Edificio nuevo que colapsó en Portales fue aprobado por DRO sin licencia; le faltaban castillos
El conjunto Residencial San José, que colapsó en el sismo del 19 de septiembre en la colonia Portales y solo tenía nueve meses de haber sido inaugurado, fue aprobado por un Director Responsable de Obra (DRO) cuya licencia para supervisar construcciones estaba caduca. Diez días después del sismo que dejó en el lugar a dos personas muertas se confirma que el edificio no contaba con castillos que reforzaran su estructura.
[contextly_sidebar id=”0VEHO5R9v4p61b8ZWhcIktKzlsEPkBV2″]El Director Responsable de Obra (DRO) del edificio, que es un auxiliar de las autoridades que supervisa y da fe que una obra se haya hecho bien, firmó el aviso de terminación de obra sin tener facultades legales para hacerlo, según documentos oficiales.
Se trata del Ingeniero Arquitecto Juan Duay Huerta, que cuenta con el carnet número 0180 que lo acredita como DRO de acuerdo con los datos oficiales que pueden consultarse en la página de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), dependencia responsable de aprobar dichos registros.
Pero la información oficial muestra que su carnet tuvo vigencia hasta el 7 de diciembre del 2015 y no se renovó, un procedimiento que se hace cada tres años. El Ilustre Colegio de Ingenieros y Arquitectos de México confirmó que es ilegal operar con licencia vencinda.
El aviso de terminación de obra del conjunto Residencial San José, ubicado en Emiliano Zapata 56, documento con folio FBJ-0273-16, indica que la obra se concluyó el 26 de abril de 2016 y está firmado por el Ingeniero Arquitecto Juan Duay Huerta como DRO con carnet 0180.
Duay Huerta firmó el documento pese a que su carnet tenía más de cuatro meses de estar vencido.
En el referido aviso de terminación de obra, firmada por Duay Huerta y el representante legal de la constructora, se asienta que el edificio “cumplió con todas y cada una de las disposiciones que se establecen en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y demás ordenamientos legales aplicables en la materia”.
Con este documento el Director General de Obras y Desarrollo Urbano, Nicias René Aridjis Vazquez, (quien en 2011 fue sancionado por presentar una declaración patrimonial incompleta) autorizó el uso y ocupación del inmueble.
El delegado de Benito Juárez, Christian Von Roehrich, dijo en entrevista con Animal Político que a través de la Contraloría Interna ordenó una investigación para determinar si funcionarios de la delegación incurrieron en irregularidades respecto al análisis y recepción de los documentos de la referida obra. “Aquí no se va a encubrir a nadie y si se cometieron hechos irregulares se van a sancionar”, dijo.
Los especialistas consultados, entre ellos el Ilustre Colegio Nacional de Ingenieros y Arquitectos de México, coincidieron en que no hay justificación legal ni ética para que un DRO sin un carnet vigente firme y autorice una obra.
“Es una alteración de funciones y una omisión grave cometido por alguien que es coadyuvante de la administración pública y cuya función debe ser verificar que las cosas se hagan bien”, indicaron en el Colegio.
Los especialistas también advirtieron que pudiera existir alguna responsabilidad al menos por omisión en las autoridades delegacionales al no haber verificado que el DRO firmaba el aviso de terminación de obra, pese a no tener facultades para ello.
Le faltaban hasta castillos de refuerzo
El dictamen técnico denominado “Forma de Inspección Post sísmica Evaluación Rápida” firmado por la DRO Beatriz Islas Viana, y realizado sobre el conjunto residencial San José, no solo arrojó que se usaron materiales de mala calidad, también confirmó que le faltaban castillos de refuerzo al edificio.
El documento del que este medio tiene copia advierte en el área de observaciones que “no se observan otro tipo de castillos (además de los básicos) que sirvan para reforzar la estructura”.
La especialista añade que entre los materiales observados en la construcción se identifican vigueta y bovedilla, malla electrosoldada, y una capa de compresión de aproximadamente 12 centímetros de espesor. Sin embargo advierte que “se observa mala calidad de los materiales”.
Con este dictamen la delegación Benito Juárez presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México en contra de la constructora Canada Building Systems de México SA de CV y del DRO Juan Duay Huerta, por su probable responsabilidad en cinco delitos, incluyendo fraude específico y homicidio culposo.
Desaparece constructora
La constructora prometió a los condóminos en un correo electrónico que los acompañaría en el proceso, pero Canada Building Systems de México SA de CV desapareció sin responder a los afectados o a las autoridades.
El pasado miércoles por la tarde el abogado de la compañía, Jorge Márquez, se había comprometido a sostener una reunión con los inquilinos donde les entregaría documentos de la construcción, pero los dejó plantados.
Los inquilinos acudieron al domicilio legal de la constructora en Calzada de Tlalpan 965 en la colonia Niños Héroes. Ahí los recibió una mujer que, sin identificarse, dijo que en el sitio no existía ninguna constructora. “Pero si estaban ahí antes porque yo pagué en ese sitio mi departamento” dijo uno de los colonos.
La delegación también se presentó en la referida dirección para avisar formalmente de la apertura de una investigación en su contra, pero tampoco fueron recibidos. El aviso de notificación fue pegado en el exterior del domicilio.
El delegado Benito Juárez, Christian Von Roehrich, dijo en entrevista que esconderse no le permitirá a la constructora evadir su responsabilidad, ni administrativa ni penal en este caso.
Reitero que la delegación está actuando en múltiples frentes para que estas anomalías sean revisadas a detalle. Dijo que además de la denuncia ante la Procuraduría, pidió a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda que inicien sus propios peritajes, y que también conversaron con personal de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que están llevado a cabo una investigación del caso.
Los inquilinos afectados recibieron una oferta del Despacho de Investigación y Litigio Estratégico AC, brazo jurídico de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, para acompañar y asesorar legalmente este procedimiento. Varios inquilinos ya aceptaron este apoyo.
Por ello ya se han interpuesto quejas ante la PROFECO y se consiguió un acompañamiento de la CONDUSEF para los condóminos que contaban con seguros. En tanto, se prepara una estrategia para interponer demandas de carácter civil.
Caso Bretaña, en completa ilegalidad
En la calle Bretaña número 90, en la delegación Benito Juárez, se encontraba un edificio de cinco pisos que colapsó luego del sismo. Ahí murió Alitzy Judith Carrillo, de 19 años, quien había sido contratada dos días antes del terremoto para brindar el servicio de limpieza en el inmueble.
Vecinos de la colonia denuncian que este inmueble se expandió de manera irregular, pues inicialmente era una casa que contaba con planta baja y primer piso y después se convirtió en una construcción de cinco pisos. El edificio fue remodelado y se encontraba en renta.
Al ser cuestionado sobre si el inmueble contaba con permisos de construcción para las ampliaciones realizadas, así como con los certificados de seguridad estructural, el delegado de Benito Juárez, Christian Von Roehrich, informó que éste edificio fue construido y operaba en completa ilegalidad.
El delegado declaró que “ellos, de entrada, aparte de que nunca dieron aviso a la delegación, no tienen ningún trámite. Es completamente irregular, fuera de la ley, y se pasaron de niveles en la construcción”.
“Es notorio que aparte de violar todo, pusieron niveles de más”, dijo.
“No es justificación. La delegación y el INVEA tuvimos que haber clausurado esa obra, es nuestra responsabilidad verificar si cuentan con la reglamentación correspondiente”, reconoció.
Ahora, pasado el sismo y derrumbado el edificio, el delegado busca que se castigue a los responsables de la construcción, por lo que denunció penalmente a la constructora Dijon S.A.P.I. de C.V., quien tendrá que “pagar e indemnizar a cada uno de los propietarios y afectados”.
