Falla la PGR: Solo 10 de 872 denuncias de ASF por desvíos han llegado a juicio; no hay sentencias
Desde su creación, hace 17 años, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado 872 denuncias formales ante la PGR por posibles hechos de corrupción en el manejo de recursos público. Pero hasta ahora, la Procuraduría solo ha logrado que una decena de esos casos lleguen a juicio y en ninguno se ha dictado sentencia todavía. Los detenidos por esos casos se encuentran libres bajo fianza.
[contextly_sidebar id=”wUTllYnqGvWpLSWtz766sEdKSKgiAq9T”]Es decir, en términos jurídicos, todos los desvíos denunciados por las autoridades permanecen al día de hoy impunes, entre ellos más de 60 casos correspondientes al gobierno de Javier Duarte en Veracruz.
Los motivos de la falta de resultados van desde la lentitud con que la PGR investiga los casos, postergándose algunos por años o de plano archivándolos, hasta la interposición de amparos de parte de los probables responsables que frenan los procesos, o criterios de los jueces que consideran que las averiguaciones previas no están bien integradas.
Un balance sobre las acciones legales promovidas por la Auditoría al que Animal Político tuvo acceso arroja que la ASF ha presentado 872 denuncias penales ante el Ministerio Público de la Federación (Procuraduría General de la República).
Las denuncias penales, en términos generales, son por el manejo irregular de recursos federales que no se utilizaron para lo que estaba destinado y que no se sabe en donde se encuentran. Las irregularidades involucran tanto a funcionarios de dependencias federales, así como de gobiernos estatales, municipales, universidades y fideicomisos.
Cada denuncia presentada por la ASF está integrada por tres partes: un oficio donde se hace una descripción detallada de los hechos irregulares y de los procesos de verificación, el expediente completo de la auditoría practicada que dio origen a la denuncia, y un dictamen técnico donde se identifica a los servidores públicos que tendrían una posible responsabilidad en los hechos de acuerdo con su ámbito de competencia.
Esta documentación sirve para que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR integre la averiguación previa (carpeta de investigación en el nuevo sistema penal) y se prosiga con las indagatorias en donde el área jurídica de la Auditoría Superior funge como coadyuvante (auxiliar en el proceso de investigación).
Un dato a destacar es que de las 872 denuncias presentadas el 96 por ciento (833 denuncias) se han presentado del 2010 a la fecha, es decir, durante la administración del auditor superior Juan Manuel Portal.
Pobres resultados
El balance de eficacia de la PGR en el seguimiento de las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación es raquítico.
Si tomamos en cuenta que de acuerdo con la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, un hecho delictivo queda resuelto solo cuando se dicta sentencia firme en contra de los probables responsables, entonces se puede afirmar que en el caso de las denuncias de la ASF el nivel de impunidad es del cien por ciento.
Lo anterior es así porque ninguna de las 872 averiguaciones iniciadas tras las denuncias ha concluido en una sentencia condenatoria en contra de algún probable responsable y, por lo tanto, tampoco se ha reparado el daño que pudo haber sido causado por los culpables.
Existe solo una decena de casos, de acuerdo con la información proporcionada, que han derivado en procesos penales ante algún juzgado federal. En dichos juicios, que hoy están en curso y no han llegado a la fase de sentencia, los involucrados han pagado fianzas que les han permitido recuperar su libertad
Esta es la razón por la cual tampoco existe una persona detenida ni encarcelada actualmente como resultado de las denuncias de los auditores.
Los datos obtenidos por Animal Político arrojan que (hasta el corte del pasado 30 de octubre), el 68 por ciento de las averiguaciones iniciadas tras las denuncias de la ASF (es decir 592 de las 872) se encuentran oficialmente “en integración”. Es decir, se trata de averiguaciones que no están cerradas pero tampoco han sido consignadas pues las investigaciones se encuentran (se supone) en desarrollo.
Por otro lado hay cerca de un centenar de averiguaciones, que equivalen al 11.5 por ciento del total, que fueron enviadas por el Ministerio Público a “la reserva”, es decir, que sin haber sido cerradas se enviaron temporalmente al archivo y se suspendieron las investigaciones en espera de nuevos elementos que permitan darles continuidad.
Además está el caso de 56 denuncias de la ASF donde la PGR decretó el no ejercicio de la acción penal o cerró de forma definitiva la indagatoria al considerar que el posible daño que se había reportado quedó aclarado o resuelto.
De las poco más de cien averiguaciones restantes hay aproximadamente 40 averiguaciones que la PGR ya intentó consignar en su momento pero que por criterios de los jueces han sido devueltas al Ministerio Público para que sean revisadas o completas. En cuanto a las demás no se precisó su estatus más allá de que tampoco son casos resueltos.
¿A qué se debe que los niveles de eficacia de la PGR en la resolución de estos casos sean tan bajo?
De acuerdo con autoridades con conocimiento de estos procesos, el problema principal parte de un deficiente diseño institucional, pues las denuncias presentadas por la ASF son una fracción de un grupo de aproximadamente 40 mil averiguaciones que debe atender la Subprocuraduría de Delito Federales y para las cuales no hay recursos humanos suficientes.
Por otro lado cada denuncia de la Auditoría, aun cuando esté acompañada de una serie de verificaciones que ya hizo el personal de la ASF, requiere que los fiscales vuelvan a comprobar las irregularidades y citen en primera instancia a declarar a todos los posibles involucrados, proceso que se puede demorar meses e incluso años.
Lo anterior se complica aún más si se toma en cuenta que, en numerosas ocasiones, los involucrados interponen demandas de amparo para no ser citados o para que no se proceda en su contra, lo que ocasiona que las autoridades primero tengan que litigar dichos procesos antes de poder seguir con la averiguación principal e indagar las irregularidades.
Los otros factores que explican los malos resultados son la corrupción y la falta de voluntad para que muchos de los casos lleguen a una conclusión. Un ejemplo de ello fue un grupo de aproximadamente 13 denuncias presentadas por la ASF en contra de la administración de Javier Duarte que ilegalmente un fiscal (ya separado de cargo) había mandado al archivo con el supuesto argumento de que el caso le correspondía a la fiscalía estatal.
Las excepciones
Las denuncias de la ASF que presentan un avance mayor son las que ya se convirtieron en un proceso penal, sin que hasta ahora se haya dictado todavía alguna sentencia condenatoria o absolutoria. Se trata de una decena de expedientes. Para llegar a ese punto algunos de los casos han tenido varios años de trabajo.
Un ejemplo es el del líder de la Asociación Civil, Jorge Ignacio Serrano Limón. La ASF denunció en 2005 que esta organización había desviado aproximadamente 25 millones de pesos que recibió d apoyo del gobierno federal para gastarlos en ropa en tiendas departamentales y trajes de baño.
Pero los resultados tardaron poco más de diez años en llegar debido a los amparos que interpuso dicha organización. Fue hasta principios de 2016 cuando el caos fue consignado con éxito y un juez libró la orden de aprehensión contra Serrano por el delito de peculado. El 18 de febrero el líder de Provida fue detenido aunque después logró salir bajo fianza, Ese caso continúa actualmente bajo proceso.
Otro caso fue el del extesorero del municipio de Atizapán de Zaragoza, Alberto Torres Almeida, que en 2010 fue denunciado por la ASF luego de que se descubrió que había usado 37 millones de pesos provenientes de recursos federales para invertirlos en la Bolsa. Tras cinco años de investigaciones el exfuncionario fue detenido luego de que un juez librara la orden de aprehensión. Hoy sigue su proceso en libertad provisional.
