En mayo pasado, en medio de la negociación del T-MEC y con la amenaza latente de Estados Unidos de imponer aranceles a la importación de acero mexicano y canadiense, la Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, convocó a una reunión en Toronto para analizar la situación. La secretaria de Economía de México, Graciela Márquez Colín, pretendía asistir, pero al pedir permiso a Presidencia, un requisito creado días antes para cualquier comisión oficial al extranjero, su solicitud fue rechazada.
“Por instrucciones del Sr. Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, le informo que la petición en comento NO HA SIDO AUTORIZADA”, fue la única explicación que recibió Márquez en un oficio firmado por el secretario particular del presidente, Alejandro Esquer Verdugo.
Pero mientras la encargada de Economía se quedó en México, quien sí fue autorizado para ir a Canadá fue un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Márquez había indicado en su petición que iría dos días y se haría acompañar por el subsecretario para América del Norte de la SRE, Jesús Seade Kuri. Los documentos muestran que él, uno de los negociadores del T-MEC, sí pudo viajar a Canadá y Estados Unidos durante dos semanas. Las aprobaciones a SRE fueron una constante.
Animal Político tuvo acceso a más de 200 solicitudes de viajes al extranjero hechas en mayo por funcionarios de diversas dependencias, la mayoría de las cuales fueron rechazadas, sin más argumentos que la no autorización presidencial.
Presidencia no autorizó viajes al extranjero a funcionarios de la @SE_mx, incluso algunos que eran para ir a discusiones del #TMEC, mientras que a la @SRE_mx le aprobó todos.
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— Animal Político (@Pajaropolitico) December 12, 2019
El 3 de mayo de 2019, López Obrador firmó un memorándum con diversas medidas de austeridad que en el punto 9 señalaba: “Toda comisión al extranjero deberá ser solicitada por escrito, justificada y autorizada por el Titular del Ejecutivo Federal”.
La instrucción causó polémica, sobre todo entre los científicos que reclamaron que los viajes a congresos o estancias de intercambio en otros países son parte de su carrera, pero al recibir un sueldo de dinero público, la medida los limitaría.
Aunque semanas después se aclaró que el requisito solo se aplicaba a quienes tienen puestos de “mandos y enlaces”, algunos viajes fueron frenados desde los Centros de Investigación y se pudo comprobar la autenticidad de un oficio que se filtró en redes sociales que negaba a dos académicas ir a hacer trabajos a Guatemala y Panamá.
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El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) mandó en ese mes nueve solicitudes de comisiones al exterior, y todas fueron rechazadas.
A Economía se le negó cualquier viaje a su titular y a todos sus subalternos, de 26 solicitudes que hizo en total. Por ejemplo, días después del episodio del acero, solicitó que la subsecretaria de Comercio Exterior fuera a Washington DC, para reunirse con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, congresistas y el representante comercial de ese país, por una medida que limitaba la importación de tomate mexicano y estaba afectando a los productores.
La respuesta fue negativa.
Incluso viajes que no serían financiados o lo serían mínimamente con dinero mexicano, Presidencia decidió no aprobarlos. Es el caso del entonces comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Francisco Garduño, que junto a dos representantes del Sistema Penitenciario Federal estaba invitado a conocer el modelo de prisiones de las ciudades italianas de Roma y Palermo.
“Los gastos del viaje y estancia estarán a cargo del Ministerio de Justicia-Sistema Penitenciario de Italia”, aclaraba su solicitud.
La respuesta, también en ese caso, fue que la petición “no fue autorizada”.
Lo mismo ocurrió con al menos dos solicitudes de la Secretaría de Energía. Una para que una consultora viajara a Eslovenia a un curso sobre plantas nucleares, invitada y financiada por el Organismo Internacional de Energía Atómica. Otra para que un investigador del Instituto Mexicano del Petróleo fuera a una Estancia de diseño y evaluación de una biorrefinería en España, al que su organismo le cubriría los viáticos, solo con un gasto de 50 euros diarios (poco más de mil pesos) por dos semanas.
También hubo negativas a la directora de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez, para ir a la conferencia internacional de la UNESCO en París, Francia. Y a la directora del Instituto Nacional de Cinematografía, María Novaro, junto con tres funcionarios, le fue negado el permiso en pleno festival de cine de Cannes, en Francia, por lo que regresó cuando ya se encontraba en ese país.
SRE, la que más pidió y obtuvo autorizaciones para viajar
Tan solo durante el primer mes en que se impuso el requisito de la autorización de López Obrador para comisiones oficiales fuera del país, Presidencia recibió 276 solicitudes.
Dos dependencias fueron las que más presentaron y acumularon el 41% del total: 56 de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y 56 de la de Marina (Semar).
Las de esta última están declaradas “información reservada”, junto con otras siete de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por lo que no hay manera de saber si fueron aprobadas o rechazadas.
Pero las 56 de SRE sí fueron autorizadas. De hecho, en una sola solicitud se pedían 33 viajes de distintos funcionarios para eventos por todo el mundo y con una sola firma fueron avalados todos.
“La petición en comento SÍ FUE AUTORIZADA con la finalidad de cumplir con los propósitos en ella planteados”, fue la mínima explicación también en los casos afirmativos.
Entre esas comisiones estaban incluso algunas para las que especialistas de otras secretarías fueron rechazados, como una reunión de ONU Hábitat en Nairobi, Kenia, a la que López Obrador no permitió que fuera un representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), pero sí el de Exteriores.
También fue autorizado el director de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos para ir a Caracas, Venezuela, a continuar los acercamientos en el marco del Mecanismo de Montevideo, creado para el diálogo entre el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro y la oposición en ese país.
Consta también el oficio de autorización al director de Comunicación Social, Roberto Velasco, para acompañar al secretario Marcelo Ebrard a Estados Unidos, quien después se haría viral con el apodo de #LordCacahuates por una foto en la que estaba consumiendo esta botana.
La siguiente dependencia con más solicitudes de comisiones internacionales fue Petróleos Mexicanos (Pemex), con 39, que recibió algunos rechazos pero varias autorizaciones.
Después, Economía envió 26 peticiones; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y sus organismos adscritos hicieron 15; Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), 14; Energía (Sener), 11; Seguridad Pública y Policía Federal enviaron 10; el Conacyt, 9; la agencia de noticias del Estado, Notimex, mandó 8 solicitudes; Sedatu, 7; Comunicaciones y Transportes (SCT), 5; Cultura y Salud, 4 cada una, y otras dependencias hicieron tan solo una o dos.
Seis meses para transparentar la información
El 4 de junio, el presidente criticó en su conferencia matutina que los funcionarios de gobierno abusaban viajando por el mundo y reveló que en los 24 días desde que impuso la obligatoriedad de su autorización, había recibido 276 solicitudes de comisiones al exterior, aunque aclaró que no revelaría los nombres de los solicitantes y no precisó si todas habían sido rechazadas.
Animal Político había solicitado vía transparencia el 31 de mayo la lista de quiénes pidieron permiso para salir de comisión, de qué dependencia, cuándo, si habían sido aprobadas o negadas y las razones para ello.
A pesar de que cuatro días después el propio presidente hizo pública parte de esa información, la Unidad de Transparencia de Presidencia agotó el plazo de 20 días hábiles para contestar, recurrió a la prórroga y respondió hasta el 12 de julio con la lista ya difundida que no contenía más que ciudades de destino, a veces solo el país, sin la fecha de cuándo se hizo la petición y a veces sin fecha exacta para el viaje.
Tras interponer un recurso de revisión de la respuesta, la Oficina de Presidencia aseguró en agosto que había hecho una “búsqueda exhaustiva, amplia y razonable” y no encontró ningún documento que respondiera a la solicitud como se había planteado.
Entonces el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) requirió más datos a Presidencia, que en septiembre trató de defenderse para no entregarlos e incluso acusó al Instituto de estarse excediendo en su facultad para allegarse de información adicional y decidir si la queja era válida.
“Al requerir información adicional a este Sujeto Obligado, se estaría yendo más allá de lo permitido por la Ley de la materia”, alegó Presidencia.
Pero el INAI le contestó que es el órgano garante de la transparencia y que entre sus facultades está solicitar pruebas y hacer las diligencias necesarias para defender el derecho a la información de los ciudadanos. Así que elevó el asunto al pleno, el órgano de decisión del INAI, que el 9 de octubre decidió que si Presidencia no tenía un documento específico que concentrara los permisos de viaje y su aprobación y rechazo, como se solicitó, tenía que dar acceso a todos los documentos al respecto.
El periodo para cumplir esta orden del INAI era de 10 días, pero Presidencia tardó todavía un mes en entregar una lista más detallada y anunciar que permitiría una consulta en persona de los documentos, excepto de 63 considerados “información reservada”. Por primera vez transparentaba qué dependencia había hecho cada petición.
La consulta fue agendada para el 21 de noviembre, es decir, más de seis meses después de la solicitud de información original, pero como ésta se formuló en mayo, solo se dio acceso a los documentos de mayo. Un funcionario de Presidencia prestó a Animal Político una carpeta con dichos papeles para revisarlos. A los 45 minutos se informó que el tiempo de consulta había terminado.
