por una persona: él mismo).
Desde los colectivos, sin embargo, cuestionan al gobierno de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, del PAN.
“Ha habido manipulación política de las cifras de Guanajuato y retraso legislativo. Hasta hace poco no hubo una clasificación como desaparecido”, denunció Pepe Gutiérrez, que acompaña al colectivo Sembrando Comunidad, formado en Irapuato.
“Siempre fueron muy reacios a dar cifras. Pero ahora la ley les obliga”, dijo Raymundo Sandoval.
Guanajuato va con rezago respecto a otras partes del país en relación a crear normas e instituciones que atiendan a los desaparecidos. Fue hasta mayo que se aprobó la Ley de Búsqueda y hasta junio que Díaz Esquerra fue nombrado comisionado. Además, con el rechazo de parte de las agrupaciones de familiares.
Su nombramiento provocó que los colectivos A tu encuentro y Sembrando comunidad organizasen un plantón en el teatro Juárez de Guanajuato. El viernes 10 de julio, durante la protesta, tres de las familiares fueron detenidas por la policía estatal. Entre ellas se encontraba Carla Verónica Martínez Jiménez. “No fue la respuesta correcta, no es una situación agradable, pero hemos logrado un diálogo”, aseguró Díaz Esquerra.
En ese momento la FGE abrió tres carpetas de investigación en contra de las mujeres que, a día de hoy, todavía no se han cerrado a pesar de que el gobierno estatal se comprometió a ello.
Los colectivos exigen mesas de trabajo y planes concretos, tanto a la hora de analizar posibles fosas como la búsqueda en vida.
A pesar del distanciamiento entre colectivos y administración todas las organizaciones participarán en la búsqueda.
Carla Verónica Martínez Jiménez explica que cada vez que ha acudido a fiscalía se ha encontrado con una pregunta: si traía alguna información nueva. “Esperan que la investigación la llevemos nosotros los familiares”, se queja. Este es un fenómeno que denuncian muchos familiares de desaparecidos. Hoy por primera vez habrá autoridades acompañando el rastreo y esperan que las pesquisas no se detengan en Uriangato. La detención de “El Marro”, uno de los actores principales de la violencia en Guanajuato, incrementa las expectativas de obtener información que permita dar con el paradero los que faltan.
