Sobrepoblación, alta peligrosidad de los internos y con instalaciones no adecuadas para este tipo de reos, además de un déficit de custodios, son los problemas que enfrenta el Centro de Readaptación Social de Cadereyta, Nuevo León, donde se registraron disturbios que dejaron 16 presos muertos y al menos 30 heridos, además de un altercado entre guardias y familiares.
[contextly_sidebar id=”SonpDg1o5DrT68MFrLGBuVPcGf4DhraI”]
Aldo Fasci Zuazua, vocero de seguridad del estado, indicó que las autoridades mantienen el control del Cereso y se iniciaron las investigaciones por los incidentes violentos que se presentaron durante la madrugada del lunes 9 y la mañana del martes 10 de octubre.
“Se iniciará con todo detalle la investigación de los hechos, incluido desde luego la investigación completa de que es lo que sucedió, quienes participaron o quienes podrán ser procesados”.
“En este momento hay identificadas 54 personas que podrán ser procesadas por diferentes delitos. Es una situación delicada, sí, pero hay orden en el centro penitenciario, se tomaron las medidas que se tenían que tomar”, expresó el funcionario.
Los familiares de los reos fallecidos se enfrentaron con los guardias de seguridad, por lo que los custodios utilizaron gas de extintores para repeler las agresiones.
Fasci Zuazua informó que de los 16 reos muertos, 11 estaban presos por secuestro y crimen organizados y los otros cinco por diversos delitos graves violentos.
La ONU pide investigar posibles violaciones a los derechos humanos
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México (UNODC) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH) condenaron los hechos violentos en el penal de Cadereyta, a la vez ue exigieron a las autoridades de Nuevo León conducir una investigación “que esclarezca la tragedia ocurrida y otorgue justicia a las víctimas y a sus familiares”.
“Una medida fundamental de prevención para que hechos similares no vuelvan a suceder es una completa y exhaustiva investigación, así como la sanción de quienes resultaran responsables. Asimismo, resulta imprescindible que se ponga fin a los brotes de violencia al interior de los centros de privación de libertad de Nuevo León, investigando de manera efectiva los hechos sucedidos con anterioridad en los penales de Topo Chico, Apodaca y en el propio CERESO de Cadereyta”, emitió la ONU en un comunicado.
Las agencias de las Naciones Unidas indicaron que la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016 del Inegi refiere que 40.5% de las personas presas se sentían inseguras en el centro penitenciario y 29.9% en su celda.
Al respecto, Fasci Zuazua dijo que las autoridades de Nuevo León están dispuestas a que las organizaciones de derechos humanos realicen las investigaciones.
“Estamos abiertos a que las organizaciones de Derechos Humanos y la institución de la Comisión Estatal, incluso la Comisión Nacional nos acompañen en todo este procedimiento. Estamos ciertos de que no hubo violación a los derechos humanos, sino que por el contrario se evitó la muerte de más personas”, dijo.
Con información de Notimex.