Omisiones, duplicidad y víctimas sin nombre, las fallas del registro de desaparecidos en México
México tiene la tarea pendiente de tener un registro confiable y funcional de personas desaparecidas.
Actualmente es posible encontrar información en al menos 11 fuentes, incluyendo los datos que aglutinan organizaciones ciudadanas, con diferentes alcances y metodologías; una de esas fuentes es el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), que también presenta deficiencias, según señala un estudio del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
[contextly_sidebar id=”26CGYqRiljYL3F8BUGrPODAZ1o5cqIDA”]El RNPED, uno de los instrumentos de registro más conocido y citado en el país, fue creado en 2011 tras un acuerdo que tomó la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, y que se tradujo en 2012 en la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
Aunque se trata de “un tipo de registro circunstancial de personas no contabiliza delitos ni está vinculado al sistema de justicia penal en principio”, señaló el estudio del ONC.
Este sistema, el RNPED, se alimenta con información de las fiscalías y procuradurías, así como de ministerios públicos locales y federales.
Al tener esas fuentes, señala el informe de ONC, tiene una de las carencias que está presente en la estadística delictiva oficial: un alto nivel de subregistro de casos, que por diferentes causas no llegan a ser parte de los conteos.
A principios de 2013, se hizo pública la primera versión del RNPED, una que contenía los registros de todo el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
Tras señalarse una serie de carencias, el gobierno presentó una actualización en agosto de 2014, asegurando que el registro se había limpiado y depurado.
Sin embargo, a decir del ONC, las acciones de la administración de Enrique Peña Nieto fueron insuficientes.
“No supusieron cambios drásticos en materia institucional que promovieran la confiabilidad del registro o que potenciarán su utilidad (…) pues se privilegió obtener una cantidad correcta de personas desaparecidas y extraviadas en lugar de diseñar un registro funcional y pertinente”, señaló el Observatorio.
Y agregó: “se mantuvo una conformación institucional que difícilmente satisface las necesidades de los usuarios pero que puede presumirse como el cumplimiento cabal de recomendaciones internacionales por parte del gobierno federal”.
Hasta la fecha, el RNPED sigue siendo fallido; no sólo ha excluido del registro casos de desapariciones que han llegado a medios, como lo dio a conocer Animal Político, sino que además hay casos duplicados, y datos genéricos, como los de la hora de las desapariciones (muchos suceden a las 12:00 horas), además de depuraciones fallidas.
Un ejemplo es el caso de la sinaloense Cruz Alejandra Peña Beltrán. La joven despareció el 6 de julio de 2013. Estaba con unas amigas jugando lotería, cuando recibió una llamada que no alcanzó a contestar.
Salió junto con otra joven, Karla Jiménez Falomir a comprar tiempo aire para su teléfono. Subieron al auto de Cruz Alejandra, y ya no regresaron.
Sus cuerpos fueron hallados en noviembre de 2016, por el grupo Las Rastreadoras de El Fuerte, conformado en Sinaloa por familias de personas desaparecidas. Estaban enterradas en una fosa clandestina ubicada en la colonia Ferrusquilla, Los Mochis.
“Yo tengo el acta de defunción de mi hija, yo la tramité, y ellos (las autoridades) no han hecho su trabajo”, dijo la señora Bertila Beltrán, madre de Cruz Alejandra.
Un año después de su localización, el nombre de Cruz Alejandra aún aparece en el RNPED.
Otra de las deficiencias de esta base es que es un registro de datos que nació
cerrado, inicialmente sólo podía ser consultado tecleando el nombre o los apellidos de la persona desaparecida.
A golpe de solicitudes de información, se logró que la base se abriera, para que familiares de las víctimas, investigadores y periodistas, y cualquier ciudadano con
curiosidad e iniciativa, pudiera acceder a los datos, y buscar tendencias, realidades locales o nacionales.
Lo que no se hizo público fue el nombre de las personas desaparecidas.
Ante esa situación, Data Cívica, Enjambre Digital y varias organizaciones más trabajaron para devolverles su rostro, para que no sólo fueran una cifra más, y crearon un micrositio, donde identifican más de 31 mil 969 nombres en el RNPED.
Una nueva ley, un nuevo registro
El pasado 12 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares.
Se trata de un nuevo marco normativo, que fue impulsado por grupos de la sociedad civil y familiares de desaparecidos.
Esta ley incluye, entre otras cosas, la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de personas, la Comisión Nacional de Búsqueda, un Consejo Ciudadano y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Este nuevo registro sustituirá al RNPED, pero aún no ha comenzado a operar, pues hasta la fecha el presidente Peña Nieto no ha publique la ley en el Diario Oficial de la Federación.
“No es la panacea”, dijo sobre la nueva ley Bertila Beltrán, quien estuvo presente en la Cámara de Diputados el día de la aprobación, “pero esperamos que sea un primer paso. Todavía falta que se publique, que se asignen fondos, y que se homologuen los procesos y las búsquedas”.
La ley sirve porque antes era más delito robarse una vaca que desaparecer a una persona, recordó Silvia Ortiz, madre de la joven Silvia Stephanie Sánchez-Viesca, quien se encuentra en calidad de desaparecida desde el 5 de noviembre de 2004.
“Falta mucho para que su implementación se haga de manera correcta. Ahora, nos quitaron artículos, rasuraron algunos temas, pero si peleábamos que pasara como fue redactada a lo mejor nos tardábamos dos años en que se aprobara”, mencionó Silvia.
“Dijimos, va que va, al cabo existen las reformas, pero es un paso apenas”.
