Juez otorga amparo al rector de la UAEM y a su esposa para evitar su detención
Un juez concedió un amparo al rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera y a su esposa María Elena Ávila contra la orden de aprehensión en su contra.
[contextly_sidebar id=”UHdn5AatdS9ZJvT8bx1N56HQ5cBOsXbr”]Su abogado, César Ricardo García Bravo señaló en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula que la orden de aprehensión es “revanchismo político”, y que el delito del que se le acusa no es grave y no amerita prisión preventiva oficiosa.
Añadió que los magistrados del poder judicial de Morelos están actuando en lo oscurito y buscan aprehender al rector.
La suspensión provisional otorgada a la pareja por el Juzgado Cuarto de Distrito de Cuernavaca es para evitar que se ejecute la orden de aprehensión contra la pareja.
La Fiscalía Anticorrupción de Morelos acusó a Vera y su esposa de enriquecimiento ilícito. El sábado las autoridades catearon su domicilio en el municipio de Emiliano Zapata.
Tras el cateo, a través de un comunicado publicado en la página de la UAEM, se acusó que el gobernador Graco Ramírez de que por una venganza política, “fabricó” al rector y a su esposa el delito de presunto enriquecimiento ilícito.
“Estos actos evidencian la ausencia del estado de derecho en Morelos, el uso de la ley para violar derechos humanos y la condición de indefensión en la que se encuentran los ciudadanos”, se lee en el comunicado.
“Evidencian también las intenciones del propio gobernador de destruir la autonomía universitaria y entrometerse en el proceso de elección de rector que vive en estos momentos la UAEM, con el fin de controlarla políticamente y utilizarla a favor de su proyecto transexenal”.
En septiembre pasado, con la investigación ‘La Estafa Maestra”, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad revelaron que la UAEM, con Vera Jiménez como rector, estuvo involucrada en el desvío millonario de recursos públicos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que terminaron en empresas fantasma.
Ante ello, el rector aseguró que la universidad firmó convenios “de buena fe” y, por tanto, no tiene la obligación de comprobar la legalidad de las compañías más allá de los documentos que le entregaron.
