Piden al SAT información fiscal para proceder contra empresas reveladas en La Estafa Maestra
El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción solicitó al Sistema de Administración Tributaria (SAT) la información sobre los pagos que hicieron Pemex, Sedesol y SCT a empresas fantasma reveladas en el reportaje La Estafa Maestra.
[contextly_sidebar id=”ufk9jD2gYyDSf3fTZj9NlRe9zChWJTH6″]El pasado 4 de septiembre, Animal Político reveló cómo 186 compañías fantasma recibieron 7 mil 670 millones de pesos del gobierno federal, gracias a contratos que violan la Ley General de Adquisiciones.
El Comité explicó que todo contribuyente está obligado a emitir comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) cuando se obtienen ingresos provenientes de entes públicos, de no hacerlo “consentiría la evasión fiscal de los contribuyentes, sino también el desvío de recursos públicos (corrupción)”.
Las dependencias públicas deben contar con documentación comprobatoria y justificativa de sus gastos y pagarlos a través transferencias bancarias.
El CPC señaló que hay evidencias y reportes de “que de manera intencionada los entes públicos utilizan las empresas fachada o fantasma como mecanismo para desviar recursos públicos”.
Por ello, el CPC señaló en un comunicado que pidió al SAT los nombres de las instituciones bancarias desde las cuales dichas instituciones realizaron las transferencias bancarias; los nombres de los bancos en los que las empresas fachada o fantasma recibieron las transferencias bancarias.
La identificación de las cuentas bancarias desde las que Pemex, Sedesol y SCT hicieron las transferencias en favor de dichas empresas y los datos de las cuentas en las cuales las empresas fantasma recibieron el dinero.
Así como toda la información referente a la fecha en que se pagaron los CFDI
“La Ley del ISR establece que todas las dependencias públicas -en particular la federación y las entidades federativas- están obligadas a exigir a sus proveedores de bienes y servicios, la entrega de CFDI por los pagos que realicen”, detalló el comité.
Añadió que los CFDI emitidos por empresas fantasma son inválidos y no tienen efecto alguno, por lo que todas las personas involucradas en este tipo de operaciones podrían hacerse acreedoras a penas de prisión de 3 meses a 6 años.
El CPC explicó que aunque las autoridades fiscales carecen de facultades para investigar y combatir la corrupción, el SAT tiene la información de los CFDI emitidos por las empresas fantasma.
Con esta información, el Comité puede ejercer las atribuciones establecidas en la Constitución Federal y en la Ley General del SNA, para solicitar que las autoridades competentes actúen en esa materia.
