Cuatro personas en el operativo de Nochixtlán murieron por balas de policías, revela la CNDH
El uso excesivo de la fuerza fue lo que marcó el enfrentamiento entre policías y pobladores de Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 2016, donde resultaron siete personas fallecidas, cuatro de ellas, murieron por impactos de bala del mismo calibre que las armas de elementos de seguridad, de acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
[contextly_sidebar id=”0ASfwCtCsorhbPDqTIo8y1chC5mlAEx2″]Aunque inicialmente las autoridades informaron que los policías que participaron en el operativo no portaban armas de fuego, la Comisión observó “deficiencias en bitácoras de registro de armas, entre otras que se realizaron a mano, con abreviaturas y sin establecer el tipo de arma y matrícula solicitada”, lo que impidió identificar a los elementos que pudieron portarlas durante la operación.
De acuerdo con el organismo, en las primeras horas de aquel día, tres víctimas fueron lesionadas por arma de fuego cerca de la zona de hoteles; en dos de ellas, las balas encontradas coincidieron con las que portaban los elementos de seguridad.
Horas después, otras tres víctimas fueron lesionadas por arma de fuego y fallecieron; en dos de estas víctimas, nuevamente las balas coincidieron con el calibre de las armas que portaban elementos de la Gendarmería y de la Policía Estatal.
Por estos actos, la Comisión aseguró que “fue excesiva la forma en que se usó la fuerza letal; además, gendarmes entrevistados dijeron que fue por autodeterminación e instinto que accionaron las armas”.
En el operativo participaron 400 policías estatales, 396 policías federales, 50 elementos de la Agencia Estatal de Investigación y 32 elementos de la Gendarmería Nacional.
Sin embargo, la CNDH explicó que aunque “no hay certeza de que policías hayan portado o accionado armas en el operativo, sus nombres se enviarán a las autoridades para que inicien investigaciones administrativas y en lo penal”.
En la Recomendación por Violaciones Graves 7VG/2017, presentada este miércoles 18 de octubre por la CNDH, el organismo concluyó que los elementos de seguridad que participaron en el operativo encaminado a retirar los bloqueos establecidos desde el 13 de junio de 2016 por integrantes de la CNTE en Nochixtlán, hicieron un “uso excesivo de la fuerza”, con golpes y el uso de gases lacrimógenos vía aérea y terrestre, lo que “derivó en personas muertas, heridas y afectadas”.
11.75% de policías en enfrentamiento de #Nochixtlán, Oaxaca, tenían más de 24 hrs. trabajando y no contaban con capacitación o equipo. pic.twitter.com/NaV3h9bZPw
— CNDH en México (@CNDH) October 18, 2017
La Comisión también calificó como un exceso del uso de la fuerza, el lanzamiento de gas lacrimógeno, incluso en zonas que estaban fuera del perímetro donde se presentó el enfrentamiento, haciendo uso de uno de los dos helicópteros de la Policía Federal que participaron en el operativo; el otro helicóptero, documentó la CNDH, estaba armado y cargado con municiones, aunque no se cuenta con pruebas de que haya sido usado.
Durante 12 hrs. de enfrentamiento en #Nochixtlán se afectaron #DDHH de niñxs, adolescentes y adultos mayores que no participaban en bloqueo. pic.twitter.com/1tNqr9kkh5
— CNDH en México (@CNDH) October 18, 2017
A continuación, te presentamos las violaciones a derechos humanos cometidas durante el operativo en Nochixtlán, en el que murieron siete personas por impacto de bala y 280 más (174 pobladores y 106 policías) resultaron lesionadas, de acuerdo con lo documentado por la CNDH.
Sin claridad sobre coordinación del operativo
En el Informe de la Comisión de Seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, la Procuraduría General de la República (PGR) manifestó que los días 15 y 17 de junio sucedieron eventos de confrontación cuando la Policía Federal intentó desbloquear las carreteras tomadas por presuntos integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Sin embargo, el 19 de noviembre de 2016, la misma PGR especificó que “las carpetas de investigación que se iniciaron no fueron por los bloqueos, sino porque presuntos integrantes de la Sección 22 de la CNTE robaron y quemaron 45 equipos antimotines de la Policía Federal que se encontraban en el interior de un autobús el 15 de junio”, reportó la CNDH.
De igual forma, los testimonios recabados por la Comisión, refieren que previo al 19 de junio “no hubo intentos de desalojo por parte de la Policía Federal en los retenes que tenían instalados, y que sólo el 17 de junio un convoy de esa corporación intentó pasar, pero al negarles el paso optaron por no retornar, sin que hubiera incidentes”, lo que contradice la versión inicial de las autoridades.
Asimismo, la CNDH determinó que existió una mala coordinación entre las corporaciones policiales participantes, ya que, policías entrevistados por visitadores del Organismo refirieron haber recibido instrucciones del Grupo de Coordinación Oaxaca, conformado por mandos de los uniformados, que estuvo reunido en un hotel.
Según la Orden General de Operaciones de la Comisión Nacional de Seguridad, para el operativo se usó el mismo hotel como un “Puesto de mando de la Policía Federal, que se encargó de llevar a cabo todas las cuestiones de enlace y operatividad entre los elementos policiales”.
Sin embargo, la Policía Federal, la Fiscalía de Oaxaca, la Secretaría de Seguridad Pública del estado, la PGR, el CISEN, la Secretaría de Gobernación y el presidente municipal de Oaxaca de Juárez negaron haber participado o conocer de la existencia de este Grupo de Coordinación.
Retención ilegal y maltrato
En el operativo, fueron detenidas 23 personas, acusadas de participar en el enfrentamiento.
De ellas, 20 fueron detenidas en un panteón, mientras se celebraba un sepelio, y fueron presentados con una dilación injustificada de entre siete y ocho horas, tiempo en ñe que fueron golpeados y maltratados por policías federales, por lo que Comisión catalogó su detención como “ilegal”.
Además, los 20 detenidos “fueron hacinados en un camión, lo que constituyó trato cruel por la posición prolongada en la que los tuvieron (maniatados, boca abajo, unos sobre otros), sin protección de los rayos del sol o sanitarios.
Por estos hechos, la Comisión de Derechos Humanos recomendó al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, que se repare el daño a las víctimas y realizar las gestiones necesarias para la puesta en funcionamiento de una Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
Asimismo, deberá ofrecer una disculpa pública institucional a las víctimas y sus familiares por las violaciones a derechos humanos cometidas en su agracio, en un acto conjunto con la Comisión Nacional de Seguridad.
El gobernador también tendrá que girar instrucciones para que se implementen cursos de capacitación especializada en control de multitudes, técnicas de manejo de estrés y negociación para los funcionarios del estado.
A la PGR, la CNDH recomendó determinar la responsabilidad penal que corresponda en contra de quien o quienes resulten responsables, incluida la cadena de mando, y continuar con las mesas de diálogo con el Comité de Víctimas, para que se faciliten las diligencias para la investigación.
De acuerdo con los reportes de la CNDH y de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), se han identificado a 217 personas como víctimas de los hechos, mismas que fueron canalizadas ante la Comisión Especial de Atención a Víctimas (CEAV) para ser reconocidas en su calidad de afectadas.
La recomendación 7VG/2017 puede ser consultada de manera íntegra aquí.
