Organizaciones internacionales forman una coalición contra la Ley de Seguridad Interior
Diez organizaciones internacionales conformaron una coalición para observar y documentar la situación de derechos humanos en el país tras la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, y hacer un llamado al presidente Enrique Peña Nieto para que ejerza su facultad de veto respecto a esa legislación.
[contextly_sidebar id=”bZRGo3ZQTFqWuV17fwmeB9lvw0dSWQe2″]”La aprobación de la Ley de Seguridad Interior que se concretó esta semana en el Senado mexicano implica un grave retroceso para una nación que ya se enfrenta a niveles de violencia sin precedentes y a una situación generalizada de violaciones a derechos humanos”, indicaron en un comunicado.
“Lejos de abordar la impunidad generalizada de crímenes atroces -incluidos los cometidos por las fuerzas armadas en el contexto de la larga ‘guerra contra las drogas’- la Ley de Seguridad Interior consagra y fortalece el papel del Ejército y la Marina en tareas de seguridad públicas reservadas para autoridades civiles”, agregaron.
La coalición está conformada por Amnistía Internacional (AI), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Latin American Working Group (LAWG), la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), Open Society Justice Initiative (OSJI), la Organización Mundial contra la Tortura (OMTC), Peace Brigades International (PBI) y Robert F. Kennedy Human Rights.
En su mensaje escrito insistieron en que la “la nueva ley es parte de una tendencia peligrosa que requiere reacciones urgentes”.
La coalición, detallaron, “servirá para monitorear la situación en México, llamar la atención de otras naciones sobre la regresión democrática que está en curso, y apoyar nuestros colegas de la sociedad civil mexicana frente a las crecientes ataques y amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas.
El Observatorio también continuará dialogando con las autoridades mexicanas para recordarles sus obligaciones derivadas del derecho internacional”.
