El SAT investiga a nueve empresas que recibieron mil 130 mdp en La estafa maestra
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) investiga a nueve empresas que desviaron mil 130 millones de pesos de la Sedesol, Pemex, Banobras y la SEP a través del esquema de fraude documentado en La estafa maestra.
Desde el 16 de octubre, el SAT señaló como “presunta fantasma” a las nueve empresas debido a que, hasta el momento, no han podido comprobar que tengan capital, infraestructura y personal que sustente las operaciones financieras que han hecho.
[contextly_sidebar id=”NUdEw4ttndwTa3DZJefQIMFtx2lm7G7V”]Sólo estas empresas recibieron en total mil 130 millones de pesos sin cumplir los servicios para los que supuestamente fueron contratadas, como entregar despensas e insumos para la Cruzada Nacional contra el Hambre, digitalizar cédulas profesionales, servicios informáticos y trabajos en plataformas petroleras entre 2013 y 2014.
La estafa maestra, la investigación de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, reveló que 11 dependencias del gobierno Federal desviaron 7 mil 670 millones de pesos a través de convenios con ocho universidades públicas que a su vez contrataron a 186 empresas para supuestamente cumplir con los servicios. Sin embargo, 128 compañías son ilegales y no debían recibir contratos ni recursos públicos.
De las 128 empresas ilegales, 11 ya habían sido declaradas como fantasma por el SAT e investigaba otras nueve por presuntas irregularidades. Ahora se suman nueve más que no estaban en la mira de la autoridad fiscal.
Como parte de la investigación sobre la legalidad de las compañías, el SAT las puede ubicar como presunta fantasma, definitiva o revocada, por presuntamente violar 69-B del Código Fiscal Federal que se refiere a hacer operaciones fiscales sin que la ampare el capital o la infraestructura.
Cuando la autoridad fiscal comprueba irregularidades, las empresas son señaladas “presunta” fantasma; en este caso, tiene derecho a demostrar su legalidad en los siguientes 30 días hábiles. De subsanar sus fallas, se considera “revocada” y cuando se comprueba que incumple con las normas se confirman como “definitivas” fantasma.
Sedesol, el fraude a los más pobres
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) desvió 2 mil 224 millones de pesos que estaban destinados a la Cruzada Nacional contra el Hambre, la principal estrategia del presidente Enrique Peña Nieto para combatir la pobreza en el país.
La dependencia, entonces a cargo de Rosario Robles, hizo convenios con la Universidad Autónoma del Estado de México y con la Autónoma del Estado de Morelos para cumplir con diversos servicios, pero no lo hicieron. Por ello, la Auditoría Superior de la Federación las denunció penalmente ante la Procuraduría General de la República.
Ambas universidades contrataron a 11 empresas y estas entregaron el dinero a una misma compañía: ESGER, Servicios y Construcciones, S. A. de C. V., que sin firmar un solo contrato, recibió 683 millones de pesos de recursos públicos entre 2013 y 2014.
La Auditoría Superior de la Federación reportó este esquema de desvío en la Cuenta Pública de esos años y señaló a la empresa para que fuera investigada por el SAT, pero no ocurrió, ni siquiera porque en la declaración anual de impuestos, la compañía no reportó la totalidad de los recursos que había recibido.
Esta empresa, por primera vez aparece en la lista del SAT como “presunta” fantasma. Es decir, ya es investigada por la sospecha de violar el artículo 69-B del Código Fiscal Federal.
Como parte de la investigación periodística, se visitó la sede de esta compañía en tres ocasiones entre mayo y junio pasado, y en ninguna se localizó a los accionistas, el representante legal ni a más empleados que supuestos recepcionistas.
En cada ocasión hubo empleados distintos que reconocían que la empresa operaba en esa sede y al mismo tiempo era el despacho Casas, dedicado a la contabilidad.
El pasado viernes 10 de noviembre, Animal Político acudió nuevamente. Una recepcionista que supuestamente era nueva en el cargo negó que ESGER estuviera ahí y aseguró que sólo operaba el despacho de contadores.
De acuerdo con el acta constitutiva, la empresa fue creada en febrero de 2011 y supuestamente se dedica a “hacer gerencia de proyecto y construcción”, sobre todo para obras industriales farmacéuticas, comerciales, edificios corporativos, desarrollos turísticos e inmobiliarios”.
Los accionistas son Esteban Cervantes, un supuesto empresario que tenía 25 años cuando constituyó la empresa y Gerardo Casas, corredor público. Aunque también se visitó las direcciones de ambos nunca fueron localizados.
El dinero que terminó en esta empresa estaba destinado a la compra y distribución de equipo y material de apoyo para promotores que trabajarían en los 400 municipios más pobres, focalizados por la Cruzada Nacional contra el Hambre, la realización del concierto Compartamos la música, erradiquemos el hambre; la compra y reparto de medio millón de despensas y la organización de un encuentro para organizaciones de la sociedad civil.
También recibió recursos del servicio para la evaluación y organización de actividades del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), enfocado a realizar servicios apremiantes en los municipios más marginados del país.
Advanced Computer Knowledge, S. A. de C. V., dedicada a la “fabricación de equipos de computación”, fue una de las contratadas por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, durante la administración de Alejandro Vera, para comprar y distribuir productos como botas, vasos, playeras, gorras, balones a los promotores de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Ganó 30 millones y transfirió 20 millones de pesos a ESGER.
Ésta, también fue incluida por el SAT como “presunta” empresa fantasma en octubre pasado. Su supuesta sede está en la calle Liverpool, en la Zona Rosa de la Ciudad de México, la misma dirección que la empresa Dumago Systems Solutions, S. A. de C. V., que también fue contratada por la Universidad morelense y también desvió dinero, pero ésta no es investigada por la autoridad fiscal.
Pemex: 341 millones a cuatro empresas investigadas como fantasma
En el caso de Pemex Exploración y Producción (Pemex-PEP), cuatro compañías que fueron incluidas en la lista del SAT como presuntas ‘fantasma’, recibieron 341 millones de pesos en contratos.
Una de las compañías es MC Tecnologies SA de CV. A través de la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar), esta empresa ganó 86 millones de pesos en dos contratos con Pemex-PEP en 2012.
MC Tecnologies ganó los contratos hasta un año antes de que Pemex-PEP contratara a la universidad para la realización de los servicios. Esto es, el convenio entre Unacar y Pemex-PEP está firmado en junio de 2013. Y para justificar que cumplió con los servicios de ese convenio, la universidad presentó dos contratos con MC Tecnologies que datan de junio… pero de 2012. O sea, fue subcontratada para dar servicios a Pemex-PEP un año antes de que la propia Pemex-PEP supiera que necesitaba esos servicios.
Además, esta compañía –que no tenía experiencia previa con Pemex- recibió contratos millonarios dos años después de que su socio fundador, Benito Javier Criollo Herrada, dejara la petrolera tras 20 años de trabajar como gerente en el área de Perforación-división Norte.
En el acta constitutiva de MC Tecnologies también figura como comisaria Candy Guadalupe Pérez Pérez, quien no solo es empresaria, sino también –y al mismo tiempo- funcionaria de Pemex-PEP en el área de supervisión de contratos.
Animal Político y Mexicanos contra la corrupción visitaron el domicilio de MC Tecnologies, en Villahermosa, Tabasco. Pero el accionista Benito Javier Criollo no respondió a la solicitud de entrevista.
Holmal Construcciones SA de CV también fue subcontratada por la Unacar para dar servicios a Pemex-PEP por 13 millones 264 mil pesos. Sin embargo, esta empresa no tenía la capacidad ni el personal necesarios para dar servicios a la petrolera. Por lo que, a su vez, desvió 10 millones 953 mil pesos a otras dos empresas, que tampoco tenían la capacidad para dar los servicios.
En cuanto a Tecnologías Óptimas del Sur, ganó un contrato por 167 millones de pesos a través de la Universidad Autónoma de Tabasco. Sin embargo, no tenía la capacidad, el personal ni la infraestructura para dar los servicios, y desvió el dinero a otras seis compañías.
La dirección de Tecnologías Óptimas también fue visitada en Villahermosa, pero personal de seguridad del inmueble donde se encontraba señalaron que fue desmantelada sin dejar rastro. Los socios tampoco fueron localizados en los domicilios reportados, en colonias pobres de Villahermosa.
Mientras que Sociedad de Ingeniería Petrolera de México obtuvo, a través de la Universidad Politécnica del Golfo, un contrato para dar servicios a Pemex por 73 millones 839 mil pesos. Pero de nuevo, la empresa no tenía la capacidad y desvió el dinero entre otras dos compañías. De hecho, antes de ser incluida en la lista de supuestas empresas fantasma, ya en junio de este año el SAT incluyó a esta empresa en la lista de sociedades “no localizadas”.
Banobras y SEP, con empresas ilegales
El SAT también señaló como presuntas fantasma a las empresas Tecmasat Digitalización, S. A. de C. V. e Impactel S. A. de C. V. que recibieron 28 millones de pesos y 36 millones de pesos, respectivamente, provenientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para digitalizar documentos del acervo histórico y cédulas profesionales.
Impactel forma parte de un grupo de siete empresas que fueron contratadas por la Universidad Autónoma del Estado de México por un convenio de 192 millones de pesos que le otorgó la SEP para digitalizar el archivo de cédulas profesionales, que serviría para crear un sistema público en línea, pero nunca se concretó.
La UAEM la contrató en 2013 pese a que desde un año antes era investigada por la PGR por el presunto desvío de recursos de CONACULTA por un servicio que no cumplió. Pese a esto, el SAT tampoco la había investigado como presunta fantasma.
El abogado representante de las empresas que participaron en este contrato, Jorge de los Ríos, otorgó una entrevista previa a la publicación del reportaje y defendió la legalidad de las compañías, aunque nunca entregó la documentación que así lo acreditara. Sin pruebas, aseguró que los servicios se habían cumplido y la Auditoría se había equivocado al señalar irregularidades.
El Banco Nacional de Obras (Banobras), entonces dirigido por el actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, entregó 491 millones de pesos al Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica FONDICT-UAEM para hacer supuestos servicios informáticos que según la Auditoría no se cumplieron.
El FONDICT entregó el dinero a una veintena de empresas, pero el SAT sólo incluyó una como presunta fantasma: Zetting Technologies, S. A. de C. V., que recibió 10 millones 797 mil pesos para la “administración de Personal, diseño de la arquitectura de sistemas de cómputo y para la metodología de administración de proyectos para la definición de requerimientos”, en 2013.
