PGR pide más restricciones para Elba Esther, argumenta que es por seguridad del país
Luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) se quejó de que Elba Esther Gordillo convirtiera su prisión domiciliaria en una “oficina de despacho”, un juez decidió imponer un régimen más restringido para sus visitas y le prohibió establecer comunicación vía telefónica o electrónica con personas no autorizadas judicialmente.
[contextly_sidebar id=”D8SltVXNxT3TUgcbbsapUDspE3NpWSKU”]El juez sexto de Distrito en Procesos Penales Federales, Alejandro Caballero Vértiz, le dio 24 horas a Gordillo para que le entregue el nombre, identificación oficial y comprobante de domicilio de sus visitantes, así como el carácter de su visita, de acuerdo con reportes del diario Reforma.
“En caso de no dar cumplimiento a lo ordenado, se suspenderán temporalmente las visitas de familiares y amigos de buena reputación, hasta en tanto se haga del conocimiento los datos antes requeridos”, señaló el juez Caballero Vértiz.
Según el acuerdo del juez, las visitas y comunicaciones de la maestra solo serán permitidas con las personas previamente autorizadas y, en el caso de sus abogados y personas de confianza, deberán demostrar tal carácter ante los elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que la vigilan.
Asimismo, establece, “se prohíbe a las personas autorizadas para visitarla el ingreso al inmueble que habita actualmente con cualquier instrumento de comunicación, como en su caso teléfonos, laptops, tabletas digitales, dispositivos de almacenamiento, entre otros”.
El pasado jueves 8 de febrero, la PGR presentó un escrito dirigido al juez federal Alejandro Caballero Vértiz, para pedir mayor control de la prisión domiciliaria de Gordillo, pues, señaló, la maestra había convertido su departamento de Polanco en una “oficina de despacho” en la que recibe hasta 10 personas por día.
En el texto, la PGR se queja de que la maestra no permita a los elementos de la AIC vigilarla al interior de su departamento, sino en el exterior y periferia del edificio; además, indica, el uso de los medios de comunicación que tiene a su alcance, “podrían desestabilizar la paz y la seguridad del Estado mexicano, por tanto, resulta imperioso que se establezca un régimen de control”.
El documento señala que si bien la PGR no espera que haya una limitación a los derechos de Gordillo, “se solicita llevar un control adecuado dada su condición de procesada, pues es de recordar que no se encuentra en libertad absoluta, sino que su situación jurídica está sub júdice a un proceso penal instruido por delitos considerados como graves”.
Una “mordaza propia de regímenes totalitarios”
El despacho de Marco del Toro, abogado de Gordillo, señaló en un comunicado que, sin haber dado vista previa a la defensa, se les notificó el acuerdo del juez Alejandro Caballero, por lo que calificó la resolución como “ilegal y draconiana”.
“Dicho acuerdo que se estima ilegal y draconiano, ordena a la Policía Federal de PGR hacer cumplir que la maestra Gordillo NO pueda recibir amistades, salvo aquellas que hayan pasado por un filtro… y establece que las comunicaciones vía teléfono, mensajes de texto, correos electrónicos y demás medios posibles, solo podrá hacerse con personas que hayan pasado su test de decencia”, señaló.
De acuerdo con el abogado, dicho acuerdo, “obedeció a una solicitud que se estima ilegal”.
El defensor de Gordillo denunció que la resolución del juez autoriza la intromisión de elementos policiacos en la vida privada de la maestra, viola la privacidad de sus comunicaciones y sus derechos del adulto mayor.
“Esta mordaza propia de regímenes totalitarios no hace sentido con el beneficio de la prisión preventiva domiciliaria, y es que la prisión preventiva consiste en el beneficio del adulto mayor con precario estado de salud”, acusó.
El despacho de Del Toro anunció que este miércoles 14 de febrero presentó acciones legales “para combatir jurídicamente dicho atropello”.
Con información de Reforma (suscripción necesaria).
