[contextly_sidebar id=”MoTcPO9GyUr7m38MDMcGOSt4aG2Avx2P”]Al Poder Legislativo federal se le acumulan los pendientes: a la falta de designación de fiscal y magistrados anticorrupción, fiscal general y auditor superior, se le suman desde hace más de una semana los espacios que dejarán vacantes las comisionadas de transparencia Areli Cano y Ximena Puente, en el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).
El Senado debió haber lanzado la convocatoria para seleccionar y designar a las nuevas comisionadas –los espacios tendrán que ser ocupados por mujeres para mantener la equidad de género en ese cuerpo colegiado— a más tardar el pasado 1 de febrero, pues su periodo en el INAI concluye el 31 de marzo y por ley el proceso de renovación debe iniciar máximo 60 días antes. Pero el Senado no ha empezado.
De hecho, el pasado 31 de enero el presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, notificó al presidente del Senado, el panista Ernesto Cordero, que el plazo legal para lanzar la convocatoria se vencía al día siguiente, y que era importante iniciar con el procedimiento de selección y designación.
Casi dos semanas después, la convocatoria no ha sido emitida.
Y no es cosa menor, señala Edna Jaimes, directora de la organización México Evalúa, pues se trata de espacios y vacantes de “instituciones creadas para servir de vigilancia del poder, de contrapeso y control político, para evitar el abuso del poder, y tocan la esencia de un sistema de privilegios que existe dentro de grupos políticos, y esto genera resistencias”.
El mantener organismos acéfalos o incompletos no es un tema nuevo para el legislativo, apunta Ricardo Luévano, oficial de Transparencia de la organización Artículo 19, y ejemplifica: “La Comisión de Atención a Víctimas se quedó sin cinco de los siete comisionados casi dos años. Es muy común, tienes una Procuraduría General acéfala, una fiscalía electoral con problemas, no es en realidad una prioridad para el Senado en este momento que suceda algo con el INAI, porque sino ya lo hubieran sacado”.
Y lo que la sociedad civil espera, sostiene por su lado Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, es un proceso de designación abierto y puntual, como el que se siguió en 2015 cuando el organismo se transformó de IFAI a INAI.
“Nosotros, desde A19, sí creemos que es importantísimo que este semestre salgan buenas designaciones, no podemos dar ni un paso atrás ni permitir que la premura de los legisladores de salir y participar en las campañas electorales permita que todo lo que se ha construido en cuanto a Parlamento Abierto se tire por la borda”.
Al respecto Jacqueline Peschard, quien hasta el 9 de febrero presidió el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, dice que México tiene la obligación de seguir los estándares internacional de Parlamente Abierto y Gobierno Abierto, porque como país está adherido a ellos.
El escenario no es fácil, coinciden especialistas y Organizaciones de la Sociedad Civil, ya que las designaciones pendientes deben realizarse en medio de un escenario político crispado, y de confrontación electoral entre las diferentes fuerzas políticas.
“Estamos en un momento difícil –dice la senadora independiente Martha Tagle—porque la gran mayoría de estas designaciones tienen que ser aprobadas por dos terceras partes del Senado, y la confrontación política en la que estamos no permite avanzar en los acuerdos que nos lleven a discutir los perfiles”.
Ante los retrasos la legisladora urge a sus compañeros a empezar con el proceso de discusión y dictaminación de los perfiles y candidatos que ya están propuestos, como los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, pero bajo una lógica de “verificar quiénes cumplen los requisitos de elegibilidad, y quiénes son los perfiles idóneos, y si no los hay pues desechar las propuestas como dice el reglamento y regresarlas al Ejecutivo, porque si estamos esperando el todo o nada, o que haya un acuerdo político que permita avanzar en algunos perfiles sí y en otros no, pues vamos a seguir atorados”.
Y agrega: “También tenemos que quitarnos de la práctica parlamentaria, que lo hemos visto en las más de 300 designaciones que se han hecho en estas dos legislaturas en el Senado de la República, que es un asunto totalmente de cuotas y cuates, no podemos seguir en esa misma lógica por el daño que se ha hecho en las instituciones. En todas las designaciones hay un acuerdo político entre las distintas fuerzas políticas políticas representadas en el Senado y se han distribuido por cuotas y cuates, lo que les toca a cada uno”.
La falta de designaciones, señala Edna Jaimes, puede estar generando que organismos que han hecho bien su trabajo, como la Auditoria Superior de la Federación (ASF) –cuyo proceso de designación se detuvo en la Cámara de Diputados a mediados de diciembre– , se empiecen a fracturar por falta de una cabeza que dirija, pero también por una posible disputa por la sucesión.
“No es sano que trabajen en un contexto de incertidumbre en donde puede haber pugna interna por el proceso sucesorio. Yo quisiera que la auditoría tuviera ya su nombramiento de titular en las próximas semanas, porque es una instancia clave en el sistema de rendición de cuentas”.
A mediados de enero el precandidato del PRI a la presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, se pronunció por completar el SNA, nombrar a los fiscales pendientes y al titular de la Auditoria Superior y dijo “teniendo todos los elementos para dar pasos firmes, dejamos de hacerlo por razones políticas”.
A través de su cuenta de tuiter, Meade Kuribreña pidió “a partidos, coaliciones y precandidatos a avanzar con los nombramientos faltantes del SNA”, pero la petición no fue recogida ni siquiera por los legisladores de su partido, pues el tema sigue sin discutirse en las cámaras. Los otros precandidatos han ignorado el tema.
No es un buen momento, dice Jacqueline Peschard, “para armar acuerdos entre las distintas fuerzas políticas, sin embargo nosotros creemos que estos es prioritario en la agenda, y lo que queremos es empujar a que los partidos políticos tomen cartas en el asunto, más allá de lo que pasa en el terreno de las elecciones, pero claro que sabemos que es un contexto difícil”.
Y concluye: “No quisiéramos tener que esperar a que se defina la elección, pero de momento de lo que se trata es de empujar más para que los propios candidatos no sólo tomen la bandera de la anticorrupción, sino proyectos y programas específicos para el combate, y uno de esos es acabar de construir el sistema”.