A finales de agosto pasado, el anuncio de Perla Gómez Gallardo de mantenerse en el cargo tras cumplir un primer periodo al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), fue recibido con rechazo no solo por integrantes de 100 organizaciones no gubernamentales, a través de un comunicado, sino por consejeros y exconsejeros del organismo capitalino, y por trabajadores de la institución.
[contextly_sidebar id=”CpX9FLYbjMwHqwi8ds2VlqFFJDALa4Lz”]Tras conocerse las intenciones de reelección de Gómez, consejeras y exconsejeros de la CDHDF enviaron una carta dirigida a los diputados Leonel Luna Estrada y Luciano Jimeno Huanosta, presidentes de la comisión de Gobierno y de Derechos humanos en la Asamblea Legislativa del DF, donde les pidieron poner atención en el proceso de selección de la comisión, pues para ellos no había duda que el próximo o próxima ombusdperson tendría que ser una persona que ayude a recuperar la credibilidad del organismo que entró en una “espiral de debilitamiento institucional que se ha generado durante los últimos cuatro años”.
No sólo eso. Señalaron que durante el periodo de Perla Gómez al frente de la CDHDF, se ha dado una “nula articulación y colaboración con las organizaciones de la sociedad civil”.
Entrevistada por Animal Político, Perla Gómez sostuvo que se trata de críticas que llegan en la coyuntura electoral y que tiene de fondo el interés de postular o impulsar a alguno de las 12 candidaturas registradas. Aunque calificó de “poco serio” que el documento de consejeras y exconsejeros enviado a los legisladores no estuviera firmado.
Sostuvo que las organizaciones que cuestionan su paso por la CDHDF, “son las mismas con las que Comisión trabajó diversos temas en el periodo que estuvo al frente, como el protocolo de actuación de la Secretaría de Seguridad Pública de la mano de Sociedad Civil para evitar que se limite la libertad de expresión”.
“Yo lo veo más en un clima de postular a alguien que consideren ellos, y que están en su derecho, y que también yo, en mi ejercicio de rendición de cuentas, porque yo tengo esa doble carga. Ellos van a decir que cambian al mundo, pero nunca han tenido una titularidad ni una responsabilidad. Yo voy a decir, ya tuve esa titularidad y estas son las experiencias, y estos son mis retos y los temas que quiero seguir impulsando”.
Pero no son las únicas críticas que ha recibido la actual titular de la CDHDF, los trabajadores del organismo, a través de un comunicado firmado de manera anónima, pues dicen tener temor a represalias, se sumaron “a la negativa de que la doctora Perla Gómez Gallardo sea reelegida como ombudsperson de la capital del país en un segundo periodo, pues es claro que el trabajo desarrollado ha sido, por decir lo menos, insuficiente”.
En su administración, entre 2013 y 2017, Perla Gómez ha sido objeto de diferentes señalamientos relacionados con su labor como ombusdperson de la CDMX, desde no atender a las víctimas, ser condescendiente con las autoridades y por despedir injustificadamente a varios integrantes de la comisión. Animal Político te presenta un resumen de estos casos.
A Carlos Sinhué Cuevas Mejía, un joven alumno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lo mataron en octubre de 2011. Fue, dice María Lourdes Cuevas Aguilar, madre del joven, una ejecución extrajudicial, pues durante su homicidio se advirtió la presencia de una patrulla de seguridad pública.
Desde 2009, Carlos era objeto de una campaña de acoso derivado de su activismo político dentro de la UNAM, como estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras.
El entonces procurador de justicia de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, planteó en su momento que el crimen de Carlos se investigaría bajo las líneas de crimen pasional y de delitos contra la salud.
En el proceso para exigir justicia y señalar el crimen como extrajudicial, Lourdes Cuevas ha tenido que tratar el caso con cinco titulares de la Primera Visitaduría de la CNDH. En enero de 2016, con Perla Gómez al frente del organismo, se llegó a la conclusión de que se emitiría una recomendación. El visitador a cargo era Gabriel Santiago. Pero la recomendación no salió, pues hubo cambios y llegó al cargo Christian Ibeth Huerta, y se empezó de nuevo.
Seis meses después, luego de varias mesas de trabajo que concluyeron el 6 de octubre de 2016, la familia y la CDHDF volvieron a acordar que se emitiría la recomendación. Solo faltaba el visto bueno de la presidenta del organismo, Perla Gómez. Pero la cita para tratar el tema no llegó, lo que si llegó fue un nuevo cambio en la Visitaduría.
Se nombró a Yolanda Ramírez, una licenciada en Derecho y Ciencias Penales con maestría en Amparo como nueva titular. Y si con los anteriores titulares había sido lento el proceso de investigación, con Yolanda Ramírez la puerta se cerró, acusa la familia de la víctima.
En marzo de 2017, la mamá de Carlos se plantó frente a la comisión a la espera de respuestas o de una cita. Tras tres días de plantón al fin la atendió Perla Gómez, pero tampoco sirvió de nada. La recomendación sigue atorada en el escritorio de la presidenta de la comisión.
Al respecto, la titular de la CDHDF reconoció que el expediente se mantiene abierto, pues se ha dado acompañamiento al caso para presionar a las autoridades para que se realicen las actuaciones y diligencias necesarias. Sostuvo también que dependiendo el caso emitir una recomendación no necesariamente es la mejor estrategia: “Yo puedo cerrar y decir la autoridad cometió todas estas omisiones, pero si la autoridad dice no lo acepto, se va a la Asamblea, yo lo reporto y el expediente ya no tiene un ejercicio que al estar abierto podamos seguir presionando para que se lleven las acciones por parte de las solicitudes que hace la ofendida”.
En 2013, Marduk Hernández Castro fue detenido por la autoridades del entonces Distrito Federal. Permaneció encarcelado por 73 días acusado por un delito que no cometió. La suya fue una detención arbitraria.
El caso fue denunciado en la CDHDF y empezó la investigación. Todavía estaba al frente de manera interina Mario Patrón cuando se presentó un borrador a los defensores de Marduk.
Pero con la llegada de Perla Gómez a la presidencia la emisión de la recomendación se retrasó y el documento cambió.
Raymundo Sandoval, abogado de Maduk dijo en una rueda de prensa que “en noviembre la Comisión acabó su investigación y se firmó un acta circunstanciada en la que se comprometía a publicar el contenido del borrador que se presentó en una reunión de trabajo. Pero fue hasta marzo, cinco meses después, que la Comisión hace pública la recomendación. ¿Por qué tardó cinco meses? Al no publicarla, retrasó el acceso a la justicia y la reparación del daño a la víctima, por lo que se revictimizó a Marduk”.
En la recomendación que se emitió ya no estaba señalada la Secretaría de Gobierno del DF como autoridad responsable de la violación de los Derechos Humanos de Maduk, a quién inicialmente se la había señalado como responsable pues el Sistema Penitenciario del DF –que depende de Secretaría de Gobierno- encarceló a Marduk sin contar con el pliego de consignación, lo que violentó el debido proceso.
Al respecto Perla Gómez aseguró que enla Comisión “bajo ningún concepto hemos manejado una situación en donde se deje de anunciar o señalar al que sea responsable”. Y dijo que en su periodo al frente del organismo se emitió “la primera recomendación a la PGJDF por omisión al documentar casos de pederastas, la primera recomendación en materia de uso público para regular el comercio, la primera recomendación sobre construcciones irregulares y cambio de uso de suelo, y lo hice incluso sobre casos de 2007, 2013, y que no se había configurado una ruta de recomendación cuando nos daba justo para emitirlo”.
A Carolina Hernández Luna y a Adriana Carmona López las une algo más que un antecedente laboral. Las dos trabajaron en la CDHDF y las dos salieron de ahí tras un proceso de acoso laboral que no fue detenido por la presidenta del organismo.
Carolina ya trabajaba cuando Perla Gómez asumió el puesto, de hecho estaba en la CDHDF desde 2008. Aunque sus problemas empezaron en mayo de 2014, cuando la entonces titular de la Quinta Visitaduría, Patricia Juan Pineda, la acosó laboralmente.
Aunque fue hasta julio de 2015, cuando Carolina y otros trabajadores de la Quinta Visitaduría denunciaron ante la Secretaría Ejecutiva el clima de acoso y violencia laboral que estaban viviendo. Unos días después vino la respuesta, le pidieron la renuncia bajo la amenaza de que si no lo hacía la denunciarían ante la Contraloría.
Incluso unos policías la detuvieron a petición de Patricia Juan y la retuvieron en las oficinas. Las acciones violentas de la funcionaria provocaron que los trabajadores de la CDHDF se manifestaran en la explanada del organismo y que Perla Gómez interviniera. Se prometió incluso que habría una disculpa pública, cosa que se cumplió a medias.
Carolina pidió una licencia de un año sin goce de sueldo, esperando que al regresar la situación laboral y el clima que se vivía al interior hubiera cambiado. Al regresar y tras el despido de Adriana Carmona se dio cuenta que nada había cambiado y decidió renunciar.
Para Perla Gómez, la situación de dicha trabajadora ya “no es caso”: “Carolina es una trabajadora actual en el gobierno federal, está en el portal de transparencia que trabaja allá. Ese fue un error de la Visitadora, cuando más bien tendría que haberse iniciado un procedimiento en la Contraloría, por un tema de manejo de expedientes, e incluso la sustracción de algún documento. Ella entró al Servicio Profesional en una gestión anterior, sin tener título. Pidió su licencia, posteriormente presentó una carta diciendo ya me quiero ir. De ella no tenemos ninguna demanda. De eso te diría, no es caso”.
Adriana Carmona entró a trabajar en 2014, cuando Perla Gómez ya encabezaba la CDHDF. Y lo hizo porque concursó por una plaza del Servicio Profesional de Derechos Humanos y obtuvo el puesto.
El organismo capitalino es, de hecho, el único en el país que cuenta con un Servicio Profesional que busca que los puestos se ganen por capacidad y se mantenga una estabilidad laboral al interior del organismo. Por eso, los estatus establecen que la salida del personal debe estar bien justificada, y que se siga un procedimiento legal en forma, cosa que no pasó con Adriana.
A Adriana, quien se encargaba de la dirección de admisibilidad, la despidieron por que a Ana Karina Ascencio, quien llegó a la dirección de Quejas y Orientación en 2016, la acosó laboralmente.
Luego intentó acusarla de sacar documentación oficial de la Comisión para obligarla a presentar su renuncia. Adriana dio la pelea, buscó la intermediación de Perla Gómez, del consejo consultivo y de otros miembros del Servicio Profesional.
A la par, contó a Animal Político, “pido apoyo a organizaciones que conocen mi trabajo, se empieza a presionar por redes sociales y eso aparentemente enojó a Perla y ya no quiso hablar conmigo”.
Tras reunirse con el Consejo Adriana se enteró que no era la única persona que llegó a la comisión a través del Servicio Profesional. “Les dije están corriendo a las personas que sabemos del tema, que nos ganamos las plazas y a cambio están metiendo a personal de honorarios de la que ni siquiera verifican su capacidad técnica. Con eso lo único que van a lograr es bajar el perfil de la comisión. Cosa que ha pasado, como se ve con las recomendaciones (que ha emitido la Comisión)”.
Finalmente Adriana presentó una demanda laboral, y está en ese proceso.
Sobre el tema, la titular de la CDHDF dijo: “La persona tiene una demanda, y está en su derecho de no tener razón, pero hay espacios para que los vaya a litigar, y ahí se lo vamos a ganar como institución, por que no hay ningún elemento que nos preocupe, respecto de que se haya cometido alguna ilegalidad, pero yo no litigo en medios”.
No son los únicos casos. En el periodo Perla Gómez se han removido a 18 Visitadores de la CDHDF. En la carta que integrantes del consejo y ex consejeros hicieron pública, se señala que se han gastado aproximadamente 40 millones de pesos en el pago de las liquidaciones desde que Gómez está al frente del organismo.
En respuesta, la presidenta del CDHDF dijo “lo que se dice ahí, pues es escandaloso, hubiera salido en el primer año de mi gestión a exigir mi renuncia. Porque imagínate, todos los casos laborales, me mencionas dos, pero donde están los demás, y porque tengo más de 650 trabajadores y trabajadoras que están en un clima laboral sano y de desarrollo”.
Y agregó: “si las cosas son como dicen pudieron salir a hacer un pronunciamiento fuerte en cualquier otro momento, y no lo hicieron. Lo hacen en el momento de la coyuntura electoral. Finalmente la que va a resolver es la Asamblea. No entro al debate de responder a situaciones, yo voy a rendir cuentas y dar información (a la Asamblea)”.