El gobierno de Miguel Ángel Mancera cumplió cinco años el pasado 6 de diciembre. La administración del que fuera procurador de la ciudad acumula en este lapso un crecimiento de más del 45 % de los homicidios dolosos, y un alza superior al 100 % en casos de lesiones con armas de fuego. En general la delictiva total también creció, aunque algunos delitos graves como los robos con violencia, secuestros y extorsiones disminuyeron.
[contextly_sidebar id=”oM3lBRzGlO0Nwcki2wYtua6f62oypYHR”]Los datos oficiales reportados por la Procuraduría de la ciudad ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que de diciembre de 2012 a octubre de 2017, periodo en el que Mancera ha sido jefe de gobierno, se han registrado en la ciudad un total de cuatro mil 285 homicidios dolosos en la capital del país, que equivalen a una tasa de 48.63 nuevos asesinatos por cada cien mil habitantes.
Si comparamos este registro con el del gobierno anterior encabezado por Marcelo Ebrard nos encontramos con que, de enero de 2006 a octubre de 2011, el entonces Distrito Federal reportó tres mil 712 averiguaciones por homicidio doloso, una tasa de 41.57 asesinatos.
Lo anterior significa que en el gobierno de Miguel Ángel Mancera la tasa de homicidios ha repuntado 16.9 %.
Si limitamos el análisis a los cinco años del actual sexenio, el incremento de los asesinatos es aún más dramático. De enero a octubre de 2013, primer año de la administración de Mancera, la tasa de homicidios en la ciudad fue de 7.06 casos por cien mil habitantes. Mientras que de enero a octubre de este año la tasa ha crecido a 10.27. Es un disparo del 45.4 % de los homicidios dolosos.
Cabe señalar que Mancera recibió del gobierno de Ebrard una tendencia a la baja en homicidios. En 2013 y 2014 el promedio de asesinatos ya no descendió pero se mantuvo estable, hasta que en 2015 comenzó un incremento que no se ha detenido y que ya ubica a la capital en un nivel récord de asesinatos, por lo menos en las últimas dos décadas.
Un incremento significativo es el que también se registra en el delito de lesiones dolosas con armas de fuego.
La estadística oficial arroja que, en lo que va del gobierno de Mancera, se han denunciado seis mil 898 casos de este delito, que equivalen a una tasa de 78.28 averiguaciones por cada cien mil habitantes. En el periodo de Ebrard el dato oficial es de tres mil 410 casos, una tasa de 38.19 %. Con Mancera, los ataques a mano armada en la ciudad se han duplicado, pues hay un incremento del 104.8 %.
Si la comparación la limitamos al sexenio actual, en 2013 la tasa fue de 13.6 casos de lesiones dolosos con armas de fuego por cada cien mil habitantes, mientras que este año la tasa ya rebasa los 16.7 casos. Es un repunte de casi 23%.
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojan que la incidencia delictiva general de la Ciudad de México (todos los delitos) registra un incremento en la administración de Mancera, aunque los ilícitos más graves o de alto impacto, con excepción del homicidio, han disminuido.
En los casi cinco años de la administración actual se reportan 888 mil 935 averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas por todos los delitos del fuero común, lo cual equivale a una tasa de 10 mil 88 nuevos ilícitos por cada cien mil habitantes. En contraste, en el mismo periodo pero del gobierno de Ebrard el balance fue de 887 mil 385 ilícitos, que se traduce en una tasa de nueve mil 938 casos.
Lo anterior representa un incremento del 1.5 % de la incidencia delictiva general entre el sexenio de Ebrard y el de Mancera.
Al igual que ocurre con los homicidios, si se analiza el comportamiento de la incidencia durante el actual sexenio en la capital el incremento es mayor. La Ciudad de México pasó de una tasa de mil 665 delitos por cien mil habitantes, de enero a octubre de 2013, a una tasa de mil 919 denuncias en el mismo periodo de este año. Lo anterior equivale a un repunte del 15.2 % en la incidencia delictiva total.
La buena noticia es que con excepción de los asesinatos y de los ataques armados, los delitos más graves han bajado.
Por ejemplo, en el caso de secuestro, en los primeros cinco años del gobierno de Ebrard se reportaron 460 casos denunciados mientras que en ese mismo lapso del actual gobierno el registro es de 265, lo que representa una baja del 42.4 % en los plagios.
Una situación similar es la de la extorsión en donde la capital pasó de tres mil 972 casos según los registros oficiales de la administración de Ebrard a tres mil 341 en el actual sexenio, un descenso del 15.9 % en este delito.
Incluso en los robos con violencia en la ciudad hay un descenso importante, aun cuando este delito ha comenzado a repuntar en el último año. En total, en el gobierno de Mancera, la Procuraduría reporta 128 mil 20 averiguaciones por robo con violencia en distintas modalidades, una caída del 45 %.
El gobierno de Miguel Ángel Mancera ha expuesto en los últimos años al menos tres argumentos distintos para justificar el incremento en los homicidios, sin que en ninguno de ellos se reconozcan fallas en los esquemas de seguridad pública implementados por su propio gobierno.
El primero señalamiento se dio en 2015, cuando comenzó a revertirse la tendencia a la baja de los homicidios. La Procuraduría capitalina sostuvo que la mayoría de los homicidios que se registraban en la ciudad eran por peleas o riñas internas, en donde se veían involucradas bebidas alcohólicas y drogas, y no por un deterioro de las condiciones generales de seguridad pública.
Luego, desde finales de 2016 y con mayor fuerza en 2017, el gobierno de la ciudad comenzó a sostener que la culpa del repunte de los asesinatos y de algunos otros delitos obedecía a que con el nuevo sistema penal cientos de presuntos delincuentes habían salido de los reclusorios capitalinos. El Sabueso revisó los datos disponibles para tratar de verificar esta afirmación y se confirmó que no había cifras que la sustentaran.
Y en los últimos meses el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera ha insistido en que la proliferación en la posesión de armas de fuego es el principal motor de la violencia. En este contexto Mancera ha insistido en la necesidad de reformar el actual sistema penal para que a los detenidos con armas se les de prisión automática, situación que ha sido rechazada por especialistas y organizaciones abocadas al análisis de las condiciones de seguridad.