Líderes opacos: sindicatos y partidos incumplen con la mitad de obligaciones de transparencia
Los sindicatos y los partidos políticos son las instituciones más opacas del país. Aunque por ley ya deberían haber transparentado toda su información de carácter público, desde sus estructuras orgánicas hasta gastos, plazas y contrataciones, la realidad es distinta.
[contextly_sidebar id=”qVRRqN5364ZMPsB1GVSfy8Tt9bEgo0x4″]Una verificación hecha por la Auditoría Superior de la Federación reveló que los sindicatos han transparentado, en conjunto, apenas el 35% de la información a la que están obligados de acuerdo con la Ley General de Transparencia, mientras que los partidos políticos han transparentado solo el 62% de los datos obligados.
Desde 2014, las obligaciones de transparencia se extendieron a fideicomisos, organismos autónomos, partidos políticos y a sindicatos que reciban recursos públicos. La nueva ley, que entró en vigor en 2015, estableció como obligación revelar toda la información que marca la ley con parámetro homologados a más tardar en mayo de 2017.
Lo que los auditores de la ASF encontraron es que aún cuando el plazo límite para revelar esta información – a través del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) – se amplió a octubre de 2017, solo se han transparentado el 69 % de todos los datos que debían haber revelado los 868 sujetos obligados en el país.
La situación más preocupante es la de los sindicatos que mantienen bajo opacidad el 65% de la información que ya tendrían que haber transparentado.
En tanto, los partidos políticos reportan el promedio más bajo de cumplimiento de las obligaciones de transparencia, apenas un 62.2 %.
Un mejor nivel de transparencia presentan las dependencias de los poderes ejecutivos con el 65.8 % de cumplimiento de sus obligaciones, y más arriba los órganos autónomos con el 72.7 %. Después le siguen los fondos y fideicomisos con el 73.2 % y las distintas instancias del Poder Judicial con el 87.4%.
Las instancias que han transparentado la mayor parte de su información al corte de octubre pasado son las del Poder Legislativo con un cumplimiento del 91.3 %.
Uno de los motivos que explican el alto nivel de opacidad en los sindicatos, destaca la Auditoría Superior de la Federación, es que 39 de ellos (casi el 30% del total de organizaciones gremiales legalmente constituidas) ni siquiera han cumplido con entregar reporte alguno ante el SIPOT, algo que legalmente debieron hacer antes de octubre pasado. Están en ceros.
Un caso distinto es el de los partidos políticos, pues aunque el 100 % de ellos ya entregó sus reportes al SIPOT, el cumplimiento es bajo. Aquí los reportes entregados son deficientes y/0 incompletos.
El 79.2 % de los fideicomisos y fondos públicos han cumplido con entregar sus reportes al SIPOT. Esto significa que uno de cada cinco fideicomisos sigue sin entregar reporte alguno ante el sistema de transparencia (es el segundo nivel más alto de omisión después de los sindicatos).
En cambio el 92.3% de todos los órganos autónomos ya ingresó su reporte al sistema, al igual que el 99 % de los sujetos obligados pertenecientes a los poderes ejecutivos. Con un 100 % de informes entregados están los sujetos Poder Legislativo y el Poder Judicial.
El balance general concluye que de los 868 sujetos obligados, 740 de ellos (85.3%) entregaron informe con su información de transparencia al SIPOT (independientemente de si están completos o no). Esto significa que 128 sujetos obligados han violado la ley al no entregar estos informes cuya fecha límite era octubre pasado.
Reglas incompletas
A más de tres años de distancia de que se aprobó y entró en vigor la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no se ha terminado de actualizar el marco legal para que los sujetos obligados cumplan con proporcionar información en temas como los de delincuencia organizada o desaparecidos, donde las reglas no son claras.
El análisis de la ASF arroja que de 280 leyes federales y generales vigentes que tendrían que ser actualizadas, hay 103 que siguen sin un reglamento general o al menos artículos que regulen las nuevas disposiciones de transparencia.
Esto significa que al menos 1 de cada 3 leyes federales y generales no cuentan con reglas actualizadas en transparencia lo que facilita la opacidad.
Entre las leyes que no cuentan con reglamentos actualizados en transparencia se encuentran la Ley de Expropiación; la Ley de Seguridad Nacional; la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas; la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, y la Ley Federal de Defensoría Pública.
El informe de la ASF destaca también los retrasos.
Los plazos para expedir los reglamentos en materia de transparencia de cada ley eran de 188 días pero en realidad, el promedio de expedición ha estado por encima de los mil días. Un retraso promedio de tres años después de lo dispuesto.
Quienes también ya cumplieron aunque con retrasos fueron los estados. Cada entidad federativa tenía la obligación de adecuar su norma local de transparencia con los parámetros marcados por la Ley General en máximo un año. Pero solamente 11 entidades cumplieron a tiempo: Coahuila, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán, Chihuahua y Nayarit.
En el caso de Baja California Sur, Campeche, la Ciudad de México, Chiapas, Durango, el Estado de México, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa y Tlaxcala, su nueva legislación estuvo completa un día después del plazo, mientras estados como Aguascalientes, Baja California, Hidalgo y Veracruz registraron más de 100 días de retraso.
Crecen las solicitudes
Entre 2012 y 2016, según el análisis de la Auditoría, las solicitudes de acceso a la información presentadas por los ciudadanos crecieron en promedio 20 % anualmente. Pasaron de 94 mil 735 en 2012 a 196 mil 253 en 2016.
En este periodo el promedio de atención de cada solicitud mejoró en cuanto a tiempo pues decreció de 13.6 días hábiles a 12.9 días.
En cuanto a los recursos de revisión, en 2016 se promovieron en promedio 3.9 recursos de revisión por cada 100 solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales. En total fueron 9 mil 422 recursos promovidos el año pasado y la razón principal por la que los ciudadanos los interpusieron fue la respuesta de sujetos obligados respecto a que los datos solicitados eran información “reservada o clasificada”.
El pleno del INAI, al revisar los recursos de revisión, resolvió en el 48.2% de los casos darle la razón a los ciudadanos por lo menos de forma parcial, y revocar la respuesta de los sujetos obligados.
