El Paso Exprés es una obra de mala calidad, con gastos inflados, concluye Auditoría
El Paso Exprés es una obra de mala calidad pese a su costo millonario, en donde además hubo pagos por obras no realizadas y gastos inflados, entre otras irregularidades, señala revisión de la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
[contextly_sidebar id=”wd5DOcfmuCOGNS8fCZ3BcFM95a3mTLEW”]La auditoría señala que “la carpeta de concreto hidráulico y las bases estabilizadas eran de mala calidad, y hubo incumplimiento de espesores”.
En julio pasado, solo tres meses después de su inauguración, se abrió un socavón en el Paso Exprés que provocó la muerte de dos personas – padre e hijo – al caer su vehículo.
La ASF comprobó que hubo pagos por obras no realizadas, gastos inflados por 186 millones de pesos y material que supuestamente se compró pero no apareció ni colocado en la obra ni en las bodegas.
Según la Auditoria hay más de 491 millones de pesos que deben ser aclarados; se estima que el gobierno federal debe recuperar 108.6 millones de pesos que fueron pagados de manera indebida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dirigida por Gerardo Ruiz Esparza, a través del Centro SCT Morelos.
A eso se suman 270 millones recuperables por irregularidades detectadas en la obra y 31.8 millones pendientes de aclarar por parte de la SCT, en la revisión de los contratos realizados durante 2015.
En la revisión también se detectó que en marzo de 2014, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) asignó al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) el contrato para la elaboración del estudio y el proyecto de la ampliación del libramiento de Cuernavaca o Paso Exprés, por un total de 26 millones de pesos.
En agosto de ese año se firmó un convenio modificatorio para aumentar a 33 millones más IVA el costo de los servicios y alargar el plazo para entregarlos.
El INAP, dice la ASF, no sólo carece de experiencia en ese tipo de trabajos sino que además no está en sus atribuciones el elaborar proyectos ejecutivos de infraestructura vial, de hecho el INAP terminó subcontratando a la empresa jalisciense ORVA Ingeniería, SA de CV sin que la SCT se inconformara por la irregularidad.
El proyecto ejecutivo definitivo se entregó hasta enero de 2015, cuando la obra ya había sido licitada y adjudicada, es decir, se sacó a concurso y se eligió ganador sin que se tuviera un proyecto ejecutivo concluido.
La Auditoría recomendó a la SCT “en lo subsecuente se cerciore de que los proyectos para las obras públicas ejecutadas a su cargo y que sean realizados por empresas, dependencias, entidades, órganos u organismos, éstos cuenten con las facultades, atribuciones y capacidad técnica”.
También emitió dos inicios de procedimiento sancionador, el primero para que la Secretaría de la Función Pública investigue y castigue a los funcionarios del INAP que aceptaron el contrato “fuera de su objeto social y sin contar con la especialidad técnica requerida”, y el segundo para que Banobras investigue y castigue a los funcionarios que contrataron al INAP.
Compras inexistentes, pagos inflados
El Paso Exprés costó 2,213 millones de pesos, según el titular de la SCT, sin embargo la ASF auditó solo 772 millones, que es el gasto que realizó durante el 2016.
La revisión incluyó el contrato para la ampliación del libramiento, a cargo de las empresas Aldesa – Epccor, y los acuerdos con las empresas SACC Ingeniería SA de CV y Desarrollo de Ingeniería Civil y Tecnología SA de CV, que tuvieron a cargo la coordinación y supervisión de la obra, respectivamente.
En los tres casos la ASF encontró pagos por servicios no realizados, y aunque la SCT entregó información complementaria para justificar las erogaciones, el organismo concluyó que la información no justifica ni explica las deficiencias halladas ni el incumplimiento de contratos.
En el reporte se señala que el Centro SCT Morelos autorizó a Aldesa y Epccor un pago de 7.9 millones de pesos para la compra de unas barreras viales “aun cuando no se justificaba su adquisición”, pues ya se habían comprado otras barreras viales con anterioridad, pero que además, al hacer la inspección a la obra, las barreras no se encontraron ni colocadas ni en el almacén, es decir no había prueba de que se hubieran comprado.
También se detectó pagos de más en el caso de la contratación de andamios para la instalación de pasos peatonales que no estaban considerados en el proyecto, erogaciones por 184 millones de pesos por volúmenes de obra que no coinciden con lo proyectado, y el pago de 3.3 millones de pesos por trabajos que no hay constancia de que se hayan realizado.
Por todas las irregularidades la ASF emitió un total de 23 observaciones que incluyen 21 solicitudes de aclaración y 3 promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias.
