Curitiba, Brasil.- Luis Alberto de Meneses Weyll, quien negoció los sobornos millonarios de Odebrecht en México, huyó del país cuando ya estaba abierta la investigación de la PGR en su contra y se refugió en Brasil, donde se acogió a los beneficios de la justicia brasileña como colaborador o delator.
[contextly_sidebar id=”sQiTE9rDnydUvLJTZfjKOLliljmoFS90″]Sin embargo, no habrá manera de acceder a su testimonio sin que la PGR llegue a un acuerdo de inmunidad con él y con la propia empresa. Es decir, pese a que confiese los sobornos, no podrá ser juzgado en nuestro país.
“No puede ser juzgado doble vez, y eso lo tendrán que aceptar las autoridades de México si quieren que Brasil les comparta los documentos de Odebrecht y la confesión de Weyll”, explicó el fiscal brasileño Orlando Martello, integrante del equipo Lava Jato, en entrevista exclusiva con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Weyll se desempeñó como director o superintendente de Odebrecht en México entre 2010 y 2017; en ese periodo, obtuvo contratos o ampliaciones por unos 2,500 millones de dólares, sobre todo con Pemex, además de haber gestionado la concesión del servicio de agua en Veracruz y el suministro de gas a precio preferencial para la planta Etileno XXI, en aquel mismo estado, que representa un negocio por otros 2,500 millones de dólares anuales.
El exdirector de Odebrecht en México sacó del país sus muebles a inicios de marzo de 2017, en medio del escándalo de corrupción, y cuando la PGR tenía menos de dos meses de haber iniciado la investigación de los sobornos de la constructora brasileña. Embarcó su menaje de casa en el puerto de Veracruz -estado en el que había establecido su base de operaciones-, y fijó su nuevo domicilio en el condominio residencial Albalonga, en Salvador de Bahía, en Brasil, donde tiene su sede la constructora Odebrecht.
El 6 de marzo de 2017, Weyll documentó en el puerto 5 toneladas de ‘menaje de casa’, las que valuó en casi 800 mil pesos, para ser trasladadas vía marítima a Brasil, según consta en el reporte del embarque consultado para esta investigación.
Cuando abandonó el país, Weyll ya tenía tres meses de haberse convertido en delator de la justicia brasileña, a la que confesó haber participado en la negociación de 10 millones de dólares en presuntos sobornos a Emilio Lozoya; cuatro millones en 2012, cuando se desempeñaba como coordinador de Vinculación Internacional en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, y otros seis millones cuando ya se era el director de Pemex.
Weyll también tuvo un papel crucial en la red de empresas creadas durante el gobierno de Javier Duarte en Veracruz, para apoderarse del negocio del agua y la energía eléctrica. Además, participó en las negociaciones de los contratos de la carretera Interocéanica en Perú, que desencadenaron una orden de arresto contra el expresidente del país andino, Alejandro Toledo, y su nombre está en correos electrónicos que forman parte de la investigación contra la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, por financiamiento ilegal de Odebrecht a su campaña política.
Orlando Martello detalló que al llegar Weyll a un acuerdo de delación o colaboración con la Fiscalía de Brasil, obtuvo inmunidad para ser juzgado en Perú o en México, países en donde estuvo involucrado en presuntos actos de corrupción.
“Luis Alberto Weyll es uno de los colaboradores. Entonces, él tiene la obligación de decir la verdad. Si miente o si omite algo, él puede tener su acuerdo roto”, precisó el fiscal.
Reveló que hay más de 60 ejecutivos de Odebrecht que cometieron crímenes fuera de Brasil que ya aceptaron convertirse en colaboradores o delatores de la Fiscalía brasileña, a cambio de reducción de penas. Entre esos exdirectivos está Weyll.
“Más de 60 ejecutivos están esperando la decisión de la justicia para ser procesados y pagar una reducción de pena. Cumplir dos años de prisión domiciliaria, cuatro años de servicio a la comunidad o pago de indemnización”.
Estos ejecutivos han confesado que pagaron casi 250 millones de dólares en sobornos en 12 países.
El Fiscal aclaró que los documentos que tienen que ver con crímenes cometidos por Odebrecht en México están bajo sigilo en el Tribunal Superior en Brasilia, en espera de que se llegue a un acuerdo entre la compañía y la PGR para garantizar inmunidad a los ejecutivos que tienen acuerdos de colaboración o delación, como es el caso de Weyll.
“Todo lo que es respecto a México está separado, con los hechos delictivos enumerados; la empresa (Odebrecht) nos ha entregado las pruebas que corroboran esos hechos. Cuando la compañía decidió hacer un acuerdo, nos trajo todos los datos respecto a cada uno de los países. Ahora la compañía debe procurar con esos países hacer un acuerdo directamente. Y cada país debe respetar nuestro acuerdo en Brasil”.
-¿En qué consiste ese acuerdo? ¿En dar cierto grado de inmunidad a Odebrecht?
-Teníamos conocimiento de 5 a 10 por ciento de los hechos ilícitos de la compañía. Para tenerlos 100% hicimos este acuerdo. No nos agrada hacer acuerdos con Odebrecht. De hecho, era nuestro principal enemigo: nos atacó de todos los modos, intentó anular la investigación. Pero cuando vimos la oportunidad de obtener pruebas y documentos que podrían ser utilizadas en la investigación brasileña, decidimos hacer el acuerdo. Es un costo muy alto para nosotros, pero lo decidimos porque había muchos políticos involucrados. A partir del momento que colectamos 90% de las pruebas que no teníamos conocimiento o pruebas, teníamos que proteger a la empresa, porque nos dio esos documentos a cambio de una exención (de penas).
El Fiscal del caso Lava Jato aseguró que una vez que la PGR firme un acuerdo con Odebrecht, la compañía está obligada a informar con la verdad sobre los actos de corrupción que cometió en México. Si miente o si oculta información, entonces sí se le podría procesar.
“Si hay algún hecho que no fue revelado por la compañía, puede ser inmediatamente procesada, y todas las personas que están involucradas ya no habría ninguna exención, ninguna protección para hechos no revelados por la compañía, por sus directores o ejecutivos. Entonces si la compañía omitió alguna información, ella debe responder completamente por esto”.
Lo anterior obligará a las autoridades mexicanas a que -una vez que reciba la información de Brasil- profundice en las investigaciones del caso de corrupción. “Y si encuentran actos no revelados, van en contra de la compañía, de los ejecutivos”.
Martello añadió que la Fiscalía incentiva a que la compañía tenga contacto directo con los gobiernos de los países en los que incurrió en corrupción para cubrir una indemnización y auxiliar en identificar a todos los involucrados.
La acusación contra Weyll como el responsable de los sobornos en México la hizo el propio Marcelo Odebrecht -ex presidente de la constructora brasileña- durante la declaración que el 16 de mayo de 2017 rindió ante representantes de la PGR que viajaron a Curitiba, ciudad ubicada al sur de Brasil, donde hace tres años inició el macro operativo contra la corrupción conocido como Lava Jato, que ha sacudido a 12 países.
Además, Marcelo señaló al superintendente como el responsable de arreglar los encuentros que tuvo con los Presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, realizados en octubre de 2011 y 2013, respectivamente.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) localizó a un integrante de la Fiscalía brasileña que estuvo presente en el interrogatorio realizado en prisión a Marcelo Odebrecht, por enviados de la PGR.
Según este testigo, Marcelo confesó que él intervenía en el arreglo de sobornos sólo cuando había problemas, y que “en el caso de México era el director o superintendente de la empresa (Weyll) quien tenía la facultad para negociar con autoridades o funcionarios”.
Los enviados de la PGR interrogaron a Marcelo sobre las diversas reuniones que sostuvo con los presidentes de México, Felipe Calderón Hinojosa del PAN, y Enrique Peña Nieto del PRI, y el empresario aseguró que en esos encuentros no se acordaron pagos ilegales.
Y fue en este punto donde mencionó que la persona autorizada para negociar los sobornos era Weyll, aunque también tenía facultades Luiz Mameri, director para Latinoamérica de la constructora.
“Las reuniones con los presidentes fueron cuestionadas por las autoridades de México; él (Marcelo) reconoció algunas reuniones, él dice que era común hacerlas, normalmente a pedido del superintendente de Odebrecht”, relató el testigo de la Procuraduría de Brasil que atestiguó la declaración de más de dos horas, que fue traducida del portugués al español y grabada en video.
“Marcelo dijo (a los enviados de la PGR) que una persona que puede esclarecer la corrupción en México era el superintendente de Odebrecht en el país. Esta persona es quien sabía de los detalles. Marcelo declaró que los sobornos sólo venían al conocimiento de él, cuando un problema ocurría, cuando no, el superintendente o el alto ejecutivo del país tenía la autonomía para decidir si pagaba o no pagaba el soborno”.
Marcelo Odebrecht se reunió con Felipe Calderón Hinojosa en la residencia oficial de Los Pinos en octubre de 2011, y dos años después, en octubre de 2013, visitó en el mismo recinto a Enrique Peña Nieto.
Antes de que fuera Presidente, Peña Nieto se reunió con el dueño de Odebrecht: en mayo de 2010 en Brasil y en noviembre de 2012 en Querétaro.
El testigo informó que los enviados de la PGR también interrogaron a Marcelo sobre irregularidades en los contratos en Pemex, y una vez más respondió que quien tiene toda la información es Weyll.
El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló la confesión de seis ejecutivos de Odebrecht, que reconocieron haber pagado 10.5 millones de dólares en sobornos en México entre 2010 y 2014.
Pese a esta confesión, la PGR dejó pasar casi un mes para iniciar una indagatoria del caso. Fue hasta el 17 de enero de 2017 cuando abrió una carpeta de investigación contra Odebrecht, a partir de una denuncia presentada por Pemex.
Pasaron dos meses más, y la PGR nunca llamó a declarar a Weyll, identificado como el responsable de los sobornos de Odebrecht en México.
-¿Interrogaron a Luis Weyll antes de que dejara el país (en marzo de 2017)? -preguntó MCCI a Felipe Muñoz, subprocurador de Investigación de Delitos Federales de la PGR.
-Lo tenemos identificado. Obviamente es una persona que muy probablemente lo declararemos, pero él nunca estuvo en México. Hicimos una investigación en este sentido -respondió el Subprocurador.
-Pero su oficina la tenía en Polanco.
-No.
-Lo llegamos a localizar ahí.
-Luis Alberto Meneses Weyll… Él venía a México. Sí estuvo en México. Pero lo que quiero decir es que a partir de que iniciamos nuestra carpeta de investigación (el 17 de enero de 2017), él ya no estaba en México. Ya tenía tiempo de que ya no estaba en México.
Alberto Elías, subprocurador de Asuntos Internacionales, informó que pedirán la ayuda de las autoridades de Brasil para tomar la declaración de Weyll y de Luis Mameri, exdirector de Odebrecht para Latinoamérica y quien fue testigo del supuesto soborno solicitado para Emilio Lozoya.
“Desafortunadamente las declaraciones de personas que están en otros países y sobre todo los que tienen o han tenido un proceso derivado de una investigación, nosotros no podemos determinar la fecha, porque ellos deben cumplir con las condiciones de su marco jurídico. Entonces estamos sujetos a que Brasil nos informe cuándo se pueden dar. Se han solicitado las declaraciones que se consideran claves o importantes en la construcción de esta investigación”.
Felipe Muñoz y Alberto Elías, subprocuradores que encabezan la investigación de los sobornos de Odebrecht en México, aseguraron que en la toma de declaración que hicieron a Marcelo el pasado 16 de mayo en Curitiba, Brasil, el empresario constructor aportó información clave para identificar a los funcionarios involucrados en la red de corrupción, que no necesariamente se limitan a ejecutivos de Pemex.
“Fue neurálgica la declaración de Marcelo, que nos ha permitido generar la solicitud de otras asistencias jurídicas para tomar declaración a otras personas. Si las líneas de investigación nos dirigen a otro supuesto que no sean los contratos de Pemex, se agotarán esas líneas de investigación”, dijo Elías.
“La declaración que rindió Marcelo nos abre un panorama que nos va a permitir tener muy probablemente un caso exitoso”, añadió Muñoz, quien aseguró que la declaración de Marcelo se extendió por tres horas y media.
Informó que además de Marcelo, se citó a tres funcionarios de Odebrecht en México a quienes se interrogó para tratar de esclarecer la red de corrupción. Por parte de Pemex se ha requerido a 20 funcionarios de distintos niveles (coordinadores, directores, subdirectores y exdirectores), entre ellos ocho jubilados y dos despedidos.
Los Subprocuradores reconocieron que Odebrecht trianguló recursos a empresas ‘de pantalla’ o fachada en paraísos fiscales, para ocultar el pago de sobornos a funcionarios mexicanos.
“Esta es la parte que deberá tener el tejido fino de seguimiento de recursos. Es una parte estratégica dentro de una investigación”, dijo Felipe Muñoz, subprocurador de Investigación de Delitos Federales.
“Y entre las solicitudes que hemos hecho (a autoridades de Brasil) es que nos den toda la información de orden financiero que pudieran tener para poder dar ese seguimiento a estas empresas”, completó Alberto Elías, subprocurador de Asuntos Internacionales.
-Odebrecht solía recurrir a empresas offshore en paraísos fiscales, en concreto Suiza y países del Caribe, para transferir fondos de sobornos. ¿Se replicó esta mecánica en México? -se le preguntó.
-La mecánica que empleaban estas empresas es precisamente mucho de lo que nos centramos cuando platicamos con Marcelo (Odebrecht). Y precisamente de la declaración de Marcelo, se nos hace necesario regresar a tomar la declaración de algunas otras personas que son funcionarios de Odebrecht. ¿Cuál es nuestra intención? El seguimiento de esos recursos. Y ese seguimiento nos va a llevar a todas estas empresas que venían operando de la manera en que ustedes nos mencionan y de lo cual nosotros ya teníamos conocimiento.
Para aclarar este mecanismo de triangulación de sobornos, se hicieron peticiones de asistencia jurídica a Brasil, Estados Unidos, Colombia, República Dominicana, Perú, Chile y también Suiza, entre otros países, precisó Elías.