Diputados y senadores de oposición van contra la Ley de Seguridad con impugnaciones ante la Corte
Un grupo de diputados federales de la coalición Por México al Frente (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano) y de Morena, así como 43 senadores acuden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para interponer acciones de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior (LSI).
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De acuerdo con los legisladores, la LSI “está plagada de violaciones constitucionales en diversos ámbitos”, entre otras cosas, viola el principio de máxima publicidad, permite la Declaratoria de Protección de la Seguridad Interior, sin que exista una petición expresa de los gobiernos de las entidades, limita la intervención del Ministerio Público en la atención de delitos, así como las atribuciones del presidente de la República, para la atención de una Declaratoria.
Los legisladores impugnan 28 de los 34 artículos de la LSI, por considerar que contraponen la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
En las próximas horas, la acción de inconstitucionalidad será enviada al presidente de la corte Luis María Aguilar, quien hará llegar el documento al ministro en turno para determinar si la acción procede o no.
En tanto, los senadores debían conseguir 43 firmas para presentar el recurso, las cuales ya obtuvieron, de acuerdo con el legislador por Baja California, Ernesto Ruffo Appel.
“Una tercera parte de los senadores es el requisito que impone la Corte. Ya tenemos físicamente esas firmas aquí. PRD, PT/Morena y legisladores del PAN nos presentamos mañana (viernes) en la oficialía de partes de ls Suprema Corte a partir de las 10 de la mañana”, explicó en entrevista con Carmen Aristegui.
El coordinador del PRD en el Senado, Luis Sánchez, explicó que el recurso que interpondrán se sustenta en la presunta violación a 11 artículos de la Constitución y ocho de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), de acuerdo con un reporte del diario Reforma.
Esta acción se suma a otras presentadas contra de la llamada Ley de Seguridad Interior.
El pasado 2 de enero integrantes del Congreso Nacional Ciudadano (CNC), interpusieron amparos contra la Ley de Seguridad Interior, tras considerarla una ley de Militarización. Días después, el 8 de enero, autoridades del municipio de Cholula, Puebla, se hicieron presentes en la SCJN para presentar la primera controversia constitucional en contra de la LSI al considerar que su implementación violaría la autonomía de la seguridad municipal. Dicha controversia fue aceptada pero se negó la demanda de suspender la norma, pues según los ministros, el municipio no fundamentó bien la solicitud.
El martes pasado el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 6 y 31 de la LSI los cuales, a decir de los comisionados de este órgano, trasgreden las garantías sobre el manejo de información pública y privada.
En diciembre de 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hicieron un llamado urgente al Estado para que no se aprobara la Ley de Seguridad Interior al considerar que varios de los puntos establecidos no garantizaban los derechos humanos.
A pesar de que los esfuerzos, el Senado aprobó la ley.
