¿Por qué los mexicanos debemos (o no) pagar la pensión de los expresidentes? Esto dice la ley

[contextly_sidebar id=”XPAhkaejWAN80NrdkWLmjVEhINclT7yU”]Desde hace más de 40 años los mexicanos entregan a sus expresidentes una pensión vitalicia, más gastos por el personal civil y militar que tienen a su disposición, así como seguros de vida y de gastos médicos mayores tanto para ellos como sus familias.

Esto se hace gracias a los acuerdos presidenciales emitidos en los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez (acuerdo 7637 de 1976) y de Miguel de la Madrid (acuerdo 2763-BIS de 1987), que señalan que los exmandatarios deben recibir una pensión equivalente al salario de un secretario de Estado (casi 205 mil pesos al mes), así como tener a 103 empleados a su servicio, entre auxiliares y elementos del Estado Mayor para temas de seguridad.

El primer acuerdo, de Echeverría, dispuso que los exmandatarios tuvieran a su disposición a 78 elementos militares, según se lee en un documento del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados (CEDIP).

Mientras que el segundo, además de fijar el monto de la pensión con cargo al erario, concedió un seguro de vida y de gastos médicos mayores. Incluso en caso de fallecimiento, la cónyuge del expresidente disfrutará del 80% de la pensión, después de un año ese monto disminuirá 10% hasta llegar a la mitad del monto total. Los hijos de los exmandatarios también tendrán cubierto el seguro de gastos médicos mayores hasta la mayoría de edad.

Felipe Calderón es el expresidente que más le cuesta a los mexicanos, pues aunque renunció a su pensión para donarla a la fundación Aquí Nadie se Rinde en 2017, solo los gastos para el pago de 19 empleados a su disposición ascienden a más de 816 mil pesos al mes, de acuerdo con información obtenida vía transparencia por El Financiero.

Calderón también modificó, poco antes de dejar el cargo, el reglamento del Estado Mayor Presidencial para incrementar a 425 el número de elementos de seguridad asignados a su familia. Incluyó a padres, suegros, hermanos, cuñados, sobrinos y tíos.

De acuerdo con el mismo reporte de El Financiero, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari renunciaron al pago de la pensión y solamente el primero genera gastos por poco más de 50 mil pesos al mes en la contratación de tres coordinadores.

Mientras que los trabajadores en México deben laborar (dependiendo del régimen en el que se encuentren) entre 10 y 24 años para obtener una pensión, a los expresidentes les basta un sexenio para asegurar el beneficio, ¿es legal?

Animal Político consultó con especialistas en derecho constitucional para conocer la validez de las pensiones de los expresidentes y si existe una manera de regularlas.

De acuerdo con la académica y experta en Derecho, Hilda Nucci, quien ha investigado desde hace más de cinco años estos beneficios, no hay ninguna ley actual que ordene pensiones a los expresidentes en México.

Incluso las describe como inconstitucionales porque no fueron firmadas por presidentes en el cargo y porque nunca fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

“Ese es el primer problema en torno a los acuerdos, no están publicados en el Diario Oficial de la Federación. De acuerdo al artículo tercero del código civil, no tendrían por qué ser ley. Todo aquello que se considera obligatorio debe estar ahí”, explica.

En este sentido coincide el abogado y profesor de Teoría Constitucional por la Escuela Libre de Derecho, Elisur Arteaga Nava, quien considera que “tratándose de derechos políticos, no hay derechos adquiridos, entonces no puede ni (Vicente) Fox, ni nadie, alegar que tiene derechos” sobre la pensión.

¿La pensión durará para siempre?

Una de las propuestas del aspirante presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, es eliminar estas pensiones mediante un nuevo decreto presidencial.

De acuerdo con el investigador de la carrera de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Miguel Ángel Eraña Sánchez, esto es posible porque se trata de un asunto de voluntad política: derogar acuerdos y regular en el Congreso. Sin embargo, habría que revisar “en qué condiciones se da la abrogación del decreto y la expedición de las nuevas reglas”.

Para el profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Miguel Carbonell, no es una decisión que dependa de un funcionario, sino del Congreso de la Unión, quien aprueba en el Presupuesto de Egresos de la Federación los montos destinados a las pensiones de los expresidentes, pues explica que “todo el gasto público debe estar cubierto en cada una de las partidas presupuestarias”, lo cual es determinado por los legisladores.

Al respecto, Hilda Nucci considera que un decreto presidencial podría eliminarlas, pero asegura que lo ideal sería regularlas en la ley. La académica explica que se han presentado cerca de 19 iniciativas en el Congreso para eliminar o regular las pensiones, sin embargo ninguna prospera.

“El propio Congreso podría presentar una controversia constitucional en donde se diga que analice las situación de las expansiones de los expresidentes, que a todas luces son inconstitucionales”, menciona en entrevista.

El 3 de octubre pasado, la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó una iniciativa que propone modificar el artículo 83 Constitucional para que quienes se hayan desempeñado en el cargo no reciban “jubilaciones, pensiones o haberes de retiro distintas a las establecidas en las disposiciones de la Seguridad Social
correspondiente”.

Sin embargo, esta última iniciativa está detenida en las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda.

En la plataforma ciudadana Change.org se han abierto diversas solicitudes para eliminar las pensiones a los expresidentes mexicanos. El argumento es que mientras un trabajador necesita 25 años de labor para jubilarse y obtener mensualmente montos que van desde los 2 mil 500 pesos; ¿por qué un funcionario puede recibir más de 200 mil por laborar sólo seis años?

Los especialistas coinciden en que es posible regular el tema si se discute en el Congreso y se establecen reglas transparentes sobre por qué y cómo deberían los mexicanos pagar las pensiones de sus expresidentes.