Panistas niegan ir con el PRI para imponer Fiscal; organizaciones van contra designación a modo

[contextly_sidebar id=”8v8sApDkRMVnDw2W8aoWF9rS1rAodKxw”]Mientras más de 100 organizaciones luchan por evitar el pase automático del actual procurador, Raúl Cervantes; los panistas acusados de aliarse con el PRI para ello se defienden y aseguran que todo es una “cortina de humo” de su dirigente Ricardo Anaya.

A través de una carta los senadores Ernesto Cordero, Roberto Gil, Jorge Luis Lavalle, Javier Lozano y Salvador Vega aseguraron que ellos no tienen algún acuerdo con el PRI para aprobar el pase directo de Cervantes y que incluso votarán en contra.

Los legisladores panistas – que serán sometidos a un proceso de expulsión de Acción Nacional – señalaron que votaron a favor de la designación de Cordero como presidente del Senado para evitar una crisis en la cámara Alta como buscaba Anaya.

Aseguraron que el presidente del PAN busca distraer la atención con este tema para evitar aclarar el origen de su patrimonio.

Del lado ciudadano, una posible alianza de los cinco senadores con los priistas ha desatado una batalla para lograr la creación de una fiscalía independiente que no esté atada a las decisiones políticas es para la sociedad civil organizada.

Haydee Pérez de Fundar, Juan Pardinas de Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Claudio X. González de Mexicanos contra la Corrupción (MCCI), quienes coinciden en que la PGR “es el corazón de la corrupción y la Impunidad en México”.

Lee: Más de 100 organizaciones protestan contra Cervantes y exigen al gobierno una #FiscalíaQueSirva.

Impartición de justicia, una decisión política

La impartición de justicia bajo parámetros políticos, de amistad y compadrazgo, no es un problema exclusivo de la actual administración, puntualiza Juan E. Pardinas, director del IMCO.

Pardinas señaló que se trata de “un problema que se viene arrastrando desde décadas, en donde a los enemigos se aplicaba todo el peso de la ley y a los amigos todo el favor del perdón y el olvido. Tenemos que cambiar eso. La definición básica de justicia es darle a cada quién lo que le corresponde, y eso es lo que no ha sucedido en México”.

Para Haydee Pérez, sin la existencia de una Fiscalía General, independiente y autónoma la impunidad en las violaciones graves a los derechos humanos por parte de las mismas autoridades seguirá siendo la norma.

“En la medida en que no tengamos una institución fuerte, capaz e independiente, con alguien que se faje los pantalones y que realmente aplique el estado de Derecho, pues vamos a seguir tendiendo casos como Ayotzinapa o como Gobierno Espía. Vamos a seguir en la crisis de impunidad en la que estamos”.

Por eso, señalan ambos, primero está la definición y designación del Fiscal General y después la del Fiscal Anticorrupción.

“En la medida en que eso no suceda. Las fiscalías anticorrupción, la fiscalía electora y si eventualmente se crea una fiscalía de Derechos Humanos, tendrán muy pocas posibilidades de impartir justicia de manera no politizada”, dijo la directora de Fundar.

De la mano de la ciudadanía

Para el empresario Claudio X. González, quien ha tomado la bandera de la lucha anticorrupción como causa, es importante que en la construcción de instituciones los ciudadanos tengan una participación activa.

Luego de que el diario estadounidense The New York Times revelara actos de intimidación en su contra por investigaciones en casos de corrupción cercanos al presidente, el director de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad aseguró que “hay que traerle la rienda corta a cualquier gobierno, gobierno al que no se le trae la rienda corta es caballo desbocado y ya sabemos como termina eso, mal. Hay que meternos y meternos duro”.

“Quien quiera cambiar las cosas tiene que aguantar el embaste de quienes no quieren que las cosas cambien”.

“Estamos batallando por tener una fiscalía que le sirva al país, porque la PGR no le sirve al país. Hay que crear las instituciones que abatan la impunidad y con ello la corrupción, pero con la ciudadanía firme en el control (de esas instituciones), yo no creo en gobiernos que resuelven los problemas sin una sociedad participativa”, concluyó.

La batalla en el Congreso y las calles seguirá. En la Cámara de Diputados los legisladores no permitieron la instalación de su órgano de gobierno, para detener la imposición del priista en un cargo que durará 9 años, y se retrasó la votación hasta el martes 5 de septiembre para definir a la nueva mesa directiva de San Lázaro.