Función Pública niega dar declaraciones patrimoniales de funcionarios; su pretexto, el costo
[contextly_sidebar id=”RpsMVEaIEiNFpuE7VKqAmI6KhEWGvPHj”]La Secretaría de la Función Pública aseguró que no tiene una base de datos con las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios federales publicadas en la plataforma Declaranet. Y hacer una, para que cualquier persona pueda analizar los datos de forma masiva, costaría un millón 560 mil pesos.
Un ciudadano solicitó, vía transparencia, la base de datos en formato abierto, toda vez que las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos se muestran en documentos PDF y la consulta solo puede hacerse de un nombre a la vez.
Sin embargo, la Secretaría respondió que dicha información era “inexistente”, pues no tenía ninguna base de datos con la información solicitada. Se trata, dijo, de un buscador en el cual al poner el nombre del funcionario, la plataforma “localiza en el repositorio el archivo correspondiente y extrae la información a fin de mostrarla en un formato legible”.
Por tanto, el sistema fue diseñado para manejar la información de los funcionarios de manera particular y no masiva, aseguró la Secretaría en la respuesta a la solicitud con folio 0002700261814 realizada en 2015.
Aunque el comité de transparencia de la dependencia apoyó la respuesta, el peticionario interpuso un recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Sin embargo, los comisionados también confirmaron la negativa a entregar los datos en formato abierto.
En los alegatos para negar la información, la Función Pública aseguró que la unidad administrativa encargada del desarrollo de Declaranet estimaba que el tiempo requerido para hacer una base de datos era de 221 días naturales, “lo cual traería un costo aproximado de un millón 560 mil pesos, considerando el número de personas que intervendrían en el proyecto”.
Además, dicha cotización sólo incluía el proceso de transformación de la información y del desarrollo de la funcionalidad, pero no “los costos de operación y de infraestructura requerida para el alojamiento de la nueva base de datos y de la aplicación que se desarrolle, así como la actualización diaria de la información”.
Sin embargo, esta explicación es “una mentira, un pretexto”, afirma Salvador Barrón Medina, el activista que creó la herramienta Contratobook, un sistema en el que cualquier ciudadano puede consultar los contratos que ha hecho el gobierno federal con empresas de manera más accesible que en el portal de gobierno Compranet. Aunque toda la información fue extraída precisamente de esta última.
Barrón explica que la información contenida en Declaranet forzosamente proviene de una base de datos y extraerla, filtrando los datos personales, es sencillo. Se trata de “descargar” y convertir el formato en el que actualmente está la información, a otro formato en el que se pueda consultar de manera masiva.
El INAI dio la razón a la Función Pública porque consideró que Declaranet está diseñado para almacenar la información por rubros y no de manera unificada, por tanto, para generar una versión pública de la información como lo solicitó el peticionario “sería necesario realizar una serie de acciones o procesos informáticos”, que consistiría en el “análisis y diseño, programación o codificación, pruebas, liberación y entrega para su implementación”.
