Corte quita el candado con el que Javier Duarte ocultó el gasto de su gobierno en comunicación
La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la clasificación total y automática que el gobierno de Javier Duarte hizo de sus gastos de comunicación social y pagos a medios de comunicación, en los cuales se habrían erogado al menos 13 mil millones de pesos. La determinación abre la puerta a que se puedan conocer las facturas, contratos, convenios y demás documentos relacionados.
[contextly_sidebar id=”nbv4VTX80RXpYzGsgKMfoplP1Hf8Sg2M”]La Primera Sala de la Corte aprobó por 4 votos a 1 el proyecto de sentencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, del que Animal Político tiene copia, en donde se señala que el gobierno de Duarte atentó contra los principios de máxima publicidad de la información establecidos en la Constitución, al reservar de plano todos los pagos a medios, pese a que en ellos se utilizaron recursos públicos.
El caso de la opacidad en los gastos de publicidad oficial en Veracruz llegó al máximo tribunal del país luego de que Miguel Ángel Yunes, hoy gobernador de Veracruz, intentara desde 2013 – sin éxito – que la administración de Duarte revelara el monto de los pagos a medios de comunicación por concepto de difusión de las actividades de su gobierno, y que además entregara copia de los convenios firmados, así como de las facturas y los cheques correspondientes.
Los datos fueron solicitados vía transparencia a la Dirección de Comunicación Social del Gobierno, encabezada en aquel momento por Gina Domínguez (hoy procesada por hechos de corrupción), pero esta los negó citando como argumento el denominado Acuerdo CAIR-053-2013, en el que se establecía que la información de Comunicación Social, entre ella la que involucraba erogaciones de recursos, estaba clasificada como reservada.
Dicho acuerdo se sustentaba en dos artículos de la antigua Ley de Transparencia del gobierno de Veracruz donde se establecía como reservada toda información cuya difusión pudiera afectar las finanzas estatales de algina forma.
“Si se divulgaran los costos individualizados de cada uno de los actos que realizó la Coordinación General de Comunicación, al insertar publicidad en los medios de comunicación, no se permitiría al Estado controlar o influir substancialmente en los precios de bienes o servicios, afectando con ello el erario público” argumentó el área de Comunicación Social
Ante la negativa de proporcionar la información, Yunes promovió un recurso de revisión en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, pero este validó la postura de Comunicación Social de no dar a conocer los datos.
El caso llegó ante la Sala Superior del Tribunal Constitucional de Veracruz, la cual no estudió de fondo el asunto pues sostuvo que el Acuerdo CAIR-053-2013, que clasificaba la información de comunicación social, era suficiente para no entregar los pagos a los medios realizados entre 2010 y 2014.
Inconforme con dicha resolución, Yunes llevó el asunto ante un Tribunal Colegiado Federal cuyos magistrados –erróneamente según la Corte – dijeron que no podían analizar el referido acuerdo por no tratarse de una ley. En ese contexto, en enero de 2015 el caso fue promovido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tras analizarlo aceptó su admisión, pues se trataba de una hecho con elementos inéditos y del que no hay antecedentes, por lo que se justificaba su intervención.
Opacidad sin sustento
La resolución aprobada por la Primera Sala establece, de inicio, que es correcto que la Ley de Acceso a la Información Pública de Veracruz defina como información reservada todos aquellos datos cuya divulgación pudieran representar un perjuicio para las finanzas y economía del estado.
Sin embargo, el proyecto advierte que lo que es inconstitucional es el Acuerdo CAIR-053-2013, mediante el cual se determinó clasificar de forma automática toda la información de Comunicación Social usando de pretexto las limitantes que establece la Ley de Acceso a la Información Pública, sobre los datos potencialmente dañinos para las finanzas del estado.
Lo que el ministro recalca es que dicho precepto es una excepción que establece la Ley de Acceso al principio de máxima publicidad, pero no puede usarse como regla general para reservar sin ningún tipo de análisis o consideración los gastos de comunicación social, sobretodo porque estos involucran recursos públicos.
“Estas reservas de información no son idóneas ni necesarias en razón del fin pretendido. No hay una relación empírica entre clasificar como reservada todo un género o tipo de información y evitar un daño a la estabilidad financiera o no perjudicar a terceros”, indica la resolución.
Pero además de ello, el ministro advierte que si lo que se pretende realmente es favorecer las finanzas del estado y no afectar la posible competencia entre proveedores, como sustenta el Acuerdo CAIR-053-2013, el ocultar los pagos ya realizados no solo no es una medida idónea, sino hasta contraproducente.
“Si la intención fuera verdaderamente beneficiar la estabilidad de las finanzas del Gobierno del Estado, la divulgación de información de costos que ya fueron pagados en medios de comunicación para la promoción gubernamental, conlleva a que los competidores ofrezcan mejores condiciones de mercado para futuros contratos”, añade la sentencia.
En este contexto el proyecto de resolución concede el amparo solicitado por Yunes a efecto de que la Sala Superior del Tribunal Superior en Veracruz analice la viabilidad de revelar los gastos de comunicación social del gobierno de Javier Duarte, sin tomar en cuenta ya las limitantes mencionadas por el referido acuerdo por ser inconstitucional.
Una cloaca millonaria
De acuerdo con investigaciones del actual gobierno de Veracruz, que preside Miguel Ángel Yunes, los pagos a medios de comunicación en la administración de Javier Duarte habrían ascendido a por lo menos 13 mil 009 millones de pesos, y los principales beneficiados habrían sido dos televisoras nacionales y varios medios locales.
En una comparecencia ante diputados con motivo de la glosa del primer informe de gobierno de Yunes, el coordinador de comunicación social, Elías Assad Danini, sostuvo que varios de estos pagos podrían carecer de los sustentos mínimos que marca la ley, y que incluso las cantidades erogadas podrían ser todavía mayores.
Cabe señalar que existen denuncias y declaraciones de los propios excolaboradores de Javier Duarte, que señalan que el presupuesto de comunicación social en su gobierno se utilizó tanto para coaccionar a medios de comunicación, como para que mantuvieran una línea favorable al gobierno de Veracruz, así como también en hechos de corrupción.
El que se haya mantenido hasta ahora como clasificada esta información ha impedido conocer de forma oficial tanto los montos reales de lo erogado en Comunicación Social, y los conceptos.
Entre otras cosas, la PGR cuenta con la declaración ministerial del exsecretario de Seguridad Pública de Javier Duarte, Arturo Bermúdez, quien indicó que por órdenes del entonces gobernador y de su esposa, Karime Macías, él tuvo que canalizar recursos para supuestos gastos de comunicación social los cuales terminaron en empresas fantasma.
Investigaciones periodísticas realizadas por Animal Político también han permitido confirmar que más de 600 millones de pesos en pagos de comunicación social fueron destinados a una red de compañías fantasma utilizadas para desaparecer recursos públicos.
El propio Miguel Ángel Yunes, hoy gobernador de Veracruz, ha señalado que, según sus propias investigaciones, el gobierno de Duarte gastó más de 8 mil 500 millones de pesos en pagos a distintos medios de comunicación nacionales e internacionales.
