¿Tus alimentos tienen transgénicos? En México ninguna ley obliga a que las empresas te lo digan
El 82% de los productos de maíz disponibles en supermercados del país contienen organismos genéticamente modificados (OGMs), según un estudio de la UNAM y la UAM, pero los consumidores no lo saben, pues las etiquetas no lo dicen.
[contextly_sidebar id=”saMh9665nLJSkTvoKgz2oBqDwdTGqWIC”]Ninguna ley obliga a las empresas productoras de alimentos a informar a los consumidores si sus productos contienen transgénicos.
Una propuesta de ley para informar sobre estos contenidos en las etiquetas de productos comerciales se encuentra congelada en el Congreso, prolongando el vacío legal que permite que los mexicanos coman transgénicos sin saberlo.
El 9 de febrero de 2016 fue presentada en la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley para el Etiquetado de Alimentos de la Categoría Orgánicos y Transgénicos, pero ha sido ignorada hasta la fecha por los grupos del PRI, PVEM y Nueva Alianza, dijo en entrevista uno de los promotores de la iniciativa, el diputado por Movimiento Ciudadano, Víctor Manuel Sánchez Orozco.
“Creemos que detrás de este congelamiento están las grandes trasnacionales como Monsanto, pero los mexicanos tienen el derecho, según los estándares internacionales, de saber si están consumiendo productos transgénicos”, aseguró Sánchez Orozco.
La iniciativa de ley de etiquetado, presentada por Rosa Alba Ramírez Nachis y María Victoria Mercado Sánchez, además de Sánchez Orozco, plantea la obligatoriedad de etiquetar “todos aquellos productos transgénicos o alimentos derivados de éstos”, con información “oportuna, completa, clara y veraz”. En su justificación, la iniciativa establece que “nadie garantiza que el consumo de transgénicos sea seguro en el mediano y largo plazo para la salud de los consumidores” y que “los mexicanos no tienen por qué consumir a ciegas transgénicos riesgosos que son rechazados como alimento en la Unión Europea y China”.
“Estaremos insistiendo para que esta iniciativa se descongele. En México terminamos de adoptar medidas cuando ya es demasiado tarde, cuando ya hay consecuencias en el medio ambiente y en la salud”, añadió Sánchez Orozco.
Animal Político buscó la postura del coordinador de diputados del PRI, César Camacho Quiroz, pero al momento no ha recibido respuesta.
Los señalamientos del diputado Sánchez Orozco y de la iniciativa de ley que impulsa coinciden con los de la doctora Elena Álvarez-Buylla, investigadora del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM y directora del Laboratorio de Genética Molecular del Instituto de Ecología de la misma universidad, donde se realizó el estudio que halló transgénicos en el 82% de 367 productos de maíz analizados.
“Un puñado de corporaciones deciden lo que comemos”, indicó en entrevista Álvarez-Buylla, quien además de ser coautora del estudio Presencia generalizada de transgenes y glifosato en alimentos derivados de maíz en México, ha acompañado a organizaciones sociales demandando al gobierno mexicano mayores restricciones a los transgénicos. “La población aludida por estos resultados es toda la sociedad mexicana, y es momento de generar conciencia de hasta qué punto hemos perdido la soberanía alimentaria”, añadió la doctora en genética molecular.
El estudio, realizado entre 2013 y 2015 y publicado en septiembre pasado en la revista académica Agroecology and Sustainable Food Systems, se basó en una muestra de productos de maíz representativos de la zona metropolitana de la capital mexicana, incluyendo harinas para tortillas, tortillas, tostadas, cereales y botanas, productos que pueden ser adquiridos tanto en grandes supermercados como en tortillerías de barrio y con productores artesanales. Entre las conclusiones del estudio, se destaca que 90.4% de las tortillas que comemos en México, contienen maíz transgénico.
Etiquetado, en el vacío legal
La principal regulación sobre la información en productos con contenido transgénico se encuentra en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, que establece en su artículo 101 que los productos que contengan OGMs deben garantizar una “referencia explícita” a estos contenidos, que provea información “veraz, objetiva, clara, entendible y útil para el consumidor”. Sin embargo, la ley acota esta obligación sólo a “aquellos casos en que estas características sean significativamente diferentes respecto de los productos convencionales”, algo difícil de precisar entre la gran diversidad de productos procesados de maíz que existen en el mercado.
“La ley solo exige a las empresas que señalen si existen OGMs cuando haya cambios significativos, basándose en un peligroso principio denominado de ‘equivalencia sustancial’. Esa noción es muy vaga, abre un margen amplio de discrecionalidad a las empresas y no ayuda a que se cumpla un examen riguroso, un etiquetado preciso ni un seguimiento post-comercialización de los OGMs”, explicó en entrevista Rodrigo Gutiérrez Rivas, especialista y académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sobre el vacío legal existente en el etiquetado de los productos con OMGs.
Emmanuel González Ortega, otro de los coautores del estudio que halló transgénicos en el 90% de las tortillas, también acusó la vaguedad del principio de equivalencia sustancial. “Otro resultado de nuestra investigación es exponer este concepto mañoso”, opina el doctor en biotecnología.
El vacío legal en el etiquetado de productos transgénicos tiene sus raíces en 2005, cuando se aprobó la Ley de Bioseguridad en medio de intensas presiones de organizaciones sociales que denunciaban preferencia en esta regulación para las grandes empresas agrotecnológicas. Con este análisis coincidió el diputado Sánchez Orozco: “La Ley de Bioseguridad, que se conoce como la Ley Monsanto, quedó planteada de manera muy ambigua y abrió la puerta para que se sigan produciendo y consumiendo productos transgénicos”, aseguró.
“El marco legal vigente se encarga de dar seguridad al modelo agroindustrial. Para información de los consumidores por supuesto que no hay nada, porque fue una batalla que ganó la industria cuando se aprobó la Ley de Bioseguridad”, añadió por separado Xavier Martínez, director técnico operativo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), quien ha defendido en diversos foros y publicaciones la dimensión biocultural del maíz como elemento de identidad y alimento base de los mexicanos.
¿Hay o no razón para etiquetar?
Para la doctora Sol Ortíz García, secretaria ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), el hallazgo de transgénicos en el 82% de los alimentos de maíz y el 90% de las tortillas no es ninguna sorpresa.
“No nos extraña, porque desde 1996 México importa maíz de Estados Unidos y alrededor del 90% del maíz que exporta EU es transgénico”, explicó Ortíz García en entrevista. “No nos sorprende, pero tampoco nos preocupa que los transgénicos estén presentes en distintos productos derivados del maíz”, añadió.
Según Ortiz, “no hay una razón para etiquetar” los productos con transgénicos porque la ley no lo requiere, ya que han pasado las pruebas de inocuidad y equivalencia realizadas por la Comisión Federal para la Comisión contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).
Elena Álvarez-Buylla, coautora del estudio que detectó transgénicos en los productos de maíz, señaló que COFEPRIS no realiza pruebas propias, sino que utiliza las evaluaciones realizadas en Estados Unidos para validar la inocuidad de los transgénicos. Emmanuel González Ortega aseguró que las nuevas investigaciones sobre la “presencia extendida” de transgénicos deberían obligar a las autoridades a revisar sus protocolos y subsanar los vacíos existentes en vigilancia.
“Las instituciones mexicanas sistemáticamente han ignorado sus atribuciones en cuanto a la vigilancia en la inocuidad de los granos que se importan”, dijo González Ortega. “COFEPRIS no ha hecho el trabajo de prevención del riesgo que potencialmente tendrían los OGM. Por el contrario, promueve los OGMs sin siquiera plantear dudas razonables sobre su inocuidad. El principio precautorio ha brillado por su ausencia”, añadió.
COFEPRIS fue buscada para obtener una postura sobre este tema, pero al momento no ha habido respuesta.
61 países sí, México no
En el mundo, 61 países han adoptado leyes y normas para que los productores de alimentos implementen un mecanismo de trabajo aprobado por el Codex Alimentarius de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), e informen en las etiquetas de sus productos la posible presencia de sustancias transgénicas.
En Estados Unidos, por ejemplo, se intentó aprobar en 2015 una iniciativa que dejaba el etiquetado de OGMs como algo voluntario.
Sin embargo, tras debates y protestas de organizaciones sociales contra agencias del gobierno federal (particularmente a la Food and Drug Aministration) y sectores del Congreso, el expresidente Barack Obama firmó en julio de 2016 la Ley Nacional de Revelación de Alimentos con Bioingeniería, con lo que hacía obligatoria la transparentación del contenido transgénico.
La ley mandata a los estados a ajustar su marco legal e instruye a las agencias federales a dar reglamentación específica para que revelen sus contenidos en un plazo de entre uno y tres años.
Mientras que en Estados Unidos se define la manera de advertir a la población –se han contemplado leyendas similares a las de los cigarrillos, códigos de barras para leer con dispositivos móviles o imágenes–; en Brasil, la ley obliga a los productos con contenido genéticamente modificado a agregar en la envoltura un triángulo amarillo con una “T” en su interior.
Sin embargo en México, hay alimentos que contienen este tipo de sustancias y no se informa de ello ante la falta de una “ley clara” que los obligue.
Por qué es importante saber si hay transgénicos en los alimentos
Contrario a lo que sucede con la producción de maíz transgénico, suspendido temporalmente en México ante la posibilidad de que contamine 64 especies de maíces nativos del país, el consumo de productos transgénicos sí está permitido en el país a escala comercial.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), dependiente de la Secretaría de Salud, ha autorizado para consumo al menos 55 tipos de maíz genéticamente modificado, considerándolos inofensivos. La mayoría de estos maíces contienen un gen que libera un insecticida, volviéndolos resistentes a las plagas, también contienen otro gen que les da resistencia, entre otros, a un herbicida llamado glifosato.
Se trata de productos que, de acuerdo con la mayor parte de la evidencia científica disponible, no tienen ningún efecto negativo en la salud humana, y son avalados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Sin embargo, las personas deben saber que los alimentos que consumen los tienen.
La Alianza por la Salud Alimentaria, una congregación de grupos civiles que sigue y critica las políticas de salud pública, ha demandado que se obligue a las empresas a informar en las etiquetas de sus productos la posible presencia de transgénicos.
“Es un derecho de los ciudadanos el acceso a la información y este derecho está violado por el gobierno mexicano que ha permitido que los transgénicos entren en nuestros alimentos sin ninguna información al consumidor”, aseguró a inicios de este año Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor.
Según el especialista en derecho ambiental, Carlos del Razo, el hallazgo de transgénicos en alimentos de alta comercialización vuelve urgente la regulación de etiquetas que cumplan con el objetivo de informar a los consumidores, “tal vez a través de una Norma Oficial Mexicana”.
“Son dos temas. El primero es que se informe mejor en las etiquetas qué estamos consumiendo. Y el segundo es obligar a las empresas a financiar campañas de concientización sobre los transgénicos”, indicó del Razo.
El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Rodrigo Gutiérrez Rivas, destacó que el etiquetado debe sortear el riesgo de convertirse en un nicho restringido para las compañías que puedan pagarlo.
“Esto generaría un mercado de lujo donde solo los más ricos accederían a productos no transgénicos, mientras lo que debe de ocurrir es justamente lo contrario… Nada más faltaría que un campesino que tiene un producto criollo tenga que pagar una certificación para poder demostrar que sus tortillas no tienen transgénicos”, dijo el investigador.
