Policías turísticos de Acapulco torturaron y desaparecieron a un indigente: Derechos Humanos

En abril de 2014, a través de redes sociales circuló un video que muestra a cuatro agentes de la Policía Turística de Acapulco (tres hombres y una mujer), cuando torturan a un indigente al que mantienen amordazado. Según la declaración de los policías implicados, se trataba de un castigo en contra de un supuesto abusador sexual de menores al que, sin embargo, nunca presentaron ante el Ministerio Público para que se hiciera justicia.

[contextly_sidebar id=”2y0QZX9uUWlBh2yjpfSXKnPMGCxxRrNX”]Del supuesto delito sexual cometido por el detenido no existe prueba alguna, salvo la confesión que el torturado balbucea durante el video, entre ruegos de que dejen de golpearlo, y nunca existió una víctima denunciante que lo señalara formalmente.

Aunque el video fue difundido en abril de 2014, los hechos en realidad ocurrieron el 14 diciembre de 2013, y a cuatro años de estos hechos, la CNDH concluyó que el “Pelón” no sólo fue torturado por los agentes municipales de Guerrero, sino que también fue víctima de desaparición forzada, después de que los abusos policíacos se hicieron públicos y se abrieron investigaciones en contra de los implicados.

La marca policíaca

En dicha entrevista, los policías implicados no explicaron cómo fue detenido el “Pelón”, y sólo afirmaron que, luego de que el detenido fue torturado por el jefe de la policía municipal, dentro del módulo de vigilancia de un parque, éste le ordenó al supervisor Juan Carlos Alvarado Coronado que, junto con sus tres subordinados, continuaran la tortura, y que grabaran todo en video para que él pudiera constatar que cumplieron su indicación.

Luego, el 2 de enero de 2014, es decir dos semanas después de que estos hechos ocurrieran, el supervisor Juan Carlos Alvarado Coronado, aquel que había grabado y conservado el video de la sesión de tortura, desapareció. Según la denuncia de su esposa, dos hombres armados ingresaron a su casa y se lo llevaron por la fuerza. No fue hasta marzo de 2014 que su cuerpo fue hallado en una fosa clandestina ubicada en el poblado de El Salto, y un mes después, en abril, el video que él capturó con su teléfono se hizo público a través de Youtube. La pareja y los padres de este policía tuvieron que huir de sus domicilios.

La supuesta familia sólo fue incluida en la versión de los implicados, hasta una semana después, el 10 de abril, cuando éstos fueron presentados ante el Ministerio Público por cargos de tortura, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y lesiones.

En esa segunda versión, rendida ante el MP, los tres policías implicados no sólo mencionan por primera vez a la familia, sino que señalaron a integrantes de dicha familia como los que iniciaron la sesión de tortura, y luego la continuaron los agentes.

En los hechos, no obstante, no hay evidencias de que la familia afectada en verdad haya existido. Cabe destacar que en esta segunda versión de los hechos, los agentes implicados ya no mencionaron la presunta participación del jefe de la policía municipal en la agresión contra el detenido y, por el contrario, atribuyen directamente a su supervisor, Juan Carlos Alvarado Coronado (quien para entonces ya había sido hallado muerto), la orden de darle una “madriza” al “Pelón”, para luego, supuestamente, dejarlo en libertad.

Un día después de rendir esta declaración ante el MP, el 11 de abril, volvieron a su primera acusación: que la orden provino del secretario de Seguridad Pública, Alfredo Álvarez Valenzuela, y además aseguraron que después de los hechos, éste y sus escoltas los habían intimidado y golpeado, para que firmaran una confesión, en la que aseguraban que los hechos ocurrieron en octubre de 2013 (y no en diciembre), es decir, un mes antes de que Álvarez Valenzuela asumiera el mando de la policía municipal.

Un mes después de que el video de la sesión de tortura se difundiera, el 14 de mayo de 2014, Álvarez Valenzuela renunció al cargo.

Desaparición forzada

La búsqueda del “Pelón” inició en abril de 2014, tan pronto como se difundió el video, con el objetivo de que presentara denuncia formal en contra de los policías que lo torturaron, pero no hubo resultados positivos: se le buscó en las zonas en las que deambulaba, en hospitales privados y públicos, en instalaciones militares, en cárceles y centros de detención, en servicios forenses, en centros de rehabilitación para adictos, se envió su retrato a todas las fiscalías regionales del estado y a las otras 31 procuradurías de la República, sin lograr nada.

Comerciantes que lo veían frecuentemente, informaron que no volvieron a verlo, luego del ataque de la policía, en diciembre de 2013.

Sin embargo, para la Procuraduría de Guerrero, el “Pelón” no desapareció el día en que fue detenido y torturado (en diciembre de 2013), sino el 2 de abril de 2014, es decir, hasta que se hicieron públicas las vejaciones a las que fue sometido meses antes, tal como señala la ficha de búsqueda que emitieron las autoridades.

Luego, el Ministerio Público se tomó dos meses más, hasta junio de 2014, para iniciar formalmente una averiguación previa por el delito de desaparición forzada, y para solicitar una orden de captura contra el exjefe de la Policía Municipal y los tres policías involucrados.

Finalmente, el juez que llevó el caso determinó que en contra de Alfredo Álvarez Valenzuela, exjefe de la Policía de Acapulco, no había pruebas para ejercer la acción penal y lo dejó en libertad, mientras que los otros tres policías sólo quedaron sujetos a proceso por abuso de autoridad (libres, sólo con la obligación de acudir a firmar una vez por semana el libro de control), y quedaron absueltos del delito de desaparición forzada.

Hasta octubre de 2017, este proceso seguía su lento curso, sin haber llegado a una determinación sobre la inocencia o culpabilidad de los ex policías que, en el video de la sesión de tortura, ríen mientras se turnan para golpear e insultar al detenido.

Aunque la policía municipal había iniciado un proceso administrativo en contra de los cuatro involucrados, éste quedó cancelado en mayo de 2014, sin que se les fincaran responsabilidades, pues fueron separados de la corporación.

Finalmente, el 12 de enero de 2016, la antigua Procuraduría de Guerrero, ahora Fiscalía General, envió al archivo la averiguación previa por la desaparición forzada del “Pelón”, bajo el argumento de que no existen pistas que permitan continuar la investigación.

Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por el contrario, existen evidencias suficientes “que permiten acreditar la probable desaparición forzada de la víctima (el “Pelón”), así como violaciones a los derechos humanos a la libertad, seguridad jurídica, así como seguridad e integridad, por la detención arbitraria y actos de tortura en agravio de la víctima, atribuibles a AR1, AR2, AR3, AR4 y AR5″, que es como la CNDH identificó al ex jefe de la policía municipal Alfredo Álvarez Valenzuela, y a los ex agentes José Arturo Quezada Ramírez, Jéssica Brenda Hernández Jiménez, Fernando Vázquez Suástegui y a Juan Carlos Alvarado Coronado (ya fallecido).

Luego de analizar las seis averiguaciones previas vinculadas con estos hechos, y de realizar su propia investigación de campo, con consultas a testigos e involucrados, la CNDH concluyó que el “Pelón” debe ser considerado como víctima de desaparición forzada, ya que su caso reúne tres de las características de este delito.

En primera instancia, una desaparición empieza por una detención o privación ilegal de la libertad, misma que en el caso del “Pelón” está totalmente acreditada.

En segundo lugar, se considera que un caso de desaparición forzada es perpetrado por agentes del Estado que detienen o privan ilegalmente de la libertad a una persona, lo cual, nuevamente, está comprobado en el caso del “Pelón”.

Por último, se considera que un caso de privación ilegal de la libertad se convierte en desaparición forzada cuando las autoridades perpetradoras suprimen toda información sobre la suerte o el paradero de la persona ilegalmente detenida, con lo que la víctima queda privada de la protección de la ley, así como del ejercicio de sus derechos y garantías procesales. Y esto es lo que ocurrió con el “Pelón”.

Por todo ello, la CNDH exigió a la Fiscalía General del Estado de Guerrero retome la búsqueda del “Pelón”, hasta dar con su paradero.