La estafa maestra: corresponde a PGR indagar el desvío millonario

La Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de Raúl Cervantes, es la autoridad que debe investigar el desvío de 7 mil 670 millones de pesos que hicieron 11 dependencias del gobierno federal y ocho universidades públicas del país entre 2013 y 2014. Se trata, coinciden especialistas, de un posible caso de peculado y lavado de dinero.

[contextly_sidebar id=”kQdLr2D0AcsDotv9SWEVcHnxr8i83W9K”]Aunque la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso seis denuncias de hechos por la comisión de presuntos delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio fiscal de 2013, a través de este esquema de desvío, hasta el momento no hay ningún sentenciado.

Luis Manuel Pérez de Acha, experto en Derecho Constitucional, Fiscal y Administrativo, aseguró que este esquema es un desvío de recursos públicos con la presunción de dos delitos: peculado y uso indebido de atribuciones y facultades. Por tanto, la PGR es la responsable de investigar el caso.

Incluso, el tema va más allá: “los recursos obtenidos por funcionarios públicos y particulares relacionados con ellos, son resultado de actividades ilícitas y se actualiza un delito adicional: lavado de dinero, cuya investigación compete a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda”, dependencia a cargo de José Antonio Meade.

La investigación periodística concluyó que 3 mi 433 millones de pesos están desparecidos, toda vez que las empresas que recibieron los recursos no existen. José López Presa, ex comisionado del IFAI y consultor externo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en materia de conflicto de interés, sostiene que ahora corresponde a la PGR con ayuda del Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera seguir la pista del dinero y conocer el destino final de esos recursos públicos, toda vez que tienen la facultad y los instrumentos para lograrlo.

“Y no debe haber excusa de secreto fiscal pues se trata del uso indebido, desvío y peculado de recursos públicos federales”, asegura López Presa, también integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

La ASF denunció penalmente ante la PGR a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Universidad Autónoma del Estado de México y de Morelos por este esquema de desvió ocurrido en la Cuenta Pública 2013.

Las denuncias involucran a servidores públicos y personas morales que realizaron acciones u omisiones, que provocaron que la Sedesol “realizara el pago de servicios respecto de trabajos convenidos que no fueron realizados o entregados”.

“Quizá falte en el código penal un delito que pueda ser por omisión. Porque los titulares nunca firman nada, pero son los responsables de los recursos públicos que se les confió”, dijo.

Portal sostiene que la PGR podría alcanzar a los titulares de las instancias aplicando el criterio del caso contra el exgobernador Javier Duarte y el desfalco del presupuesto en Veracruz. “Él no firmó nada pero ¿dónde está todo el dinero que falta? Él es el responsable de los recursos públicos que se le confiaron, para eso fue elegido y no cumplió”.

Una buena medida, insiste, es que cuando ocurran este tipo de convenios entre entidades de gobierno, los titulares de las dependencias deben firmarlos para que se responsabilicen porque “ahora es muy fácil: en los convenios con universidades, el secretario le instruye al oficial mayor, y éste le dice a un director general, y éste a un director de área, y luego a un subdirector, y así va bajando en el escalafón. Entonces, tal vez metan a alguien en la cárcel por estos convenios, pero no al que era el responsable inicial. Por eso, es necesario que quien firme se responsabilice, y para ello también se requieren sanciones”.

De la Sedesol salieron 2 mil 224 millones de pesos bajo este esquema, mientras Emilio Zebadúa era el Oficial mayor –el encargado de administrar los recursos de la dependencia–. Ahora también tiene ese cargo en la Secretaría de Desarrollo Urbano, que dirige Rosario Robles, y que también hizo convenios con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero de Hidalgo para hacer supuestos servicios.

Los convenios, efectivamente son firmados por funcionarios menores de la dependencia, como el director general de Atención a Grupos Prioritarios o el director general adjunto de Operación de Programas de Atención a Grupos Vulnerables de la Sedesol.

En el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, por ejemplo, firmaron el subdirector de Recursos Materiales; subdirector de Tecnologías de la Información; gerente de servicios de Tecnologías de Información y el gerente de Adquisiciones por convenios que sumaron 491 millones de pesos.

Sin embargo, el titular del organismo era Alfredo del Mazo, gobernador electo del Estado de México, y su secretario de Finanzas era Rodrigo Jarque. Trabajan juntos desde 2011, cuando Del Mazo fue presidente municipal de Huixquilucan y Jarque era el tesorero.

Otros implicados que siguen trabajando juntos son el exdirector del Registro Agrario Nacional, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez y su encargado de finanzas era Luis Alejandro Peralta Glaxiola. Ahora, el primero es presidente municipal de Hermosillo y el segundo es su Oficial mayor.

José Reyes Baeza dirigía el FOVISSSTE cuando hubo cinco convenios con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) por 249 millones de pesos. De ello, la mitad no se ha comprobado en qué gastaron el dinero ante la Auditoría. Reyes Baeza fue ascendido y ahora encabeza el ISSSTE.

El esquema de desvío ha ocurrido de manera sistemática. Sólo entre 2012 y 2016, la administración federal ha firmado más de mil convenios con universidades públicas estatales que involucran más de 30 mil millones de pesos.

Los únicos detenidos por usar este esquema de desvío son: Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez y Enrique Fichtl Becerra, exdirector de Recursos Financieros y exdirector de Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), respectivamente.

Fueron detenidos en febrero pasado por el delito de peculado debido al incumplimiento de un contrato firmado en 2011 con el gobierno de Oaxaca, a nombre de la UAEM.

El entonces rector de la UAEM, Javier Olvera, denunció el caso y la PGR continuó la investigación.

Del Pozzo Rodríguez también firmó convenios con Sedesol en 2012; incluso, el exrector Olvera siguió repitiendo este esquema de contratación, pues entre 2013 y 2014, la Universidad firmó con la Sedesol, FOVISSSTE, INEA y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por mil 449 millones de pesos. Todos los convenios fueron investigados por la ASF y analizados por los periodistas que participaron en el reportaje La estafa maestra.

Actualmente, Javier Olvera es presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. En tanto, Erick Herzaín Torres Mulhia, continúa como director del Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT-UAEM) pese a los convenios irregulares que hizo con Banobras, Senasica y el Registro Agrario Nacional por mil 429 millones de pesos.

El silencio de la Función Pública y el SAT

El 4 de septiembre pasado, la Secretaría de la Función Pública (SFP), a cargo de Arely Gómez, informó que la dependencia investiga las irregularidades detectadas por la ASF en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014.

Dijo que inició el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de 10 servidores públicos, en 3 dependencias federales señaladas en el reportaje e investiga a otros 40 servidores públicos federales relacionados con estas observaciones. Aunque se ha negado a informar quiénes son los supuestos investigados.

Además, sobre las universidades mencionadas en el reportaje, dice que serán ellas mismas las que se investiguen porque “corresponde a sus propios órganos internos de control, auditar, investigar y, en su caso, sancionar”, afirmó la Función Pública.

Para José López Presa existe una ausencia de la Secretaría de la Función Pública porque debería “asumir el liderazgo y formar un grupo en el que participen la Auditoría, la PGR, el SAT, la Comisión Nacional Bancaria y la Unidad de Inteligencia Financiera”.

Además, el Servicio de Administración Tributaria tuvo conocimiento de las empresas que recibieron recursos públicos desde 2013 y 2014. Un caso que llama la atención es la empresa ESGER, Servicios y Construcciones S. A. de C. V., que recibió 683 millones de pesos después de que una docena de empresas le transfirieron recursos provenientes de la Sedesol.  Hasta el momento no ha sido investigada por el SAT, a cargo de Osvaldo Santín.

En la visita a la sede, después de tres años de haber participado en el fraude, se comprobó que la “empresa” seguía en un despacho en la colonia Nápoles de la Ciudad de México, de cinco metros cuadrados, que no tiene personal ni infraestructura. Además, de acuerdo a su declaración anual, no declararon todos los ingresos que entraron a su cuenta bancaria entre 2013 y 2014.

Pérez de Acha concluye que la investigación de este caso no está condicionado al nombramiento del Fiscal anticorrupción que permitiría la entrada en vigor del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, toda vez que los delitos supuestamente cometidos están tipificados y las atribuciones de las autoridades encargadas de investigar también están claras con la actual legislación.

“A partir del nombramiento del Fiscal se incluirán algunos delitos que también serán catalogados como corrupción. Sin embargo, en lo que hace al desvío de recursos públicos, en lo estructural, los delitos seguirán siendo los mismos”.