Activistas, abogados, empresarios y académicos presentaron una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, que tiene como objetivo obligar a las autoridades a indagar si la corrupción incrementó los daños causados por el sismo del pasado 19 de septiembre.
[contextly_sidebar id=”VcucgHQPBmfz6KI41qGPwM9OF4KXUkl5″]”En opinión de los demandantes, en caso de que la tragedia sea causa de ilegalidades, actos de corrupción, omisiones o faltas de servicios públicos y/o constructores, se debe exigir la responsabilidad correspondiente”, indicaron los demandantes, en un comunicado.
Ante los daños en miles de edificaciones, y las irregularidades reportadas en diferentes construcciones, en cuanto a permisos y otros elementos, los activistas señalaron que debe indagarse el presunto delito de homicidio culposo de diversas autoridades de la Ciudad de México, “así como de empresas constructoras, desarrolladoras y arrendadoras inmobiliarias, peritos y demás personas que no hayan cumplido” con sus responsabilidades.
Entre esas responsabilidades, apuntaron los abogados y académicos, está la de evitar el otorgamiento de licencias de construcción ilegales. Las autoridades, agregaron, también pudieron fallar en su obligación de supervisar “el correcto estado y funcionalidad de los inmuebles, conforme a la regulación en materia de Protección Civil.
Otro de los presuntos delitos que debe indagarse, detallaron, es el de “fraude específico a cargo de las empresas constructoras y desarrolladoras de inmuebles, por utilizar materiales de construcción que no cumplen con los estándares vigentes en las leyes de la Ciudad de México, o bien, por defectos en la construcción”.
Otro de los presuntos delitos, continuaron, es el de “uso ilegal de atribuciones por parte de diversas autoridades de la Ciudad de México, por cuanto a la expedición ilegal de licencias de construcción y de uso de suelo”.
Entre los personajes que presentan la demanda están: Luis Pérez de Acha, Jacqueline Peschard, Mariclaire Acosta, José Octavio López Presa, María Amparo Casar, Carlos Elizondo Mayer-Serra, Edna Jaime Treviño, Alejandro Legorreta, María Elena Morera, Federico Reyes Heroles, José Roldán Xopa, Mario Blancas Vargas, Carla Altamirano Bustos y Carlos Altamirano Bustos.
“La denuncia busca reforzar el Estado de Derecho, evitando la ilegalidad y que los hechos delictivos queden impunes, pero además, persigue dos objetivos específicos: 1) colaborar con todo aquel que haya sido afectado directamente por el sismo, para apoyarlo a lograr la reparación del daño que haya sufrido; y 2) sentar un precedente en la Ciudad de México (una zona sísmica), para que la propiedad inmueble sea segura, se construya de acuerdo a lo ordenador por el Reglamento de Construcción del Distrito Federal y la corrupción e ilegalidad no se traduzca en pérdidas de vidas, lesiones y daños a la propiedad”, refirieron.