Alumnos de la escuela de Derecho Ponciano Arriaga, que forma parte de las 100 Universidades del Bienestar Benito Juárez, iniciaron un paro de labores el lunes 17 de febrero en demanda de certeza en los procesos académicos, luego de cambios a la currícula, despido de profesores, y falta de reglamentos hasta para la titulación.
Se trata de una de las universidades que creó y sostenía el partido Morena desde 2016, pero que a partir de 2019 se integró al principal proyecto de educación del presidente Andrés Manuel López Obrador: poner en operación 100 universidades en todo el país.
Alumnos explicaron a Animal Político que el paro fue la culminación de una serie de inconformidades por las decisiones de la directora del plantel, Verónica Castro, y de la coordinadora nacional del programa, Raquel Sosa, pero sobre todo porque tienen miedo de que todo sea un fraude.
“Nos genera mucha incertidumbre porque invertimos tiempo, incertidumbre, nos desgastamos, hacemos mil sacrificios para terminar en tiempo y resulta que cuando llega el momento de finalizar, no hay nada seguro para titularnos”, dice América López, alumna de la escuela.
Este jueves decenas de alumnos marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino para exigir que sus estudios tengan valor oficial y registro en la SEP, además de la salida de Verónica Castro y Raquel Sosa.
Estudiantes de la escuela de Derecho Ponciano Arriaga que están en paro, marchan al Zócalo en exigencia de la destitución de la directora; restitución de personal, y regularización y certeza en procesos educativos.
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— Animal Político (@Pajaropolitico) February 20, 2020
Ser de gobierno les quitó calidad
El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, abrió 19 universidades públicas en la Ciudad de México, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Campeche desde 2016, mismas que eran administradas como una “asociación civil” y mantenidas con la donación de un porcentaje del salario de diputados y senadores de la agrupación política.
La Universidad Ponciano Arriaga fue una de las tres universidades que sí obtuvieron el Reconocimiento de Validez de Estudios (RVOE) emitido por la SEP al acreditar que tenían instalaciones adecuadas en un edificio de dos pisos en el Centro Histórico, un plan de estudios de calidad y profesores con el perfil académico necesario. El director era Netzaí Sandoval y entre los maestros estuvieron Bernardo Bátiz, Jaime Cárdenas, Juan Luis González Alcántara Carrancá, entre otros.
La carrera de Derecho estaba orientada a los Derechos Humanos y con el Registro de Validez, los estudiantes egresarían con un título universitario reconocido por la Secretaría de Educación Pública. Por eso es que más de 600 estudiantes que forman la matrícula en tres turnos encontraron en esta escuela -que no aplica exámenes de admisión- una opción para estudiar una licenciatura.
Sin embargo la situación cambió a partir de la decisión de que serían parte del Gobierno Federal. Los cambios subsecuentes en lugar de mejorar sus condiciones fueron en detrimento de la calidad, aseguran los estudiantes.
El primer cambio fue renunciar al RVOE, es decir, la universidad dejó de pagar derechos del mismo por cada alumno matriculado y examen extraordinario realizado en la escuela. Esto porque al ser absorbidas por el gobierno Federal en automático forman parte de las instituciones de Educación Superior de la SEP.
Apenas el 20 de diciembre, un año después del lanzamiento del Programa de Universidades del Bienestar, se registró como institución educativa a la Universidad Ponciano Arriaga ante la Dirección General de Profesiones de la SEP, con la clave 090886, según el oficio de trámite obtenido por este medio, pero eso ni siquiera fue informado a la comunidad, ni tampoco saben cuáles son los reglamentos que derivarían de ello.
Como parte de la transición para ser una institución gubernamental, encabezada por Raquel Sosa, también decidieron cambiaron la currícula, eliminaron el enfoque de Derechos Humanos y le quitaron coherencia al plan general, lo que afectó sobre todo a los alumnos de la primera generación inscritos en 2016 y que concluyeron la carrera en 2019.
“Eliminaron materias y eso afectó hasta nuestro promedio. También nos pusieron materias que ya habíamos visto en otros trimestres y no hay reglamentos para la titulación”, asegura Karime Villarreal, estudiante de octavo semestre.
A partir de 2019 ni siquiera tuvieron un calendario escolar organizado, sobre la marcha cambiaron la temporalidad de estudios al pasar de trimestres a semestres, con periodos de vacaciones de meses.
“Al principio sabíamos cuándo iniciábamos clases, periodos de exámenes, vacaciones, pero en esta transición no hay claridad, no hay ni calendario oficial, no sabemos cuando terminamos clases”, afirma América.
Otro problema es la titulación. Al conseguir el RVOE se estableció que las opciones de titulación incluían promedio de excelencia o realización de tesis, pero con el nuevo proyecto no les han dicho cómo será.
“Nos dijeron que habría que hacer un proyecto integrador, pero no definen qué es un proyecto integrador, y tampoco el resto de opciones y requisitos de titulación. Empezamos con una educación de calidad, pero ahora todo es incertidumbre”, explica América.
A esto se suma que las políticas para los maestros también cambió: la nueva administración les exigió trabajar tiempo completo, lo que derivó en renuncias de aquellos con otros trabajos. Y los que se quedaron, se les duplicó la carga de trabajo al hacerse cargo de más materias que, incluso, no dominan.
También dejaron de tener recursos suficientes hasta para pagar servicios de limpieza y vigilancia. De un momento a otro el personal de intendencia dejó de ir, por eso los estudiantes comenzaron a organizar jornadas de limpieza, y por la falta de seguridad, sufrieron robos de proyectores y equipos de cómputo.
Pero su principal demanda no es siquiera por más recursos, sino “una educación de calidad”, por la “legalidad y certeza jurídica”, porque “aunque algunos digan que somos escuelas patito, los patito son los que administran, nosotros no, aquí hay estudiantes y maestros de excelencia”, asegura Gabriel Aarón Illan.
Por eso, dice América, “no se va abrir la escuela hasta que no tengamos respuestas, pero no verbales sino de compromisos. Buscamos un acercamiento directo con el Presidente, porque quizá hay muchas cosas que él ignora y queremos visibilizar que son causas justas, son necesidades básicas. Queremos que la escuela funcione bien, como antes, como cuando inició el proyecto. Las causas justas deben ser escuchadas y si hay una verdadera transformación, la haremos todos”.
La confrontación
El despido las únicas dos personas encargadas de la administración escolar el lunes 17 de febrero fue el punto de quiebre de esta situación. La directora Verónica Castro exigió a las empleadas que firmaran su renuncia de la anterior contratación como escuela de Morena, y sin siquiera un contrato de trabajo para la nueva administración, sino convenios de participación sin prestaciones ni seguridad laboral, las empleadas se negaron a hacerlo hasta tener certeza jurídica.
Esto provocó que Raquel Sosa fuera personalmente a despedirlas, a llevarse equipo y documentación de la Universidad. Los alumnos, al darse cuenta de la situación, además de defender a las empleadas de esa forma de despido, exigieron a Sosa que aclarara sus dudas sobre los procesos académicos.
Sosa intentó convencer a los jóvenes de tener paciencia y aseguró que todo estaba en orden, y que iban a “resolver” todas sus demandas. Sin embargo, ésta vez los jóvenes no quedaban conformes con otra promesa. Algunos comenzaron a proponer organizarse para conseguir una solución.
Ella respondió que “si eso es así, este no es el programa de Universidades del Bienestar. A lo mejor es en la UNAM, en la UAM, pero en estas cosas no se resuelve porque un grupo se concentró para hacer una protesta. Háganlo por escrito”, se le escucha en videos que los mismos estudiantes grabaron.
También aseguran que el acabose fue cuando Sosa les dijo que “recordáramos que nosotros éramos los rechazados de otras universidades y que ella nos estaba dando la oportunidad de estudiar aquí y que si no la queríamos aprovechar, la iba a cerrar”, dice Casandra, lo que “es triste porque no somos los rechazados porque queramos sino porque no hay suficiente presupuesto para que nos puedan atender en otras escuelas. Aquí hay gente de excelencia”.
Al terminar la improvisada reunión, con los alumnos congregados en el patio, Raquel Sosa y la directora del plantel, Verónica Castro, cerraron la oficina administrativa y salieron de las instalaciones.
Los alumnos esperaron a sus compañeros de los turnos vespertino y nocturno y, en asamblea, decidieron tomar la escuela por la noche el mismo 17 de febrero. Pusieron sellos en todas las puertas de salones y oficinas con la fecha y hora del inicio de la huelga. Sólo mantienen abierto el auditorio y un baño para asegurarse de que los materiales y equipo de cómputo se mantengan intactos.
Insisten en que su principal petición es tener una “educación de calidad y condiciones dignas”, por eso demandan la destitución de la directora porque no está defendiendo a la comunidad sino su puesto, mientras que la actuación de Raquel Sosa debería ser revisada por el Presidente porque “si una persona no está funcionando en su calidad de autoridad, se destituya”.
Lo que piden, dice América, es diálogo, “porque por ahora nos sentimos ignorados, nos sentimos abandonados”.
